Por Roberto Delgado
13 Marzo 2016
“El era muy adicto. Estaba muy perdido” dijo Ornella, la mujer de Gonzalo Esteban Torres, asesinado de un balazo en la cabeza por el dealer del barrio San Alberto, José Luis Beduino, quien luego fue baleado en venganza. Solapadamente, los policías que investigan el crimen dijeron que el muerto tenía antecedentes por distintos delitos. “Nadie nace drogadicto”, se titula el duro informe que realizaron Silvia Balzano y Noemí Elena Hourquebie sobre ocho barrios del conurbano bonaerense, que figura como anexo en el barómetro del narcotráfico y las adicciones en la Argentina, que acaba de publicar la Universidad Católica Argentina (UCA). Allí se destaca el crecimiento que ha tenido la venta de drogas en las zonas periféricas de las ciudades y especialmente en el NOA y el NEA. “Es cierto. El crecimiento del narcomenudeo en los barrios tucumanos ha sido exponencial. Lo notamos en la cantidad de causas”, dice el camarista federal Ricardo Sanjuán.
¿Cómo se relacionan venta de droga, altos niveles de violencia y adicciones? Son elementos dispersos que forman parte de un mismo problema. Parece obvio relacionarlos. Parece fácil. Pero rara vez los funcionarios -la Justicia, la Policía, los encargados de la lucha contra las adicciones- los vinculan para hacer una tarea coordinada. Ni siquiera cuando es muy evidente, como ocurrió en julio del año pasado en Villa 9 de Julio cuando, mientras se hacían allanamientos en barrio Alto la Pólvora en busca de los homicidas del taxista Franco Ruiz, se encontraron 150 kilos de marihuana en el auto de uno de los sospechosos. Los vecinos lo sabían: “Todos los días pasan personas de distintas edades para comprar drogas. Acá todos sabemos que ahí se vende, pero nadie dice nada”, dijeron. Similares sentencias tienen los vecinos de distintos lugares de la periferia capitalina, como el barrio San Alberto, donde murió Gonzalo Torres.
Compartimentos estancos
Los funcionarios no relacionan los parámetros de venta narco, violencia y adicción y tratan todo como si fueran compartimentos estancos, con la lógica de que no hay que criminalizar al adicto. Pero en los hechos termina siendo una contradicción fortísima, porque nunca se ataca al narcotraficante, se persigue los episodios violentos como problemas aislados y siempre caen detenidos los adictos, que son los eslabones más débiles de esta cadena, sin que se sepa de dónde sacan la droga. En el caso de Gonzalo Torres, para la Policía no importaba su adicción: como tenía causas (aparentemente por robo) era considerado un delincuente y hacía pocos días había estado detenido en la seccional 9a. A pesar de que su mujer diga que estaba perdido por la droga. “Los barrios en donde habitan los sectores más pobres es donde más incidencia y mayor crecimiento ha registrado la narcocriminalidad. Surge la figura social del sujeto drogadicto/víctima, en su mayoría varones pero también mujeres, jóvenes, marcados por las pérdidas, carentes de afecto, expulsados por la escuela, excluidos del mercado de trabajo, sin referentes sociales ni apoyos morales, distintos aspectos que configuran una trayectoria de vida marcada por un proceso de fuerte vulneración en su dignidad humana”, dice el informe de la UCA.
El sentido del sinsentido
Los compartimentos estancos en la investigación de este problema social que son el narcotráfico y las adicciones -como bien los vincula el barómetro- aparecen en cualquier parte donde se investigue la violencia desmesurada y sin aparente sentido. Por ejemplo, en el tradicional enfrentamiento entre las familias Toro y Carrión en Villa 9 de Julio. Los Toro están sindicados como una familia narco y algunos de sus miembros han sido condenados por la Justicia. Los otros están mencionados como violentos. Raúl Carrión estuvo preso como integrante de la Banda de la Gruta (asaltantes) y dice que sus diferencias con los Toro vienen de cuando compartieron la cárcel. Desde el año pasado vienen enfrentándose a tiros por la zona de Martín Berho al 400 y Blas Parera al 500 (sector peligrosísimo, donde está la gruta). Y la Policía y la Justicia los miran y los dejan pasar. El 26 de diciembre, en pasaje Vicente López al 1.400, cuatro tipos en motos dispararon ráfagas contra dos adolescentes, Carlos Carrión, de 17 años (herido en una pierna y en el abdomen) y Alexis Plaza, de 14 años (herido en el ojo derecho). Alexis es hijo de Raúl Carrión. Había ido a buscar las ojotas de su primo Carlos, después de que fuera herido y ahí lo atacaron. Los acusados son Ismael Tevez, Coco Toro y Maximiliano Martínez (en el primer caso) y Martín Toro, Cristian Toro y Cocai Toro. La Policía sólo detuvo a Martín Toro. La fiscala Marta Mariana Rivadeneira sólo lo acusó por el ataque a Alexis Plaza y el juez Francisco Pisa lo dejó libre el 15 de enero porque consideró que no estaba probado que haya sido autor del ataque a Plaza. Se basó en el testimonio de un gallero de El Chañar que decía que ese día Toro había estado en su finca. El acusado, en su defensa, dijo que a Carrión lo debían estar buscando los familiares de Rita Iriarte, una mujer calcinada en un violento incidente, el 3 de diciembre, en Panamá al 400. Hubo un homicidio y una venganza en la que fue quemada una casa donde estaba Rita Iriarte. No hubo detenidos.
El imperio de otra ley
Ahora los Carrión y los Toro volvieron a enfrentarse y el sábado de la semana pasada se detuvo a tres integrantes de la familia Carrión. Se les secuestraron armas y drogas, según la Policía. ¿Qué muestra esto? Que Villa 9 de Julio y en otros sectores la ley que impera es diferente, y la Justicia que se aplica es la del Talión. Hay un homicidio, sobreviene una balacera o un ataque incendiario, como sucedió anteayer en los barrios San Alberto y Las Palmeras. “Notamos el crecimiento de peleas de los dealers por el territorio. Son familias cuyos cabecillas están presos pero que siguen su actividad”, dice el camarista Sanjuán.
En la Justicia Federal tienen expectativas de que las medidas del Gobierno nacional (que declaró la emergencia en seguridad) puedan generar cambios. Se han propuesto nuevas leyes y modificar otras; se anunció la creación de una fuerte agencia federal de drogas en Tucumán (se está montando una fuerte dotación de la federal en Laprida e Italia) y a la vez, como por arte de magia, han comenzado a sucederse grandes operativos como el secuestro de 70 kg de cocaína el 16/2 en la ruta 34 cerca de Salta, y la incautación de 700 kg de marihuana, hace cuatro días, en varias provincias, incluida Tucumán.
Cinco errores garrafales
Pero no se sabe si esta estrategia va hacia algún lado. En un reciente informe del programa latinoamericano del Wilson Center, llamado “Duros contra los débiles, débiles frente a los duros: las leyes de drogas y el accionar policial” (septiembre de 2015), el colombiano Juan Carlos Garzón Vergara sintetiza cinco puntos que determinan errores garrafales en el abordaje de esta problemática: 1) La represión enfocada en los delitos menores y en los eslabones más débiles de la cadena. 2) Patrones de detención frecuentemente basados en estereotipos que recaen sobre las poblaciones más vulnerables. 3) Incentivos perversos que premian la represión indiscriminada. 4) Corrupción y penetración del crimen organizado. 5) Uso desmedido de la fuerza y violaciones a los derechos humanos. Cuando habla de los grupos más vulnerables, dice que la acción policial generalmente cae sobre personas que son fáciles de detener, con delitos normalmente vinculados con la flagrancia, como es el caso de la distribución al detalle, el consumo abierto o el tráfico de pequeñas cantidades.
En el caso de Argentina la investigación de Corda (2011) muestra que en Argentina desde 1990 las agencias policiales operaron en el 70% de los casos sobre los consumidores, aunque desde 2009 sea inconstitucional detenerlos. El resto se concentró en los portadores de pequeñas cantidades de barrios pobres. “Mientras tanto, los delitos más complejos, que requieren una mayor capacidad de investigación e inteligencia, tienen bajos niveles de resolución o altos niveles de impunidad”. Agrega que el peso de la ley recae sobre una parte específica de la población: personas con poca educación, pocos recursos, desempleados o con trabajo informal.
Pero mientras la Nación anuncia que pondrá recursos en la guerra abierta a los narcotraficantes (los cuales nunca son apresados), los eslabones más débiles, los adictos, siguen abandonados a su suerte. El Centro Educativo Terapéutico de la Costanera (Cepla), anunciado como parte de una gran estrategia en 2013 por la ex presidenta Cristina Fernández) está paralizado con las obras apenas comenzadas y con los operadores socioterapéuticos despedidos por que la Nación dejó de enviar el dinero. Estos eran ex adictos que habían sido capacitados. Alguna función tenía el centro, ubicado provisoriamente en la cercana Casa Pastoral. Organizan talleres y actividades con chicos del barrio que aún no se hicieron adictos. El Gobierno tucumano, que en enero anunció que las obras en el Cepla avanzaban, ahora se queda quieto y dice que es responsabilidad de la Nación. A Blanca Ledesma, una de las “Madres del pañuelo negro”, no la convence con esta teoría de compartimientos estancos. “La crisis es ahora; nuestros hijos y nietos caen en la droga y se arruinan la vida... No trajimos a nuestros hijos al mundo para que el paco los mate”, dice. Es así. Nadie nace drogadicto, pero a algunos el mundo (la sociedad, la policía, los jueces, los funcionarios en fuga) les tienen preparado ya su triste destino.
¿Cómo se relacionan venta de droga, altos niveles de violencia y adicciones? Son elementos dispersos que forman parte de un mismo problema. Parece obvio relacionarlos. Parece fácil. Pero rara vez los funcionarios -la Justicia, la Policía, los encargados de la lucha contra las adicciones- los vinculan para hacer una tarea coordinada. Ni siquiera cuando es muy evidente, como ocurrió en julio del año pasado en Villa 9 de Julio cuando, mientras se hacían allanamientos en barrio Alto la Pólvora en busca de los homicidas del taxista Franco Ruiz, se encontraron 150 kilos de marihuana en el auto de uno de los sospechosos. Los vecinos lo sabían: “Todos los días pasan personas de distintas edades para comprar drogas. Acá todos sabemos que ahí se vende, pero nadie dice nada”, dijeron. Similares sentencias tienen los vecinos de distintos lugares de la periferia capitalina, como el barrio San Alberto, donde murió Gonzalo Torres.
Compartimentos estancos
Los funcionarios no relacionan los parámetros de venta narco, violencia y adicción y tratan todo como si fueran compartimentos estancos, con la lógica de que no hay que criminalizar al adicto. Pero en los hechos termina siendo una contradicción fortísima, porque nunca se ataca al narcotraficante, se persigue los episodios violentos como problemas aislados y siempre caen detenidos los adictos, que son los eslabones más débiles de esta cadena, sin que se sepa de dónde sacan la droga. En el caso de Gonzalo Torres, para la Policía no importaba su adicción: como tenía causas (aparentemente por robo) era considerado un delincuente y hacía pocos días había estado detenido en la seccional 9a. A pesar de que su mujer diga que estaba perdido por la droga. “Los barrios en donde habitan los sectores más pobres es donde más incidencia y mayor crecimiento ha registrado la narcocriminalidad. Surge la figura social del sujeto drogadicto/víctima, en su mayoría varones pero también mujeres, jóvenes, marcados por las pérdidas, carentes de afecto, expulsados por la escuela, excluidos del mercado de trabajo, sin referentes sociales ni apoyos morales, distintos aspectos que configuran una trayectoria de vida marcada por un proceso de fuerte vulneración en su dignidad humana”, dice el informe de la UCA.
El sentido del sinsentido
Los compartimentos estancos en la investigación de este problema social que son el narcotráfico y las adicciones -como bien los vincula el barómetro- aparecen en cualquier parte donde se investigue la violencia desmesurada y sin aparente sentido. Por ejemplo, en el tradicional enfrentamiento entre las familias Toro y Carrión en Villa 9 de Julio. Los Toro están sindicados como una familia narco y algunos de sus miembros han sido condenados por la Justicia. Los otros están mencionados como violentos. Raúl Carrión estuvo preso como integrante de la Banda de la Gruta (asaltantes) y dice que sus diferencias con los Toro vienen de cuando compartieron la cárcel. Desde el año pasado vienen enfrentándose a tiros por la zona de Martín Berho al 400 y Blas Parera al 500 (sector peligrosísimo, donde está la gruta). Y la Policía y la Justicia los miran y los dejan pasar. El 26 de diciembre, en pasaje Vicente López al 1.400, cuatro tipos en motos dispararon ráfagas contra dos adolescentes, Carlos Carrión, de 17 años (herido en una pierna y en el abdomen) y Alexis Plaza, de 14 años (herido en el ojo derecho). Alexis es hijo de Raúl Carrión. Había ido a buscar las ojotas de su primo Carlos, después de que fuera herido y ahí lo atacaron. Los acusados son Ismael Tevez, Coco Toro y Maximiliano Martínez (en el primer caso) y Martín Toro, Cristian Toro y Cocai Toro. La Policía sólo detuvo a Martín Toro. La fiscala Marta Mariana Rivadeneira sólo lo acusó por el ataque a Alexis Plaza y el juez Francisco Pisa lo dejó libre el 15 de enero porque consideró que no estaba probado que haya sido autor del ataque a Plaza. Se basó en el testimonio de un gallero de El Chañar que decía que ese día Toro había estado en su finca. El acusado, en su defensa, dijo que a Carrión lo debían estar buscando los familiares de Rita Iriarte, una mujer calcinada en un violento incidente, el 3 de diciembre, en Panamá al 400. Hubo un homicidio y una venganza en la que fue quemada una casa donde estaba Rita Iriarte. No hubo detenidos.
El imperio de otra ley
Ahora los Carrión y los Toro volvieron a enfrentarse y el sábado de la semana pasada se detuvo a tres integrantes de la familia Carrión. Se les secuestraron armas y drogas, según la Policía. ¿Qué muestra esto? Que Villa 9 de Julio y en otros sectores la ley que impera es diferente, y la Justicia que se aplica es la del Talión. Hay un homicidio, sobreviene una balacera o un ataque incendiario, como sucedió anteayer en los barrios San Alberto y Las Palmeras. “Notamos el crecimiento de peleas de los dealers por el territorio. Son familias cuyos cabecillas están presos pero que siguen su actividad”, dice el camarista Sanjuán.
En la Justicia Federal tienen expectativas de que las medidas del Gobierno nacional (que declaró la emergencia en seguridad) puedan generar cambios. Se han propuesto nuevas leyes y modificar otras; se anunció la creación de una fuerte agencia federal de drogas en Tucumán (se está montando una fuerte dotación de la federal en Laprida e Italia) y a la vez, como por arte de magia, han comenzado a sucederse grandes operativos como el secuestro de 70 kg de cocaína el 16/2 en la ruta 34 cerca de Salta, y la incautación de 700 kg de marihuana, hace cuatro días, en varias provincias, incluida Tucumán.
Cinco errores garrafales
Pero no se sabe si esta estrategia va hacia algún lado. En un reciente informe del programa latinoamericano del Wilson Center, llamado “Duros contra los débiles, débiles frente a los duros: las leyes de drogas y el accionar policial” (septiembre de 2015), el colombiano Juan Carlos Garzón Vergara sintetiza cinco puntos que determinan errores garrafales en el abordaje de esta problemática: 1) La represión enfocada en los delitos menores y en los eslabones más débiles de la cadena. 2) Patrones de detención frecuentemente basados en estereotipos que recaen sobre las poblaciones más vulnerables. 3) Incentivos perversos que premian la represión indiscriminada. 4) Corrupción y penetración del crimen organizado. 5) Uso desmedido de la fuerza y violaciones a los derechos humanos. Cuando habla de los grupos más vulnerables, dice que la acción policial generalmente cae sobre personas que son fáciles de detener, con delitos normalmente vinculados con la flagrancia, como es el caso de la distribución al detalle, el consumo abierto o el tráfico de pequeñas cantidades.
En el caso de Argentina la investigación de Corda (2011) muestra que en Argentina desde 1990 las agencias policiales operaron en el 70% de los casos sobre los consumidores, aunque desde 2009 sea inconstitucional detenerlos. El resto se concentró en los portadores de pequeñas cantidades de barrios pobres. “Mientras tanto, los delitos más complejos, que requieren una mayor capacidad de investigación e inteligencia, tienen bajos niveles de resolución o altos niveles de impunidad”. Agrega que el peso de la ley recae sobre una parte específica de la población: personas con poca educación, pocos recursos, desempleados o con trabajo informal.
Pero mientras la Nación anuncia que pondrá recursos en la guerra abierta a los narcotraficantes (los cuales nunca son apresados), los eslabones más débiles, los adictos, siguen abandonados a su suerte. El Centro Educativo Terapéutico de la Costanera (Cepla), anunciado como parte de una gran estrategia en 2013 por la ex presidenta Cristina Fernández) está paralizado con las obras apenas comenzadas y con los operadores socioterapéuticos despedidos por que la Nación dejó de enviar el dinero. Estos eran ex adictos que habían sido capacitados. Alguna función tenía el centro, ubicado provisoriamente en la cercana Casa Pastoral. Organizan talleres y actividades con chicos del barrio que aún no se hicieron adictos. El Gobierno tucumano, que en enero anunció que las obras en el Cepla avanzaban, ahora se queda quieto y dice que es responsabilidad de la Nación. A Blanca Ledesma, una de las “Madres del pañuelo negro”, no la convence con esta teoría de compartimientos estancos. “La crisis es ahora; nuestros hijos y nietos caen en la droga y se arruinan la vida... No trajimos a nuestros hijos al mundo para que el paco los mate”, dice. Es así. Nadie nace drogadicto, pero a algunos el mundo (la sociedad, la policía, los jueces, los funcionarios en fuga) les tienen preparado ya su triste destino.
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