11 Marzo 2016
Mientras el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) se apresta a debatir las imputaciones de delitos de lesa humanidad existentes contra implicados en el llamado Operativo Independencia, un letrado manifiesta que esa pretensión lesiona derechos esenciales como el de la defensa en juicio y el debido proceso. “Es un verso, un circo procesal, una caza de brujas disfrazada de juicio”, definió Facundo Maggio, defensor de cuatro imputados: Camilo Orce, Enrique Bonifacino, Cayetano Fiorini y Miguel “Chuchuy” Linares.
La apertura del juzgamiento de los presuntos crímenes cometidos en 1975, en Tucumán, está programada para el 5 de mayo. Maggio había argumentado ante el TOF que era nula la decisión de agrupar a los acusados en tres grupos y juzgarlos por separado. El estrado integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga desestimó esa petición. “Este estado de cosas implica que los 1.400 testigos citados para el primer bloque de imputados se referirán a hechos que atañen a todos, pero que algunos no podrán defenderse ni contradecir los testimonios ni controlar las pruebas. Por eso hicimos un planteo para que esperemos a que todos los acusados de ‘Operativo Independencia’ estén en condiciones de afrontar el juicio, pero el TOF quiere avanzar como sea”, explicó Maggio. “No es tanto el tiempo que este pedido insumiría porque estamos en la etapa de apelación de los procesamientos. No hablamos de una dilación injustificada”, afirmó.
El abogado comentó que interpuso un recurso de casación contra la resolución que rechazó la nulidad, impugnación que el tribunal tampoco acogió. Y anticipó que iba a presentar una queja ante la Cámara Nacional de Casación Penal, pero advirtió que era muy posible que el juicio comenzara antes de que ese estrado se pronuncie sobre el asunto. “Es ridículo (lo que hace la Justicia Federal) porque, si yo tengo que creer en este juicio, debo pensar que los imputados del tercer grupo pueden recusar a los jueces que los juzgarán, que serán los mismos magistrados que posiblemente ya hayan dictado condenas respecto de los acusados que pasaron primero por el debate. Entonces, ya sabemos que rechazarán las recusaciones y que es probable que vuelvan a condenar”, razonó.
Otro golpe
Está previsto que el juicio de “Operativo Independencia” sea el más grande de los celebrados por el TOF en cuanto al número de víctimas (269), de imputados (15) y de querellas (15). El 5 de febrero de 1975, la presidenta Estela Martínez de Perón -reside en España y no será juzgada- firmó el decreto que ordenó al Ejército sofocar un foco revolucionario en el monte tucumano. Según el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Operativo Independencia dispuesto por el Gobierno constitucional desató un violento plan sistemático de exterminio de opositores. A cargo del plan estuvo, en un primer momento, Adel Edgardo Vilas y luego, Antonio Domingo Bussi (ambos fallecidos).
El Ministerio Público sostiene que Tucumán fue un “tubo de ensayo” de las prácticas represivas y de terrorismo de Estado que se extenderían a todo el país después del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. “En ese momento era fundamental para ellos mostrarse como actores políticos capaces de llevar orden a la sociedad y el Operativo Independencia fue una vidriera para eso. Mientras, por debajo, perfeccionaron las prácticas represivas más abyectas, como la tortura y la desaparición forzada”, explicó en su momento Pablo Camuña, fiscal federal Nº2, y titular de la oficina local de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Maggio consideró que el juicio del megacaso está contaminado por intereses políticos espurios. “El TOF se apuró en poner fecha para el debate porque quería anunciar la celebración del juicio antes del balotaje (del 22 de noviembre pasado). Fue más un acto proselitista que una medida procesal porque impusieron la citación a juicio antes de proveer la prueba. Ni siquiera había vencido el plazo para ofrecerla. Por ese lado hay una nulidad evidente y un avasallamiento de derechos”, protestó. El abogado insistió en que el TOF avanza atropellando las normas procesales: “ni siquiera hablo ya de la Constitución. Ni siquiera hizo una separación adecuada de los juicios, ni siquiera declaró que los juicios serán distintos. Rechazó mi planteo de nulidad con el argumento de que se trata de una cuestión de agenda”. Maggio también criticó que el TOF pretenda extender el juicio durante meses (se dice que podría durar al menos un año). “Los jueces (Casas, Jiménez Montilla y Reynaga) quieren que haya audiencias dos días por semana, sin importar el plazo que esta dinámica implique. Ello supone otro golpe contra el derecho de defensa de las partes y el debido proceso porque, ¿quiénes podrán costear un abogado particular durante tanto tiempo? Los imputados están obligados a acudir a la defensa pública”, reprochó.
La apertura del juzgamiento de los presuntos crímenes cometidos en 1975, en Tucumán, está programada para el 5 de mayo. Maggio había argumentado ante el TOF que era nula la decisión de agrupar a los acusados en tres grupos y juzgarlos por separado. El estrado integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga desestimó esa petición. “Este estado de cosas implica que los 1.400 testigos citados para el primer bloque de imputados se referirán a hechos que atañen a todos, pero que algunos no podrán defenderse ni contradecir los testimonios ni controlar las pruebas. Por eso hicimos un planteo para que esperemos a que todos los acusados de ‘Operativo Independencia’ estén en condiciones de afrontar el juicio, pero el TOF quiere avanzar como sea”, explicó Maggio. “No es tanto el tiempo que este pedido insumiría porque estamos en la etapa de apelación de los procesamientos. No hablamos de una dilación injustificada”, afirmó.
El abogado comentó que interpuso un recurso de casación contra la resolución que rechazó la nulidad, impugnación que el tribunal tampoco acogió. Y anticipó que iba a presentar una queja ante la Cámara Nacional de Casación Penal, pero advirtió que era muy posible que el juicio comenzara antes de que ese estrado se pronuncie sobre el asunto. “Es ridículo (lo que hace la Justicia Federal) porque, si yo tengo que creer en este juicio, debo pensar que los imputados del tercer grupo pueden recusar a los jueces que los juzgarán, que serán los mismos magistrados que posiblemente ya hayan dictado condenas respecto de los acusados que pasaron primero por el debate. Entonces, ya sabemos que rechazarán las recusaciones y que es probable que vuelvan a condenar”, razonó.
Otro golpe
Está previsto que el juicio de “Operativo Independencia” sea el más grande de los celebrados por el TOF en cuanto al número de víctimas (269), de imputados (15) y de querellas (15). El 5 de febrero de 1975, la presidenta Estela Martínez de Perón -reside en España y no será juzgada- firmó el decreto que ordenó al Ejército sofocar un foco revolucionario en el monte tucumano. Según el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Operativo Independencia dispuesto por el Gobierno constitucional desató un violento plan sistemático de exterminio de opositores. A cargo del plan estuvo, en un primer momento, Adel Edgardo Vilas y luego, Antonio Domingo Bussi (ambos fallecidos).
El Ministerio Público sostiene que Tucumán fue un “tubo de ensayo” de las prácticas represivas y de terrorismo de Estado que se extenderían a todo el país después del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. “En ese momento era fundamental para ellos mostrarse como actores políticos capaces de llevar orden a la sociedad y el Operativo Independencia fue una vidriera para eso. Mientras, por debajo, perfeccionaron las prácticas represivas más abyectas, como la tortura y la desaparición forzada”, explicó en su momento Pablo Camuña, fiscal federal Nº2, y titular de la oficina local de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Maggio consideró que el juicio del megacaso está contaminado por intereses políticos espurios. “El TOF se apuró en poner fecha para el debate porque quería anunciar la celebración del juicio antes del balotaje (del 22 de noviembre pasado). Fue más un acto proselitista que una medida procesal porque impusieron la citación a juicio antes de proveer la prueba. Ni siquiera había vencido el plazo para ofrecerla. Por ese lado hay una nulidad evidente y un avasallamiento de derechos”, protestó. El abogado insistió en que el TOF avanza atropellando las normas procesales: “ni siquiera hablo ya de la Constitución. Ni siquiera hizo una separación adecuada de los juicios, ni siquiera declaró que los juicios serán distintos. Rechazó mi planteo de nulidad con el argumento de que se trata de una cuestión de agenda”. Maggio también criticó que el TOF pretenda extender el juicio durante meses (se dice que podría durar al menos un año). “Los jueces (Casas, Jiménez Montilla y Reynaga) quieren que haya audiencias dos días por semana, sin importar el plazo que esta dinámica implique. Ello supone otro golpe contra el derecho de defensa de las partes y el debido proceso porque, ¿quiénes podrán costear un abogado particular durante tanto tiempo? Los imputados están obligados a acudir a la defensa pública”, reprochó.
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