Por Luis María Ruiz
08 Marzo 2016
Los gastos sociales existen, pero no existen. Aunque suene como un planteo ontológico y una parte de la oración niegue -en apariencia- a la otra, la cuestión es mucho más sencilla de entender. Sobre todo porque hay evidencias concretas de que legisladores y funcionarios manejan (¿o reciben?) fondos de manera discrecional. Y así les llama todo el mundo en el espejado edificio de calle Muñecas 951: gastos sociales.
Pero los gastos sociales no existen.
No están contemplados en leyes ni en el reglamento interno de la Legislatura. Incluso, la Constitución provincial es tajante cuando se refiere a los haberes parlamentarios. “Los legisladores percibirán mensualmente una suma de dinero que se denominará dieta, tendrá carácter compensatorio de la función y será fijada por la Presidencia del cuerpo”, escribieron los constituyentes de la reforma de 2006, coordinada por el hoy gobernador Juan Manzur. El médico, que por entonces era ministro de Salud de José Alperovich, pasaría a tener al año siguiente la conducción de la Cámara. Y alcanzó en 2015 un récord que será difícil de superar: fue el vicegobernador que más fondos ejecutó en la historia del Poder Legislativo.
Si bien el año pasado culminó con el tranqueño Osvaldo Jaldo como titular del cuerpo colegiado, los últimos meses de Manzur en el despacho principal del tercer piso del edificio legislativo quedaron caracterizados por dos hechos vinculados entre sí: 1) una autoampliación presupuestaria concretada en la sesión del 9 de septiembre pasado, que no figuraba en el orden del día y permitió que la Cámara aumentara sus recursos de $ 959 millones a $ 1.529 millones; y 2) el traslado de millones de pesos en efectivo desde una sucursal bancaria hasta la Tesorería de la Cámara, en valijas y en un vehículo oficial sin identificación.
El nexo entre ambos hechos son los gastos sociales, que así, bajo esa denominación, no existen en otro lado que no sea la jerga política.
Esos supuestos subsidios han sido bautizados de manera oficial con un nombre bastante más benévolo: “ayudas sociales a personas”. Más allá de que aparece como una de las partidas más generosas del presupuesto de la Legislatura (este año rondará los $ 150 millones, y el año pasado era de $ 505,6 millones), no hay constancia de ese régimen asistencial de carácter reservado en ninguna ley provincial.
Dos documentos oficiales, sin embargo, dan una noción sobre qué son los mal llamados gastos sociales.
El Manual de Clasificadores Presupuestarios, actualizado en 2014 por el Ministerio de Economía de la Provincia, ubica esta partida en el apartado “transferencias”. “(Son) auxilios o ayudas especiales, revistan estas carácter de permanente o no acordados a personas. Incluyen premios otorgados por actividades culturales, artísticas, deportivas, etcétera, cualquiera sea su forma”, expresa el manual, que está en internet.
El segundo documento que les da vida a estos supuestos subsidios salió del Tribunal de Cuentas.
Luego de la reglamentación de la Ley de Administración Financiera (N° 6.970), concretada en diciembre de 2007, quedó inutilizable el artículo de la Ley de Residencia Oficial (N° 6.398) que permitía la rendición de los gastos sociales, incluidos los de los legisladores, con la sola presentación de “recibos de la percepción de los importes liquidados”. Este curioso sistema había sido propuesto por el entonces legislador peronista Sergio Díaz Ricci, hoy vocal del Tribunal de Cuentas y firmante, junto a Miguel Terraf (presidente) y Marcelo Vidal, del acuerdo N° 987/2008.
Mediante ese documento, que data del 21 de abril de 2008, se actualizó el reglamento para las rendiciones de cuentas de ciertos gastos públicos. Allí no figuran expresamente las “ayudas sociales a personas” de la Legislatura, pero sí los subsidios en general.
El acuerdo N° 987/2008 establece siete pasos para la justificación de esos gastos. Cada colaboración en efectivo implica, según esa normativa, la estricta obligatoriedad de presentar una serie de recibos, fotocopias y comprobantes, en este caso ante la delegación fiscal del ente de control en la Cámara.
Al menos en el último año, según fuentes del TC, no surgieron observaciones en relación a las erogaciones del Poder Legislativo. Es decir que, hasta ahora, no se habrían detectado anomalías en los más de $ 1.400 millones ejecutados durante 2015 por el cuerpo colegiado, incluidos los $ 505,6 millones para supuestos gastos sociales. De todas formas, los contadores del edificio de calle Muñecas 951 aún deben respaldar más de $ 200 millones ante el Tribunal de Cuentas.
Aunque la gestión de Jaldo logre que los números cierren, resulta casi una quimera a esta altura que se les dé publicidad a aquellas rendiciones. ¿En qué gastaron los gastos sociales? Ni siquiera las autoridades del Tribunal de Cuentas conocen la respuesta, según dicen, porque la documentación respaldatoria jamás sale del palacio legislativo. Sólo llega al TC una planilla con cifras globales que van desde los $ 500.000 hasta los $ 30 millones.
Parte de la oposición de la Legislatura dio muestras firmes en un principio de su aflicción por el manejo de los fondos públicos. Hubo pedidos de informes a Jaldo y cartas documento a Manzur. Con el tiempo, los planteos fueron decreciendo en intensidad.
El caso de las valijas, que motivó investigaciones penales en el fuero provincial y en el federal, no fue algo que haya generado sonrisas en el bloque Tucumán Crece. Pero por estos días los oficialistas están más afligidos por otros asuntos. El jueves pasado, en una reunión de la bancada del PJ, varios legisladores soltaron reclamos -antes de que llegara Jaldo- por la situación financiera y social de la provincia. Hubo “compañeros” que sufrieron la inseguridad, e instaron a que se les pida un informe oral (“no una interpelación”, aclararon) a funcionarios del área de Seguridad. Hubo también quejas por la falta de fondos para obras públicas y por algunos conflictos en el área de Salud. Todos problemas reales, que existen. Como los gastos sociales de la Legislatura, que también existen (aunque no existan).
Pero los gastos sociales no existen.
No están contemplados en leyes ni en el reglamento interno de la Legislatura. Incluso, la Constitución provincial es tajante cuando se refiere a los haberes parlamentarios. “Los legisladores percibirán mensualmente una suma de dinero que se denominará dieta, tendrá carácter compensatorio de la función y será fijada por la Presidencia del cuerpo”, escribieron los constituyentes de la reforma de 2006, coordinada por el hoy gobernador Juan Manzur. El médico, que por entonces era ministro de Salud de José Alperovich, pasaría a tener al año siguiente la conducción de la Cámara. Y alcanzó en 2015 un récord que será difícil de superar: fue el vicegobernador que más fondos ejecutó en la historia del Poder Legislativo.
Si bien el año pasado culminó con el tranqueño Osvaldo Jaldo como titular del cuerpo colegiado, los últimos meses de Manzur en el despacho principal del tercer piso del edificio legislativo quedaron caracterizados por dos hechos vinculados entre sí: 1) una autoampliación presupuestaria concretada en la sesión del 9 de septiembre pasado, que no figuraba en el orden del día y permitió que la Cámara aumentara sus recursos de $ 959 millones a $ 1.529 millones; y 2) el traslado de millones de pesos en efectivo desde una sucursal bancaria hasta la Tesorería de la Cámara, en valijas y en un vehículo oficial sin identificación.
El nexo entre ambos hechos son los gastos sociales, que así, bajo esa denominación, no existen en otro lado que no sea la jerga política.
Esos supuestos subsidios han sido bautizados de manera oficial con un nombre bastante más benévolo: “ayudas sociales a personas”. Más allá de que aparece como una de las partidas más generosas del presupuesto de la Legislatura (este año rondará los $ 150 millones, y el año pasado era de $ 505,6 millones), no hay constancia de ese régimen asistencial de carácter reservado en ninguna ley provincial.
Dos documentos oficiales, sin embargo, dan una noción sobre qué son los mal llamados gastos sociales.
El Manual de Clasificadores Presupuestarios, actualizado en 2014 por el Ministerio de Economía de la Provincia, ubica esta partida en el apartado “transferencias”. “(Son) auxilios o ayudas especiales, revistan estas carácter de permanente o no acordados a personas. Incluyen premios otorgados por actividades culturales, artísticas, deportivas, etcétera, cualquiera sea su forma”, expresa el manual, que está en internet.
El segundo documento que les da vida a estos supuestos subsidios salió del Tribunal de Cuentas.
Luego de la reglamentación de la Ley de Administración Financiera (N° 6.970), concretada en diciembre de 2007, quedó inutilizable el artículo de la Ley de Residencia Oficial (N° 6.398) que permitía la rendición de los gastos sociales, incluidos los de los legisladores, con la sola presentación de “recibos de la percepción de los importes liquidados”. Este curioso sistema había sido propuesto por el entonces legislador peronista Sergio Díaz Ricci, hoy vocal del Tribunal de Cuentas y firmante, junto a Miguel Terraf (presidente) y Marcelo Vidal, del acuerdo N° 987/2008.
Mediante ese documento, que data del 21 de abril de 2008, se actualizó el reglamento para las rendiciones de cuentas de ciertos gastos públicos. Allí no figuran expresamente las “ayudas sociales a personas” de la Legislatura, pero sí los subsidios en general.
El acuerdo N° 987/2008 establece siete pasos para la justificación de esos gastos. Cada colaboración en efectivo implica, según esa normativa, la estricta obligatoriedad de presentar una serie de recibos, fotocopias y comprobantes, en este caso ante la delegación fiscal del ente de control en la Cámara.
Al menos en el último año, según fuentes del TC, no surgieron observaciones en relación a las erogaciones del Poder Legislativo. Es decir que, hasta ahora, no se habrían detectado anomalías en los más de $ 1.400 millones ejecutados durante 2015 por el cuerpo colegiado, incluidos los $ 505,6 millones para supuestos gastos sociales. De todas formas, los contadores del edificio de calle Muñecas 951 aún deben respaldar más de $ 200 millones ante el Tribunal de Cuentas.
Aunque la gestión de Jaldo logre que los números cierren, resulta casi una quimera a esta altura que se les dé publicidad a aquellas rendiciones. ¿En qué gastaron los gastos sociales? Ni siquiera las autoridades del Tribunal de Cuentas conocen la respuesta, según dicen, porque la documentación respaldatoria jamás sale del palacio legislativo. Sólo llega al TC una planilla con cifras globales que van desde los $ 500.000 hasta los $ 30 millones.
Parte de la oposición de la Legislatura dio muestras firmes en un principio de su aflicción por el manejo de los fondos públicos. Hubo pedidos de informes a Jaldo y cartas documento a Manzur. Con el tiempo, los planteos fueron decreciendo en intensidad.
El caso de las valijas, que motivó investigaciones penales en el fuero provincial y en el federal, no fue algo que haya generado sonrisas en el bloque Tucumán Crece. Pero por estos días los oficialistas están más afligidos por otros asuntos. El jueves pasado, en una reunión de la bancada del PJ, varios legisladores soltaron reclamos -antes de que llegara Jaldo- por la situación financiera y social de la provincia. Hubo “compañeros” que sufrieron la inseguridad, e instaron a que se les pida un informe oral (“no una interpelación”, aclararon) a funcionarios del área de Seguridad. Hubo también quejas por la falta de fondos para obras públicas y por algunos conflictos en el área de Salud. Todos problemas reales, que existen. Como los gastos sociales de la Legislatura, que también existen (aunque no existan).
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