La paz arrebatada
La paz arrebatada
Una ola de violencia parece haberse enseñoreado de la provincia. Las señales de alarma están encendidas desde hace mucho pero ahora los hechos explotan por todos lados, ya sea a través del motoarrebato que cunde por doquier, ya sea por respuestas desmesuradas que derivan en homicidos, como fue la muerte de un arrebatador ejecutado anteayer por un policía federal en el parque Avellaneda. “No hay un incremento en la cantidad de hechos, sino en la agresividad”, dice el comisario Luis Bacas, director general de Prevención Ciudadana. Y añade: “lo que nos llama la atención es que los deslincuentes ya están disparando, no salen sólo a arrebatar”. Se refería a los ataques a balazos recibidos por la estudiante Fabiana Gutiérrez, que el martes esperaba el ómnibus en Rivadavia al 1.400 y fue abordada por un arrebatador, y el pizzero Juan Manuel Alias, rodeado por 12 motociclistas que lo balearon el miércoles en 25 de Mayo al 1.500 y le robaron la moto.

Estos dos últimos ataques desencadenaron el jueves y el viernes dos operativos policiales con personal de Infantería, Caballería, Policía Vial y Grupo Cero, destinados a capturar motociclistas en infracción en las villas 9 de Julio y Urquiza. Se trató de operativos para “pacificar” el vecindario. Pero la mentada “pacificación” no existe allí. Desde hace seis años, cuando fue asesinado el estudiante Iván Sénneke por un arrebatador en Rivadavia al 2.200, quien circula por las calles poceadas de Villa Urquiza sabe que está en riesgo. Por ello, de tanto en tanto, los vecinos salen en grupo y apalean a algún delincuente, como ocurrió en agosto de 2014 en Laprida al 2.000 y anteanoche en 25 de Mayo y Chile, donde un arrebatador fue atrapado por la gente y entregado a la policía.

Por todas partes

No se trata sólo de esos vecindarios. En avenida Alem al 2.800, en el barrio Los Chañaritos, un joven fue ejecutado por ocho motociclistas el martes pasado; por San Cayetano es imposible circular a cualquier hora; el sector de Aguas Corrientes (avenidas Ejército del Norte y Francisco de Aguirre) y algunos de los accesos a Tucumán -Jujuy y canal Sur, autopista Tucumán-Famailllá- son lugares inquietantes a ciertas horas. Una rápida revisión de partes policiales permitiría observar que no sólo en la zona de Alderetes y Banda del Río Salí reinan los motoarrebatadores. El sábado 27 fueron asaltados Carlos Alberto Molina frente a la estación de servicio YPF (seis tipos en tres motos lo encañonaron y le quitaron su moto) y Darío Walter, quien esperaba un taxi frente a las tribunas del autódromo cuando llegaron dos motocilistas, le apuntaron con un revólver y le quitaron un maletín.

Y no es que la Policía no haga nada. También los partes policiales reflejan capturas de sospechosos, como la de dos motociclistas el mismo sábado 27 en Monteagudo y avenida Sarmiento, que circulaban en una moto sin patente. Llevaban un bolso con un arma y poco después se determinó que la moto había sido robada a Emmanuel Ledesma en Papa Francisco y José Ingenieros el jueves 25.

Los partes reflejan un mundo violento que por lo general se ve en la periferia de la ciudad aunque, como se ha visto en el caso del Parque Avellaneda, también puede explotar en cualquier parte.

Pero no sabemos si ese reflejo pinta la realidad o sólo es la punta de un iceberg. El comisario Bacas dice que no hay un incremento en la cantidad de hechos. Los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila contabilizan, de las denuncias que reciben (o sea, los partes policiales), un promedio de ocho robos de motos y 10 ataques de motoarrebatadores por día. Pero no saben si reciben todos los partes policiales. López Ávila -que tuvo el turno del 22 de febrero al 2 de marzo- dice que tiene ordenadas 1.914 causas y espera contabilizar 2.000 causas más por esos 12 días, de lo que se podría inferir que esas cifras bien pueden duplicarse. Y podría haber más: “aunque la Policía tiene la orden de avisarnos en el acto de los hechos considerados relevantes o que tienen aprehendidos, a veces nos enteramos por la prensa”, reniega López Ávila. “Y si me pregunta: ¿en cuántas causas nos avisan de robo sin personas identificadas? Diría que en un 2%”, agrega. Y ejemplifica: de las 599 causas por delitos contra la propiedad de su turno, hubo sólo 41 detenidos y 402 quedaron impunes, con autores desconocidos. Esa cifra son, en su opinión, los detenidos por personal del 911 en esos 12 días, de lo cual estima que por mes podrían ser unos 120 los detenidos en la Justicia por delitos contra la propiedad.

Pero el secretario de Seguridad, Paul Hofer, en enero dio otros números: dijo que el 911 hace 1.000 operativos por mes y detiene a 400 personas; y hace tres días, por televisión, dio otra cifra: dijo que la Policía detiene por mes a 1.000 personas. No está claro cuál es la cifra real. La fiscala Giannoni piensa que se deben estar contando ahí los detenidos por la inconstitucional ley de Contravenciones, que en el turno de ella (12 días) fueron 316: es decir, la Policía detiene con esta ley a 21 personas por día, sin sentirse obligada a darle parte a la Justicia. Pero si se les consulta a Hofer o a los policías si se trata de delincuentes, dirán que no: sólo son infractores al código de convivencia, que deben pagar una multa que les aplica el jefe de Policía. Por ahí habrá algún delincuente al que se le averiguan antecedentes después de detenido; pero la gran mayoría bien puede ser carne de cañón de una caja que deja dinero en la Policía por las multas.

Anuncios incumplidos

Si la Policía y los funcionarios de seguridad tuvieran claridad sobre los datos, hace rato habrían encontrado la forma de pacificar verdaderamente a Villa Urquiza. Pero la recopilación estadística no ha sido el fuerte, pese a que hace una década el entonces ministro de Seguridad Mario López Herrera anunciaba un plan informatización (ver: “Comenzó el proceso de informatización de la Policía”, LA GACETA, 3/6/06) en un programa que incluía una red de inteligencia criminal con entrecruzamiento de datos, mapas del delito, eliminación de las obsoletas máquinas de escribir y agilización del sistema de denuncias. Pero las denuncias se siguen recibiendo con máquinas de escribir o laptops personales de los agentes; y son llevadas en miles de papeles por policías que todas las mañanas fatigan con copias los tribunales, las regionales, la jefatura y el archivo. Pero esa información es comunicada en forma discrecional, según los fiscales.

Por ello ni los mismos agentes saben qué pasa. Como dijo hace cinco años el entonces jefe de Policía, Jorge Racedo, ante una ola de asaltos en barrios periféricos: “son hechos que uno no puede predecir dónde pueden llegar a ocurrir”. A estos datos precarios hay que agregar la cifra negra, es decir lo que no se denuncia.

Consecuencias de todo esto: una sociedad atemorizada. No sólo ha crecido la venta de alarmas y rejas (ver nota del 14/1 sobre comerciantes del rubro) sino que han proliferado los sistemas de seguridad alternativos. El de botones antipánico promovido en muchos barrios por los políticos Gerónimo Vargas Aignasse y Ernesto Dumit en los últimos tres años; las secretarías y oficinas de seguridad municipales surgidas en Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Yerba Buena, Las Talitas y Monteros, y las iniciativas vecinales de seguridad a través de grupos de whatsapp, como hicieron los habitantes de El Corte. Y la venta de servicios de vigilancia, en la que están metidos de lleno los agentes de la Policía (son 8.000 aunque es un secreto cuántos hacen servicio adicional) y que además da trabajo a unos 7.000 vigilantes privados. Como si esto fuera poco, el secretario de Seguridad dice que hacen falta 3.000 policías más.

La pregunta es a dónde lleva todo esto. No es sólo un problema tucumano. Aún se recuerda el plan antiarrebato del ex gobernador Daniel Scioli en Buenos Aires para obligar a los motociclistas a llevar chalecos que los identifiquen. O el plan del ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota de “operativos policiales de saturación” en los barrios, que fue limitado por la Justicia. Ahora Córdoba encaró un plan de seguridad en base a la experiencia de la ciudad colombiana de Medellín, con ejes en la participación ciudadana, las intervenciones urbanísticas, cambios en los patrullajes policiales y la instalación de agentes barriales.

En Tucumán no se sabe qué pasa. En su discurso del 1 de marzo ante la asamblea legislativa, el gobernador Juan Manzur apenas dedicó dos párrafos al tema, mencionando los “objetivos estratégicos” del Plan Integral de Seguridad Ciudadana. Prometió metas e indicadores de gestión y dotar de herramientas tecnológicas a la Policía. Del delito callejero, que es lo que más temor causa, ni una palabra. Ni de la cifra de asesinatos, que ya debería inquietarlo: desde que asumió en octubre, hubo 37 homicidios en esta provincia.

El fiscal López Ávila señala que han sido desarmadas las brigadas Este y Norte y el área investigativa de la comisaría 6a para nutrir de agentes al 911, y refunfuña porque la brigada de Investigaciones capitalina ha quedado sin gente y ha sido desplazado el subjefe de Investigaciones, comisario Miguel Gómez. Este se había quejado ante sus superiores de la falta de presupuesto, de medios, de la desactualización informática, del deterioro edilicio, de la falta de personal, de capacitación y de motivación. La lectura del fiscal: “están fallando los resultados. Creo que están convencidos de que es la mejor respuesta, pero están abandonando la provincia a su suerte”.

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