Por Roberto Delgado
21 Febrero 2016
No la va a sacar barata Jorge Sánchez, el automovilista de Ranchillos. Está detenido, acusado de haber matado a tres personas y herido a dos el lunes a las 0.50 en la ruta 302, a la salida del carnaval. Está acusado de haberse desviado a toda la velocidad sobre la banquina y, después de embestir a los caminantes, haber huido en medio de la oscura ruta. Y está acusado de haber enterrado el auto en la finca de sus abuelos en La Tala, a ocho kilómetros de distancia de la tragedia. No sólo desarmó y enterró el auto: aró el terreno y sembró papa y zapallo, como para tapar absolutamente el viejo Renault 9, que se había convertido en un arma homicida.
No la va a sacar barata, porque aunque logre salir en libertad después de estar detenido por el homicidio de los tres caminantes, su rostro quedará en la mira pública no sólo como conductor imprudente sino malintencionado, en cuanto a esquivar la responsabilidad, al haber escondido el auto. Quedará escrachado públicamente. Como le sucedió al automovilista Gonzalo Callejas, que en diciembre pasado fue condenado a cuatro años y un mes de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos por haber atropellado y causado la muerte del canillita Raúl Pucheta en 2010 en El Cristo. Aunque la defensa de Callejas trató de destacar que no tuvo intención de causar daño, la condena fue homicidio con dolo eventual y abandono de persona. Por el mismo camino irán el chofer de colectivos Raúl Enrique Álvarez, que el 1 de noviembre embistió y mató al abogado Joaquín Toledo en el cruce de avenidas Alem y Mate de Luna y escapó para entregarse dos días después; y Franco Soria, de Acheral, que a bordo de una camioneta Hilux embistió violentamente un auto en la esquina de la comisaría de Monteros el 28 de septiembre de 2014 y causó la muerte de Mario Abregú y su esposa Lilian.
Alambrar la ruta
No la van a sacar barata Sánchez ni los otros conductores. ¿Pero sólo hay que mirarlos a ellos en esto que el gobernador Juan Manzur ha llamado “epidemia de accidentes” y que los legisladores han pretendido exorcizar con la sanción de la ley de alcoholemia cero? Porque está claro que una mirada superficial al problema va a encontrar rápidamente responsables, como el chofer Eduardo Alfredo Carrizo, de Santa Bárbara, que el martes pasado se cruzó de carril en la ruta 38 con su camioneta Hilux , al sur de Aguilares, y embistió un auto que salía de la fábrica Alpargatas, causando la muerte de cinco personas. Pero esa mirada no va a explicar por qué en ese tramo de Aguilares fallecieron 10 personas en el último año, según denunció Liliana Díaz, familiar de una de las víctimas de la tragedia del martes. Las autoridades no tienen demasiadas explicaciones: la intendenta de Aguilares, Elia Fernández de Mansilla, sólo habló de la responsabilidad de quienes manejan -“lo que nos queda es exhortar a los conductores a ser responsables y a no poner en riesgo la vida de gente inocente”, dijo- y planteó como hipótesis alambrar la ruta y poner semáforos, si alguna vez Vialidad provincial les da permiso.
Noticias en otra parte
En realidad son los funcionarios los que la sacan barata cada vez que hay accidentes, porque no les hacen mella las circunstancias que rodean cada tragedia ni las denuncias incesantes de los médicos de los hospitales, que piden a gritos que se declare la emergencia en el tránsito. Tampoco les hacen mella sus propias contradicciones. La tragedia de Ranchillos ocurrió en una ruta oscura y sin señalización (igual que la 38 en Aguilares) sin que nadie explicara por qué muchísimos concurrentes al carnaval habían tenido que volver caminando a casa después de medianoche (los vecinos dijeron que los choferes de colectivos habían decidido dejar de prestar el servicio a causa de que hubo gente que intentó viajar sin pagar). Tampoco los funcionarios dijeron por qué no había controles, si precisamente en las tres semanas anteriores habían sido anunciados en ese lugar operativos multidisciplinarios de policías, IPLA, Transporte y Gendarmería. Horas antes de la tragedia, el secretario de Seguridad, Paul Hofer, había dicho que era el tercer domingo que hacían controles en la ruta, “no sólo evitando accidentes de tránsito, sino haciendo prevención del delito. Muchas veces una persona accidentada que ingresa al hospital es un costo muy alto para el Estado, por lo que con estos operativos hemos reducido bastante los siniestros viales”, describió en la página oficial del Gobierno. Más sincero, para explicar estas contradicciones, fue el jefe de la Policía Vial, Francisco Picón: dijo que aunque ponen 70 policías por día en controles ruteros, “los accidentes ocurren en otra parte, y ahí son noticia”. Hace un año, el agrimensor Pedro Katz, experto vial de la Universidad Tecnológica Nacional, había dicho que los controles fijos no son efectivos en Tucumán. “La provincia tiene cientos de caminos internos por los que los infractores esquivan los operativos fijos”, explicó. Quizá Picón no lo sabía.
No habló Benjamín Nieva, secretario de Transporte, para aclarar qué pasó con los choferes de ómnibus, ni el administrador de Vialidad Provincial, Ricardo Abad, para rendir cuenta del estado de las rutas, de su iluminación, sus señales y su pavimento. De la escasez de todo eso. Tampoco hablaron los delegados comunales e intendentes para decir por qué están las banquinas están mal y llenas de yuyos y si ellos se animarían a transitar de noche a pie o en auto por esos lugares que ellos mismos reconocen como peligrosos. Tampoco el secretario de Transporte asumió su rol en representación del Consejo Provincial de Seguridad Vial (que debería aglutinar a responsables de municipios y comunas) ni en representación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Puntos de recaudación
Precisamente este organismo, que hace nueve años fue presentado como la panacea para resolver los accidentes de tránsito, es la muestra del gran fracaso vial argentino. Se anunció el carnet por puntos a partir de 2010 en Tucumán, que incluía examen de manejo (”los conductores tendrán que rendir ética”, dijo Camila Martínez, de la ANSV, ese año; además de detallar que los examinados hasta iban a tener que responder sobre resolución de problemas mecánicos de los vehículos). Al cabo de seis años, sólo se han incorporado la Capital, Las Talitas, Yerba Buena, Tafí Viejo y Concepción, pero la verdad es que los exámenes de manejo parecen un juego. A nadie se examina en serio. Y el sistema interconectado nacional sólo ha servido para que municipios y comunas se ocupen de buscar y fabricar multas a conductores en los últimos 15 años. También ha surgido la industria de las comunas ubicadas junto a rutas nacionales que recaudan multas de incautos por exceso de velocidad. De baja de accidentes, nada.
Nieva sólo habló de la ANSV el año pasado, para intervenir en un debate con la asociación Luchemos por la Vida sobre la cantidad de víctimas fatales. Dijo que el Observatorio de Seguridad Vial montado desde 2013 en Tucumán ha detectado una baja de víctimas fatales de 2013 a 2014, y que a Luchemos por la Vida sólo le interesa aumentar un 20% la cifra cada año. Pero no se sabe que se haya analizado para alguna campaña datos como lugares de ocurrencia, tipo de vehículos, horarios, estados de caminos, edad de conductores, nivel de alcoholemia (en Tucumán se hacen controles de alcoholemia desde 2008). Si se hubiera hecho un análisis estadístico, el jefe de la Policía Vial no estaría diciendo que los accidentes ocurren donde no están controlando y el paraje Santa Rosa de Aguilares no estaría lamentando constantes tragedias. Sin contar que el nuevo Gobierno nacional ha puesto en duda el sistema de estadísticas del kirchnerismo: Alfonso Prat-Gay declaró la “emergencia estadística” en lo que hace a economía. Por lógica, se supone que también hay dudas sobre las cifras del Observatorio de Seguridad Vial.
Irregulares y piratas
La sacan barata los funcionarios y los legisladores que tampoco explican por qué un alto porcentaje, quizá la mitad, de los 270.000 vehículos de la provincia no se someten a la revisión técnica obligatoria. La verdad es que la ley de autos rurales 7.475 (de 2005) permite que circulen por todo el interior vehículos irregulares y taxis piratas, sin seguro y sin exámenes técnicos. La excusa es que no hay circulación de colectivos por esos lugares. Es la misma excusa que permite que circule la gente en motos sin ningún tipo de elementos de seguridad. ¿Qué incidencia tienen estos vehículos en los accidentes en el interior? ¿Será para siempre así? ¿Nunca habrá sistema de transporte en serio en esos lugares?
La sacan barata los funcionarios que asumen la realidad de su propia administración sin asumir el problema global del tránsito. En San Miguel de Tucumán se dedican a cobrar multas por mal estacionamiento sin advertir lo que pasa en calles y avenidas fuera del microcentro; en municipalidades y comunas del interior las direcciones de Tránsito son meros entes recaudadores y de otorgamiento de licencias de conducir. ¿Alguna vez el Consejo de Seguridad Vial podría declarar en emergencia las licencias de conducir de toda la provincia y ordenar que en el plazo de un año los 500.000 conductores de la provincia se sometan a un examen en serio?
Un inconveniente es quién tomaría el examen. Si los mismos responsables de control ignoran sus responsablidades. Katz lo dijo hace un año: “no hay personal capacitado para ejercer los controles”. Lo dijo Camila Martínez en 2010. Antes lo había dicho el emergentólogo Juan Masaguer. Katz contó que la Universidad Tecnológica Nacional montó en 2006 la tecnicatura en Seguridad Vial para capacitar a gente de la justicia, de salud, de educación, de seguridad, de los municipios y del sector privado (transportistas, por ejemplo). El año pasado no se abrió la carrera porque no tenía matrícula. No había interesados. El Gobierno la declaró de interés provincial pero no envió ni a un agente de tránsito a capacitarse. Las administraciones estaban ocupadas recaudando.
El exceso
El conductor Sánchez no la va a sacar barata. Su caso es sorprendente, según el fiscal Diego López Ávila, que pide prisión preventiva para él y sus cuatro hermanos. A estos, por haber desarmado y enterrado el auto. A él, por triple homicidio con dolo eventual, triples lesiones culposas agravadas y tentativa de homicidio. Esto último, porque, según describe el fiscal, luego del accidente el conductor se hizo el muerto frente a los testigos y cuando se descuidaron arrancó con su auto y escapó. Él y su auto enterrado son la muestra del exceso; los otros casos de embestidas a transeúntes y automovilistas en la capital, en Monteros, en Aguilares (Callejas, Álvarez, Soria, Carrizo) demuestran que se trata de la punta del iceberg de un problema profundo en el que la sociedad esconde la basura bajo la alfombra. Sánchez ha enterrado un auto. Los funcionarios y legisladores que se conforman con sancionar leyes que calman conciencias barren, como siempre, la tierra bajo la alfombra. Pero es como enterrar autos. Y la sociedad no la saca barata.
No la va a sacar barata, porque aunque logre salir en libertad después de estar detenido por el homicidio de los tres caminantes, su rostro quedará en la mira pública no sólo como conductor imprudente sino malintencionado, en cuanto a esquivar la responsabilidad, al haber escondido el auto. Quedará escrachado públicamente. Como le sucedió al automovilista Gonzalo Callejas, que en diciembre pasado fue condenado a cuatro años y un mes de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos por haber atropellado y causado la muerte del canillita Raúl Pucheta en 2010 en El Cristo. Aunque la defensa de Callejas trató de destacar que no tuvo intención de causar daño, la condena fue homicidio con dolo eventual y abandono de persona. Por el mismo camino irán el chofer de colectivos Raúl Enrique Álvarez, que el 1 de noviembre embistió y mató al abogado Joaquín Toledo en el cruce de avenidas Alem y Mate de Luna y escapó para entregarse dos días después; y Franco Soria, de Acheral, que a bordo de una camioneta Hilux embistió violentamente un auto en la esquina de la comisaría de Monteros el 28 de septiembre de 2014 y causó la muerte de Mario Abregú y su esposa Lilian.
Alambrar la ruta
No la van a sacar barata Sánchez ni los otros conductores. ¿Pero sólo hay que mirarlos a ellos en esto que el gobernador Juan Manzur ha llamado “epidemia de accidentes” y que los legisladores han pretendido exorcizar con la sanción de la ley de alcoholemia cero? Porque está claro que una mirada superficial al problema va a encontrar rápidamente responsables, como el chofer Eduardo Alfredo Carrizo, de Santa Bárbara, que el martes pasado se cruzó de carril en la ruta 38 con su camioneta Hilux , al sur de Aguilares, y embistió un auto que salía de la fábrica Alpargatas, causando la muerte de cinco personas. Pero esa mirada no va a explicar por qué en ese tramo de Aguilares fallecieron 10 personas en el último año, según denunció Liliana Díaz, familiar de una de las víctimas de la tragedia del martes. Las autoridades no tienen demasiadas explicaciones: la intendenta de Aguilares, Elia Fernández de Mansilla, sólo habló de la responsabilidad de quienes manejan -“lo que nos queda es exhortar a los conductores a ser responsables y a no poner en riesgo la vida de gente inocente”, dijo- y planteó como hipótesis alambrar la ruta y poner semáforos, si alguna vez Vialidad provincial les da permiso.
Noticias en otra parte
En realidad son los funcionarios los que la sacan barata cada vez que hay accidentes, porque no les hacen mella las circunstancias que rodean cada tragedia ni las denuncias incesantes de los médicos de los hospitales, que piden a gritos que se declare la emergencia en el tránsito. Tampoco les hacen mella sus propias contradicciones. La tragedia de Ranchillos ocurrió en una ruta oscura y sin señalización (igual que la 38 en Aguilares) sin que nadie explicara por qué muchísimos concurrentes al carnaval habían tenido que volver caminando a casa después de medianoche (los vecinos dijeron que los choferes de colectivos habían decidido dejar de prestar el servicio a causa de que hubo gente que intentó viajar sin pagar). Tampoco los funcionarios dijeron por qué no había controles, si precisamente en las tres semanas anteriores habían sido anunciados en ese lugar operativos multidisciplinarios de policías, IPLA, Transporte y Gendarmería. Horas antes de la tragedia, el secretario de Seguridad, Paul Hofer, había dicho que era el tercer domingo que hacían controles en la ruta, “no sólo evitando accidentes de tránsito, sino haciendo prevención del delito. Muchas veces una persona accidentada que ingresa al hospital es un costo muy alto para el Estado, por lo que con estos operativos hemos reducido bastante los siniestros viales”, describió en la página oficial del Gobierno. Más sincero, para explicar estas contradicciones, fue el jefe de la Policía Vial, Francisco Picón: dijo que aunque ponen 70 policías por día en controles ruteros, “los accidentes ocurren en otra parte, y ahí son noticia”. Hace un año, el agrimensor Pedro Katz, experto vial de la Universidad Tecnológica Nacional, había dicho que los controles fijos no son efectivos en Tucumán. “La provincia tiene cientos de caminos internos por los que los infractores esquivan los operativos fijos”, explicó. Quizá Picón no lo sabía.
No habló Benjamín Nieva, secretario de Transporte, para aclarar qué pasó con los choferes de ómnibus, ni el administrador de Vialidad Provincial, Ricardo Abad, para rendir cuenta del estado de las rutas, de su iluminación, sus señales y su pavimento. De la escasez de todo eso. Tampoco hablaron los delegados comunales e intendentes para decir por qué están las banquinas están mal y llenas de yuyos y si ellos se animarían a transitar de noche a pie o en auto por esos lugares que ellos mismos reconocen como peligrosos. Tampoco el secretario de Transporte asumió su rol en representación del Consejo Provincial de Seguridad Vial (que debería aglutinar a responsables de municipios y comunas) ni en representación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Puntos de recaudación
Precisamente este organismo, que hace nueve años fue presentado como la panacea para resolver los accidentes de tránsito, es la muestra del gran fracaso vial argentino. Se anunció el carnet por puntos a partir de 2010 en Tucumán, que incluía examen de manejo (”los conductores tendrán que rendir ética”, dijo Camila Martínez, de la ANSV, ese año; además de detallar que los examinados hasta iban a tener que responder sobre resolución de problemas mecánicos de los vehículos). Al cabo de seis años, sólo se han incorporado la Capital, Las Talitas, Yerba Buena, Tafí Viejo y Concepción, pero la verdad es que los exámenes de manejo parecen un juego. A nadie se examina en serio. Y el sistema interconectado nacional sólo ha servido para que municipios y comunas se ocupen de buscar y fabricar multas a conductores en los últimos 15 años. También ha surgido la industria de las comunas ubicadas junto a rutas nacionales que recaudan multas de incautos por exceso de velocidad. De baja de accidentes, nada.
Nieva sólo habló de la ANSV el año pasado, para intervenir en un debate con la asociación Luchemos por la Vida sobre la cantidad de víctimas fatales. Dijo que el Observatorio de Seguridad Vial montado desde 2013 en Tucumán ha detectado una baja de víctimas fatales de 2013 a 2014, y que a Luchemos por la Vida sólo le interesa aumentar un 20% la cifra cada año. Pero no se sabe que se haya analizado para alguna campaña datos como lugares de ocurrencia, tipo de vehículos, horarios, estados de caminos, edad de conductores, nivel de alcoholemia (en Tucumán se hacen controles de alcoholemia desde 2008). Si se hubiera hecho un análisis estadístico, el jefe de la Policía Vial no estaría diciendo que los accidentes ocurren donde no están controlando y el paraje Santa Rosa de Aguilares no estaría lamentando constantes tragedias. Sin contar que el nuevo Gobierno nacional ha puesto en duda el sistema de estadísticas del kirchnerismo: Alfonso Prat-Gay declaró la “emergencia estadística” en lo que hace a economía. Por lógica, se supone que también hay dudas sobre las cifras del Observatorio de Seguridad Vial.
Irregulares y piratas
La sacan barata los funcionarios y los legisladores que tampoco explican por qué un alto porcentaje, quizá la mitad, de los 270.000 vehículos de la provincia no se someten a la revisión técnica obligatoria. La verdad es que la ley de autos rurales 7.475 (de 2005) permite que circulen por todo el interior vehículos irregulares y taxis piratas, sin seguro y sin exámenes técnicos. La excusa es que no hay circulación de colectivos por esos lugares. Es la misma excusa que permite que circule la gente en motos sin ningún tipo de elementos de seguridad. ¿Qué incidencia tienen estos vehículos en los accidentes en el interior? ¿Será para siempre así? ¿Nunca habrá sistema de transporte en serio en esos lugares?
La sacan barata los funcionarios que asumen la realidad de su propia administración sin asumir el problema global del tránsito. En San Miguel de Tucumán se dedican a cobrar multas por mal estacionamiento sin advertir lo que pasa en calles y avenidas fuera del microcentro; en municipalidades y comunas del interior las direcciones de Tránsito son meros entes recaudadores y de otorgamiento de licencias de conducir. ¿Alguna vez el Consejo de Seguridad Vial podría declarar en emergencia las licencias de conducir de toda la provincia y ordenar que en el plazo de un año los 500.000 conductores de la provincia se sometan a un examen en serio?
Un inconveniente es quién tomaría el examen. Si los mismos responsables de control ignoran sus responsablidades. Katz lo dijo hace un año: “no hay personal capacitado para ejercer los controles”. Lo dijo Camila Martínez en 2010. Antes lo había dicho el emergentólogo Juan Masaguer. Katz contó que la Universidad Tecnológica Nacional montó en 2006 la tecnicatura en Seguridad Vial para capacitar a gente de la justicia, de salud, de educación, de seguridad, de los municipios y del sector privado (transportistas, por ejemplo). El año pasado no se abrió la carrera porque no tenía matrícula. No había interesados. El Gobierno la declaró de interés provincial pero no envió ni a un agente de tránsito a capacitarse. Las administraciones estaban ocupadas recaudando.
El exceso
El conductor Sánchez no la va a sacar barata. Su caso es sorprendente, según el fiscal Diego López Ávila, que pide prisión preventiva para él y sus cuatro hermanos. A estos, por haber desarmado y enterrado el auto. A él, por triple homicidio con dolo eventual, triples lesiones culposas agravadas y tentativa de homicidio. Esto último, porque, según describe el fiscal, luego del accidente el conductor se hizo el muerto frente a los testigos y cuando se descuidaron arrancó con su auto y escapó. Él y su auto enterrado son la muestra del exceso; los otros casos de embestidas a transeúntes y automovilistas en la capital, en Monteros, en Aguilares (Callejas, Álvarez, Soria, Carrizo) demuestran que se trata de la punta del iceberg de un problema profundo en el que la sociedad esconde la basura bajo la alfombra. Sánchez ha enterrado un auto. Los funcionarios y legisladores que se conforman con sancionar leyes que calman conciencias barren, como siempre, la tierra bajo la alfombra. Pero es como enterrar autos. Y la sociedad no la saca barata.
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