Rechazan una denuncia contra Macri por el uso de DNU

Rechazan una denuncia contra Macri por el uso de DNU

El fiscal Delgado desestimó la acusación por sedición agravada contra el Presidente

DENUNCIA. El Presidente Mauricio Macri es denunciado por de “sedición” y “abuso de autoridad”. dyn DENUNCIA. El Presidente Mauricio Macri es denunciado por de “sedición” y “abuso de autoridad”. dyn
13 Febrero 2016
BUENOS AIRES.- El fiscal federal Federico Delgado desestimó una denuncia contra el presidente Mauricio Macri por la utilización de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). No obstante, aclaró que esa herramienta es legal aunque puso en duda su legitimidad.

El funcionario judicial rechazó una presentación que realizó la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos por sedición agravada por traición a la patria. “Los comportamientos denunciados no constituyen un delito (...) no son ilegales, pero ello no otorga legitimidad a los mismos”, estableció en el dictamen que elevó al juez federal Sebastián Casanello. “Poco ayuda a la democracia liberal la separación entre lo legal y lo legítimo. Si alguna chance tiene la democracia de penetrar capilarmente las relaciones sociales, ella se vincula con el plano de la legitimidad”, estableció el funcionario judicial.

De acuerdo a Delgado, la Constitución le dio al Congreso la potestad de votar las leyes, y que el Presidente sólo puede atribuírselas en casos extremos o cuando es imposible reunir a las Cámaras. Cabe destacar que Macri no convocó a sesiones extraordinarias hasta este semana.

“La práctica que se denuncia es legal pero es más difícil sostener que sea legítima”, resolvió el fiscal y consideró que es tan o más importante que sea legítimo porque “en la legitimidad se juega la creencia del ciudadano que es el único combustible que alimenta las prácticas de la interpelada representación política”.

Tras la desestimación de la denuncia por parte del Ministerio Público, ahora definirá el juez, aunque al no haber impulso fiscal se prevé que la denuncia sea archivada.

El mandatario, la vicepresidente Gabriela Michetti y el jefe de gabinete Marcos Peña, habían sido denunciados, el 2 de febrero, por la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos mediante los abogados Leonel Curutchagüe y Raúl Schnabel. La acusación fue por el delito de sedición y abuso de autoridad por impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales de uno de los poderes públicos del gobierno nacional, esto es el Congreso.

Según el denunciante, existiría un “plan criminal minuciosamente tramado” para “burlar la intervención constitucional del Parlamento, contando para ello con la participación criminal de los legisladores oficialistas que deliberadamente traban el funcionamiento de la Comisión Bicameral”.

Los denunciantes, quienes pidieron que se dicte una medida cautelar que suspenda los decretos, indicaron que promovieron la acción penal para resguardo de la paz social.

Entre los decretos cuestionados por los abogados figuran el 13/15 que dismimuye el presupuesto educativo, el 83/15 por el que se postuló a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces en comisión para la Corte Suprema de la Nación y el 267/15 que disuelve a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales (AFSCA).

Curutchagüe y Schnabel criticaron, además, el decreto 228/16, firmado por Michetti, que declara la emergencia en materia de seguridad y posibilita el derribamiento de aviones ante la sospecha de comisión de delito. Para los denunciantes, la firma de los decretos violaba el artículo 99 de la Constitución Nacional, que establece cuáles son las atribuciones del Presidente de la Nación.

En ese sentido, acusaron que existe un inminente peligro a la paz social, y que con la función de los decretos el objetivo es “abolir las funciones y el control de uno de los tres poderes del Estado al no convocar a sesiones extraordinarias, dictando actos que carecen de la urgencia y emergencia necesarias y que, al mismo tiempo, transgreden los límites constitucionales por su materia”. (Télam/Dyn)

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