Jiménez llama al Colegio de Abogados a hablar con cordura

Jiménez llama al Colegio de Abogados a hablar con cordura

El ministro público rechazó los términos de una resolución hipercrítica de la entidad “Los convoco a discutir proyectos que repercutan en mejores condiciones de trabajo para los letrados”, propuso el funcionario

POR EL DIÁLOGO. El ministro público Jiménez sale de la reunión que sostuvo con la Corte el 5 de febrero. la gaceta / foto de Maria Silvia Granara POR EL DIÁLOGO. El ministro público Jiménez sale de la reunión que sostuvo con la Corte el 5 de febrero. la gaceta / foto de Maria Silvia Granara
13 Febrero 2016
Se pronunció en desacuerdo con la última resolución del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de la Capital, pero dijo que era necesario sentarse a conversar. Mediante una nota dirigida a este diario, el ministro público Edmundo Jiménez expresó que los aspectos abordados por el documento hipercrítico del Colegio debían ser tratados en un marco de institucionalidad, con cordura y respeto. “Este Ministerio Público los convoca para discutir y generar proyectos que, realmente, repercutan en mejores condiciones de trabajo para los abogados, y en una justicia más ágil y eficaz”, agregó.

El jefe de los fiscales y de los defensores oficiales reiteró que los Tribunales estaban en crisis. “Esta situación data de varios años, y fue reconocida y asumida por las autoridades judiciales, y por la propia ciudadanía, que sufre las consecuencias”, afirmó. El ex ministro de Gobierno y Justicia histórico de José Alperovich dijo que, como venía expresando, hacía falta un acto de sinceramiento. “La seguridad jurídica de la sociedad y la seguridad personal reposan –no exclusiva pero sí principalmente- en el Poder Judicial. Esta crisis, además, es sufrida de un modo especial por la comunidad de letrados, pues estos ejercen su profesión en el ámbito de la Justicia. Por ello se ve afectada su fuente de ingresos y el derecho al trabajo que consagra la Constitución Nacional”, escribió.

Después de insistir en que la opinión de los abogados sería muy bien recibida para el diseño de medidas destinadas a paliar la crisis que advierte, Jiménez retrucó el contenido de la resolución del miércoles, que vaticina que la crisis persistirá mientras el ministro público se mantenga en el cargo. “Expreso mi desacuerdo con todos sus puntos. Respecto de las manifestaciones realizadas por un camarista en un proyecto de voto, ello corresponde a una causa judicial que está actualmente en trámite y su definición es resorte exclusivamente jurisdiccional”, advirtió en referencia a la actuación del juez Enrique Pedicone en una causa penal que involucra al ex fiscal Guillermo Herrera. A fines de 2015, Pedicone comunicó a la Corte Suprema que Jiménez y otros magistrados habrían operado para impedirle revisar una decisión de la jueza Mirta Lenis de Vera que beneficia a Herrera. El 22 de diciembre, el alto tribunal (con los votos de Antonio Gandur, Claudia Sbdar y Daniel Posse) removió el obstáculo señalado por el camarista. A continuación, Jiménez exigió la marcha atrás de esta decisión mediante diferentes presentaciones en la Corte. En paralelo, la Cámara de Apelaciones tiene que integrarse para tratar el tema planteado por Pedicone.

Con la venia del TC


“Tampoco el Ministerio Fiscal obstaculizó ninguna investigación ni sustrajo del conocimiento de las autoridades correspondientes expedientes o actuaciones, tal cual consta en las actas”, dijo Jiménez, esta vez respecto del conflicto que desató la decisión de la Corte de auditar una serie de causas de Herrera objetadas por el Colegio (“Teves-Albarracín”, “Rigourd”, “Valdez” y “Jorrat”). La entidad presidida por Francisco García Posse había expresado que Jiménez incluso había llegado a amenazar a funcionarios del alto tribunal. Un acta labrada en esa ocasión indica que el ministro público dijo a los auditores que podrían tener problemas si leían las causas, y que no quiso excusarse pese a que en “Teves-Albarracín” intervinieron dos de sus hijos, los abogados Ana Lucía y Edmundo Javier Jiménez.

El jefe de los fiscales defendió también su potestad de contratar personal, cuestión que el Colegio también puso en tela de juicio. “Estas fueron concretadas según la ley y controladas previamente por el Tribunal de Cuentas (TC) , sin recibir observaciones”, manifestó (en dos acordadas distintas, la Corte volteó las contrataciones del Ministerio Público). Además, recordó que la autonomía de su institución -otro asunto cuestionado por el Consejo Directivo liderado por García Posse- obedecía a una corriente legal en vigencia en el país desde hacía ya varias décadas.

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