12 Febrero 2016
“Habrá crisis mientras Jiménez siga en su cargo”, dice el Colegio de Abogados de la Capital
Los representantes de los abogados de San Miguel de Tucumán arremetieron como nunca antes contra el ministro público Jiménez. Entre otras medidas, pidieron auditorías y reiteraron la necesidad de que el Ministerio de Justicia de la Nación nombre un veedor. La Corte pretende la reforma del Código Procesal Penal para enfrentar la crisis del fuero de instrucción
CONTRA JIMÉNEZ. El vice Juan Musi (desde la izq.), el presidente Francisco García Posse y el prosecretario Rodolfo Gilli celebran el Día del Abogado en 2015. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL (ARCHIVO)
El Colegio de Abogados de la Capital dijo que sí, que la Justicia penal está en crisis. “Y así continuará mientras Edmundo Jiménez se mantenga en el Ministerio Público Fiscal y Pupilar”, vaticinó en un documento distribuido el miércoles. Se trata de la resolución más crítica que el Consejo Directivo emitió desde marzo, cuando denunció a Guillermo Herrera, ex fiscal de Instrucción N°10 de esta capital, por su actuación en los expedientes “Jorrat”, “Teves-Albarracín”, “Valdez” y “Rigourd”.
“En la mediática actuación que Jiménez desplegó desde el inicio de este año se advierte una tendencia a ocultar las graves falencias del Ministerio Público y las irregularidades denunciadas por el camarista Enrique Pedicone, detrás de una supuesta crisis global del Poder Judicial”, opinaron las autoridades de la entidad. Si bien admitieron las falencias del sistema judicial y expresaron que llevaban años exponiendo las condiciones adversas que enfrentaban los abogados en casi todos los fueros, el Colegio se negó a aceptar que Jiménez pudiese desentenderse de su responsabilidad en la coyuntura institucional que denunciaba.
La entidad presidida por Francisco García Posse adoptó una variedad de posiciones (ver resumen). Entre ellas, pidió a la Corte que investigue el entramado de presuntas irregularidades descripto por Pedicone y las contrataciones de personal que el ministro público habría concretado sin permiso de la Corte. Asimismo, resolvió reiterar el pedido dirigido a Germán Garavano, ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, para que designe un representante encargado de observar las vicisitudes del trámite de la denuncia contra Herrera.
La cúpula directiva recordó que en agosto de 2014 había rechazado la decisión del gobernador José Alperovich de designar a Jiménez, hasta entonces ministro de Gobierno y Justicia, en el cargo que dejó vacante Luis de Mitri. “El nombramiento del funcionario y militante político proveniente del riñón mismo del Gobierno y del partido gobernante sólo puede concretarse con el propósito de borrar los límites que el régimen republicano impone”, dice la resolución, que también lleva la firma del prosecretario Rodolfo Gilli.
La institución manifestó en la resolución que, luego, se opuso al aumento de autonomía otorgado a Jiménez mediante la Ley 8.735, por considerar que dicha norma transgrede la Constitución de Tucumán, que sitúa al Ministerio Público dentro del Poder Judicial. A mediados del año pasado y luego de denunciar a Herrera, el Colegio criticó a Jiménez por resistir y obstaculizar la auditoría que había ordenado la Corte sobre las causas “Jorrat”, “Teves-Albarracín”, “Valdez” y “Rigourd” en función de la presentación de García Posse.
“Jiménez intentó sustraer del conocimiento del alto tribunal expedientes que se le requerían al entonces fiscal N°10, incluso amenazando a los auditores del Poder Judicial”, informó la resolución. Un acta labrada en esa ocasión indica que Jiménez dijo a los auditores que podrían tener problemas si leían las causas, y que no quiso excusarse pese a que en “Teves-Albarracín” intervinieron dos de sus hijos, los abogados Ana Lucía y Edmundo Javier Jiménez.
Los resultados adversos de la auditoría dieron pie a la apertura de un sumario administrativo que quedó trunco por la decisión de Herrera de jubilarse con el beneficio del 82% móvil. En paralelo, el fiscal Diego López Ávila dictaminó que su ex par habría cometido delitos durante la instrucción de las causas “Jorrat”, “Teves-Albarracín” y “Rigourd”. Pero la jueza Mirta Lenis de Vera desplazó al fiscal, como pedía Tomás Robert, ex defensor de Herrera. En la etapa de apelación, el camarista Enrique Pedicone dijo a la Corte que Jiménez y otros magistrados habrían operado para impedirle revisar la decisión de Lenis de Vera. En virtud de ello, los vocales Antonio Gandur, Claudia Sbdar y Daniel Posse anularon un decreto del camarista Eudoro Albo.
La caja lo explica
“Pedicone comunicó a la Corte gravísimos acontecimientos en los que fue involucrado Jiménez. Entre otras irregularidades, puso de relieve la abusiva manipulación de las subrogancias entre los integrantes del Ministerio Fiscal. La presentación de Pedicone ha motivado una drástica intervención del alto tribunal, pero queda aún pendiente una amplia investigación de las circunstancias denunciadas”, dijo el Consejo Directivo del Colegio capitalino.
Los dirigentes de la abogacía añadieron que la búsqueda de una caja presupuestaria descontrolada explicaba la intención de Jiménez de aplicar en Tucumán el Código Procesal Penal de la Nación que potenció las facultades discrecionales de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, norma cuya implementación fue suspendida por el Gobierno de Mauricio Macri. Además, defendieron el anteproyecto para la reforma procesal penal integral que elaboró la comisión especial interpoderes con participación de los colegios de abogados de la provincia.
“En la mediática actuación que Jiménez desplegó desde el inicio de este año se advierte una tendencia a ocultar las graves falencias del Ministerio Público y las irregularidades denunciadas por el camarista Enrique Pedicone, detrás de una supuesta crisis global del Poder Judicial”, opinaron las autoridades de la entidad. Si bien admitieron las falencias del sistema judicial y expresaron que llevaban años exponiendo las condiciones adversas que enfrentaban los abogados en casi todos los fueros, el Colegio se negó a aceptar que Jiménez pudiese desentenderse de su responsabilidad en la coyuntura institucional que denunciaba.
La entidad presidida por Francisco García Posse adoptó una variedad de posiciones (ver resumen). Entre ellas, pidió a la Corte que investigue el entramado de presuntas irregularidades descripto por Pedicone y las contrataciones de personal que el ministro público habría concretado sin permiso de la Corte. Asimismo, resolvió reiterar el pedido dirigido a Germán Garavano, ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, para que designe un representante encargado de observar las vicisitudes del trámite de la denuncia contra Herrera.
La cúpula directiva recordó que en agosto de 2014 había rechazado la decisión del gobernador José Alperovich de designar a Jiménez, hasta entonces ministro de Gobierno y Justicia, en el cargo que dejó vacante Luis de Mitri. “El nombramiento del funcionario y militante político proveniente del riñón mismo del Gobierno y del partido gobernante sólo puede concretarse con el propósito de borrar los límites que el régimen republicano impone”, dice la resolución, que también lleva la firma del prosecretario Rodolfo Gilli.
La institución manifestó en la resolución que, luego, se opuso al aumento de autonomía otorgado a Jiménez mediante la Ley 8.735, por considerar que dicha norma transgrede la Constitución de Tucumán, que sitúa al Ministerio Público dentro del Poder Judicial. A mediados del año pasado y luego de denunciar a Herrera, el Colegio criticó a Jiménez por resistir y obstaculizar la auditoría que había ordenado la Corte sobre las causas “Jorrat”, “Teves-Albarracín”, “Valdez” y “Rigourd” en función de la presentación de García Posse.
“Jiménez intentó sustraer del conocimiento del alto tribunal expedientes que se le requerían al entonces fiscal N°10, incluso amenazando a los auditores del Poder Judicial”, informó la resolución. Un acta labrada en esa ocasión indica que Jiménez dijo a los auditores que podrían tener problemas si leían las causas, y que no quiso excusarse pese a que en “Teves-Albarracín” intervinieron dos de sus hijos, los abogados Ana Lucía y Edmundo Javier Jiménez.
Los resultados adversos de la auditoría dieron pie a la apertura de un sumario administrativo que quedó trunco por la decisión de Herrera de jubilarse con el beneficio del 82% móvil. En paralelo, el fiscal Diego López Ávila dictaminó que su ex par habría cometido delitos durante la instrucción de las causas “Jorrat”, “Teves-Albarracín” y “Rigourd”. Pero la jueza Mirta Lenis de Vera desplazó al fiscal, como pedía Tomás Robert, ex defensor de Herrera. En la etapa de apelación, el camarista Enrique Pedicone dijo a la Corte que Jiménez y otros magistrados habrían operado para impedirle revisar la decisión de Lenis de Vera. En virtud de ello, los vocales Antonio Gandur, Claudia Sbdar y Daniel Posse anularon un decreto del camarista Eudoro Albo.
La caja lo explica
“Pedicone comunicó a la Corte gravísimos acontecimientos en los que fue involucrado Jiménez. Entre otras irregularidades, puso de relieve la abusiva manipulación de las subrogancias entre los integrantes del Ministerio Fiscal. La presentación de Pedicone ha motivado una drástica intervención del alto tribunal, pero queda aún pendiente una amplia investigación de las circunstancias denunciadas”, dijo el Consejo Directivo del Colegio capitalino.
Los dirigentes de la abogacía añadieron que la búsqueda de una caja presupuestaria descontrolada explicaba la intención de Jiménez de aplicar en Tucumán el Código Procesal Penal de la Nación que potenció las facultades discrecionales de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, norma cuya implementación fue suspendida por el Gobierno de Mauricio Macri. Además, defendieron el anteproyecto para la reforma procesal penal integral que elaboró la comisión especial interpoderes con participación de los colegios de abogados de la provincia.
Lo más popular
