Juego de fotocopias
Los Tribunales, ese teatro de lo impensado, cerraron 2015 con un episodio que sintetiza los tumultos internos desatados por el affaire del ex fiscal Guillermo Herrera. El 28 de diciembre, cuando tres de los cinco vocales de la Corte ya habían echado llave a sus despachos, Edmundo Jiménez, el ministro público de la gioconda sonrisa, accionó para desarticular lo que el alto tribunal había resuelto por iniciativa de Enrique Pedicone. Un mes antes, ese camarista insurrecto, que como legislador del Partido Justicialista solía aguijonear a Antonio Domingo Bussi, había comunicado a las autoridades judiciales que un entramado de actores encabezados por Jiménez le había impedido controlar una resolución que favorece a Herrera en la investigación ligada al caso “Jorrat”. El mensaje nunca antes oído en el Palacio surtió un efecto igualmente novedoso: en la víspera de la Navidad, el presidente Antonio Gandur, y sus pares Claudia Sbdar y Daniel Posse removieron el obstáculo que había sacado del tablero a Pedicone, que carga con el sambenito de su pasado peronista. La piedra retirada había sido colocada por Eudoro Albo, juez a quien el foro considera alter ego de Jiménez en la Cámara de Apelaciones.

La intervención in extremis de la Corte en un caso con efectos sobre otros expedientes incómodos para Herrera -entre ellos, la causa “Teves”, que involucra a dos hijos del jefe de los fiscales y defensores oficiales, Ana Lucía y Edmundo Javier Jiménez- dejó mal parado a un sector del fuero penal que incluye a Liliana Vitar, par de Albo y de Pedicone; al fiscal Carlos Sale y a la jueza Mirta Lenis de Vera. Frente a ese golpe y pese a que todavía había luz en la vocalía de Posse, el ministro público optó por tocar las puertas de René Goane -cuyo hijo mayor, René Goane junior, también intervino en “Teves”-. Cuentan en el Palacio de Justicia que Jiménez se instaló en lo de Goane para exigir que el caso expuesto por Pedicone, que ya había sido devuelto a la Cámara de Apelaciones, subiese otra vez a la Corte. El cabildeo se extendió durante 48 horas: el 30 de diciembre, Jiménez se habría ido con la creencia de que había obtenido lo que requería, pero, imprevisible como es, Goane dio marcha atrás y, en vez de habilitar la vía para una eventual vuelta de tuerca favorable a Herrera, se limitó a extraer un juego de fotocopias.

El giro puso patas para arriba la relación de fuerzas delicada existente en la Corte respecto del ministro público. Goane, que desde el escándalo de sexismo que lo hizo tambalear se apoya incondicionalmente en Antonio Estofán, salió hace una semana del autoexilio mediático con un comentario digno de su verba incendiaria: según su juicio, Jiménez está enloquecido y medio zafadito por querer desprenderse de los controles que el alto tribunal ejerce sobre la administración del personal y del presupuesto. Un príncipe de Tribunales advierte que la historia del juego de fotocopias obligó a Jiménez a recalibrar el papel agresivo que adoptó en la telenovela que ya produjo la renuncia de Herrera. El cambio de conversación está en marcha: en enero, el ministro público viajó a entrevistarse con Germán Garavano, titular de Justicia en el Gobierno de Mauricio Macri, para contrarrestar los dardos del Colegio de Abogados de la Capital (el presidente Francisco García Posse sospecha que la denuncia contra Herrera corre riesgo de impunidad) y regresó persuadido de la crisis judicial penal que la víctima Alberto Lebbos denuncia hace -¡ay!- 10 años. Pero no sólo eso: Jiménez ahora se queja de la institución acosada por las flaquezas que configuró el alperovichismo que él integró entre 2003 y 2014 con la función de establecer una política judicial. El sinceramiento sin mea culpa sacó de quicio a Lebbos. “El ministro público dice que no quiere perder tiempo en buscar responsables… ¡por eso estamos como estamos!”, razonó en un comentario publicado en la versión digital de este diario.

El discurso de la crisis ostensible avivó el debate sobre la demorada reforma legal de unos procesos atontados por la lógica del trámite escrito, que admiten toda clase de secretismos, artimañas y dilaciones. Quien controla el expediente antediluviano, tiene el poder: ello quedó claro en mayo, tras la puja por la custodia de los casos objetados de Herrera que protagonizaron Jiménez y Gandur, a quien sus pares terminaron respaldando.

Ocurre que en la Justicia, hoy más que nunca, el esclarecimiento de las denuncias y de los hechos ilícitos depende de la suerte de un juego -más o menos inmanejable, siempre inflamable- de papeles. Esa fragilidad deviene evidente en los casos sensibles para el poder político -como el de los gastos sociales legislativos o las irregularidades atribuidas a Miguel Brito, ex jefe de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo-, que se activan con denuncias explosivas y suelen desactivarse por la inmovilidad de quienes deben investigarlos, aún de oficio. Mientras la sociedad asiste a este espectáculo que daña la fe en el Estado de derecho y en la igualdad ante la ley, los conocedores del Poder Judicial se preguntan cómo quedará integrada la Cámara de Apelaciones que ha de juzgar la trama escabrosa expuesta por Pedicone (fue recusado por el ex fiscal) en las actuaciones vinculadas a “Jorrat” y qué decisión adoptará al respecto; quién será el veedor de las causas de Herrera cuya designación prometió Garavano, y si estos movimientos torcerán o precipitarán la tendencia al caos del presente.

Tamaño texto
Comentarios
Comentarios