11 Febrero 2016
Jaldo da su aval al cambio procesal consensuado
Cuatro vocales de la Corte visitaron a las autoridades del Poder Legislativo para solicitarles que avancen con una reforma parcial del proceso penal. Más temprano, el ministro público Jiménez presentó un informe de gestión a la prensa, y volvió a explicar por qué la Justicia está en crisis e imposibilitada de dar respuestas adecuadas a la comunidad
LAS CABEZAS DE LOS DOS PODERES. Gandur se dirige a Jaldo (cabecera) en presencia de Estofán, Silman, García, Sbdar, Posse, Gassenbauer y Caponio. la gaceta / foto de florencia zurita
El primer día de trabajo del vicegobernador Osvaldo Jaldo después de las vacaciones quedó registrado en una fotografía pocas veces vista en la Legislatura. Esta imagen muestra al anfitrión junto con cuatro vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (el presidente Antonio Gandur, y sus pares Claudia Sbdar, Antonio Estofán y Daniel Posse) y las demás autoridades del Poder Legislativo: el presidente subrogante Julio Silman; Guillermo Gassenbauer y Ariel García (UCR), vicepresidentes primero y segundo, y Marcelo Caponio, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales.
Después de encabezar esta mesa con jueces, y representantes del oficialismo y de la oposición, Jaldo dijo que iba a estudiar el pedido de reforma parcial del Código Procesal Penal de Tucumán formulado por el alto tribunal. Y adelantó que creía en la enmienda integral que habían consensuado los tres poderes del Estado (incluidos miembros del Ministerio Público y legisladores antioficialistas) y los colegios de abogados, y que quedó plasmada en un anteproyecto entregado a la Legislatura en octubre. “La Corte nos pidió que, mientras tanto, avancemos con algunos aspectos que beneficiarán a la Justicia penal. La solicitud se basa en el trabajo de la comisión, que es muy profundo y yo estoy de acuerdo con él”, explicó el vicegobernador.
Si bien no quiso anticipar tiempos, Jaldo se comprometió a dar trámite inmediato a la petición que dejaron Gandur, Sbdar, Estofán y Posse (la única ausencia de la Corte fue René Goane), quienes disponen de estadísticas que revelan que más de 72.000 causas ingresaron al fuero penal capitalino en 2014. La reunión de 45 minutos en la presidencia de la Legislatura dejó dos caminos por seguir: o bien practicar una nueva reforma parcial al Código vigente desde 1991 o bien ir por la reforma total con base en el anteproyecto del comité que condujeron Caponio y el ex legislador alperovichista Ramiro González Navarro.
La diferencia entre una y otra alternativa radica en los plazos: de hecho la Corte sugirió el retoque porque el cambio integral se anticipa lento (lleva al menos cuatro años en debate si se considera como punto de partida el fallido plan piloto para modernizar y transparentar la investigación penal preparatoria que impulsó el ex presidente Estofán). La semana pasada surgió, además, otra idea de parte del ministro público Edmundo Jiménez. El jefe de los fiscales y de los defensores oficiales sostiene que Tucumán debe implementar el sistema procesal que potenció las facultades discrecionales de la procuradora general Alejandra Gils Carbó y cuya puesta en marcha (prevista para el 1 de marzo) fue suspendida por el Gobierno de Mauricio Macri. La propuesta de Jiménez establece la autarquía de la institución que encabeza, lo que le permitiría manejar el personal y el presupuesto sin los controles que hoy ejerce el alto tribunal local.
Una opinión personal
“La Corte pidió la incorporación del principio de oportunidad (habilita a priorizar la persecución de ciertos delitos en función de las previsiones incluidas en 2015 en el Código Penal de la Nación) y modificaciones en la prisión preventiva siguiendo la labor de la comisión especial. El cambio es necesario: no tenemos duda de ello”, opinó Caponio durante una rueda de prensa. Entre otros aspectos, la reforma consensuada luego de más de dos años de trabajo deja planteada la necesidad de dividir el Ministerio Público Fiscal y Pupilar en un órgano para la acusación y otro para la defensa.
A diferencia de los vocales Gandur, Sbdar y Posse, que se retiraron juntos y sin hacer comentarios, Estofán atendió a los periodistas y dio a entender que se marchaba conforme. “La idea de que la Justicia está en crisis es una opinión personal del ministro público. Pienso que arrastramos una situación delicada desde hace más o menos 15 años, que tiende a regularizarse. No tengo idea de si Jiménez presentó su propio proyecto de código por la autarquía, pero en Tucumán, a diferencia de la Nación, el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial”, advirtió. El viernes, Goane había fustigado al ministro público por pedir la autarquía. “Jiménez está enloquecido, medio zafadito”, había manifestado.
Después de encabezar esta mesa con jueces, y representantes del oficialismo y de la oposición, Jaldo dijo que iba a estudiar el pedido de reforma parcial del Código Procesal Penal de Tucumán formulado por el alto tribunal. Y adelantó que creía en la enmienda integral que habían consensuado los tres poderes del Estado (incluidos miembros del Ministerio Público y legisladores antioficialistas) y los colegios de abogados, y que quedó plasmada en un anteproyecto entregado a la Legislatura en octubre. “La Corte nos pidió que, mientras tanto, avancemos con algunos aspectos que beneficiarán a la Justicia penal. La solicitud se basa en el trabajo de la comisión, que es muy profundo y yo estoy de acuerdo con él”, explicó el vicegobernador.
Si bien no quiso anticipar tiempos, Jaldo se comprometió a dar trámite inmediato a la petición que dejaron Gandur, Sbdar, Estofán y Posse (la única ausencia de la Corte fue René Goane), quienes disponen de estadísticas que revelan que más de 72.000 causas ingresaron al fuero penal capitalino en 2014. La reunión de 45 minutos en la presidencia de la Legislatura dejó dos caminos por seguir: o bien practicar una nueva reforma parcial al Código vigente desde 1991 o bien ir por la reforma total con base en el anteproyecto del comité que condujeron Caponio y el ex legislador alperovichista Ramiro González Navarro.
La diferencia entre una y otra alternativa radica en los plazos: de hecho la Corte sugirió el retoque porque el cambio integral se anticipa lento (lleva al menos cuatro años en debate si se considera como punto de partida el fallido plan piloto para modernizar y transparentar la investigación penal preparatoria que impulsó el ex presidente Estofán). La semana pasada surgió, además, otra idea de parte del ministro público Edmundo Jiménez. El jefe de los fiscales y de los defensores oficiales sostiene que Tucumán debe implementar el sistema procesal que potenció las facultades discrecionales de la procuradora general Alejandra Gils Carbó y cuya puesta en marcha (prevista para el 1 de marzo) fue suspendida por el Gobierno de Mauricio Macri. La propuesta de Jiménez establece la autarquía de la institución que encabeza, lo que le permitiría manejar el personal y el presupuesto sin los controles que hoy ejerce el alto tribunal local.
Una opinión personal
“La Corte pidió la incorporación del principio de oportunidad (habilita a priorizar la persecución de ciertos delitos en función de las previsiones incluidas en 2015 en el Código Penal de la Nación) y modificaciones en la prisión preventiva siguiendo la labor de la comisión especial. El cambio es necesario: no tenemos duda de ello”, opinó Caponio durante una rueda de prensa. Entre otros aspectos, la reforma consensuada luego de más de dos años de trabajo deja planteada la necesidad de dividir el Ministerio Público Fiscal y Pupilar en un órgano para la acusación y otro para la defensa.
A diferencia de los vocales Gandur, Sbdar y Posse, que se retiraron juntos y sin hacer comentarios, Estofán atendió a los periodistas y dio a entender que se marchaba conforme. “La idea de que la Justicia está en crisis es una opinión personal del ministro público. Pienso que arrastramos una situación delicada desde hace más o menos 15 años, que tiende a regularizarse. No tengo idea de si Jiménez presentó su propio proyecto de código por la autarquía, pero en Tucumán, a diferencia de la Nación, el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial”, advirtió. El viernes, Goane había fustigado al ministro público por pedir la autarquía. “Jiménez está enloquecido, medio zafadito”, había manifestado.
Lo más popular
