Jiménez insiste con la crisis de la Justicia y dice que la estadística empeoró en 2015

Jiménez insiste con la crisis de la Justicia y dice que la estadística empeoró en 2015

El jefe de los fiscales y defensores expresó que el año pasado hubo un caso penal por minuto

JEFE DE LOS FISCALES Y DEFENSORES. Jiménez en la rueda de prensa de ayer. la gaceta / foto de roberto delgado JEFE DE LOS FISCALES Y DEFENSORES. Jiménez en la rueda de prensa de ayer. la gaceta / foto de roberto delgado
11 Febrero 2016
Edmundo Jiménez asumió la jefatura de los fiscales y de los defensores oficiales en agosto de 2014, luego de ejercer durante 11 años como ministro de Gobierno y Justicia del ex mandatario José Alperovich. Ayer convocó a la prensa para presentar el informe de la gestión que desarrolló desde que llegó al Ministerio Público (el viernes había entregado ese documento a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán). En esa nueva rueda de prensa, Jiménez enumeró las medidas adoptadas e insistió con su diagnóstico pesimista: “la crisis del Poder Judicial salta a la vista, no podemos taparla con nada. La sufren los abogados, las víctimas y la comunidad entera, y el resultado es la falta de seguridad, más allá de las responsabilidades que tienen otras instituciones, como la Policía, que también debería hacer una autocrítica”.

Entre las acciones que promovió, destacó la conquista de mayor autonomía (gracias a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sancionada a fines de 2014); la suspensión de la persecución del narcomenudeo; la creación de laboratorios para auxiliar la investigación, como el de análisis genéticos; la incorporación de un vehículo (“tenemos cuatro camionetas, cuando en Salta hay 40”, comparó) y la fundación de la Policía Judicial, que aún no está en funcionamiento por falta de personal y de equipamiento.

El ministro público, que también se desempeñó como secretario de Gobierno durante la administración de Ramón Bautista Ortega, informó que en 2015 volvió a aumentar el ingreso de causas al fuero penal. “Entraron 80.000 casos, uno por minuto. La estadística publicada (en el diario de ayer, según datos de la Corte) habla de más de 72.000 causas en 2014, sólo en la capital. Este caudal de expedientes se distribuye entre las 10 fiscalías de San Miguel de Tucumán, de las cuales sólo siete están cubiertas (por las jubilaciones con el 82% móvil de los ex fiscales Carlos Albaca, Guillermo Herrera y María de las Mercedes Carrizo). Es decir, que algunos fiscales trabajan el doble porque cubren su fiscalía y otra que está acéfala... Este es el estado de la Justicia”, explicó. Y añadió que escaseaba el espacio físico y que había logrado el traslado de la fiscalía de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción a un inmueble de la calle Muñecas 730.

Si bien la Legislatura creó cinco fiscalías de Instrucción nuevas en 2014, estos despachos no empezaron a funcionar porque aún no concluyeron los procesos de preselección de fiscales que sustancia el Consejo Asesor de la Magistratura (mañana vuelve a sesionar, luego del receso de verano). Jiménez manifestó que sería bueno avanzar con los nombramientos de empleados y funcionarios de las cinco fiscalías incorporadas: “es cierto que se recargarán más los fiscales subrogantes, pero a la vez van a tener más gente trabajando y, cuando asuman los fiscales nombrados, podrán ponerse a trabajar de inmediato”. Fuentes judiciales precisaron que esta propuesta (abarca más o menos 60 cargos) fue discutida en la audiencia que Jiménez mantuvo con la Corte el viernes pasado y que, si bien algunos vocales habían quedado entusiasmados con la idea, otros habían manifestado que podría entrañar una aplicación indebida del presupuesto.

El ministro público enfatizó varias veces la necesidad de incorporar más personal. Al respecto, comentó que la demanda de atención en las defensorías de pobres e incapaces había obligado a establecer cupos que obligaban a mucha gente a retirarse sin ser atendida para volver otro día. “Hay gente haciendo cola... a los pobres los tenemos ‘cupificados’”, reflexionó. “No es necesario argumentar más. Obviamente que si en el Poder judicial no tenemos las condiciones para castigar al delincuente, y bueno, es más fácil, quizá, delinquir que trabajar”, ironizó.

La incorporación de empleados y funcionarios también generó fricciones entre el Ministerio Público y la Corte: entre junio y diciembre, el alto tribunal canceló en dos oportunidades la pretensión de Jiménez de contratar personal temporario. Pero el ex funcionario alperovichista no quiso polemizar con el alto tribunal (que en paralelo pedía una reforma parcial del proceso penal a las autoridades de la Legislatura). Ni siquiera con el vocal René Goane, que dijo que estaba “medio zafadito y enloquecido” por plantear que el Ministerio Público Fiscal y Pupilar debe ser autárquico. Por el contrario, Jiménez afirmó que la Corte adhería al 80% de sus dictámenes en las causas jurisdiccionales. “Nos sentimos muy orgullosos de ello”, dijo.

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