Gastos sociales: denuncian a los legisladores por evasión impositiva

Gastos sociales: denuncian a los legisladores por evasión impositiva

Nueva presentación judicial contra la Cámara

08 Febrero 2016
El manejo de los gastos sociales de la Legislatura durante 2015 sumó una nueva denuncia ante la Justicia Federal. Según el abogado Oscar López, la anterior gestión parlamentaria, presidida por el hoy gobernador Juan Manzur, habría incurrido en el delito de evasión fiscal al disponer y rendir cuentas de los más de $ 500 millones destinados a esa partida.

Por este motivo, presentó una demanda penal contra autoridades y legisladores que culminaron su mandato el año pasado. En el escrito solicitó que se dicte una medida cautelar para ordenar al Poder Legislativo que bancarice la distribución de los fondos pertenecientes a las controvertidas “ayudas sociales a personas”.

Según el ex candidato a legislador por un acople del peronismo disidente, la utilización que le dio el cuerpo a los gastos sociales infringió las leyes nacionales de Impuesto a las Ganancias y de Procedimientos Fiscales.

Sin pagar Ganancias

En una serie de notas publicadas a partir de noviembre, LA GACETA reveló la modalidad de distribución del dinero para gastos sociales. Los fondos eran retirados en valijas de la sucursal de San Martín al 700 del Banco Tucumán-Grupo Macro, y trasladados hacia el edificio legislativo de Muñecas 951 en una camioneta registrada a nombre del cuerpo. Los millones eran repartidos entonces entre los legisladores, quienes rendían cuentas a partir de la presentación de recibos simples.

A través de esta operatoria, según López, los parlamentarios habrían incumplido sus obligaciones como contribuyentes. En la demanda citó el Capítulo IV de la norma que regula el impuesto a las Ganancias, donde se establecen como gravables “las compensaciones en dinero y en especie, los viáticos, etcétera, que se perciban por el ejercicio” de un cargo público, siempre que la autoridad impositiva considere que la suma excede un piso razonable.

El letrado consideró además que la Legislatura, como agente de retención y percepción de los impuestos al ser empleador de los parlamentarios, contribuyó para que se lleve adelante la presunta evasión impositiva.

“El sistema (de distribución de fondos pertenecientes a los gastos sociales) empleado desde 2008 frustra y desbarata arbitrariamente la recaudación impositiva nacional”, aseveró el abogado.

Partiendo de esos argumentos, López solicitó a la Justicia Federal que ordene a la Presidencia de la Legislatura que “se abstenga de rendir cuentas de los gastos sociales a través de la firma de un simple recibo”, y que aplique “el sistema de rendición de cuentas establecido por la Ley Nº 6.970, de Administración Financiera de la Provincia”; es decir, que deposite el dinero de los gastos sociales en las cuentas bancarias de los legisladores.

Otras denuncias

El manejo de las “ayudas sociales a personas” ya está siendo investigado, tanto en la Justicia Federal, por el presunto delito de lavado de activos; como en los Tribunales provinciales, por la supuesta violación de la Ley de Administración Financiera.

La partida es distribuida en forma discrecional por las autoridades de la Cámara entre los legisladores. En 2015, el Poder Legislativo gastó $ 505,6 millones de la partida. El flujo de las extracciones fue discontinuo durante el año pasado. En junio, por ejemplo, fueron retirados de la cuenta bancaria $ 47,8 millones. En agosto, mes de las elecciones provinciales, se extrajeron $ 91,7 millones.

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