07 Febrero 2016
Un abogado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación seguirá las causas penales que involucran al ex fiscal Guillermo Herrera, y que fueron abiertas como consecuencia de una denuncia del Colegio de Abogados de la Capital. Esta decisión ya está tomada, según Eduardo Massot, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). “El ministro Germán Garavano nos comunicó que designará un representante a la brevedad”, explicó el dirigente profesional en un diálogo telefónico.
Massot comentó que Garavano volvió a recibir a una comitiva de la FACA el miércoles pasado y que, en ese oportunidad, expresó su preocupación por el riesgo de que los delitos imputados al ex fiscal quedaran sin ser esclarecidos. Este temor había sido comunicado a Garavano a finales de diciembre en otra reunión con la Federación en la que participó Francisco García Posse, presidente del Colegio tucumano. En virtud de aquel primer encuentro con los profesionales y para dar su versión de los hechos denunciados por el Colegio, el ministro público Edmundo Jiménez también se entrevistó con el funcionario macrista a comienzos de enero.
“El ministro nacional comentó que había hablado con Jiménez y que otras personas del Poder Judicial de Tucumán habían ido al Ministerio por el mismo tema. Pero después de escuchar a todos, decidió nombrar un veedor, cosa que celebramos”, dijo Massot. El titular de la FACA precisó que, si bien todavía no había definiciones, Garavano se comprometió a designar a un abogado de la matrícula. Este requisito implicaría, en principio, que para la veeduría está descartado Carlos López, funcionario judicial y aspirante a la magistratura vetado siete veces por José Alperovich. En enero había trascendido que López, que es secretario del Juzgado de Instrucción N°5, estaba cerca de este puesto y que contaba con el aval de José Cano (UCR), coordinador del Plan Belgrano.
Fuentes del Colegio manifestaron que pretendían que el veedor fuese un profesional independiente. Un sector de esa institución promueve a Bernardo Lobo Bugeau, que como representante de la anterior administración nacional develó las irregularidades cometidas por el ex fiscal Carlos Albaca durante los casi ocho años en los que controló el caso “Lebbos”. El informe de Lobo Bugeau obligó a desplazar a Albaca, que terminó jubilándose acorralado por las denuncias y pedidos de juicio político -afronta una causa penal por su actuación en “Lebbos”-.
Massot dijo que la FACA iba a seguir acompañando al Colegio de Abogados de la Capital en su denuncia contra Herrera y que el tema ocupaba un lugar central en la agenda de la institución. En 2015 y en medio de abundantes cuestionamientos, Herrera renunció a la Fiscalía N°10 para jubilarse con el beneficio del 82% móvil. Pero las causas penales iniciadas en virtud de la denuncia del Colegio prosiguen. En diciembre y en el ámbito de uno de esos casos, el camarista Enrique Pedicone dijo a la Corte local que el ministro público Jiménez y otros le habían impedido revisar una sentencia que beneficiaba a Herrera. El alto tribunal intervino para remover el obstáculo, pero la FACA y el Colegio consideran que el destino de tales procesos es incierto.
Massot comentó que Garavano volvió a recibir a una comitiva de la FACA el miércoles pasado y que, en ese oportunidad, expresó su preocupación por el riesgo de que los delitos imputados al ex fiscal quedaran sin ser esclarecidos. Este temor había sido comunicado a Garavano a finales de diciembre en otra reunión con la Federación en la que participó Francisco García Posse, presidente del Colegio tucumano. En virtud de aquel primer encuentro con los profesionales y para dar su versión de los hechos denunciados por el Colegio, el ministro público Edmundo Jiménez también se entrevistó con el funcionario macrista a comienzos de enero.
“El ministro nacional comentó que había hablado con Jiménez y que otras personas del Poder Judicial de Tucumán habían ido al Ministerio por el mismo tema. Pero después de escuchar a todos, decidió nombrar un veedor, cosa que celebramos”, dijo Massot. El titular de la FACA precisó que, si bien todavía no había definiciones, Garavano se comprometió a designar a un abogado de la matrícula. Este requisito implicaría, en principio, que para la veeduría está descartado Carlos López, funcionario judicial y aspirante a la magistratura vetado siete veces por José Alperovich. En enero había trascendido que López, que es secretario del Juzgado de Instrucción N°5, estaba cerca de este puesto y que contaba con el aval de José Cano (UCR), coordinador del Plan Belgrano.
Fuentes del Colegio manifestaron que pretendían que el veedor fuese un profesional independiente. Un sector de esa institución promueve a Bernardo Lobo Bugeau, que como representante de la anterior administración nacional develó las irregularidades cometidas por el ex fiscal Carlos Albaca durante los casi ocho años en los que controló el caso “Lebbos”. El informe de Lobo Bugeau obligó a desplazar a Albaca, que terminó jubilándose acorralado por las denuncias y pedidos de juicio político -afronta una causa penal por su actuación en “Lebbos”-.
Massot dijo que la FACA iba a seguir acompañando al Colegio de Abogados de la Capital en su denuncia contra Herrera y que el tema ocupaba un lugar central en la agenda de la institución. En 2015 y en medio de abundantes cuestionamientos, Herrera renunció a la Fiscalía N°10 para jubilarse con el beneficio del 82% móvil. Pero las causas penales iniciadas en virtud de la denuncia del Colegio prosiguen. En diciembre y en el ámbito de uno de esos casos, el camarista Enrique Pedicone dijo a la Corte local que el ministro público Jiménez y otros le habían impedido revisar una sentencia que beneficiaba a Herrera. El alto tribunal intervino para remover el obstáculo, pero la FACA y el Colegio consideran que el destino de tales procesos es incierto.
Lo más popular
