La Corte visitará a Jaldo para tratar la reforma procesal penal

La necesidad de reconfigurar las reglas de trámite de las causas penales fue planteada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en 2012, mediante el diseño de un plan piloto que nunca arrancó. Cuatro años después existen al menos dos anteproyectos de reforma integral y ninguna decisión oficial al respecto. Ante ese panorama de tiempos dilatados, la Corte decidió intentar un atajo y pidió a la Legislatura que sustituya el deber legal de investigar todas las denuncias por un criterio de delitos prioritarios. Este cambio concreto será debatido el miércoles, en la audiencia que la Corte sostendrá con el vicegobernador Osvaldo Jaldo.

Fuentes de los Tribunales precisaron que los cinco miembros del estrado (el presidente Antonio Gandur, Claudia Sbdar, René Goane, Antonio Estofán y Daniel Posse) tienen previsto asistir a la audiencia con el presidente de la Legislatura. El 4 de febrero, Gandur envió a Jaldo una nota para solicitar a los legisladores que consideren la posibilidad de adecuar el Código Procesal Penal de Tucumán a la reforma parcial del Código Penal de la Nación que introdujo el llamado principio de oportunidad y de conciliación, que implica que los fiscales ya no estarán obligados a investigar todas las denuncias que reciben (con ciertos límites y controles, podrán archivarse las presentaciones vinculadas a delitos de bagatela o insignificantes). Para que esa novedad introducida al Código Penal de la Nación en junio pueda ser aplicada en la esfera local, la Legislatura ha de sancionar la norma específica que establezca las líneas maestras de la política criminal.

La incorporación del principio de oportunidad busca reducir el volumen de causas que tramitan en el fuero penal y destinar el aparato punitivo a la persecución de los delitos estratégicos para la paz social. El instituto está incluido tanto en el anteproyecto de reforma procesal integral elaborado por la comisión interpoderes que funcionó en la Legislatura hasta octubre como en la propuesta paralela del ministro público Edmundo Jiménez. El primer texto exhibe el aval del oficialismo, de la Justicia, de la abogacía, de la oposición y de la academia, y fue presentado a la composición anterior de la Legislatura. El martes, Jiménez anunció que convenía aplicar en la provincia el Código Procesal Penal de la Nación sancionado con impulso del kirchnerismo. Esta ley potenció las potestades discrecionales de la procuradora general Alejandra Gils Carbó: por esta, entre otras razones, su implementación fue suspendida por el presidente Mauricio Macri.