06 Febrero 2016
EN MÉXICO. El ex vicepresidente de Cristina se encuentra de vacaciones en el país azteca con su novia. dyn (archivo)
BUENOS AIRES.- El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, de vacaciones en México, sumó ayer otro procesamiento judicial, esta vez por el supuesto delito de “dádivas” al aceptar que empresas privadas pagasen sus vuelos a la ciudad bonaerense de Necochea, en 2011.
Fuentes judiciales informaron que el juez federal Norberto Oyarbide procesó sin prisión preventiva al ex número dos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de que el martes pasado el fiscal federal Carlos Rívolo elevara su requerimiento. El magistrado también procesó sin prisión preventiva a los otros imputados: el ex intendente de Necochea Horacio Tellechea y los titulares de las compañías que proveyeron esos viajes, Nazareno Natale, de Alas del Fin del Mundo, y Marcelo Scaramellini, de Ecodyma. Los vuelos en cuestión para asistir a un acto público en Necochea, uno en helicóptero y otro en avión, ocurrieron el 17 de diciembre de 2011 y se realizaron de manera informal, a punto tal que nunca fueron halladas las listas ni los registros de los pasajeros.
Una semana después de asumir como vicepresidente, Boudou se trasladó desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery hasta el aeródromo de Necochea en el Learjet 60, matrícula LV-CRB, de Alas de Fin del Mundo. Luego, viajó hasta el Parque “Miguel Lillo” en un helicóptero de la firma Ecodyma, la cual fue contratista de obra pública del Estado.
La investigación permitió establecer que el ex intendente Tellechea también habría tomado parte de esos viajes aéreos. En principio, Alas del Fin del Mundo proveyó el servicio pese a que aún no contaba con habilitación para realizar vuelos comerciales. “Los directivos de la empresa Alas del Fin del Mundo estaban impedidos absolutamente de hacer vuelos rentados por la ausencia de los permisos como explotadores de servicios comerciales (taxi aéreo)”, sostuvo Rívolo. El fiscal calificó de “incomprensible” la oferta, a título supuestamente profesional, “a funcionarios públicos de sus servicios”.
Oyarbide había indagado a Boudou por estos hechos a mediados de diciembre pasado.
El ex vicepresidente de la Nación también está imputado por supuestos delitos en el salvataje de la imprenta Ciccone Calcográfica (llamada hoy Compañía de Valores Sudamericana) y en la transferencia de un auto. También es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. (DyN)
BUENOS AIRES.- El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno; y al ex titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, por el supuesto delito de “abuso de autoridad” contra la empresa Arte Gráfico Editorial Argentina (AGEA), editora del diario Clarín y otras empresas del Grupo.
En su resolución, el magistrado caracterizó como un “plan” en contra del Grupo Clarín pergeñado por “decisión” del ex secretario de Comercio, a partir del dictado de “resoluciones arbitrarias” del organismo de contralor. Entre otras, el juez mencionó aquellas “que afectaron a Papel Prensa y Arte Gráfico Editorial Argentino S.A (AGEA)”, tales como sumarios a los directivos, nulidad de decisiones del Directorio de la primera y multas personales de $ 450.000.
Fuentes judiciales informaron que Bonadio hizo hincapié en las distintas “maniobras de hostigamiento” por parte de Moreno y de Vanoli contra Clarín, Papel Prensa y otras compañías del mismo Grupo. Además, impuso embargos personales de $ 100.000 a Moreno y a Vanoli, a la vez que procesó a Hernán Pablo Fardi y Héctor Helman, vicepresidente y director de la CNV, respectivamente y sobreseyó a otros tres directivos, Rodolfo Iribarren, Matías González y Mabel D’Orazio.
AGEA los había denunciado a todos ellos en agosto de 2010 a raíz de las notas que la CNV le había enviado en julio de ese año solicitando copias certificadas de los balances de la compañía en 1976 y 1977, así como los libros de Actas de asambleas, de Directorio y contables.
También la CNV, encargada de monitorear a empresas que cotizan en Bolsa y emiten títulos y bonos, había pedido a la empresa periodística que identificara las cuentas bancarias en las que se depositaron los fondos obtenidos de la venta de tenencias accionarias e información sobre el destino de esos valores. Aquella vez, el mismo Bonadio había resuelto cerrar la causa por entender que no había existido delito, hasta que la Cámara Federal y, luego, la Cámara de Casación le ordenaron que prosiga la investigación. (DyN)
Fuentes judiciales informaron que el juez federal Norberto Oyarbide procesó sin prisión preventiva al ex número dos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de que el martes pasado el fiscal federal Carlos Rívolo elevara su requerimiento. El magistrado también procesó sin prisión preventiva a los otros imputados: el ex intendente de Necochea Horacio Tellechea y los titulares de las compañías que proveyeron esos viajes, Nazareno Natale, de Alas del Fin del Mundo, y Marcelo Scaramellini, de Ecodyma. Los vuelos en cuestión para asistir a un acto público en Necochea, uno en helicóptero y otro en avión, ocurrieron el 17 de diciembre de 2011 y se realizaron de manera informal, a punto tal que nunca fueron halladas las listas ni los registros de los pasajeros.
Una semana después de asumir como vicepresidente, Boudou se trasladó desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery hasta el aeródromo de Necochea en el Learjet 60, matrícula LV-CRB, de Alas de Fin del Mundo. Luego, viajó hasta el Parque “Miguel Lillo” en un helicóptero de la firma Ecodyma, la cual fue contratista de obra pública del Estado.
La investigación permitió establecer que el ex intendente Tellechea también habría tomado parte de esos viajes aéreos. En principio, Alas del Fin del Mundo proveyó el servicio pese a que aún no contaba con habilitación para realizar vuelos comerciales. “Los directivos de la empresa Alas del Fin del Mundo estaban impedidos absolutamente de hacer vuelos rentados por la ausencia de los permisos como explotadores de servicios comerciales (taxi aéreo)”, sostuvo Rívolo. El fiscal calificó de “incomprensible” la oferta, a título supuestamente profesional, “a funcionarios públicos de sus servicios”.
Oyarbide había indagado a Boudou por estos hechos a mediados de diciembre pasado.
El ex vicepresidente de la Nación también está imputado por supuestos delitos en el salvataje de la imprenta Ciccone Calcográfica (llamada hoy Compañía de Valores Sudamericana) y en la transferencia de un auto. También es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. (DyN)
BUENOS AIRES.- El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno; y al ex titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, por el supuesto delito de “abuso de autoridad” contra la empresa Arte Gráfico Editorial Argentina (AGEA), editora del diario Clarín y otras empresas del Grupo.
En su resolución, el magistrado caracterizó como un “plan” en contra del Grupo Clarín pergeñado por “decisión” del ex secretario de Comercio, a partir del dictado de “resoluciones arbitrarias” del organismo de contralor. Entre otras, el juez mencionó aquellas “que afectaron a Papel Prensa y Arte Gráfico Editorial Argentino S.A (AGEA)”, tales como sumarios a los directivos, nulidad de decisiones del Directorio de la primera y multas personales de $ 450.000.
Fuentes judiciales informaron que Bonadio hizo hincapié en las distintas “maniobras de hostigamiento” por parte de Moreno y de Vanoli contra Clarín, Papel Prensa y otras compañías del mismo Grupo. Además, impuso embargos personales de $ 100.000 a Moreno y a Vanoli, a la vez que procesó a Hernán Pablo Fardi y Héctor Helman, vicepresidente y director de la CNV, respectivamente y sobreseyó a otros tres directivos, Rodolfo Iribarren, Matías González y Mabel D’Orazio.
AGEA los había denunciado a todos ellos en agosto de 2010 a raíz de las notas que la CNV le había enviado en julio de ese año solicitando copias certificadas de los balances de la compañía en 1976 y 1977, así como los libros de Actas de asambleas, de Directorio y contables.
También la CNV, encargada de monitorear a empresas que cotizan en Bolsa y emiten títulos y bonos, había pedido a la empresa periodística que identificara las cuentas bancarias en las que se depositaron los fondos obtenidos de la venta de tenencias accionarias e información sobre el destino de esos valores. Aquella vez, el mismo Bonadio había resuelto cerrar la causa por entender que no había existido delito, hasta que la Cámara Federal y, luego, la Cámara de Casación le ordenaron que prosiga la investigación. (DyN)
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