Cambiemos la conversación
Don Draper, el protagonista oscuro y seductor de la serie Mad Men, mantiene su mundo de engaños aplicando el primer mandamiento de la corrección social: “si el tema te incomoda, cambia la conversación”. El principio que sostiene la ficción de un vendedor de publicidad aferrado a la cima -y en caída libre- sirve también para comprender la microfísica del poder judicial local (con minúsculas), que en 2015, y en contra de su voluntad, se vio obligado a exhibir máculas gestadas durante años de acción en las sombras y complicidad. En el debut del nuevo calendario, la crisis específica ligada a la denuncia de los supuestos excesos cometidos por el ex fiscal Guillermo Herrera parece destinada a ser tapada por la prédica de una crisis judicial general (la Justicia superada por el delito y la impunidad), fenómeno que hace tiempo dejó de ser novedad, pero, ¡ay!, algunos recién descubren.

Justo cuando se impone cambiar el tema de la conversación para seguir a flote como sea, en el Ministerio Público advierten que hay que practicar una cirugía mayor en el proceso penal, pero no la operación que, después de 834 días de análisis, recetó una comisión de representantes del Estado, de la oposición y de la abogacía, sino el electroshock sin consenso que el kirchnerismo impuso y que potenció la discrecionalidad de Alejandra Gils Carbó, funcionaria equivalente a Edmundo Jiménez en la Nación. Luego de negar tajante y reiteradamente la necesidad de modernizar el código de 1991, y de volver sobre sus pasos para presentarse como un convencido de que ese es el camino -sin perder la gioconda sonrisa-, el jefe de los fiscales y defensores provinciales confirmó que el historiador Tulio Halperín Donghi estaba en lo cierto cuando pontificó: “si nos es concedido el tiempo suficiente, podemos estar seguros de que habremos logrado ver todo y lo contrario de todo”.

El tiempo suficiente en esta historia consiste en los 563 días con sus noches que transcurrieron desde que Jiménez oficializó el salto del poder político (donde durante 11 años actuó como operador number one en los Tribunales) al poder judicial: algo pasó en ese ínterin. El momento elegido para abrazar la ley de Gils Carbó coincide con el enfrentamiento a todo o nada que libran el Ministerio Público y -una de las fracciones de- la Corte Suprema por el destino del ex fiscal Herrera y las derivas comprometedoras de los presuntos delitos que le imputó el fiscal Diego López Ávila. Un príncipe del foro leía con esos cristales el giro de Jiménez, cuyo proyecto para remozar el proceso penal moroso y opaco del presente suprime el control del alto tribunal sobre el manejo del presupuesto y la disciplina del plantel del Ministerio Público, magistrados incluidos.

Claro que “el detalle” de la autarquía trascendió más tarde y por una filtración: la prensa recibió del jefe de los fiscales una versión que sólo ventila las bondades de la pretendida unificación de la legislación procesal provincial y nacional. El martes, mientras los periodistas tomaban nota del “aporte”, en la Casa de Gobierno cundían los nervios. Ocurre que más de un funcionario presiente que, antes o después, la telenovela sobre las reglas de la persecución penal obligará al médico que comanda la administración pública a elegir entre un Jiménez que blande la espada -hoy desafilada- de Gils Carbó y la Corte fragmentada que encabeza Antonio Gandur.

Las disputas de los Tribunales incomodan a un Poder Ejecutivo acostumbrado a salirse casi siempre con la suya en lo que a cuestiones tribunalicias se refiere: al parecer, son muchos los favores y compromisos recíprocos que inclinan a anteponer los personalismos a las instituciones. Ello sin perjuicio de que, para mayor inri, Tucumán se encuentra en una posición tortuosa respecto de la autarquía del Ministerio Público: la doctrina la avala con matices, pero la Constitución la desconoce -en 2006, el oficialismo se negó a otorgarle una independencia plena como la que, desde 1994, consagra el artículo 120 de la Carta Magna nacional- y cualquier modificación al respecto podría acabar en un litigio con resultado imprevisible. Por esta razón técnica-política y otras más prácticas, como la urgencia económica de preservar la relación con la Casa Rosada de Mauricio Macri, que rechaza todo lo que huela a Gils Carbó, puede que, por lo pronto, más que una transformación del fuero penal exangüe haya otro cambio de conversación, como aconseja el manual de supervivencia del antihéroe Don Draper.

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