Por Álvaro José Aurane
02 Enero 2016
Los argentinos que tienen entre 60 y 74 años carecieron del derecho ciudadano de votar cuanto menos durante siete años. Los que nacieron en el 55, por ejemplo, llegaron a la mayoría de edad prácticamente en simultáneo con el golpe de Estado de 1976, que se prolongó hasta el 83. Para los mayores de 75, la privación de la garantía básica del libre ejercicio del sufragio se extiende, como mínimo, por 15 años. Los que nacieron en 1940 vieron conculcado el derecho a elegir y ser elegido durante la autodenominada Revolución Argentina, entre 1966 y 1973. Ni hablar de los que, aún cuando había comicios, no pudieron votar al peronismo por la proscripción que se extendió desde la revolución fusiladora (cobardemente llamada “Libertadora”), en 1955, y por casi 18 años.
De esos argentinos se ocupó el Observatorio de la Deuda Social Argentina, pero no para medir la pobreza: la falta de recursos materiales no es la única deuda de la sociedad con sus miembros.
Cuando languidecía 2015, se dio a conocer un trabajo de la Universidad Católica Argentina y la Fundación Navarro Viola. En él se consultó sobre el sistema de gobierno y las instituciones a 6.100 argentinos mayores de 60 años, de los grandes conglomerados urbanos (Gran Buenos Aires, Goya, Gran Rosario, Zarate, Gran Córdoba, Comodoro Rivadavia, Gran Mendoza, La Rioja, Gran Tucumán, Mar del Plata, Gran San Juan, Ushuaia, Gran Paraná, Neuquén y Gran Resistencia). El objetivo: Una mirada sobre el modo en que las personas mayores piensan, evalúan y practican la democracia en la Argentina actual.
El resultado (integra los resultados obtenidos a lo largo del período 2010-2014) materializa, ahora que un nuevo año comienza, una profunda angustia respecto de los años que han pasado.
Poder repartido
Entre estos argentinos que vieron mucho de lo peor de la historia contemporánea de este país, ocho de cada 10 demandan república.
Estimulados a optar entre la preferencia por un gobierno con fuerte apoyo presidencial u otro donde el poder esté repartido entre el Presidente, el Congreso y la Justicia, el 78,9% de las personas mayores se expresan favorablemente por este segundo tipo de gobierno, arroja la consulta.
Si se mira más de cerca, entre los que tuvieron menos oportunidades educativas (hasta secundario incompleto) hay una adhesión hacia un tipo de gobierno con fuerte poder presidencial mucho más importante (el doble) que entre los de mejores oportunidades (secundario completo y más). El 87,4% de los que alcanzaron mayor formación prefieren una forma de gobierno más republicana.
Igual tendencia se da entre capas socioeconómicas. La adhesión al gobierno con fuerte poder presidencial es mayor (el triple) entre las personas del estrato bajo en comparación con las del medio alto. En este último, el 90,4% se inclina por un gobierno con mayor equilibrio de poderes.
En cuanto a lo regional, el máximo grado de adhesión hacia las formas de gobierno con fuerte apoyo presidencial se da en el conurbano bonaerense (26,4%). En las otras áreas metropolitanas (incluido el Gran Tucumán) el 80,2% de los mayores anhela gobiernos con poder repartido.
Mejor democracia
Seis de cada 10 de estos argentinos mayores encuestados está decepcionado con el funcionamiento de la democracia en nuestro país.
“Muy conforme”, “conforme”, “poco conforme” o “nada conforme” eran las opciones. Dice el informe al respecto: Una de cada dos personas mayores (50,3%) responde que está poco o nada conforme con el funcionamiento real de la democracia, lo que no difiere de lo encontrado en el total de la población y en el grupo de 18 a 59 años. Es un valor muy alto que sugiere déficits importantes en materia ciudadanía. Pero lo más preocupante es que en 2014, por lo menos entre las personas mayores, alcanza su valor más alto: 59,2%. O sea que en la medición más reciente los “poco / nada conformes” superan a los “conformes / muy conformes”.
Lo alarmante: si bien el nivel socioeconómico también pesa en esta dimensión de opiniones, los que están “abajo” son altamente críticos de la situación de nuestra democracia. El inconformismo en el estrato medio alto alcanza el 56,5%; mientras que en el estrato bajo se manifiesta inconforme el 47,2%. Casi la mitad de los mayores pobres.
En materia de formación, la brecha es todavía menor en la mirada cuestionadora sobre el funcionamiento de la democracia. Los que tuvieron mejores oportunidades para estudiar (secundario completo o más) se declaran inconformes en un 53,6%; mientras el resto se manifiesta en igual sentido en un 48,4%. Casi la mitad de los mayores con menos educación formal.
En el conurbano bonaerense, los “conformes / muy conformes” son mayoría: 52,1%. En los otros conglomerados, incluyendo el Gran Tucumán, es al revés: los disconformes suman el 51,7%.
Voto adorado
Siete de cada 10 de estos argentinos a los que los sanguinarios gobiernos militares les negaron el derecho a las urnas ratifica su confianza en el voto como instrumento de cambio. Sólo el 30,5% de los mayores de 60 considera que “con el voto no cambia nada”.
Esa es la “cara” de la madura diferenciación entre lo que debe ser el sistema republicano de un gobierno democrático y lo que han sido los gobiernos en nuestro país y en nuestras provincias. La “seca” es que una aplastante mayoría de nuestros mayores no cree en las instituciones que los gobiernan.
Cuatro de cada cinco de estos argentinos mayores encuestados (80,4%) consideran que el Congreso es “poco” o “nada confiable”. El resultado es idéntico respecto del Poder Judicial. Y si bien es algo menos peor para el Poder Ejecutivo cuando se promedia el quinquenio (seis de cada 10 desconfían del Gobierno), la última medición (2014) muestra que esa desconfianza alcanza ya al 75% de los mayores de 60.
Dos lecturas
Embarcados en el año que comienza, la mirada de nuestros mayores es una advertencia y, también, un desafío. En el hecho de que los argentinos más experimentados en la aventura de ser argentinos se abracen a la legitimidad del voto, al mismo tiempo que cuestionan la calidad de las instituciones y el funcionamiento del sistema de gobierno, se pueden leer dos mensajes. El primero es que la democracia es mucho más que ir a votar. El segundo es que la democracia sólo funciona correctamente dentro de los límites de la república.
Si el sufragio como instrumento de cambio goza de buena salud, pero la credibilidad de las instituciones está enferma de decepción, 2016 debería ser el año en que los gobernantes recién electos aprendieran que la democracia requiere de procedimientos para que el pueblo pueda vivirla como tal. Comenzando por la Nación (sólo el anegamiento del Litoral argentino supera las inundaciones de decretos de la Presidencia) y continuando por esta Provincia.
Tres poderes
El año que se ha ido deja una Justicia tucumana donde una mitad de la Corte Suprema está enfrentada con el Ministerio Fiscal; mientras que la otra mitad del Superior Tribunal se encuentra enemistada con la primera mitad del mismo Superior Tribunal. Estas reyertas, por cierto, no responden a una tensión doctrinaria, ni a la resistencia de una jurisprudencia conservadora frente al cambio. Todas las peleas giran en derredor de intereses mundanos, y como tales insignificantes para la institución judicial. Pero lo pequeño -en ese y también en los otros poderes del Estado- se ha vuelto cuestión de Estado en estas tierras.
El año que ha terminado inauguró en la Legislatura una composición parlamentaria que le sigue adeudando a los tucumanos un mecanismo transparente para la remuneración de sus miembros y para el manejo que esos miembros hacen de los megamillonarios gastos sociales. De la misma manera, 2015 despidió a una composición parlamentaria que será recordada históricamente por las criminales valijas con las que fueron extraídos del banco $ 200 millones en los 90 días previos a las elecciones. El vicegobernador responsable de la administración de esos dineros hoy es el gobernador de Tucumán.
El año que ya es historia (triste historia de urnas quemadas, embarazadas y refajadas entre acarreos, bolsoneos y tiroteos, mientras la Junta Electoral de cámaras de seguridad disfuncionales no actuaba porque no le llegaban denuncias) también lega una gobernación que hace gala de su alperovichismo cultural.
Alperovichismo cultural
Esa herencia pudo verse en el otorgamiento del “bono salarial” de fin de año para los estatales. Por increíble que parezca -según encumbradas fuentes oficialistas- al Ministerio de Economía nunca se lo consultó al respecto. Ni siquiera llamaron para avisar que había una decisión tomada. En Hacienda se enteraron cuando el asunto era hecho consumado. Es decir, la medida económica de reforzar salarios se tomó como decisión meramente política del Ministerio de Gobierno. Y, como advirtió el columnista Marcelo Aguaysol esta semana, justo cuando Mauricio Macri pautaba que la Nación desalentaba el pago de “extras” en los sueldos, a los gremios que esperaban no mucho más de $ 2.000 (el “bono” de $ 1.750 de 2014, más la inflación oficial) les concedieron el doble. El problema no son los $ 400 millones adicionales en la planilla salarial de 2016, sino el antecendente previo a las paritarias que vienen. Para los sindicalistas estatales quedó claro que cuando la Casa de Gobierno dice que no tiene fondos, en realidad atesora recursos de sobra.
Esa herencia también se observa en el primer conflicto con un gremio estatal que dejó incubado el año recién fenecido. En estas fiestas, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud no detonó pirotecnia sino indignación contra el Ministerio de Salud. La cartera dice no tener fondos para cubrir puestos vacantes, incluso en áreas críticas como enfermería y terapias, con lo cual el Sistema Provincial de Salud no está funcionando al 100%, según los combativos miembros del Sitas. A las consecuencias la pagan los trabajadores: hay vacaciones suspendidas, turnos para salir de veraneo que se sortean y hasta matrimonios en los cuales los cónyuges recibieron meses diferentes para el receso estival.
En uno y otro caso, lo que se aprecia es la cultura de un Gobierno donde los ministros actúan discrecionalmente porque, al final, el único que se hace cargo es el gobernador. El gobernador Juan Manzur que en LA GACETA del 27 de diciembre confirmó el pago de un bono de $ 4.000 para los empleados públicos es el mismo que, en LA GACETA del 8 de diciembre, había anunciado que no pagaría ningún extra de fin de año. La ministra de Salud que sólo se reunió una vez con los autoconvocados, según ellos, es la misma que manifestó que actuaba como lo hacía porque ya le había informado al mandatario que halló “un Ministerio desordenado y mal administrado”.
El alperovichismo enseñó que se podía obrar de cualquier manera en el Gobierno porque no había que justificar acciones sino sólo ganar elecciones. En definitiva, profesión de fe por la espuria democracia plebiscitaria donde el consenso popular es la única fuente de legitimación del poder político y, por ello, sirve para legitimar todo abuso y, a la vez, para deslegitimar críticas y controles.
Otro año
Este debería ser el año en que los gobernantes comprendieran que los votos dan el poder, no la razón.
Si no logran dimensionarlo, deberían escuchar a los argentinos mayores. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, entre ellos, seis de cada 10 cree en las organizaciones no gubernamentales. Con las organizaciones políticas, instituciones que tienen el monopolio de la representación política, la realidad es diametralmente opuesta: nueve de cada 10 argentinos mayores de 60 años opinan que los partidos son “poco” o “nada confiables”.
Para que haya feliz Año Nuevo, alguna vez hay que empezar a construirlo con esa finalidad.
De esos argentinos se ocupó el Observatorio de la Deuda Social Argentina, pero no para medir la pobreza: la falta de recursos materiales no es la única deuda de la sociedad con sus miembros.
Cuando languidecía 2015, se dio a conocer un trabajo de la Universidad Católica Argentina y la Fundación Navarro Viola. En él se consultó sobre el sistema de gobierno y las instituciones a 6.100 argentinos mayores de 60 años, de los grandes conglomerados urbanos (Gran Buenos Aires, Goya, Gran Rosario, Zarate, Gran Córdoba, Comodoro Rivadavia, Gran Mendoza, La Rioja, Gran Tucumán, Mar del Plata, Gran San Juan, Ushuaia, Gran Paraná, Neuquén y Gran Resistencia). El objetivo: Una mirada sobre el modo en que las personas mayores piensan, evalúan y practican la democracia en la Argentina actual.
El resultado (integra los resultados obtenidos a lo largo del período 2010-2014) materializa, ahora que un nuevo año comienza, una profunda angustia respecto de los años que han pasado.
Poder repartido
Entre estos argentinos que vieron mucho de lo peor de la historia contemporánea de este país, ocho de cada 10 demandan república.
Estimulados a optar entre la preferencia por un gobierno con fuerte apoyo presidencial u otro donde el poder esté repartido entre el Presidente, el Congreso y la Justicia, el 78,9% de las personas mayores se expresan favorablemente por este segundo tipo de gobierno, arroja la consulta.
Si se mira más de cerca, entre los que tuvieron menos oportunidades educativas (hasta secundario incompleto) hay una adhesión hacia un tipo de gobierno con fuerte poder presidencial mucho más importante (el doble) que entre los de mejores oportunidades (secundario completo y más). El 87,4% de los que alcanzaron mayor formación prefieren una forma de gobierno más republicana.
Igual tendencia se da entre capas socioeconómicas. La adhesión al gobierno con fuerte poder presidencial es mayor (el triple) entre las personas del estrato bajo en comparación con las del medio alto. En este último, el 90,4% se inclina por un gobierno con mayor equilibrio de poderes.
En cuanto a lo regional, el máximo grado de adhesión hacia las formas de gobierno con fuerte apoyo presidencial se da en el conurbano bonaerense (26,4%). En las otras áreas metropolitanas (incluido el Gran Tucumán) el 80,2% de los mayores anhela gobiernos con poder repartido.
Mejor democracia
Seis de cada 10 de estos argentinos mayores encuestados está decepcionado con el funcionamiento de la democracia en nuestro país.
“Muy conforme”, “conforme”, “poco conforme” o “nada conforme” eran las opciones. Dice el informe al respecto: Una de cada dos personas mayores (50,3%) responde que está poco o nada conforme con el funcionamiento real de la democracia, lo que no difiere de lo encontrado en el total de la población y en el grupo de 18 a 59 años. Es un valor muy alto que sugiere déficits importantes en materia ciudadanía. Pero lo más preocupante es que en 2014, por lo menos entre las personas mayores, alcanza su valor más alto: 59,2%. O sea que en la medición más reciente los “poco / nada conformes” superan a los “conformes / muy conformes”.
Lo alarmante: si bien el nivel socioeconómico también pesa en esta dimensión de opiniones, los que están “abajo” son altamente críticos de la situación de nuestra democracia. El inconformismo en el estrato medio alto alcanza el 56,5%; mientras que en el estrato bajo se manifiesta inconforme el 47,2%. Casi la mitad de los mayores pobres.
En materia de formación, la brecha es todavía menor en la mirada cuestionadora sobre el funcionamiento de la democracia. Los que tuvieron mejores oportunidades para estudiar (secundario completo o más) se declaran inconformes en un 53,6%; mientras el resto se manifiesta en igual sentido en un 48,4%. Casi la mitad de los mayores con menos educación formal.
En el conurbano bonaerense, los “conformes / muy conformes” son mayoría: 52,1%. En los otros conglomerados, incluyendo el Gran Tucumán, es al revés: los disconformes suman el 51,7%.
Voto adorado
Siete de cada 10 de estos argentinos a los que los sanguinarios gobiernos militares les negaron el derecho a las urnas ratifica su confianza en el voto como instrumento de cambio. Sólo el 30,5% de los mayores de 60 considera que “con el voto no cambia nada”.
Esa es la “cara” de la madura diferenciación entre lo que debe ser el sistema republicano de un gobierno democrático y lo que han sido los gobiernos en nuestro país y en nuestras provincias. La “seca” es que una aplastante mayoría de nuestros mayores no cree en las instituciones que los gobiernan.
Cuatro de cada cinco de estos argentinos mayores encuestados (80,4%) consideran que el Congreso es “poco” o “nada confiable”. El resultado es idéntico respecto del Poder Judicial. Y si bien es algo menos peor para el Poder Ejecutivo cuando se promedia el quinquenio (seis de cada 10 desconfían del Gobierno), la última medición (2014) muestra que esa desconfianza alcanza ya al 75% de los mayores de 60.
Dos lecturas
Embarcados en el año que comienza, la mirada de nuestros mayores es una advertencia y, también, un desafío. En el hecho de que los argentinos más experimentados en la aventura de ser argentinos se abracen a la legitimidad del voto, al mismo tiempo que cuestionan la calidad de las instituciones y el funcionamiento del sistema de gobierno, se pueden leer dos mensajes. El primero es que la democracia es mucho más que ir a votar. El segundo es que la democracia sólo funciona correctamente dentro de los límites de la república.
Si el sufragio como instrumento de cambio goza de buena salud, pero la credibilidad de las instituciones está enferma de decepción, 2016 debería ser el año en que los gobernantes recién electos aprendieran que la democracia requiere de procedimientos para que el pueblo pueda vivirla como tal. Comenzando por la Nación (sólo el anegamiento del Litoral argentino supera las inundaciones de decretos de la Presidencia) y continuando por esta Provincia.
Tres poderes
El año que se ha ido deja una Justicia tucumana donde una mitad de la Corte Suprema está enfrentada con el Ministerio Fiscal; mientras que la otra mitad del Superior Tribunal se encuentra enemistada con la primera mitad del mismo Superior Tribunal. Estas reyertas, por cierto, no responden a una tensión doctrinaria, ni a la resistencia de una jurisprudencia conservadora frente al cambio. Todas las peleas giran en derredor de intereses mundanos, y como tales insignificantes para la institución judicial. Pero lo pequeño -en ese y también en los otros poderes del Estado- se ha vuelto cuestión de Estado en estas tierras.
El año que ha terminado inauguró en la Legislatura una composición parlamentaria que le sigue adeudando a los tucumanos un mecanismo transparente para la remuneración de sus miembros y para el manejo que esos miembros hacen de los megamillonarios gastos sociales. De la misma manera, 2015 despidió a una composición parlamentaria que será recordada históricamente por las criminales valijas con las que fueron extraídos del banco $ 200 millones en los 90 días previos a las elecciones. El vicegobernador responsable de la administración de esos dineros hoy es el gobernador de Tucumán.
El año que ya es historia (triste historia de urnas quemadas, embarazadas y refajadas entre acarreos, bolsoneos y tiroteos, mientras la Junta Electoral de cámaras de seguridad disfuncionales no actuaba porque no le llegaban denuncias) también lega una gobernación que hace gala de su alperovichismo cultural.
Alperovichismo cultural
Esa herencia pudo verse en el otorgamiento del “bono salarial” de fin de año para los estatales. Por increíble que parezca -según encumbradas fuentes oficialistas- al Ministerio de Economía nunca se lo consultó al respecto. Ni siquiera llamaron para avisar que había una decisión tomada. En Hacienda se enteraron cuando el asunto era hecho consumado. Es decir, la medida económica de reforzar salarios se tomó como decisión meramente política del Ministerio de Gobierno. Y, como advirtió el columnista Marcelo Aguaysol esta semana, justo cuando Mauricio Macri pautaba que la Nación desalentaba el pago de “extras” en los sueldos, a los gremios que esperaban no mucho más de $ 2.000 (el “bono” de $ 1.750 de 2014, más la inflación oficial) les concedieron el doble. El problema no son los $ 400 millones adicionales en la planilla salarial de 2016, sino el antecendente previo a las paritarias que vienen. Para los sindicalistas estatales quedó claro que cuando la Casa de Gobierno dice que no tiene fondos, en realidad atesora recursos de sobra.
Esa herencia también se observa en el primer conflicto con un gremio estatal que dejó incubado el año recién fenecido. En estas fiestas, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud no detonó pirotecnia sino indignación contra el Ministerio de Salud. La cartera dice no tener fondos para cubrir puestos vacantes, incluso en áreas críticas como enfermería y terapias, con lo cual el Sistema Provincial de Salud no está funcionando al 100%, según los combativos miembros del Sitas. A las consecuencias la pagan los trabajadores: hay vacaciones suspendidas, turnos para salir de veraneo que se sortean y hasta matrimonios en los cuales los cónyuges recibieron meses diferentes para el receso estival.
En uno y otro caso, lo que se aprecia es la cultura de un Gobierno donde los ministros actúan discrecionalmente porque, al final, el único que se hace cargo es el gobernador. El gobernador Juan Manzur que en LA GACETA del 27 de diciembre confirmó el pago de un bono de $ 4.000 para los empleados públicos es el mismo que, en LA GACETA del 8 de diciembre, había anunciado que no pagaría ningún extra de fin de año. La ministra de Salud que sólo se reunió una vez con los autoconvocados, según ellos, es la misma que manifestó que actuaba como lo hacía porque ya le había informado al mandatario que halló “un Ministerio desordenado y mal administrado”.
El alperovichismo enseñó que se podía obrar de cualquier manera en el Gobierno porque no había que justificar acciones sino sólo ganar elecciones. En definitiva, profesión de fe por la espuria democracia plebiscitaria donde el consenso popular es la única fuente de legitimación del poder político y, por ello, sirve para legitimar todo abuso y, a la vez, para deslegitimar críticas y controles.
Otro año
Este debería ser el año en que los gobernantes comprendieran que los votos dan el poder, no la razón.
Si no logran dimensionarlo, deberían escuchar a los argentinos mayores. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, entre ellos, seis de cada 10 cree en las organizaciones no gubernamentales. Con las organizaciones políticas, instituciones que tienen el monopolio de la representación política, la realidad es diametralmente opuesta: nueve de cada 10 argentinos mayores de 60 años opinan que los partidos son “poco” o “nada confiables”.
Para que haya feliz Año Nuevo, alguna vez hay que empezar a construirlo con esa finalidad.
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