Un juez al que vinculan con narcos denuncia anomalías

Un juez al que vinculan con narcos denuncia anomalías

Juan Reynoso, suspendido en sus funciones en la Justicia federal salteña, afrontaría un juicio político por el presunto cobro de coimas.

PROCESADO. El juez federal Juan Reynoso es acusado de favorecer a traficantes e integrar una asociación ilícita. la gaceta / archivo PROCESADO. El juez federal Juan Reynoso es acusado de favorecer a traficantes e integrar una asociación ilícita. la gaceta / archivo
24 Diciembre 2015
BUENOS AIRES.- Juan Reynoso, el suspendido juez federal de Orán, denunció que se cometieron diversas irregularidades en la investigación de la causa que lo tiene como imputado. Sin embargo, el fiscal Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), rechazó su versión. “Sobran pruebas contundentes en contra de Reynoso”, aseguró.

El magistrado se encuentra provisoriamente fuera de funciones por decisión del Consejo de la Magistratura. Se sospecha que el juez federal habría recibido coimas de parte de narcotraficantes para su protección. Sin embargo, está a las puertas de un juicio por otro hecho en el que se pone en duda su accionar.

Entre otras acusaciones, se le endilga la supuesta detención ilegal de un abogado durante más de 20 días.

“Me suspenden por el caso de un hombre de apellido Mazzutti, que vino a amenazarme a mi domicilio particular y lo detuvimos. Este hombre, que se comprobó que me amenazó, es quien inició la causa por la que me suspenden hoy”, se quejó Reynoso.

El juez federal afronta un pedido de juicio político, que contó con el visto bueno del Consejo de la Magistratura. Los miembros del cuerpo resolvieron la suspensión de Reynoso y la apertura del procedimiento de remoción.

Fueron designados como representantes del Consejo de la Magistratura ante el Jurado de Enjuiciamiento los consejeros Luis María Cabral y Adriana Donato.

El expediente se inició a raíz de la denuncia de David Ramón Mazzutti. Este letrado acusó a Reynoso por supuestos atropellos e ilegalidades a sus derechos constitucionales, al ordenar y hacer efectiva su detención.

La medida de privación de la libertad comenzó el 24 de diciembre de 2014 y continuó por más de veinte días. Según la imputación, el acto se concretó “sin requerimiento ni intervención del fiscal y sin ser anoticiado de los motivos por los cuales se lo privó de su libertad”.

El denunciante le endilgó al magistrado otras presuntas irregularidades, en la que habría incurrido al disponer medidas investigativas. Entre ellas, haber ordenado su seguimiento, vistas fotográficas y agregar al expediente notas suscriptas por empleados judiciales del Tribunal.

Además, le reprocha al juez haber ordenado su detención en una causa que caratuló “autores a establecer s/averiguación de delito”. Según Mazzutti, luego de haber interpuesto un hábeas corpus, el 29 de diciembre de 2014, dispuso recaratular la causa con los delitos de “amenaza calificada, supuesto ejercicio ilegal de la abogacía y/o usurpación de títulos u honores y lesiones”.

Tras reiterados pedidos de libertad, el juez se inhibió de seguir entendiendo en la causa, motivo por el cual continuó con su trámite el juez federal salteño Julio Bavio. Este magistrado declaró la nulidad de lo actuado y dispuso su inmediata libertad, según difundió el Consejo.

No es el único frente de conflicto que afronta Reynoso. Está en trámite el expediente 133/2015, que se inició con la remisión de actuaciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Allí se detalla que Reynoso se encuentra imputado por la posible comisión del delito de “asociación ilícita, cohecho y prevaricato”. Los consejeros habían resuelto realizar una auditoría en el Juzgado Federal de Orán.

En esta causa, el magistrado oranense es investigado por el fiscal federal de Salta, Eduardo Villalba, y su par de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (Procunar) Diego Iglesias, a partir de dos denuncias formuladas por una ex pareja de un narcotraficante y el abogado del foro salteño, David Leiva.

Esto derivó en una resolución de Bavio, que entiende en la causa, del 3 de noviembre, donde estimó que existen motivos suficientes para sospechar que Reynoso “ha participado en las conductas ilícitas objeto del proceso”, por lo que ordenó allanar su juzgado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y lo citó a indagatoria.

Bavio también ordenó una serie de allanamientos, que se concretaron el 4 de noviembre pasado, al igual que la detención de seis imputados, cinco de ellos abogados y el restante funcionario judicial, a los que luego se sumaron otros dos.

Por este caso, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta elevó las actuaciones al Consejo de la Magistratura de la Nación, que hoy eleva a juicio político la causa contra Reynoso. (Télam-DyN)

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