Por Roberto Delgado
20 Diciembre 2015
La primera pregunta que surge ante el informe sobre homicidios dolosos en Tucumán refiere a si vivimos en una sociedad violenta. Y ahí empiezan los problemas, porque las respuestas van a ser necesariamente sesgadas y las conclusiones serán igualmente sesgadas. Veamos los problemas: la Corte Suprema acaba de difundir que en 2014 hubo 111 asesinatos en Tucumán. Se trata del segundo informe hecho en el marco del Plan Integral de Monitoreo Preventivo de la Conflictividad Violenta. El anterior, realizado el año pasado, dio cuenta de que en 2013 hubo 112 homicidios.
Es decir que las cifras -casi iguales- se mantienen, y la única comparación más abarcadora que se puede hacer es con las estimaciones de otros años, cuando sólo se dependía de los poco confiables informes policiales, que daban cuenta de un promedio de 60 homicidios por año. Esas comparaciones no son demasiado válidas, por la precariedad de los relevamientos realizados en la provincia y en el país, sospechados de ocultamiento de datos o falta de metodologías científicas para relevamientos. No es un asunto menor: en el orden nacional, la crisis del Indec coincidió con el desguace en 2009 del relevamiento de datos que realizaba el director nacional de Política Criminal, Mariano Ciafardini.
De la precaria recolección de datos que obtenía Ciafardini en todo el país -en algún momento dijo que de Tucumán no se obtenían datos fidedignos- surgían los aportes para los informes internacionales que, como el de la Organización Mundial de la Salud, da cuenta de los niveles de violencia en los distintos países. Por ser el homicidio doloso un delito del que casi no hay cifra negra (es muy raro que no haya denuncia y no queden registros del hecho), es un indicador específico para señar el grado de violencia en una sociedad. “Este dato duro posibilita medir la violencia más extrema en un país y compararla con ciudades de la región y del mundo”, dice el ex vocal de la Corte, Raúl Zaffaroni, citado en el informe tucumano. El registro de homicidios sirve para dar cuenta de otros fenómenos de esta problemática, agrega el informe.
Entonces este relevamiento, que se ha realizado por segundo año consecutivo en Tucumán, es importante. El presidente de la Corte, Antonio Gandur, dice que va a servir para diseñar políticas públicas preventivas. También, que va a ayudar a desterrar prejuicios sobre la violencia. Y señala de modo contundente que es significativo que “la principal razón de muertes violentas se produce entre personas que se conocen y no en el marco del hecho delictivo”. El informe dice que hubo 68 asesinatos en que víctima y victimario tenían relación previa; y que sólo 14 asesinatos fueron en ocasión de robo. Con lo cual también el secretario de Seguridad, Paul Hofer, analizó que el problema de la violencia no es un asunto policial, sino más bien interdisciplinario (áreas de salud, educación, desarrollo social); y concluyó que el plan integral de seguridad está funcionando. Si hay sensación de inseguridad, dijo, tiene que ver con “anécdotas entre conocidos; en otros casos por la difusión que dan los medios de algunos hechos delictivos, magnificándolos o repitiéndolos, y también por la falta de confianza en las instituciones del Estado”.
Es decir, una conclusión de los funcionarios es que hay prejuicios sobre los que hay que trabajar y confianza en las instituciones que hay que recuperar.
Con respecto a los prejuicios, algunos datos del informe apuntan a ello, como el hecho de que son muy pocos los menores de edad que intervienen en homicidios, tanto como víctimas o como victimarios. ¿Se puede inferir que la participación de menores es menor en otros hechos delictivos? Si se amplía el espectro de recopilación de datos y se avanza hacia atrás, es decir hacia los informes de años anteriores -como prometió el relator de la Corte, Andrés Garmendia- acaso se podría tener algo más que apreciaciones, como para que cuando aparezca un menor involucrado en hechos sangrientos no surjan de inmediato las voces pidiendo cambiar las leyes para hacerlos punibles.
El informe, no obstante, da cuenta de hechos llamativos que, aunque generen algún tipo de entusiasmo en los funcionarios, merecen una mirada seria:
1) Las zonas más duras son Villa 9 de Julio y el sector sur, desde San Cayetano hasta El Manantial. En la línea de la Capital a Yerba Buena casi no hay homicidios. Eso ya se sabía o intuía. La cuestión es que la batería de medidas de seguridad (agentes, autos, cámaras, 911) se concentra en los sectores donde no hay homicidios. Visto a nivel provincial, no parece que el aumento en el número de policías, equipos y tecnología haya servido para bajar los niveles de violencia. En los últimos 10 años se duplicó la inversión y también se duplicó el número de homcidios. A nivel nacional coincide el desguace de los instrumentos estadísticos con el aumento del gasto en seguridad. ¿Cómo medirán el éxito? Los sucesos de los últimos tiempos en Villa 9 de Julio -tiroteos, enfrentamientos por drogas, homicidios- parecen indicar que el lugar va cada vez peor. Y acá entra otro dato llamativo:
2) La mayoría de los hechos se da entre conocidos y se vincula con violencia intravecinal o intrafamiliar. Sólo un bajo porcentaje tiene que ver con homicidio en ocasión de robo, que es el único que el Estado parece reconocer como factor de inseguridad y como relacionado con la tarea policial. No está mal que se diferencie, pero ¿cómo se estudiará la injerencia de los problemas vecinales en la inseguridad? La Policía se concibe a sí misma como guardiana del orden y contra el delito, pero de hecho tiene que trabajar con los problemas de alcohol, frustraciones sociales y conflictos de convivencia. ¿Qué otro sector del Estado se involucra en esos asuntos, sobre todo cuando hacen crisis? El informe señala que la mayor cantidad de homicidios se da los domingos o los fines de semana extendidos, y por la noche o por la tarde. Son momentos en que las actividades del Estado decrecen. La resolución de conflictos siempre le cae a la Policía, cuestionada por sus métodos de tiempos dictatoriales y porque no sabe actuar si no es con la ley de contravenciones, que ya lleva varios años declarada inconstitucional por la Justicia. Nadie discute qué hacer con las contravenciones. Pero el tema tiene que ver con la labor policial para tratar temas que no son lo que consideran “en ocasión de robo”. ¿Cuándo se debatirá este asunto? Esto ha de ir de la mano de una política para aunar criterios entre Desarrollo Social, Salud, Educación y Policía. Los antecedentes de años anteriores no son esperanzadores. Por caso, los esfuerzos interdisciplinarios para trabajar en La Costanera desde 2009 han sido estériles: en estos seis años la situación social y de inseguridad parece haberse agravado en esas barriadas.
Por otra parte, el tema de “ocasión de robo” este año ha sido desagregado en tres partes: diferenciaron los 14 casos en que había un asaltante que mataba a la víctima de los 10 casos en que la víctima terminó siendo el mismo delincuente: lo llamaron “legítima defensa”. Asimismo, los cuatro casos en que había asalto o robo, pero se daba intervención policial, también fueron separados, con lo cual bajó el índice de homicidios “en ocasión de robo” con respecto al año anterior. Pero el desagregado es arbitrario. Y surgen dos preguntas: ¿cómo se habrá considerado el caso de la muerte del automovilista Osvaldo Mata, el 3/10/14 en la ruta 301 altura de El Manantial, cuando recibió una bala perdida disparada por el agente Gustavo Aguilera, quien se tiroteaba con dos motociclistas que asaltaban un camión repartidor de gaseosas? Los mismos policías, en su informe preliminar de mayo pasado, lo excluyeron de “Homicido en ocasión de robo” y lo calificaron como “homicidio culposo, transeúnte ocasional”.
En segundo lugar, el hecho de que haya 10 casos de homicidio en legítima defensa (casi el 10% de los homicidios), ¿no habilita a pensar que puede haber una ausencia del Estado que lleva a casos de justicia por mano propia? Un elemento interesante es que en el informe preliminar de la Policía se daba cuenta de seis casos de legítima defensa. En el relevamiento judicial la cifra sube a 10.
Paralelamente, la proporción de armas de fuego es alta: 67 casos. Desde hace años estamos en campaña de desarme y pese a que se ha creado una agencia nacional para el control de armas, la Provincia actúa como si estuviera ajena a la problemática nacional. El secretario de Seguridad dijo que pedirá a la Corte que el año próximo el informe tenga desagregados por tipo de armas, porque él sostiene que la mayoría son hechizas (tumberas). Pero no se sabe. En mayo pasado, la fiscala Adriana Giannoni estaba alarmada ante la cantidad de armas oficiales perdidas. El ministro Fiscal dijo que se haría un registro de secuestros. Y no se habló más del tema.
El informe, que surge de una propuesta que se llevó a cabo en la Corte nacional en tiempos de Zaffaroni (se hizo durante cuatro años seguidos y no parece que vaya a contuiniar a nivel federal) abarca datos específicos de Tucumán, como el relevamiento de zonas rurales. También se ha puesto énfasis en la recolección de datos específicos sobre la violencia de género. No obstante, no parece que la división entre Centros Judiciales (Capital, Monteros, Concepción) permita diferenciar zonas complejas. La Capital -que concentra el 83% de los homicidios (92 casos)- tiene sectores que a priori podrían calificarse como más tranquilos, como Trancas o Burruyacu. Acaso en el futuro se produzcan más desagregados para llegar a profundizar en la observación de que las zonas rojas y más desatendidas están en Villa 9 de Julio y la zona sur.
A la segunda conlusión de los funcionarios, de la necesidad de fomentar la confianza en las instituciones, le cabe la pregunta del “cómo”. ¿Por criterios de eficiencia? ¿Por mejoras éticas? ¿Con asuntos internos? ¿Con vínculos de la Policía con los vecinos elaborados a través de un trabajo de control de gestión? ¿Con el cambio más claro hacia un modelo de prevención?
De lo que se trata es que el monitoreo de la conflictividad violenta es una herramienta importane que nos da una fotografía de la sociedad en que vivimos, un esbozo de diagóstico, sin que tegnamos claras cuáles son las vías para actuar.
Un elemento a considerar es que el número de homicidios está en el nivel que la Organización Panamericana de la Salud considera como “delicado”. Tenemos una tasa de 7,66 homicidios cada 100.000 habitantes. El nivel 8 ya es epidemia y requiere medidas sociales más contundentes. En la presentación del informe se mencionó que países de Europa norte tienen una tasa de 0,8 y que Latinoamérica es la región más conflictiva, con una tasa promedio alrededor de 25 (en Honduras tes de 51,49). Argentina, con tasa de 7,03, tiene, junto a Chile y Uruguay, los porcentajes más bajos del continente. Por eso nuestra mirada es liviana sobre el problema: es que somos los mejores entre los peores.
Es decir que las cifras -casi iguales- se mantienen, y la única comparación más abarcadora que se puede hacer es con las estimaciones de otros años, cuando sólo se dependía de los poco confiables informes policiales, que daban cuenta de un promedio de 60 homicidios por año. Esas comparaciones no son demasiado válidas, por la precariedad de los relevamientos realizados en la provincia y en el país, sospechados de ocultamiento de datos o falta de metodologías científicas para relevamientos. No es un asunto menor: en el orden nacional, la crisis del Indec coincidió con el desguace en 2009 del relevamiento de datos que realizaba el director nacional de Política Criminal, Mariano Ciafardini.
De la precaria recolección de datos que obtenía Ciafardini en todo el país -en algún momento dijo que de Tucumán no se obtenían datos fidedignos- surgían los aportes para los informes internacionales que, como el de la Organización Mundial de la Salud, da cuenta de los niveles de violencia en los distintos países. Por ser el homicidio doloso un delito del que casi no hay cifra negra (es muy raro que no haya denuncia y no queden registros del hecho), es un indicador específico para señar el grado de violencia en una sociedad. “Este dato duro posibilita medir la violencia más extrema en un país y compararla con ciudades de la región y del mundo”, dice el ex vocal de la Corte, Raúl Zaffaroni, citado en el informe tucumano. El registro de homicidios sirve para dar cuenta de otros fenómenos de esta problemática, agrega el informe.
Entonces este relevamiento, que se ha realizado por segundo año consecutivo en Tucumán, es importante. El presidente de la Corte, Antonio Gandur, dice que va a servir para diseñar políticas públicas preventivas. También, que va a ayudar a desterrar prejuicios sobre la violencia. Y señala de modo contundente que es significativo que “la principal razón de muertes violentas se produce entre personas que se conocen y no en el marco del hecho delictivo”. El informe dice que hubo 68 asesinatos en que víctima y victimario tenían relación previa; y que sólo 14 asesinatos fueron en ocasión de robo. Con lo cual también el secretario de Seguridad, Paul Hofer, analizó que el problema de la violencia no es un asunto policial, sino más bien interdisciplinario (áreas de salud, educación, desarrollo social); y concluyó que el plan integral de seguridad está funcionando. Si hay sensación de inseguridad, dijo, tiene que ver con “anécdotas entre conocidos; en otros casos por la difusión que dan los medios de algunos hechos delictivos, magnificándolos o repitiéndolos, y también por la falta de confianza en las instituciones del Estado”.
Es decir, una conclusión de los funcionarios es que hay prejuicios sobre los que hay que trabajar y confianza en las instituciones que hay que recuperar.
Con respecto a los prejuicios, algunos datos del informe apuntan a ello, como el hecho de que son muy pocos los menores de edad que intervienen en homicidios, tanto como víctimas o como victimarios. ¿Se puede inferir que la participación de menores es menor en otros hechos delictivos? Si se amplía el espectro de recopilación de datos y se avanza hacia atrás, es decir hacia los informes de años anteriores -como prometió el relator de la Corte, Andrés Garmendia- acaso se podría tener algo más que apreciaciones, como para que cuando aparezca un menor involucrado en hechos sangrientos no surjan de inmediato las voces pidiendo cambiar las leyes para hacerlos punibles.
El informe, no obstante, da cuenta de hechos llamativos que, aunque generen algún tipo de entusiasmo en los funcionarios, merecen una mirada seria:
1) Las zonas más duras son Villa 9 de Julio y el sector sur, desde San Cayetano hasta El Manantial. En la línea de la Capital a Yerba Buena casi no hay homicidios. Eso ya se sabía o intuía. La cuestión es que la batería de medidas de seguridad (agentes, autos, cámaras, 911) se concentra en los sectores donde no hay homicidios. Visto a nivel provincial, no parece que el aumento en el número de policías, equipos y tecnología haya servido para bajar los niveles de violencia. En los últimos 10 años se duplicó la inversión y también se duplicó el número de homcidios. A nivel nacional coincide el desguace de los instrumentos estadísticos con el aumento del gasto en seguridad. ¿Cómo medirán el éxito? Los sucesos de los últimos tiempos en Villa 9 de Julio -tiroteos, enfrentamientos por drogas, homicidios- parecen indicar que el lugar va cada vez peor. Y acá entra otro dato llamativo:
2) La mayoría de los hechos se da entre conocidos y se vincula con violencia intravecinal o intrafamiliar. Sólo un bajo porcentaje tiene que ver con homicidio en ocasión de robo, que es el único que el Estado parece reconocer como factor de inseguridad y como relacionado con la tarea policial. No está mal que se diferencie, pero ¿cómo se estudiará la injerencia de los problemas vecinales en la inseguridad? La Policía se concibe a sí misma como guardiana del orden y contra el delito, pero de hecho tiene que trabajar con los problemas de alcohol, frustraciones sociales y conflictos de convivencia. ¿Qué otro sector del Estado se involucra en esos asuntos, sobre todo cuando hacen crisis? El informe señala que la mayor cantidad de homicidios se da los domingos o los fines de semana extendidos, y por la noche o por la tarde. Son momentos en que las actividades del Estado decrecen. La resolución de conflictos siempre le cae a la Policía, cuestionada por sus métodos de tiempos dictatoriales y porque no sabe actuar si no es con la ley de contravenciones, que ya lleva varios años declarada inconstitucional por la Justicia. Nadie discute qué hacer con las contravenciones. Pero el tema tiene que ver con la labor policial para tratar temas que no son lo que consideran “en ocasión de robo”. ¿Cuándo se debatirá este asunto? Esto ha de ir de la mano de una política para aunar criterios entre Desarrollo Social, Salud, Educación y Policía. Los antecedentes de años anteriores no son esperanzadores. Por caso, los esfuerzos interdisciplinarios para trabajar en La Costanera desde 2009 han sido estériles: en estos seis años la situación social y de inseguridad parece haberse agravado en esas barriadas.
Por otra parte, el tema de “ocasión de robo” este año ha sido desagregado en tres partes: diferenciaron los 14 casos en que había un asaltante que mataba a la víctima de los 10 casos en que la víctima terminó siendo el mismo delincuente: lo llamaron “legítima defensa”. Asimismo, los cuatro casos en que había asalto o robo, pero se daba intervención policial, también fueron separados, con lo cual bajó el índice de homicidios “en ocasión de robo” con respecto al año anterior. Pero el desagregado es arbitrario. Y surgen dos preguntas: ¿cómo se habrá considerado el caso de la muerte del automovilista Osvaldo Mata, el 3/10/14 en la ruta 301 altura de El Manantial, cuando recibió una bala perdida disparada por el agente Gustavo Aguilera, quien se tiroteaba con dos motociclistas que asaltaban un camión repartidor de gaseosas? Los mismos policías, en su informe preliminar de mayo pasado, lo excluyeron de “Homicido en ocasión de robo” y lo calificaron como “homicidio culposo, transeúnte ocasional”.
En segundo lugar, el hecho de que haya 10 casos de homicidio en legítima defensa (casi el 10% de los homicidios), ¿no habilita a pensar que puede haber una ausencia del Estado que lleva a casos de justicia por mano propia? Un elemento interesante es que en el informe preliminar de la Policía se daba cuenta de seis casos de legítima defensa. En el relevamiento judicial la cifra sube a 10.
Paralelamente, la proporción de armas de fuego es alta: 67 casos. Desde hace años estamos en campaña de desarme y pese a que se ha creado una agencia nacional para el control de armas, la Provincia actúa como si estuviera ajena a la problemática nacional. El secretario de Seguridad dijo que pedirá a la Corte que el año próximo el informe tenga desagregados por tipo de armas, porque él sostiene que la mayoría son hechizas (tumberas). Pero no se sabe. En mayo pasado, la fiscala Adriana Giannoni estaba alarmada ante la cantidad de armas oficiales perdidas. El ministro Fiscal dijo que se haría un registro de secuestros. Y no se habló más del tema.
El informe, que surge de una propuesta que se llevó a cabo en la Corte nacional en tiempos de Zaffaroni (se hizo durante cuatro años seguidos y no parece que vaya a contuiniar a nivel federal) abarca datos específicos de Tucumán, como el relevamiento de zonas rurales. También se ha puesto énfasis en la recolección de datos específicos sobre la violencia de género. No obstante, no parece que la división entre Centros Judiciales (Capital, Monteros, Concepción) permita diferenciar zonas complejas. La Capital -que concentra el 83% de los homicidios (92 casos)- tiene sectores que a priori podrían calificarse como más tranquilos, como Trancas o Burruyacu. Acaso en el futuro se produzcan más desagregados para llegar a profundizar en la observación de que las zonas rojas y más desatendidas están en Villa 9 de Julio y la zona sur.
A la segunda conlusión de los funcionarios, de la necesidad de fomentar la confianza en las instituciones, le cabe la pregunta del “cómo”. ¿Por criterios de eficiencia? ¿Por mejoras éticas? ¿Con asuntos internos? ¿Con vínculos de la Policía con los vecinos elaborados a través de un trabajo de control de gestión? ¿Con el cambio más claro hacia un modelo de prevención?
De lo que se trata es que el monitoreo de la conflictividad violenta es una herramienta importane que nos da una fotografía de la sociedad en que vivimos, un esbozo de diagóstico, sin que tegnamos claras cuáles son las vías para actuar.
Un elemento a considerar es que el número de homicidios está en el nivel que la Organización Panamericana de la Salud considera como “delicado”. Tenemos una tasa de 7,66 homicidios cada 100.000 habitantes. El nivel 8 ya es epidemia y requiere medidas sociales más contundentes. En la presentación del informe se mencionó que países de Europa norte tienen una tasa de 0,8 y que Latinoamérica es la región más conflictiva, con una tasa promedio alrededor de 25 (en Honduras tes de 51,49). Argentina, con tasa de 7,03, tiene, junto a Chile y Uruguay, los porcentajes más bajos del continente. Por eso nuestra mirada es liviana sobre el problema: es que somos los mejores entre los peores.
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