Los 47 más odiados
“Haces un movimiento extraño, te doy un balazo. No es una advertencia, no es una pregunta. Un balazo”. (Trailer de la película “Los 8 más odiados”, de Quentin Tarantino, que se estrenará el 7/1.


“Nos dejaron solos”, gritó la gente luego de las 48 horas de saqueos y acuartelamiento policial en diciembre de 2013. Fue, en realidad, una semana trágica que comenzó el 8 de diciembre y quedó grabada en la memoria colectiva como la semana del miedo total. Gente encerrada en las casas, calles cortadas con barricadas y vecinos armados por miedo a los saqueos, hordas de saqueadores atacando supermercados y pequeños comercios. El daño en estos negocios arrasados, según calculó la FET en esos días negros, fue de unos 60 millones de pesos. Y cuando la gente fue a protestar en la plaza Independencia, cuatro días después, hubo represión policial y gente herida y golpeada. En esa semana hubo ocho muertos (dos por accidentes de tránsito y seis que recibieron balazos en medio del caos) y más de 30 heridos. Se detuvo a 86 personas por los desmanes y a unos 60 policías por el alzamiento. Ahora se elevó a juicio la causa contra 47 policías por sedición, robo agravado, incitación a la violencia colectiva, privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, y por partícipes necesarios del delito de hurto calamitoso reiterado por conmoción pública.

Estos 47, entre los cuales se encuentran oficiales y suboficiales y también el ex jefe de Policía, comisario general (r) Jorge Racedo, ejecutaron -según la acusación de los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni- un plan distribuido a través de Whatsapp y Facebook para anular el sistema de respuesta inmediata de recepción de llamadas del 911 y la salida de móviles de la fuerza de seguridad, y con ello dejar la provincia indefensa. El objetivo era extorsionar al Gobierno para conseguir concesiones salariales, dicen los fiscales. “Es una megacausa. Atentaron contra el orden constitucional, favorecieron los saqueos y no dejaron actuar a aquellos policías que querían brindar seguridad a la sociedad”, describe el fiscal López Ávila.

Los imperdonables

¿Se podría haber evitado? Sí. El Gobierno equivocó su diagnóstico. No previó el alzamiento, pese a que ya había ocurrido en Córdoba, donde se había dado un motín policial y saqueos. El secretario de Seguridad, Paul Hofer, dijo esa primera jornada (domingo 8) que “no hay motivos para que en Tucumán suceda lo que en otras provincias” y esa misma tarde estalló el acuartelamiento en la Subjefatura. Los fiscales Giannoni y López Ávila pidieron allanamiento del local policial ocupado y el juez Víctor Pérez lo denegó. Al día siguiente empezaron las 48 horas de saqueos. Hofer opinó que se trataba de una cuestión extorsiva (lo era) a la que no había que ceder, y le adjudicó motivaciones políticas: culpó en esa primera tarde a los dirigentes José Cano y Stella Maris Córdoba de intencionalidad política. Tres días después, cuando el huracán de inseguridad había sacudido a la provincia y había ocurrido la represión en la plaza, se cambió la cúpula policial (asumió el actual jefe, comisario Dante Bustamante) y el entonces gobernador, José Alperovich, dijo que “no se tendría que haber reprimido”y sentenció que los sediciosos “no tienen perdón de Dios”. El 24 de agosto pasado la Policía de Alperovich-Bustamante volvió a reprimir a manifestantes en la plaza.

Recompensados

Pero los sediciosos obtuvieron lo que buscaban: pedían $ 12.000 de sueldo básico y estaban cobrando $ 7.500. Tras el motín, los saqueos y los muertos, el Gobierno les concedió un aumento que les llevó el sueldo a $8.700, lo cual generó una oleada de indignación social y gremial, y no obstante el aumento se mantuvo. El jefe Bustamante dijo que la institución tenía que “lavarse la cara” y el entonces ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer, dejó dos expresiones que han dado que pensar: “es inentendible la protesta policial” y “no puede volver a pasar”.

La primera frase no es cierta. Cada vez que entró en crisis salarial la Policía ha estado a un tris del acuartelamiento, porque no concibe otra forma de protesta que no sea violenta. Ya en 2011 había habido un reclamo con toma de una unidad policial que logró aumento de sueldo y cambio de la cúpula policial. Diseñada como una organización cuartelera regida por una ley de la época de Onganía que divide a los empleados de seguridad en oficiales y suboficiales, sólo entiende su funcionamiento en base a un sistema piramidal de obediencia ciega de los subordinados y castigos por indisciplina. Cualquier reclamo entra dentro de ese esquema, que tiene el arresto como sanción. Los detienen en las mismas comisarías y hasta llegan a tener que trabajar mientras están cumpliendo días de arresto. La Policía no tiene sindicato ni canales de reclamo de trabajadores con derechos laborales. La misma ley Orgánica de la Policía los somete a reglamentaciones y normativas asfixiantes impropias de una democracia. Y como la sociedad espera que la Policía sea custodia del orden y la seguridad, no se la imagina haciendo reclamos salariales y sólo advierte lo que ocurre cuando hay protestas salvajes. Tampoco advierte que esa misma ley orgánica que somete al agente a arrestos constantes (siempre hay unos 20 policías con arrestos de entre 3 y 14 días) es la que le enseña al policía a reprimir manifestaciones. El Art. 9 inc. G de la Ley 3.656 determina “intervenir en la realización de las reuniones públicas para mantener el orden y prevenir y reprimir el delito, incidentes, disturbios y manifestaciones prohibidas”. Por ello les pareció justificable apalear a la gente que protestaba el 11/12/2013 y a los que se manifestaban el 24 de agosto pasado. En ninguno de los casos hubo acciones administrativas y judiciales significativas contra los policías que reprimieron a los manifestantes. ¿Por qué? Porque el Art. 8 dice que su función esencial es el mantenimiento del orden público, y el Art. 9 inc. b dice que debe “proveer a la seguridad y las cosas del Estado, entendiendo por tales respectivamente funcionarios, empleados y bienes”.

Sindicalizados

¿Pueden sindicalizarse los policías? La fuerza de seguridad de Nueva York tiene varias agremiaciones, entre ellas la Patrolmen’s Benevolent Association y la Orden Federal de la Policía, que en estos días advirtieron que boicotearían las películas de Quentin Tarantino, quien había participado en una marcha contra la violencia policial en esa ciudad. Sintetizando: en Nueva York, ciudad famosa por la “tolerancia cero” y la disminución del delito en los últimos 30 años, los policías también caen en excesos. Pero hay controles y, por otro lado, están sindicalizados.

En Tucumán, los 47 más odiados son la expresión de una olla a presión mal diagnosticada y nunca resuelta. Parece claro que se alzaron contra el orden constitucional y es notorio que su acción incidió en el caos e incitó los saqueos. También hay que decir que 2013 fue un año de deterioro de las condiciones de seguridad en el país y para entonces ya proliferaban los sistemas de vigilancia alternativos en todas partes: agencias de seguridad, contratos de servicio adicional a los mismos policías, alarmas comunitarias en los barrios y vecinos armados. ¿Se podía prever que en esas deterioradas condiciones de seguridad una protesta policial iría asociada a saqueos, como en Córdoba? Hay una responsabilidad en el poder político que no ha sido analizada tampoco en la elevación a juicio de esta causa, pese a que las desinteligencias fueron notorias, a tal punto que el entonces vicario para la Solidaridad de la Pastoral Social, monseñor Melitón Chávez, dijo que el máximo responsable del caos era el Gobierno. Pero al Gobierno no le cayó la ficha por esto. “Si hubiera una responsabilidad en las autoridades civiles, quizá podría surgir en las audiencias del juicio, pero eso no se ha visto en la investigación”, dice el fiscal López Ávila.

La otra cuestión con los 47 más odiados es saber si tuvieron contacto con los promotores de los saqueos. Nadie lo ha indagado, porque el entonces ministro fiscal, Luis de Mitri, dividió la investigación en dos líneas: la sedición a cargo de los fiscales Giannoni y López Ávila, y los saqueos, a cargo de la fiscala VI, Adriana Reynoso Cuello. Ella dice que se elevaron a juicio las causas contra unas 86 personas -hubo 17 procesados por “hurto calamitoso”, con pena de hasta 6 años de prisión- y que las causas por las muertes de ocho personas “siguen su curso”. Pero, como se dijo, dos fueron casos de atropellados y otros recibieron balas perdidas. No hay a quién acusar. Los fiscales dicen que no se relacionó a los sediciosos que generaron la zona liberada con los que organizaban a las hordas saqueadoras. No se hicieron cruces telefónicos ni se establecieron vínculos entre unos y otros, si es que los hubo.

Sin garantías

En cuanto a la segunda aseveración de Gassenbauer -”no puede volver a pasar”-, no hay garantías.

Alberto Lebbos, que todos los martes reclama por las víctimas de inseguridad frente a Casa de Gobierno (el martes escrachó con altavoz al gobernador Juan Manzur en su primer acto en la Plaza, inaugurando el arbolito del Bicentenario), dice que nada ha cambiado en la Policía. “Es un sistema policial clientelar, listo para reprimir y proteger al poder”, sentencia. Y señala que las víctimas de la impunidad suman ya 380.

Un año después de la sedición, el Gobierno, en vez de asumir que había una violencia oculta en el sistema policial, temeroso de que volvieran a ocurrir saqueos en las Fiestas de 2014, contrató “punteros-vigías” para custodia de supermercados, decisión que fue muy criticada por la sociedad. En este fin de año sólo se ha lanzado el operativo “Felices Fiestas”, con movilización de agentes por los conglomerados urbanos. No parece que vaya a fallar, si bien los policías están sumados al reclamo de los gremios que piden el bono de $ 8.000 para Navidad.

La pregunta es qué condiciones hacen que no se desarrolle otra vez el huevo de la violencia. Los agentes no tienen canales de expresión y bastaría un entorno de fuerte crisis para que se incube otra vez.

Los 47 más odiados deberían servir de advertencia para que la sociedad empiece a analizar cómo es la Policía y qué quiere de ella.

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