Por Roberto Delgado
05 Diciembre 2015
Tucumán está de luto. Cuatro personas fueron asesinadas en un solo día en zonas donde las calles desbordan en delitos y violencia. Una, Villa 9 de Julio, es representativa en ese sentido. Otra, Villa Alem, pese a que está pegada al centro, no goza de los supuestos privilegios de seguridad con que cuenta el corazón de la ciudad -ni siquiera los del barrio Sur, en el que desde hace un año hay un ojo vigilante de la Justicia y la Policía-. El último sector es una especie de triángulo sin ley, ubicado entre la Capital, Los Aguirre y Santa Bárbara. Allí, en medio de matorrales y basura, se halló el jueves a la tarde el cuerpo de una mujer. Inmóvil e indefenso, reclamaba por la bestialidad humana. Los vecinos dicen que el lugar es tierra de nadie.
Zona de paso
Tan de nadie es Los Aguirre que nadie se ocupa del lugar, que es una zona de paso entre fincas y cañaverales hacia el sur de la provincia. Ese sector sólo es noticia por los basurales del acceso sur (prácticamente se juntan el ingreso a la autopista por calle Jujuy, el canal Sur y el fin de la ruta 157. También porque en esos descampados suelen ser abandonados los taxistas asaltados en otras partes de la capital. Hay unas 6.000 personas dispersas en fincas y pequeños caseríos aislados entre la Capital, García Fernández y Lules.
La comisaría de Los Aguirre no tiene móvil y sólo hay recorridos de dos motociclistas del 911 de día. De noche no hay nadie, según una fuente policial. El abandono reina sin que haya responsables. Los vecinos reclaman que nadie levanta los basurales ni corta los matorrales “donde van los choros a drogarse y a acechar a la gente”. Acusan de “tirarse la pelotita” a las comunas de Los Aguirre y Santa Bárbara. El canal Sur, que depende de la Dirección Provincial del Agua, emprende allí su recorrido final hacia el río Salí. Está saturado de desperdicios y espera los trabajos de limpieza prometidos hace 20 días por la secretaria de Obras Públicas, Cristina Boscarino.
El hallazgo del cuerpo de la joven tatuada destapa la caja de Pandora del femicidio en un mundo que intenta encontrar un camino mediante la visualización de la violencia de género sin saber bien qué hacer al respecto. En 2012 se incorporó al Código Penal la figura de “agravante” en el caso de femicidio. Hace pocas semanas se dictó condena a perpetua contra José Luis Ledesma por el crimen de su pareja Sandra Roldán, ocurrido en Villa Amalia en 2013. También se condenó a perpetua en septiembre a Horacio Ángel Marelli y Aldo Rubén Rodríguez por violar y asesinar a Aída Correa en El Cadillal en 2012.
Anuncios descentrados
¿Significa esto un cambio? Se han montado observatorios para esta problemática -desde la Corte Suprema de Tucumán- y hay distintas dependencias nacionales y provinciales que se ocupan específicamente.
En el país, sólo la organización civil “La Casa del Encuentro” hace un seguimiento de los casos, explicó hace tiempo el juez bonaerense Fernando Ramírez, cuando fue invitado a disertar en Tucumán. Entonces reveló que en Argentina hay un femicidio cada 30 horas.
Hace unos días, a raíz de la marcha #NiUnaMenos, la organización MuMaLá reclamó que preocupa la falta de centralidad de los anuncios y la falta de acción de políticas de prevención del Consejo nacional de las Mujeres para hacer efectiva la Ley 26.485.
Los resgistros y la “tradición”
En el segundo informe sobre homicidios dolosos que se ha elaborado en Tucumán a instancias de la Corte nacional, se ha puesto especial énfasis en registrar las muertes violentas de mujeres por razones de género con precisiones como edad de la víctima, hijos a cargo, edad del imputado, vínculo entre ambos, estados procesales y registro de denuncias previas por violencia. Pero aún no está terminado el estudio, cuyo mandato legal es “brindar los datos necesarios para la adopción de políticas públicas adecuadas”. Y cuando sea presentado (lo cual ocurriría el próximo miércoles) debería comenzar un programa para adoptar esas políticas públicas.
Pero las cosas no están aún muy claras. Por “tradición”, los femicidios no han entrado dentro de lo que los funcionarios de Seguridad consideran como “inseguridad”. Los califican, por lo general, como “violencia intrafamiliar”, así como las riñas entre conocidos del mismo barrio son “violencia intravecinal”, y los homicidios producto de la legítima defensa tampoco encajan en el concepto de “inseguridad como producto de robos o asaltos”.
Los otros tres homicidios del miércoles generan un problema en este esquema, porque el de la calle La Rioja al 1.200 fue calificado como “defensa propia” (el matador sería un “justiciero” y el muerto, un asaltante). Por otra parte, el caso de villa 9 de Julio sería “violencia intravecinal”. Un grupo mató a balazos a un hombre con quien tenía una vieja rencilla, y los familiares de este hombre fueron a vengarse y quemaron la casa de los agresores, causando la muerte de la madre de estos, que estaba en el interior de la vivienda. Y en este caso se trata de una especie de rara “Fuenteovejuna”, porque fueron unas 100 personas las que incendiaron la casa. ¿A quién se acusará por la muerte de esa mujer?
El informe sobre los homicidios del año 2014, que ya estaría en manos del presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, tendría una diferenciación entre todos estos tipos de asesinatos ocurridos en 2014, tal como era la tendencia del relevamiento de mayo pasado de la Policía. Este relevamiento había señalado 109 homicidios y el estudio de la justicia habría contabilizado un número cercano a los 120 asesinatos. Aún no se confirmaron públicamente los datos. También se ignora cuál será el destino de ese “Plan integral de monitoreo preventivo de conflictividad violenta”, que en 2013 se realizó en cinco provincias, a instancias del entonces vocal de la Corte nacional, Raúl Zaffaroni. Jubilado este juez y con nuevo gobierno nacional en ciernes, el estudio sobre los homicidios dolosos de 2014, que sólo se aplicó en Tucumán y en Capital Federal, ha sido demorado a causa del año electoral y se desconoce si continuará.
Emergencia latente
¿Saldrán modificaciones en la prevención de seguridad? ¿Qué nos dirán estos dos años de relevamiento sobre las calles violentas de villa 9 de Julio, sobre los barrios del sur capitalino abandonados a su suerte o sobre lo que ocurre en las “tierras de nadie”? ¿Qué dirán sobre la violencia de género?
Hasta ahora, excepto el programa “seguridad inteligente” anunciado hace días y la entrega de camionetas en algunas jurisdicciones como Concepción, no han cambiado demasiado las cosas con respecto a la seguridad de la administración del ex gobernador José Alperovich. Claro que esta nueva gestión apenas tiene un mes, pero el cuerpo de esa joven tatuada y los otros tres homicidios reclaman que alguien se aboque a una política de prevención de la violencia, que ya es una epidemia en Tucumán.
Zona de paso
Tan de nadie es Los Aguirre que nadie se ocupa del lugar, que es una zona de paso entre fincas y cañaverales hacia el sur de la provincia. Ese sector sólo es noticia por los basurales del acceso sur (prácticamente se juntan el ingreso a la autopista por calle Jujuy, el canal Sur y el fin de la ruta 157. También porque en esos descampados suelen ser abandonados los taxistas asaltados en otras partes de la capital. Hay unas 6.000 personas dispersas en fincas y pequeños caseríos aislados entre la Capital, García Fernández y Lules.
La comisaría de Los Aguirre no tiene móvil y sólo hay recorridos de dos motociclistas del 911 de día. De noche no hay nadie, según una fuente policial. El abandono reina sin que haya responsables. Los vecinos reclaman que nadie levanta los basurales ni corta los matorrales “donde van los choros a drogarse y a acechar a la gente”. Acusan de “tirarse la pelotita” a las comunas de Los Aguirre y Santa Bárbara. El canal Sur, que depende de la Dirección Provincial del Agua, emprende allí su recorrido final hacia el río Salí. Está saturado de desperdicios y espera los trabajos de limpieza prometidos hace 20 días por la secretaria de Obras Públicas, Cristina Boscarino.
El hallazgo del cuerpo de la joven tatuada destapa la caja de Pandora del femicidio en un mundo que intenta encontrar un camino mediante la visualización de la violencia de género sin saber bien qué hacer al respecto. En 2012 se incorporó al Código Penal la figura de “agravante” en el caso de femicidio. Hace pocas semanas se dictó condena a perpetua contra José Luis Ledesma por el crimen de su pareja Sandra Roldán, ocurrido en Villa Amalia en 2013. También se condenó a perpetua en septiembre a Horacio Ángel Marelli y Aldo Rubén Rodríguez por violar y asesinar a Aída Correa en El Cadillal en 2012.
Anuncios descentrados
¿Significa esto un cambio? Se han montado observatorios para esta problemática -desde la Corte Suprema de Tucumán- y hay distintas dependencias nacionales y provinciales que se ocupan específicamente.
En el país, sólo la organización civil “La Casa del Encuentro” hace un seguimiento de los casos, explicó hace tiempo el juez bonaerense Fernando Ramírez, cuando fue invitado a disertar en Tucumán. Entonces reveló que en Argentina hay un femicidio cada 30 horas.
Hace unos días, a raíz de la marcha #NiUnaMenos, la organización MuMaLá reclamó que preocupa la falta de centralidad de los anuncios y la falta de acción de políticas de prevención del Consejo nacional de las Mujeres para hacer efectiva la Ley 26.485.
Los resgistros y la “tradición”
En el segundo informe sobre homicidios dolosos que se ha elaborado en Tucumán a instancias de la Corte nacional, se ha puesto especial énfasis en registrar las muertes violentas de mujeres por razones de género con precisiones como edad de la víctima, hijos a cargo, edad del imputado, vínculo entre ambos, estados procesales y registro de denuncias previas por violencia. Pero aún no está terminado el estudio, cuyo mandato legal es “brindar los datos necesarios para la adopción de políticas públicas adecuadas”. Y cuando sea presentado (lo cual ocurriría el próximo miércoles) debería comenzar un programa para adoptar esas políticas públicas.
Pero las cosas no están aún muy claras. Por “tradición”, los femicidios no han entrado dentro de lo que los funcionarios de Seguridad consideran como “inseguridad”. Los califican, por lo general, como “violencia intrafamiliar”, así como las riñas entre conocidos del mismo barrio son “violencia intravecinal”, y los homicidios producto de la legítima defensa tampoco encajan en el concepto de “inseguridad como producto de robos o asaltos”.
Los otros tres homicidios del miércoles generan un problema en este esquema, porque el de la calle La Rioja al 1.200 fue calificado como “defensa propia” (el matador sería un “justiciero” y el muerto, un asaltante). Por otra parte, el caso de villa 9 de Julio sería “violencia intravecinal”. Un grupo mató a balazos a un hombre con quien tenía una vieja rencilla, y los familiares de este hombre fueron a vengarse y quemaron la casa de los agresores, causando la muerte de la madre de estos, que estaba en el interior de la vivienda. Y en este caso se trata de una especie de rara “Fuenteovejuna”, porque fueron unas 100 personas las que incendiaron la casa. ¿A quién se acusará por la muerte de esa mujer?
El informe sobre los homicidios del año 2014, que ya estaría en manos del presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, tendría una diferenciación entre todos estos tipos de asesinatos ocurridos en 2014, tal como era la tendencia del relevamiento de mayo pasado de la Policía. Este relevamiento había señalado 109 homicidios y el estudio de la justicia habría contabilizado un número cercano a los 120 asesinatos. Aún no se confirmaron públicamente los datos. También se ignora cuál será el destino de ese “Plan integral de monitoreo preventivo de conflictividad violenta”, que en 2013 se realizó en cinco provincias, a instancias del entonces vocal de la Corte nacional, Raúl Zaffaroni. Jubilado este juez y con nuevo gobierno nacional en ciernes, el estudio sobre los homicidios dolosos de 2014, que sólo se aplicó en Tucumán y en Capital Federal, ha sido demorado a causa del año electoral y se desconoce si continuará.
Emergencia latente
¿Saldrán modificaciones en la prevención de seguridad? ¿Qué nos dirán estos dos años de relevamiento sobre las calles violentas de villa 9 de Julio, sobre los barrios del sur capitalino abandonados a su suerte o sobre lo que ocurre en las “tierras de nadie”? ¿Qué dirán sobre la violencia de género?
Hasta ahora, excepto el programa “seguridad inteligente” anunciado hace días y la entrega de camionetas en algunas jurisdicciones como Concepción, no han cambiado demasiado las cosas con respecto a la seguridad de la administración del ex gobernador José Alperovich. Claro que esta nueva gestión apenas tiene un mes, pero el cuerpo de esa joven tatuada y los otros tres homicidios reclaman que alguien se aboque a una política de prevención de la violencia, que ya es una epidemia en Tucumán.
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