04 Diciembre 2015
INVESTIGACIÓN. La causa está hoy bajo la órbita del juez federal Daniel Bejas.
La operación fue atípica por la fecha, el monto y el sistema aplicado. El 29 de octubre, día de la asunción de Juan Manzur como gobernador y de Osvaldo Jaldo como vicegobernador, la cuenta para gastos sociales de la Legislatura registró un giro de $ 25 millones, que fueron cargados en otra cuenta destinada a “excedentes financieros”. Esta última caja no había sido informada por las autoridades de la Cámara a la Justicia federal cuando el fiscal federal general, Antonio Gómez, requirió informes económicos para las actuaciones preliminares por presunto lavado.
La transferencia fue confirmada por altas fuentes del cuerpo colegiado y por personal con acceso directo a las finanzas legislativas. Según registros oficiales, la operación dejó un saldo de $ 371.000 en la caja bancaria destinada a las “ayudas sociales a personas” en el primer día de la gestión de Jaldo como presidente de la Cámara.
La acreditación de los $ 25 millones como excedentes financieros generó diversas lecturas en el espejado edificio de calle Muñecas 951, ya que si bien había concluido el mandato de Manzur como vicegobernador, el ejercicio administrativo finaliza el 31 de diciembre. Además, en esos momentos estaba vacante la Secretaría parlamentaria debido a la renuncia de Juan Antonio Ruiz Olivares para asumir como legislador oficialista. Su reemplazante, el ex tesorero Claudio Antonio Pérez, asumió en la sesión de la semana pasada.
La millonaria transferencia bancaria también fue a contramano del manejo de los recursos de la gestión del ex presidente subrogante de la Cámara, el oficialista Regino Amado. “La Legislatura no tiene excedentes financieros”, había dicho el año pasado el monterizo, que sustituyó a Manzur al frente del cuerpo durante el período que este pasó como ministro de Salud de la Nación (2009-2015).
Una ley de 1999
La ley N° 6.930, promulgada en 1999, les otorga la potestad a la Legislatura y a la Justicia, así como al Tribunal de Cuentas (TC), de retener los fondos sobrantes en un período para el siguiente año. “Los fondos financieros excedentes que mantengan a la finalización de cada ejercicio las administraciones (de esos tres órganos) y que se hayan originado en la Ley de Presupuesto u otras leyes ingresarán como refuerzo financiero de los mismos. Estos importes se transferirán a una cuenta corriente bancaria abierta a nombre de cada una de las administraciones”, señala la normativa. Remarca además que en cada cuenta debe constar la referencia a la Ley de Excedentes Financieros. “(Estos recursos) constituirán un fondo extrapresupuestario, el que podrá ser utilizado como refuerzo financiero transitorio o con cargo e imputación a la cuenta corriente conforme se disponga por vía de reglamentación”, concluye la legislación vigente.
El 29 de octubre hubo una serie de giros desde la cuenta N° 200 98043/8 del Banco Tucumán-Grupo Macro, donde están depositados los fondos para los gastos sociales de la Legislatura. Bajo el concepto “mismo banco, mismo titular”, fueron transferidos $ 25 millones a una caja no determinada.
La Cámara, ante un pedido de informes del fiscal general Gómez, había confirmado a la Justicia federal que tenía cuatro cuentas corriente: “gastos”, “honorarios”, “dietas” y “sueldos”. Nada se dijo de los excedentes financieros, que según fuentes con acceso a esos números tiene un saldo de $ 25 millones. La causa está hoy bajo la órbita del juez federal Daniel Bejas, y la pesquisa está a cargo del fiscal federal Pablo Camuñas.
El presupuesto de la Cámara para este año es de $ 1.529 millones, casi el doble al de 2014. Estaban previstos hasta $ 505,6 millones para “ayudas sociales a personas”, una partida de uso discrecional que complementa los haberes legislativos -aunque también alimentaría los ingresos de otros integrantes del cuerpo-. Sólo en octubre se desembolsaron por ese concepto $ 105,3 millones. Según reveló LA GACETA mediante fotos y documentos, esa plata era llevada en valijas (en cada una entraban $ 6 millones) de la sucursal del Banco Tucumán-Grupo Macro de calle San Martín al 700 hasta el despacho de Tesorería de la Cámara. Allí, con la sola firma de un recibo, se entrega el efectivo. Según fuentes de la Legislatura, ya están disponibles los gastos sociales para la nueva conformación parlamentaria.
La transferencia fue confirmada por altas fuentes del cuerpo colegiado y por personal con acceso directo a las finanzas legislativas. Según registros oficiales, la operación dejó un saldo de $ 371.000 en la caja bancaria destinada a las “ayudas sociales a personas” en el primer día de la gestión de Jaldo como presidente de la Cámara.
La acreditación de los $ 25 millones como excedentes financieros generó diversas lecturas en el espejado edificio de calle Muñecas 951, ya que si bien había concluido el mandato de Manzur como vicegobernador, el ejercicio administrativo finaliza el 31 de diciembre. Además, en esos momentos estaba vacante la Secretaría parlamentaria debido a la renuncia de Juan Antonio Ruiz Olivares para asumir como legislador oficialista. Su reemplazante, el ex tesorero Claudio Antonio Pérez, asumió en la sesión de la semana pasada.
La millonaria transferencia bancaria también fue a contramano del manejo de los recursos de la gestión del ex presidente subrogante de la Cámara, el oficialista Regino Amado. “La Legislatura no tiene excedentes financieros”, había dicho el año pasado el monterizo, que sustituyó a Manzur al frente del cuerpo durante el período que este pasó como ministro de Salud de la Nación (2009-2015).
Una ley de 1999
La ley N° 6.930, promulgada en 1999, les otorga la potestad a la Legislatura y a la Justicia, así como al Tribunal de Cuentas (TC), de retener los fondos sobrantes en un período para el siguiente año. “Los fondos financieros excedentes que mantengan a la finalización de cada ejercicio las administraciones (de esos tres órganos) y que se hayan originado en la Ley de Presupuesto u otras leyes ingresarán como refuerzo financiero de los mismos. Estos importes se transferirán a una cuenta corriente bancaria abierta a nombre de cada una de las administraciones”, señala la normativa. Remarca además que en cada cuenta debe constar la referencia a la Ley de Excedentes Financieros. “(Estos recursos) constituirán un fondo extrapresupuestario, el que podrá ser utilizado como refuerzo financiero transitorio o con cargo e imputación a la cuenta corriente conforme se disponga por vía de reglamentación”, concluye la legislación vigente.
El 29 de octubre hubo una serie de giros desde la cuenta N° 200 98043/8 del Banco Tucumán-Grupo Macro, donde están depositados los fondos para los gastos sociales de la Legislatura. Bajo el concepto “mismo banco, mismo titular”, fueron transferidos $ 25 millones a una caja no determinada.
La Cámara, ante un pedido de informes del fiscal general Gómez, había confirmado a la Justicia federal que tenía cuatro cuentas corriente: “gastos”, “honorarios”, “dietas” y “sueldos”. Nada se dijo de los excedentes financieros, que según fuentes con acceso a esos números tiene un saldo de $ 25 millones. La causa está hoy bajo la órbita del juez federal Daniel Bejas, y la pesquisa está a cargo del fiscal federal Pablo Camuñas.
El presupuesto de la Cámara para este año es de $ 1.529 millones, casi el doble al de 2014. Estaban previstos hasta $ 505,6 millones para “ayudas sociales a personas”, una partida de uso discrecional que complementa los haberes legislativos -aunque también alimentaría los ingresos de otros integrantes del cuerpo-. Sólo en octubre se desembolsaron por ese concepto $ 105,3 millones. Según reveló LA GACETA mediante fotos y documentos, esa plata era llevada en valijas (en cada una entraban $ 6 millones) de la sucursal del Banco Tucumán-Grupo Macro de calle San Martín al 700 hasta el despacho de Tesorería de la Cámara. Allí, con la sola firma de un recibo, se entrega el efectivo. Según fuentes de la Legislatura, ya están disponibles los gastos sociales para la nueva conformación parlamentaria.
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