02 Diciembre 2015
Con la devolución de coparticipación, Tucumán podrá disponer de $ 2.900 millones anuales extras
Manzur instruyó a sus funcionarios para estudiar un millonario reclamo retroactivo que podría rozar los $ 9.000 millones. El 17 de este mes, los funcionarios de las distintas provincias analizarán la situación financiera y las demandas que podrían elevar a la Nación. Cristina dictó un DNU que generaliza la devolución de fondos a partir de hoy
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“El fallo de la Corte puede llegar a mejorar el panorama fiscal; pero hay que se prudentes técnica, política e institucionalmente”. La frase fue lanzada ayer por un influyente funcionario del gabinete del gobernador Juan Manzur. Y se relaciona también con la decisión de la presidenta Cristina Fernández, que ayer dejó sin efecto las detracciones del 15% y del 1,9% de la masa de recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos. Esa decisión implicará una quita de $ 91.545 millones anuales a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en favor de las provincias, la ciudad de Buenos Aires y el propio Tesoro nacional. Para Tucumán, esa devolución puede significarle ingresos extras por unos $ 2.900 millones anuales, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Economía local.
La medida presidencial se dispuso por medio del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2.635, publicado ayer en el Boletín Oficial, y va más allá de los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia, que había dictaminado la inconstitucionalidad de esos recortes, pero limitado a las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba.
Por el fallo de la Corte, los recursos que la Anses y la AFIP deberían resignar en 2016 serían de $ 16.552 millones, pero como el DNU lo extiende a los 24 distritos el monto se elevaría a $ 91.545 millones, un 453% más, de acuerdo con las proyecciones de la consultora Economía & Regiones, consigna la agencia DyN.
“Dispónese el cese a la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables pactada en la Cláusula Primera del “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales” del 12 de agosto de 1992, ratificado por la Ley N° 24.130 a la totalidad de las jurisdicciones”, señala el DNU, que en otro artículo extiende el cese a las deducciones aplicadas por la AFIP. La semana pasada, la Corte declaró la inconstitucionalidad de esa deducción y le impuso un plazo al actual Gobierno para restituir el dinero a Santa Fe y San Luis, promotoras de la demanda al Estado nacional. Asimismo, declaró inconstitucional un decreto presidencial vigente desde el gobierno de la Alianza que bajó en 1,9% los recursos coparticipables del Estado nacional con las provincias, situación que también se restituye en el DNU publicado ayer.
La detracción del 15% de la masa de recursos coparticipables se estableció en el Pacto Fiscal I del 12 de agosto de 1992, con el objeto de financiar la transición del sistema previsional estatal al privado. Esa detracción fue prorrogada por medio de diferentes acuerdos entre la Nación y las provincias.
Ahora, las provincias de San Luis, Santa Fe y, posteriormente, Córdoba consideraron que la continuidad de esa quita de recursos era inconstitucional y en consecuencia presentaron sus demandas ante la Corte Suprema.
La misma postura tomaron ante el decreto 1399/01 del ex presidente Fernando de la Rúa, que dispuso un recorte de la masa coparticipable del 1,9% en favor de la AFIP. Como ambos recortes se aplican sobre la masa coparticipable antes de su reparto, el 15% se discrimina entre 8,499% para las provincias y la ciudad de Buenos Aires y el 6,501% para la Nación, ya que la distribución primaria le asigna a cada parte el 56,66% y el 33,34%, respectivamente.
Con el mismo criterio, del 1,9% de la AFIP irá el 1,07654 por ciento para las provincias y la ciudad de Buenos Aires y el 0,82346% para el Tesoro nacional. A partir de esos indicadores, en la provincia las autoridades económicas consideraron que entre ambas medidas el distrito puede incrementar en $ 240 millones mensuales las transferencias coparticipables.
El otro reclamo
Pero la historia no se agota tan sólo en la devolución de los fondos hacia adelante, sino que Tucumán también tratará de reclamar, por ls vías administrativa y judicial, los fondos retenidos en el último lustro, como lo piden otros distritos, en función del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El ministro de Economía, Eduardo Garvich, y el fiscal de Estado, Daniel Leiva, ya están abocados al análisis del reclamo formal de Tucumán, según confirmó a LA GACETA el propio gobernador. Las primeras cifras dan cuenta de que el monto solicitado ronda los $ 9.000 millones, el equivalente a dos veces la deuda pública de la provincia. “Hay que esperar qué anuncia el nuevo gobierno. No es momento de precipitarse, pero sí de analizar la situación”, dijo telefónicamente Manzur desde Buenos Aires. Una de las posibilidades que se plantea es la compensación de partidas con los compromisos financieros asumidos por la provincia ante la Nación, y que están dentro del programa de desendeudamiento provincial. El reclamo, de prosperar, podría significar la cancelación de esas obligaciones y quedar un saldo pendiente de cobro. Para el 17 de este mes está convocado el Consejo Federal de Impuestos (CFI), el ámbito de discusión de las provincias, en el que puede definirse la estrategia a adoptar por los distritos del interior del país. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, dijo ayer que se va a requerir de un nuevo acuerdo político ante esta decisión de la Corte que desmontó la estructura de financiamiento que tenía años y años de acuerdos fiscales entre Nación y provincias”.
En tanto, el futuro ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo que el DNU que devuelve coparticipación a las provincias es un golpe fuerte para los recursos de la Anses. Sin embargo, les trasmitió “tranquilidad a los jubilados y a los que cobran pensiones” de que se recompondrán los haberes de forma automática, como hasta ahora.
La medida presidencial se dispuso por medio del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2.635, publicado ayer en el Boletín Oficial, y va más allá de los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia, que había dictaminado la inconstitucionalidad de esos recortes, pero limitado a las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba.
Por el fallo de la Corte, los recursos que la Anses y la AFIP deberían resignar en 2016 serían de $ 16.552 millones, pero como el DNU lo extiende a los 24 distritos el monto se elevaría a $ 91.545 millones, un 453% más, de acuerdo con las proyecciones de la consultora Economía & Regiones, consigna la agencia DyN.
“Dispónese el cese a la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables pactada en la Cláusula Primera del “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales” del 12 de agosto de 1992, ratificado por la Ley N° 24.130 a la totalidad de las jurisdicciones”, señala el DNU, que en otro artículo extiende el cese a las deducciones aplicadas por la AFIP. La semana pasada, la Corte declaró la inconstitucionalidad de esa deducción y le impuso un plazo al actual Gobierno para restituir el dinero a Santa Fe y San Luis, promotoras de la demanda al Estado nacional. Asimismo, declaró inconstitucional un decreto presidencial vigente desde el gobierno de la Alianza que bajó en 1,9% los recursos coparticipables del Estado nacional con las provincias, situación que también se restituye en el DNU publicado ayer.
La detracción del 15% de la masa de recursos coparticipables se estableció en el Pacto Fiscal I del 12 de agosto de 1992, con el objeto de financiar la transición del sistema previsional estatal al privado. Esa detracción fue prorrogada por medio de diferentes acuerdos entre la Nación y las provincias.
Ahora, las provincias de San Luis, Santa Fe y, posteriormente, Córdoba consideraron que la continuidad de esa quita de recursos era inconstitucional y en consecuencia presentaron sus demandas ante la Corte Suprema.
La misma postura tomaron ante el decreto 1399/01 del ex presidente Fernando de la Rúa, que dispuso un recorte de la masa coparticipable del 1,9% en favor de la AFIP. Como ambos recortes se aplican sobre la masa coparticipable antes de su reparto, el 15% se discrimina entre 8,499% para las provincias y la ciudad de Buenos Aires y el 6,501% para la Nación, ya que la distribución primaria le asigna a cada parte el 56,66% y el 33,34%, respectivamente.
Con el mismo criterio, del 1,9% de la AFIP irá el 1,07654 por ciento para las provincias y la ciudad de Buenos Aires y el 0,82346% para el Tesoro nacional. A partir de esos indicadores, en la provincia las autoridades económicas consideraron que entre ambas medidas el distrito puede incrementar en $ 240 millones mensuales las transferencias coparticipables.
El otro reclamo
Pero la historia no se agota tan sólo en la devolución de los fondos hacia adelante, sino que Tucumán también tratará de reclamar, por ls vías administrativa y judicial, los fondos retenidos en el último lustro, como lo piden otros distritos, en función del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El ministro de Economía, Eduardo Garvich, y el fiscal de Estado, Daniel Leiva, ya están abocados al análisis del reclamo formal de Tucumán, según confirmó a LA GACETA el propio gobernador. Las primeras cifras dan cuenta de que el monto solicitado ronda los $ 9.000 millones, el equivalente a dos veces la deuda pública de la provincia. “Hay que esperar qué anuncia el nuevo gobierno. No es momento de precipitarse, pero sí de analizar la situación”, dijo telefónicamente Manzur desde Buenos Aires. Una de las posibilidades que se plantea es la compensación de partidas con los compromisos financieros asumidos por la provincia ante la Nación, y que están dentro del programa de desendeudamiento provincial. El reclamo, de prosperar, podría significar la cancelación de esas obligaciones y quedar un saldo pendiente de cobro. Para el 17 de este mes está convocado el Consejo Federal de Impuestos (CFI), el ámbito de discusión de las provincias, en el que puede definirse la estrategia a adoptar por los distritos del interior del país. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, dijo ayer que se va a requerir de un nuevo acuerdo político ante esta decisión de la Corte que desmontó la estructura de financiamiento que tenía años y años de acuerdos fiscales entre Nación y provincias”.
En tanto, el futuro ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo que el DNU que devuelve coparticipación a las provincias es un golpe fuerte para los recursos de la Anses. Sin embargo, les trasmitió “tranquilidad a los jubilados y a los que cobran pensiones” de que se recompondrán los haberes de forma automática, como hasta ahora.
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