Por Roberto Delgado
01 Diciembre 2015
Los mascoteros los aman. Los motociclistas les temen. Los niños los adoran y, paradójicamente, son sus frecuentes víctimas. En el Hospital de Niños se atienden entre 30 y 50 consultas por semana por mordeduras de perros. La mayoría son dentelladas en la cara y en el cuello, provocadas por animales de la casa o del vecino, cuenta la doctora Stella Maris Sánchez. En la guardia del mismo hospital hay tres perros deambulando o echados en las baldosas. “Vienen de la vereda. El mismo personal les da de comer”, dice un guardia. Es que mascoteros hay en todas partes.
Esa cifra de tantos ataques de perros es conocida. Es el promedio de los últimos años. En el caso de los adultos dicen que son sólo seis por mes, casi todos en la calle y la mayoría en las piernas. Estos casos se registran en el hospital Avellaneda. Y estos datos son desatendidos por la sociedad. En las estadísticas del Siprosa -cuenta el jefe de Epidemiología, Rogelio Cali- no se registran como causa y “las dentelladas de can” entran al sistema como “lesiones”, por lo que los únicos datos relativamente visibles son los de la doctora Sánchez, y se refieren sólo al área capitalina.
Pero a veces ocurren tragedias. El 14 de octubre en el barrio Ibatín de Monteros el motociclista Héctor Ricardo Toledo fue atacado por cimarrones y cuando se bajó de la moto para enfrentarlos no sólo lo mordieron; se lo comieron, tal como cuentan los cronistas de Indias que hacían los perros alanos traídos por los conquistadores para atacar a los aborígenes. Los familiares de Toledo dicen que los perros eran animales de raza, de una familia Orellana, que tiene una cortada de ladrillos en ese lugar. Pero los Orellana responden que sólo tienen caschis y que el ataque fue de perros de la calle. El fiscal Jorge Carrasco, de Monteros, ha realizado dos allanamientos en viviendas de los Orellana pero no encontró más que caschis. “Aún no hemos podido identificar a los perros que atacaron a Toledo”, explica el fiscal. “Hemos hablado con vecinos, incluso uno que suele dar de comer a los perros de la calle en ese lugar, pero nadie vio a la jauría en el momento de la tragedia”. O sea: esos perros siguen ahí, a la espera de otro motociclista, ciclista o transeúnte.
Marta Díaz, la esposa de Toledo, no se resigna. Sus hijos y su nuera van a la Fiscalía a exigir respuestas y el fiscal responde que sigue enviando policías a la zona, a ver si encuentran a los pittbull y dogos que mencionan los Toledo. Pero el fiscal explica que “para que haya acción penal, habría que encontrar un dueño, y probar que el dueño tenía intención de causar daño con el animal”. Ni siquiera hallaron a los animales.
Dentelladas archivadas
En Concepción hubo 17 causas penales por “dentellada de can” desde 2012, pero como no se puede atribuir delito a nadie, todo termina archivado. Sin responsables. Como no hubo en Monteros. El ex intendente, Alberto Olea, dijo que el ataque a Toledo ocurrió en una zona alejada, y que los animales son de la calle o bien de gente que los dejó salir, y que en el casco urbano las autoridades hicieron campañas de castración en conjunto con grupos mascoteros; por ende, cuando fue el ataque a Toledo la armonía reinaba.
La veterinaria Rosandra Molina cuenta que ella hace relevamientos “a dedo” por doquier en la provincia y encuentra cifras inquietantes: en Yerba Buena, dos por cuadra; en barrio 11 Marzo, seis; en Lomas de Tafí, cinco; en Villa Luján, cinco. El director de Urbanidad e Higiene municipal, Jorge Pérez Musacchia, coincide en que en los barrios “es incontable” la cantidad de canes sueltos: “en Villa Urquiza es terrible, y en La Costanera hay más perros que personas”. Sin embargo, para él hay que diferenciar perros que salen a la vereda pero que tienen dueño, de los perros de la calle, o sea los que viven en las plazas del microcentro que, según cree, no son más de 30. Rosandra Molina es cuidadosa con las cifras, pero calcula que alrededor de la capital y Yerba Buena hay unos 70.000 perros.
¿Son todos caschis? No hay datos precisos sobre perros de raza peligrosos, pese a que todo el mundo coincide en que hay una tendencia a buscar “perros de presa” para defensa de las casas. En el caso del motociclista Toledo está por verse si eran pittbulls y dogos, o cimarrones callejeros. Igualmente peligrosos.
Leyes sin autoridad
La única vez que Tucumán estuvo cerca de iniciar una tarea seria para acercarse a una tenencia responsable de estos animales fue cuando se sancionó la ley de perros peligrosos (N° 8.129, de 2008), surgida a causa de ataques de canes. La norma fue firmada por el entonces vicegobernador Juan Manzur y promulgada por el ex gobernador José Alperovich, pero luego este la vetó parcialmente, convirtiéndola en letra muerta, ya que eliminó a la Policía y al Ministerio de Seguridad como autoridades de aplicación. Dijo que era responsabilidad de las municipalidades. Pero estas no se sienten obligadas: la comuna capitalina tiene una ordenanza similar de registro de animales peligrosos (la N° 4.046, de 2008); sin embargo no sabe cómo aplicarla. “Es que nos falta reglamentarla”, dice Pérez Musacchia, quien cree que la única forma de cambiar las cosas es tenencia responsable mediante concientización de la gente y campañas de castración como la que están a punto de iniciar. “Ahora se va a castrar perros machos”, dice.
En Monteros nadie se acuerda del motociclista Toledo, como en Aguilares pocos recuerdan a Paulina Mazzarella, una señora de 72 años que en septiembre de 2011 fue atacada en la cara por un pittbull en casa de una vecina. Murió esa tarde. Su hija, Sara, sólo sabe que los vecinos se llevaron de allí al perro. “Nosotros no iniciamos una causa; nos dijeron que se haría de oficio -explicó-. Pero es mucha impotencia para uno. ¿Cómo se soluciona un tema de estos? Y además no se sabe a quién acusar... no sé... es un animal, ¿no?”.
Ella no puede culpar al animal. Tampoco para el Estado los cimarrones tienen culpa y por eso siguen al acecho en la esquina de la cortada de ladrillos. Como podrían estar en cualquier parte.
Esa cifra de tantos ataques de perros es conocida. Es el promedio de los últimos años. En el caso de los adultos dicen que son sólo seis por mes, casi todos en la calle y la mayoría en las piernas. Estos casos se registran en el hospital Avellaneda. Y estos datos son desatendidos por la sociedad. En las estadísticas del Siprosa -cuenta el jefe de Epidemiología, Rogelio Cali- no se registran como causa y “las dentelladas de can” entran al sistema como “lesiones”, por lo que los únicos datos relativamente visibles son los de la doctora Sánchez, y se refieren sólo al área capitalina.
Pero a veces ocurren tragedias. El 14 de octubre en el barrio Ibatín de Monteros el motociclista Héctor Ricardo Toledo fue atacado por cimarrones y cuando se bajó de la moto para enfrentarlos no sólo lo mordieron; se lo comieron, tal como cuentan los cronistas de Indias que hacían los perros alanos traídos por los conquistadores para atacar a los aborígenes. Los familiares de Toledo dicen que los perros eran animales de raza, de una familia Orellana, que tiene una cortada de ladrillos en ese lugar. Pero los Orellana responden que sólo tienen caschis y que el ataque fue de perros de la calle. El fiscal Jorge Carrasco, de Monteros, ha realizado dos allanamientos en viviendas de los Orellana pero no encontró más que caschis. “Aún no hemos podido identificar a los perros que atacaron a Toledo”, explica el fiscal. “Hemos hablado con vecinos, incluso uno que suele dar de comer a los perros de la calle en ese lugar, pero nadie vio a la jauría en el momento de la tragedia”. O sea: esos perros siguen ahí, a la espera de otro motociclista, ciclista o transeúnte.
Marta Díaz, la esposa de Toledo, no se resigna. Sus hijos y su nuera van a la Fiscalía a exigir respuestas y el fiscal responde que sigue enviando policías a la zona, a ver si encuentran a los pittbull y dogos que mencionan los Toledo. Pero el fiscal explica que “para que haya acción penal, habría que encontrar un dueño, y probar que el dueño tenía intención de causar daño con el animal”. Ni siquiera hallaron a los animales.
Dentelladas archivadas
En Concepción hubo 17 causas penales por “dentellada de can” desde 2012, pero como no se puede atribuir delito a nadie, todo termina archivado. Sin responsables. Como no hubo en Monteros. El ex intendente, Alberto Olea, dijo que el ataque a Toledo ocurrió en una zona alejada, y que los animales son de la calle o bien de gente que los dejó salir, y que en el casco urbano las autoridades hicieron campañas de castración en conjunto con grupos mascoteros; por ende, cuando fue el ataque a Toledo la armonía reinaba.
La veterinaria Rosandra Molina cuenta que ella hace relevamientos “a dedo” por doquier en la provincia y encuentra cifras inquietantes: en Yerba Buena, dos por cuadra; en barrio 11 Marzo, seis; en Lomas de Tafí, cinco; en Villa Luján, cinco. El director de Urbanidad e Higiene municipal, Jorge Pérez Musacchia, coincide en que en los barrios “es incontable” la cantidad de canes sueltos: “en Villa Urquiza es terrible, y en La Costanera hay más perros que personas”. Sin embargo, para él hay que diferenciar perros que salen a la vereda pero que tienen dueño, de los perros de la calle, o sea los que viven en las plazas del microcentro que, según cree, no son más de 30. Rosandra Molina es cuidadosa con las cifras, pero calcula que alrededor de la capital y Yerba Buena hay unos 70.000 perros.
¿Son todos caschis? No hay datos precisos sobre perros de raza peligrosos, pese a que todo el mundo coincide en que hay una tendencia a buscar “perros de presa” para defensa de las casas. En el caso del motociclista Toledo está por verse si eran pittbulls y dogos, o cimarrones callejeros. Igualmente peligrosos.
Leyes sin autoridad
La única vez que Tucumán estuvo cerca de iniciar una tarea seria para acercarse a una tenencia responsable de estos animales fue cuando se sancionó la ley de perros peligrosos (N° 8.129, de 2008), surgida a causa de ataques de canes. La norma fue firmada por el entonces vicegobernador Juan Manzur y promulgada por el ex gobernador José Alperovich, pero luego este la vetó parcialmente, convirtiéndola en letra muerta, ya que eliminó a la Policía y al Ministerio de Seguridad como autoridades de aplicación. Dijo que era responsabilidad de las municipalidades. Pero estas no se sienten obligadas: la comuna capitalina tiene una ordenanza similar de registro de animales peligrosos (la N° 4.046, de 2008); sin embargo no sabe cómo aplicarla. “Es que nos falta reglamentarla”, dice Pérez Musacchia, quien cree que la única forma de cambiar las cosas es tenencia responsable mediante concientización de la gente y campañas de castración como la que están a punto de iniciar. “Ahora se va a castrar perros machos”, dice.
En Monteros nadie se acuerda del motociclista Toledo, como en Aguilares pocos recuerdan a Paulina Mazzarella, una señora de 72 años que en septiembre de 2011 fue atacada en la cara por un pittbull en casa de una vecina. Murió esa tarde. Su hija, Sara, sólo sabe que los vecinos se llevaron de allí al perro. “Nosotros no iniciamos una causa; nos dijeron que se haría de oficio -explicó-. Pero es mucha impotencia para uno. ¿Cómo se soluciona un tema de estos? Y además no se sabe a quién acusar... no sé... es un animal, ¿no?”.
Ella no puede culpar al animal. Tampoco para el Estado los cimarrones tienen culpa y por eso siguen al acecho en la esquina de la cortada de ladrillos. Como podrían estar en cualquier parte.
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