Por Álvaro José Aurane
28 Noviembre 2015
La primera semana del post-kirchnerismo ha resultado inquietante. No en términos de expectativas (cada quien incubará temores o esperanzas, o un poco de cada cual), sino de actos. Entre los hechos más significativos se encuentra el fallo judicial que ordena a la Nación restituir a Córdoba, a Santa Fe y a San Luis una multimillonaria cantidad de recursos descontados de manera indebida.
Según las primeras estimaciones, a los distritos de la pampa húmeda les corresponderá (con montos actualizados) unos $ 35.000 millones a cada uno. La suma para el Estado cuyano, en tanto, será de $ 9.000 millones. Esas tres provincias acudieron a Tribunales porque la Casa Rosada les seguía reteniendo el 15% de la coparticipación federal de impuestos para financiar a la Anses, en virtud del decreto 1399/01, firmado por el fracasado Fernando de la Rúa. Las demandas fueron presentadas en 2006, cuando gobernaba el populista Néstor Kirchner, porque a partir de ese año las provincias ya no renovaron el Pacto Fiscal. Tucumán incluida, por supuesto.
Pero esta provincia empobrecida por la corrupción, gobernada durante la década descarada por José Alperovich (ministro de Economía de Julio Miranda durante el nefasto delarruísmo), en lugar de reclamar lo que le correspondía legalmente, decidió resignar todo derecho. Cada vez que se refrendaron con la Nación los mentados acuerdos de refinanciación de deuda pública (que el alperovichismo heredó del mirandismo, es decir, de sí mismo), Tucumán (con Juan Manzur como titular de la Legislatura avaladora) firmaba la renuncia a cualquier reclamo de dineros indebidamente retenidos. El constitucionalista Luis Iriarte calculó que en 2010 (con el dólar a $ 4,01 al 30 de diciembre), el “Jardín de la República” dejaba de recibir unos $ 500 millones anuales. Léase, los perdía.
Las tres provincias que acudieron a Tribunales también amortizaron deudas. Las tres, claro está, no eran kirchneristas. Las tres, por cierto, le pagan el 82% móvil a sus jubilados.
La dignidad no tiene precio. La indignidad, sí. Y el que paga siempre es el pueblo.
La grieta
Una década le llevó a la Corte Suprema nacional ejercer el control de constitucionalidad de las normas fiscales de exacción de los recursos provinciales. O sea, a la ilegalidad kirchnerista deberá resarcirla el próximo Gobierno.
Esa misma década se demoró la Justicia para declarar inconstitucional la modificación del Consejo de la Magistratura establecida por la Ley 26.080, impulsada por Cristina Fernández de Kirchner en 2006, cuando era senadora; y objetada ese año por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, los “K” pudieron gozar de una criminal discrecionalidad para designar y remover jueces.
¿La Justicia que llega tarde, y abona prácticas antirepublicanas con impunidad, todavía es Justicia? Evidentemente, dentro de los palacios tribunalicios se da un fenómeno en materia de percepción de la realidad. Eso se advirtió también en esta provincia, durante la antepenúltima semana del kirchnerismo en el poder.
“Las elecciones han sido claras y transparentes: para convencernos de ello, hay que recordar que este año hubo cuatro comicios distintos (tres nacionales y uno provincial) con resultados similares. El Frente para la Victoria triunfó siempre”, analizó el nuevamente presidente de la Corte tucumana, Antonio Gandur, en referencia a los comicios del 23 de agosto. Los de las urnas quemadas y el bolsoneo, las urnas embarazadas y el acarreo, las urnas refajadas y los tiroteos. Los de las cámaras que no funcionaron en el cuarto de custodia de urnas, por culpa de las bajas de tensión inexistentes.
Por cierto, en las otras tres elecciones que el magistrado menciona como casos testigo de la victoria del FpV, Manzur no era candidato a cargo electivo alguno.
“Se habló de fraude y eso nos causó dolor y decepción porque los agravios se trasladaron al terreno personal, pero todo está superado: la ciudadanía conoce la verdad”, agregó el juez supremo. En realidad, respecto de las maniobras fraudulentas hubo muchísimo más que habladurías: hubo un histórico fallo de los camaristas Salvador Ruiz y Ebe López Piossek declarando nulos los comicios por todas esas intolerables irregularidades que la Junta Electoral Provincial nunca vio. López Piossek, de paso, sigue sufriendo atentados. Y la última noticia que se tuvo sobre la verdad que conocen los ciudadanos puede resumirse en 10 días de marchas masivas a la plaza Independencia para que se vote otra vez.
No menos curiosa es la aseveración de Gandur acerca de que no hay fractura sino meras diferencias en la Corte: demoraron 50 días hábiles en renovar autoridades y el reelecto presidente del cuerpo debió votarse a sí mismo. Es más, Antonio Estofán y René Goane plantearon una disidencia “con la designación de Claudia Sbdar como vocal decana por resultar violatoria del artículo 11 de la Ley 6.238, que limita la elección entre el vocal de mayor antigüedad en el cargo (Goane) o el de más edad”. En rigor, la norma dice que se “preferirá” al de más edad (no menos cierto es que el foro local se sorprendió con la designación de la joven vocal como “decana”), pero los disidentes escribieron directamente que se transgredió una norma. ¿Cuando en la Corte unos miembros acusan a otros de violar leyes no hay quiebre todavía?
Si algo faltaba era el voto de Gandur en favor de Sbdar. Consigna que la respaldó en nombre de la perspectiva de género (es la única mujer del alto tribunal). Y explicita especialmente que la avaló por “sus condiciones y versación jurídica”. ¿Los otros vocales no reúnen ninguno de estos últimos atributos?
Ahora, con las autoridades definidas y ya lejos de las elecciones que convalidaron un domingo a la medianoche, con la plaza Yrigoyen tomada y el edificio citiado, entre el humo de choripanes y el olor a miedo en los pasillos, tal vez vuelvan a discutir si hay que renovar la flota de autos oficiales con Ford Mondeo; o con Ford Focus si los otros son muy ostentosos; o hasta con unas “camionetitas” Volkswagen Touareg, si en realidad muy poco importa el qué dirán...
El tuit
“Quiero felicitar a José Cano por su nombramiento al frente del Plan Belgrano, en el futuro gobierno nacional”, fue el mensaje que publicó Manzur en su cuenta de Twitter a las 22.13 del 25 de noviembre. En otras palabras, el gobernador de Tucumán sabe que está en problemas.
La novedad ha sido la decisión de Cano de superar su obsesión con ser ministro de Salud e investigar la gestión de Manzur. En nombre de esa obstinación, el macrismo le insinuó que se hiciera cargo de la megamillonaria Administración de Programas Especiales (APE), caja suntuosa para las obras sociales y, por lo tanto, clave en materia de políticas de salud, pero sometida a insoportables presiones sindicales. A la vez, al diputado tucumano lo sentaron en un par de reuniones con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y con el jefe de la porteña Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco. Los canistas lo leyeron como otra insinuación, esta vez para el Ministerio de Seguridad, área donde nadie hace carrera. Es más: se considera que a quienes les va regular, en realidad, les está yendo bien. Y hasta hubo algún testeo para hacerlo viceministro del Interior.
Finalmente, el conservador Mauricio Macri le ofreció el Plan Belgrano. Como hasta el 10 de diciembre todo es teoría, no podrá conocerse su real dimensión hasta que se ponga en práctica. Según su presentación, es hasta ahora la gran apuesta del Presidente electo. El programa, propio de un ingeniero, tiene un descomunal componente de obra pública, porque esa fue la impronta macrista en la Capital Federal y lo que le valió la fama de presunto gestor eficiente.
El plan promete para Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa (el NOA y el NEA) una inversión 16.000 millones de dólares, en 10 años, en infraestructura vial ferroviaria y aerocomercial; un fondo de reparación histórica de 50.000 millones de pesos en cuatro años; solución habitacional para 250.000 familias (150.000 viviendas sociales y 100.000 créditos); atención a los afectados por la pobreza extrema; subsidios para economías regionales; lucha contra el narcotráfico y reformas electorales.
Léase, injerencias en todos los ministerios. O, en los términos de lo que Macri le habría dicho a Cano, un funcionario del Plan Belgrano en cada cartera del Poder Ejecutivo nacional.
Además de ser mucho dinero, también es mucho acceso al Presidente. Cano, en principio, tendrá un lugar fijo en la mesa de reunión de Gabinete y dependerá directamente de la jefatura de ministros. También es mucha exposición: en Jujuy (allí se selló el ofrecimiento delante del gobernador electo Gerardo Morales), el jefe de Estado por venir le ofreció al tucumano que lo acompañe por todo el interior. Y, sobre todo, el Plan Belgrano significará mucha presencia del radical en esta provincia. Por caso, vale recordar que, con excepción del asfalto y el cordón cuneta (la democracia pavimentadora los reivindicaba públicamente como de “alto impacto electoral”), toda la obra pública de impacto real para la infraestructura tucumana que exhibió el alperovichismo fue financiada por la Nación. Desde la nueva ruta 38 hasta Lomas de Tafí, pasando por los hospitales y las escuelas. Lo cual avizora un posible futuro de cortes de cinta en los que los funcionarios provinciales van a ser sólo invitados.
En otros términos, si Cano consiguió un lugar desde el cual proyectarse políticamente para intentar disputar la gobernación tucumana otra vez en cuatro años.
“Quiero expresarle mi beneplácito y mis deseos de éxito en la futura gestión, que seguramente traerá beneficios para todos los tucumanos”, le tuiteó premonitoriamente Manzur a Cano, el adversario radical que denunció presunto fraude, que llevó el pleito en queja a la Corte nacional, que nunca validó el resultado de los comicios porque no reconoció la derrota, y que por tanto no concedió legitimidad alguna a la consagración del actual gobernador.
Cano agradeció. “Mi compromiso fue siempre trabajar por Tucumán. Esta vez no será diferente”.
Y Manzur insistió. “Espero que podamos trabajar juntos por el bien de todos los tucumanos”.
Pero esta vez ya no obtuvo respuesta...
Según las primeras estimaciones, a los distritos de la pampa húmeda les corresponderá (con montos actualizados) unos $ 35.000 millones a cada uno. La suma para el Estado cuyano, en tanto, será de $ 9.000 millones. Esas tres provincias acudieron a Tribunales porque la Casa Rosada les seguía reteniendo el 15% de la coparticipación federal de impuestos para financiar a la Anses, en virtud del decreto 1399/01, firmado por el fracasado Fernando de la Rúa. Las demandas fueron presentadas en 2006, cuando gobernaba el populista Néstor Kirchner, porque a partir de ese año las provincias ya no renovaron el Pacto Fiscal. Tucumán incluida, por supuesto.
Pero esta provincia empobrecida por la corrupción, gobernada durante la década descarada por José Alperovich (ministro de Economía de Julio Miranda durante el nefasto delarruísmo), en lugar de reclamar lo que le correspondía legalmente, decidió resignar todo derecho. Cada vez que se refrendaron con la Nación los mentados acuerdos de refinanciación de deuda pública (que el alperovichismo heredó del mirandismo, es decir, de sí mismo), Tucumán (con Juan Manzur como titular de la Legislatura avaladora) firmaba la renuncia a cualquier reclamo de dineros indebidamente retenidos. El constitucionalista Luis Iriarte calculó que en 2010 (con el dólar a $ 4,01 al 30 de diciembre), el “Jardín de la República” dejaba de recibir unos $ 500 millones anuales. Léase, los perdía.
Las tres provincias que acudieron a Tribunales también amortizaron deudas. Las tres, claro está, no eran kirchneristas. Las tres, por cierto, le pagan el 82% móvil a sus jubilados.
La dignidad no tiene precio. La indignidad, sí. Y el que paga siempre es el pueblo.
La grieta
Una década le llevó a la Corte Suprema nacional ejercer el control de constitucionalidad de las normas fiscales de exacción de los recursos provinciales. O sea, a la ilegalidad kirchnerista deberá resarcirla el próximo Gobierno.
Esa misma década se demoró la Justicia para declarar inconstitucional la modificación del Consejo de la Magistratura establecida por la Ley 26.080, impulsada por Cristina Fernández de Kirchner en 2006, cuando era senadora; y objetada ese año por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, los “K” pudieron gozar de una criminal discrecionalidad para designar y remover jueces.
¿La Justicia que llega tarde, y abona prácticas antirepublicanas con impunidad, todavía es Justicia? Evidentemente, dentro de los palacios tribunalicios se da un fenómeno en materia de percepción de la realidad. Eso se advirtió también en esta provincia, durante la antepenúltima semana del kirchnerismo en el poder.
“Las elecciones han sido claras y transparentes: para convencernos de ello, hay que recordar que este año hubo cuatro comicios distintos (tres nacionales y uno provincial) con resultados similares. El Frente para la Victoria triunfó siempre”, analizó el nuevamente presidente de la Corte tucumana, Antonio Gandur, en referencia a los comicios del 23 de agosto. Los de las urnas quemadas y el bolsoneo, las urnas embarazadas y el acarreo, las urnas refajadas y los tiroteos. Los de las cámaras que no funcionaron en el cuarto de custodia de urnas, por culpa de las bajas de tensión inexistentes.
Por cierto, en las otras tres elecciones que el magistrado menciona como casos testigo de la victoria del FpV, Manzur no era candidato a cargo electivo alguno.
“Se habló de fraude y eso nos causó dolor y decepción porque los agravios se trasladaron al terreno personal, pero todo está superado: la ciudadanía conoce la verdad”, agregó el juez supremo. En realidad, respecto de las maniobras fraudulentas hubo muchísimo más que habladurías: hubo un histórico fallo de los camaristas Salvador Ruiz y Ebe López Piossek declarando nulos los comicios por todas esas intolerables irregularidades que la Junta Electoral Provincial nunca vio. López Piossek, de paso, sigue sufriendo atentados. Y la última noticia que se tuvo sobre la verdad que conocen los ciudadanos puede resumirse en 10 días de marchas masivas a la plaza Independencia para que se vote otra vez.
No menos curiosa es la aseveración de Gandur acerca de que no hay fractura sino meras diferencias en la Corte: demoraron 50 días hábiles en renovar autoridades y el reelecto presidente del cuerpo debió votarse a sí mismo. Es más, Antonio Estofán y René Goane plantearon una disidencia “con la designación de Claudia Sbdar como vocal decana por resultar violatoria del artículo 11 de la Ley 6.238, que limita la elección entre el vocal de mayor antigüedad en el cargo (Goane) o el de más edad”. En rigor, la norma dice que se “preferirá” al de más edad (no menos cierto es que el foro local se sorprendió con la designación de la joven vocal como “decana”), pero los disidentes escribieron directamente que se transgredió una norma. ¿Cuando en la Corte unos miembros acusan a otros de violar leyes no hay quiebre todavía?
Si algo faltaba era el voto de Gandur en favor de Sbdar. Consigna que la respaldó en nombre de la perspectiva de género (es la única mujer del alto tribunal). Y explicita especialmente que la avaló por “sus condiciones y versación jurídica”. ¿Los otros vocales no reúnen ninguno de estos últimos atributos?
Ahora, con las autoridades definidas y ya lejos de las elecciones que convalidaron un domingo a la medianoche, con la plaza Yrigoyen tomada y el edificio citiado, entre el humo de choripanes y el olor a miedo en los pasillos, tal vez vuelvan a discutir si hay que renovar la flota de autos oficiales con Ford Mondeo; o con Ford Focus si los otros son muy ostentosos; o hasta con unas “camionetitas” Volkswagen Touareg, si en realidad muy poco importa el qué dirán...
El tuit
“Quiero felicitar a José Cano por su nombramiento al frente del Plan Belgrano, en el futuro gobierno nacional”, fue el mensaje que publicó Manzur en su cuenta de Twitter a las 22.13 del 25 de noviembre. En otras palabras, el gobernador de Tucumán sabe que está en problemas.
La novedad ha sido la decisión de Cano de superar su obsesión con ser ministro de Salud e investigar la gestión de Manzur. En nombre de esa obstinación, el macrismo le insinuó que se hiciera cargo de la megamillonaria Administración de Programas Especiales (APE), caja suntuosa para las obras sociales y, por lo tanto, clave en materia de políticas de salud, pero sometida a insoportables presiones sindicales. A la vez, al diputado tucumano lo sentaron en un par de reuniones con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y con el jefe de la porteña Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco. Los canistas lo leyeron como otra insinuación, esta vez para el Ministerio de Seguridad, área donde nadie hace carrera. Es más: se considera que a quienes les va regular, en realidad, les está yendo bien. Y hasta hubo algún testeo para hacerlo viceministro del Interior.
Finalmente, el conservador Mauricio Macri le ofreció el Plan Belgrano. Como hasta el 10 de diciembre todo es teoría, no podrá conocerse su real dimensión hasta que se ponga en práctica. Según su presentación, es hasta ahora la gran apuesta del Presidente electo. El programa, propio de un ingeniero, tiene un descomunal componente de obra pública, porque esa fue la impronta macrista en la Capital Federal y lo que le valió la fama de presunto gestor eficiente.
El plan promete para Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa (el NOA y el NEA) una inversión 16.000 millones de dólares, en 10 años, en infraestructura vial ferroviaria y aerocomercial; un fondo de reparación histórica de 50.000 millones de pesos en cuatro años; solución habitacional para 250.000 familias (150.000 viviendas sociales y 100.000 créditos); atención a los afectados por la pobreza extrema; subsidios para economías regionales; lucha contra el narcotráfico y reformas electorales.
Léase, injerencias en todos los ministerios. O, en los términos de lo que Macri le habría dicho a Cano, un funcionario del Plan Belgrano en cada cartera del Poder Ejecutivo nacional.
Además de ser mucho dinero, también es mucho acceso al Presidente. Cano, en principio, tendrá un lugar fijo en la mesa de reunión de Gabinete y dependerá directamente de la jefatura de ministros. También es mucha exposición: en Jujuy (allí se selló el ofrecimiento delante del gobernador electo Gerardo Morales), el jefe de Estado por venir le ofreció al tucumano que lo acompañe por todo el interior. Y, sobre todo, el Plan Belgrano significará mucha presencia del radical en esta provincia. Por caso, vale recordar que, con excepción del asfalto y el cordón cuneta (la democracia pavimentadora los reivindicaba públicamente como de “alto impacto electoral”), toda la obra pública de impacto real para la infraestructura tucumana que exhibió el alperovichismo fue financiada por la Nación. Desde la nueva ruta 38 hasta Lomas de Tafí, pasando por los hospitales y las escuelas. Lo cual avizora un posible futuro de cortes de cinta en los que los funcionarios provinciales van a ser sólo invitados.
En otros términos, si Cano consiguió un lugar desde el cual proyectarse políticamente para intentar disputar la gobernación tucumana otra vez en cuatro años.
“Quiero expresarle mi beneplácito y mis deseos de éxito en la futura gestión, que seguramente traerá beneficios para todos los tucumanos”, le tuiteó premonitoriamente Manzur a Cano, el adversario radical que denunció presunto fraude, que llevó el pleito en queja a la Corte nacional, que nunca validó el resultado de los comicios porque no reconoció la derrota, y que por tanto no concedió legitimidad alguna a la consagración del actual gobernador.
Cano agradeció. “Mi compromiso fue siempre trabajar por Tucumán. Esta vez no será diferente”.
Y Manzur insistió. “Espero que podamos trabajar juntos por el bien de todos los tucumanos”.
Pero esta vez ya no obtuvo respuesta...
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