Por Fernando Stanich
27 Noviembre 2015
El oficialismo tucumano lucha por encontrar su identidad en un contexto político impensado hasta hace unas semanas: un Gobierno nacional de otro signo político y un peronismo opositor al frente del distrito electoral que concentra el 40% de la población provincial. Así las cosas, a un mes del inicio de la gestión, la Provincia y la Municipalidad de la capital tratan de ponerse en marcha en medio de una desconfianza mutua que los paraliza.
La Legislatura y el Concejo Deliberante habían planteado para ayer sus primeros debates, pero sólo la Cámara pudo cumplir con su función horas después de haber recibido en su cuenta $ 5 millones. Casualmente, son 49 legisladores y la cifra depositada alcanzaría, en promedio, para que cada uno recibiera $ 100.000 en concepto de gastos sociales, teniendo en cuenta que en la anterior composición percibían entre $ 80.000 y $ 150.000 por mes. De la polémica por el uso de los fondos discrecionales que reciben en negro, ayer, en el recinto, ninguno dijo una sola palabra. Sí dedicaron largos minutos para referirse al inicio del debate por la reforma política que impulsa el gobernador, Juan Manzur. Justamente, esa es una de las señales sutiles de la desconfianza que rige las relaciones. Todos en la Cámara entienden que el mandatario avanzó en atribuciones que no le corresponden, porque cualquier modificación a las leyes electorales debe inevitablemente pasar por el parlamento. De hecho, lo que se discuta con organizaciones sociales, especialistas y entidades intermedias será inocuo si es que los referentes de los bloques políticos con representación en la Cámara no están de acuerdo. Y una pregunta se impone, ¿hasta dónde puede avanzar seriamente una reforma política si el sistema de acoples que tanto se defenestró tras los comicios de agosto figura en la Constitución? De por sí, ese ciclo que impulsa Manzur tiene un techo bajo, porque a lo sumo podrá reglamentar o acotar el número de colectoras, pero nada más que eso. Salvo que lo que se pergeñe en realidad sea una reforma constitucional, idea que podría derivar en un suicidio político prematuro para el manzurismo cuando aún está dando sus primeros pasos sin estar tomado de la mano de José Alperovich.
La prueba más contundente de que la conducción del peronismo oficialista en Tucumán aún es incierta se dio tras el balotaje presidencial del domingo. Alperovich y su esposa, la presidenta del PJ Beatriz Rojkés, fueron casi los últimos en enterarse de que Manzur había dispuesto que el búnker se instale en la sede partidaria y no en la Casa de Gobierno. Dudaron de ir, pero finalmente acudieron y tuvieron que soportar algunos gritos de “Manzur conducción”. Días después, aparecieron y desaparecieron afiches con esa consigna. Rápido, el gobernador se preocupó por aclararle personalmente al matrimonio Alperovich que él nada tenía que ver con esa movida. Otra muestra de la desconfianza interna.
El bochorno del Concejo Deliberante es también producto del recelo que envuelve a los actores políticos de la capital. La sesión de ayer se cayó porque ninguno cree en la palabra del otro. El intendente Germán Alfaro, que necesita de manera urgente que le aprueben más fondos porque el Presupuesto está agotado, no quiso ceder al planteo de los ediles aliados a la Casa de Gobierno de permitir la asunción de tres concejales sustitutos al inicio del debate. Y no lo hizo porque no cree que vayan a votarle la ampliación presupuestaria y el permiso para tomar créditos. El jefe municipal y Jaldo hablaron por teléfono el miércoles para garantizar el quórum. Según el alfarismo, el vicegobernador había comprometido la presencia de los concejales. Pero según la Casa de Gobierno, Jaldo le dijo que lo harían siempre que aceptara y alterara el orden del día. Nada de eso pasó y la sesión cayó porque el oficialismo provincial no se presentó. En el municipio atribuyen el desplante a la interna entre Manzur y Alperovich, y sustentan esa teoría en que el presidente del bloque, Dante Loza, fue impuesto en ese lugar por el ex gobernador. Una salvedad ante tanta irresponsabilidad: distinto fue el gesto de los cuatro legisladores que responden a Alfaro. Ayer, enterados de que el oficialismo gobernante no había dado quórum igualmente permanecieron en el recinto de la Cámara para participar de la sesión.
El problema, lamentablemente, es aún más grave que una cuestión de berrinches, de sospechas y de soberbias. Porque el apuro del jefe municipal obedece a la falta de recursos y porque también hay una deuda salarial de dos meses y medio con los empleados políticos de la anterior composición del Concejo. Además, subyace una cuestión institucional. Hay tres ediles con una licencia firmada por el presidente del Concejo que no encuentra respaldo en el texto de la Constitución. Carolina Vargas Aignasse (secretaria de Gobierno), Armando Cortalezzi (interventor de la Caja Popular) y Carlos Assán (secretario de Saneamiento) se fueron con un permiso ad referéndum del cuerpo, algo que no estipula la Carta Magna, pero que el alperovichismo ya había usado en 2012 para avalar la salida de Marcelo Ditinis de la Legislatura. El artículo 61, que refiere a las licencias especiales, fija que sólo la Legislatura -en este caso, el Concejo- puede otorgarlas. ¿Qué pasaría si alguien objetara las resoluciones legales que alguno de esos tres ediles están firmando desde hace semanas como funcionarios provinciales?
Entre tanta desconfianza, el que se ganó la confianza del presidente electo, Mauricio Macri, es el radical José Cano. El diputado jurará el 10 de diciembre al frente de una unidad ejecutora interministerial, con rango de secretario de Estado, para administrar y ejecutar los millonarios fondos del plan Belgrano, el programa para las 10 provincias del norte al que apuesta el macrismo. Si la idea se concreta, cada mandatario -entre ellos Manzur- deberá gestionar ante él cualquier obra que pretenda realizar. Así como los camporistas para Cristina, Cano puede convertirse de ahora en más en “los ojos de Macri” en la región. Todo un mensaje político.
La Legislatura y el Concejo Deliberante habían planteado para ayer sus primeros debates, pero sólo la Cámara pudo cumplir con su función horas después de haber recibido en su cuenta $ 5 millones. Casualmente, son 49 legisladores y la cifra depositada alcanzaría, en promedio, para que cada uno recibiera $ 100.000 en concepto de gastos sociales, teniendo en cuenta que en la anterior composición percibían entre $ 80.000 y $ 150.000 por mes. De la polémica por el uso de los fondos discrecionales que reciben en negro, ayer, en el recinto, ninguno dijo una sola palabra. Sí dedicaron largos minutos para referirse al inicio del debate por la reforma política que impulsa el gobernador, Juan Manzur. Justamente, esa es una de las señales sutiles de la desconfianza que rige las relaciones. Todos en la Cámara entienden que el mandatario avanzó en atribuciones que no le corresponden, porque cualquier modificación a las leyes electorales debe inevitablemente pasar por el parlamento. De hecho, lo que se discuta con organizaciones sociales, especialistas y entidades intermedias será inocuo si es que los referentes de los bloques políticos con representación en la Cámara no están de acuerdo. Y una pregunta se impone, ¿hasta dónde puede avanzar seriamente una reforma política si el sistema de acoples que tanto se defenestró tras los comicios de agosto figura en la Constitución? De por sí, ese ciclo que impulsa Manzur tiene un techo bajo, porque a lo sumo podrá reglamentar o acotar el número de colectoras, pero nada más que eso. Salvo que lo que se pergeñe en realidad sea una reforma constitucional, idea que podría derivar en un suicidio político prematuro para el manzurismo cuando aún está dando sus primeros pasos sin estar tomado de la mano de José Alperovich.
La prueba más contundente de que la conducción del peronismo oficialista en Tucumán aún es incierta se dio tras el balotaje presidencial del domingo. Alperovich y su esposa, la presidenta del PJ Beatriz Rojkés, fueron casi los últimos en enterarse de que Manzur había dispuesto que el búnker se instale en la sede partidaria y no en la Casa de Gobierno. Dudaron de ir, pero finalmente acudieron y tuvieron que soportar algunos gritos de “Manzur conducción”. Días después, aparecieron y desaparecieron afiches con esa consigna. Rápido, el gobernador se preocupó por aclararle personalmente al matrimonio Alperovich que él nada tenía que ver con esa movida. Otra muestra de la desconfianza interna.
El bochorno del Concejo Deliberante es también producto del recelo que envuelve a los actores políticos de la capital. La sesión de ayer se cayó porque ninguno cree en la palabra del otro. El intendente Germán Alfaro, que necesita de manera urgente que le aprueben más fondos porque el Presupuesto está agotado, no quiso ceder al planteo de los ediles aliados a la Casa de Gobierno de permitir la asunción de tres concejales sustitutos al inicio del debate. Y no lo hizo porque no cree que vayan a votarle la ampliación presupuestaria y el permiso para tomar créditos. El jefe municipal y Jaldo hablaron por teléfono el miércoles para garantizar el quórum. Según el alfarismo, el vicegobernador había comprometido la presencia de los concejales. Pero según la Casa de Gobierno, Jaldo le dijo que lo harían siempre que aceptara y alterara el orden del día. Nada de eso pasó y la sesión cayó porque el oficialismo provincial no se presentó. En el municipio atribuyen el desplante a la interna entre Manzur y Alperovich, y sustentan esa teoría en que el presidente del bloque, Dante Loza, fue impuesto en ese lugar por el ex gobernador. Una salvedad ante tanta irresponsabilidad: distinto fue el gesto de los cuatro legisladores que responden a Alfaro. Ayer, enterados de que el oficialismo gobernante no había dado quórum igualmente permanecieron en el recinto de la Cámara para participar de la sesión.
El problema, lamentablemente, es aún más grave que una cuestión de berrinches, de sospechas y de soberbias. Porque el apuro del jefe municipal obedece a la falta de recursos y porque también hay una deuda salarial de dos meses y medio con los empleados políticos de la anterior composición del Concejo. Además, subyace una cuestión institucional. Hay tres ediles con una licencia firmada por el presidente del Concejo que no encuentra respaldo en el texto de la Constitución. Carolina Vargas Aignasse (secretaria de Gobierno), Armando Cortalezzi (interventor de la Caja Popular) y Carlos Assán (secretario de Saneamiento) se fueron con un permiso ad referéndum del cuerpo, algo que no estipula la Carta Magna, pero que el alperovichismo ya había usado en 2012 para avalar la salida de Marcelo Ditinis de la Legislatura. El artículo 61, que refiere a las licencias especiales, fija que sólo la Legislatura -en este caso, el Concejo- puede otorgarlas. ¿Qué pasaría si alguien objetara las resoluciones legales que alguno de esos tres ediles están firmando desde hace semanas como funcionarios provinciales?
Entre tanta desconfianza, el que se ganó la confianza del presidente electo, Mauricio Macri, es el radical José Cano. El diputado jurará el 10 de diciembre al frente de una unidad ejecutora interministerial, con rango de secretario de Estado, para administrar y ejecutar los millonarios fondos del plan Belgrano, el programa para las 10 provincias del norte al que apuesta el macrismo. Si la idea se concreta, cada mandatario -entre ellos Manzur- deberá gestionar ante él cualquier obra que pretenda realizar. Así como los camporistas para Cristina, Cano puede convertirse de ahora en más en “los ojos de Macri” en la región. Todo un mensaje político.
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