26 Noviembre 2015
EN SAN MARTÍN AL 700. Un empleado de Tesorería de la Legislatura retira una valija del banco, en octubre. Abordará la camioneta con baúl abierto. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso
¿Se agotó la ruta de las valijas de la Legislatura con la extracción de $ 490 millones entre enero y septiembre? Hace 12 días que la cuenta bancaria para gastos sociales no recibía fondos del Superior Gobierno de la Provincia. Pero ayer se nutrió con dos partidas del erario que sumaban $ 5 millones. Y, durante la mañana, personal de la Cámara retiró $ 2 millones. Así, en la “caja” para uso discrecional quedó un saldo de $ 3,9 millones, sumando lo que había antes.
Hoy, a partir de las 8, la nueva conformación del cuerpo colegiado se reunirá por primera vez en el recinto para una sesión. El vicegobernador Osvaldo Jaldo anticipó que propondrá como nuevo secretario del parlamento al actual tesorero, Claudio Antonio Pérez. Además, someterán a votación a los miembros de la comisión de Juicio Político y a los representantes de la Cámara en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y el Jurado de Enjuiciamiento. Sin embargo, lo que aflige a la mayoría de los legisladores es la falta de gastos sociales y de recursos para nombramientos de asesores.
“Estamos con mucha presión, porque hay personas con las que ya adquirimos el compromiso de ayudarlas con chapas o para cambiar el colchón. Y hasta ahora no lo he podido cumplir”, señaló la semana pasada a LA GACETA el oficialista Reneé Ramírez.
El lunes, tras la reunión de Labor Parlamentaria, Jaldo fue consultado sobre esa situación. “Hasta acá no se ha resuelto nada”, avisó el presidente de la Legislatura. Y explicó que la demora se debía a “otras prioridades”. “Por ejemplo, tenemos que poner en funcionamiento la Cámara”, señaló el vicegobernador.
En el recinto existe un consenso respecto de los fondos de uso discrecional. Hasta ahora, sólo dos legisladores se expresaron en contra de ese sistema de ingresos parlamentarios. “Anuncié mi decisión personal de no cobrar gastos sociales”, afirmó ayer el macrista Luis Brodersen a través de Twitter. Una postura similar adoptó el referente de La Bancaria, Eduardo Bourlé (bloque Trabajo y Dignidad).
El presupuesto de este año de la Legislatura -de ejecución en curso- es de $ 1.529 millones. La partida “ayuda social a personas” alcanza los $ 505,6 millones. Entre enero y septiembre, la anterior conformación de la Cámara insumió $ 490 millones. El detalle de esas erogaciones está bajo llave en el espejado edificio de calle Muñecas al 900.
¿Cómo era la operatoria? Un empleado de Tesorería del cuerpo colegiado se presentaba en la sede de calle San Martín al 700 del Banco Tucumán-Grupo Macro. Allí retiraba una valija con efectivo (en cada una cabían $ 6 millones en billetes de $ 100). Luego, abordaba una camioneta Toyota Hilux, a nombre de la Legislatura, y llevaba el dinero hasta el edificio parlamentario.
Con este sistema, en junio fueron extraídos en junio fueron extraídos $ 47 millones de la cuenta N° 200 98043/8, identificada como Honorable Legislatura. En julio, $ 53 millones. Y en agosto, mes de las PASO y de las elecciones provinciales, fueron retirados $ 91,7 millones.
Pero esa cuenta bancaria continúa en movimiento. Ayer, el Superior Gobierno de la Provincia acreditó dos partidas de $ 2,5 millones cada una en la caja para los gastos sociales. Poco después fueron extraídos $ 2 millones. No trascendió qué sistema utilizaron para retirar la plata.
Tanto oficialistas como opositores están preocupados además porque aún no pudieron designar asesores.
Los nombramientos, al igual que el destino de los gastos sociales y cuánto le corresponde a cada parlamentario, se mantienen en reserva. Sin embargo, según pudo averiguar LA GACETA, el anterior secretario Juan Antonio Ruiz Olivares (hoy legislador) y el ex titular subrogante de la Cámara Regino Amado lograron dejar algunos “herederos” antes de acabar sus funciones como autoridades del cuerpo.
Susana Elizabeth Ruiz Moreno, hija mayor del jefe de Acción Regional, es contadora fiscal del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, desde 2013 está adscripta en la Legislatura (hasta hace unos meses estaba afectada al despacho del ex legislador Sisto Terán Nougués, según el acuerdo N° 1.850/2014 del ente de control). Según registros de Anses, percibió un bruto de $ 46.000 por el mes de octubre. Juan Antonio Ruiz Moreno, otro de los hijos de Ruiz Olivares, también cobró ese mes $ 36.000 (el joven hoy es edil de Monteros). El ex secretario de la Cámara no atendió las consultas de este diario al respecto. Amado, por su parte, admitió que su hija Silvana Amado es empleada del cuerpo colegiado desde hace unos meses, y cobra $ 13.000. “Uno se apoya en la familia por cuestiones de confianza”, explicó el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad.
Hoy, en el recinto, los nuevos legisladores tendrán la chance de hablar sobre sus recursos. ¿Seguirá la ruta de las valijas?
Hoy, a partir de las 8, la nueva conformación del cuerpo colegiado se reunirá por primera vez en el recinto para una sesión. El vicegobernador Osvaldo Jaldo anticipó que propondrá como nuevo secretario del parlamento al actual tesorero, Claudio Antonio Pérez. Además, someterán a votación a los miembros de la comisión de Juicio Político y a los representantes de la Cámara en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y el Jurado de Enjuiciamiento. Sin embargo, lo que aflige a la mayoría de los legisladores es la falta de gastos sociales y de recursos para nombramientos de asesores.
“Estamos con mucha presión, porque hay personas con las que ya adquirimos el compromiso de ayudarlas con chapas o para cambiar el colchón. Y hasta ahora no lo he podido cumplir”, señaló la semana pasada a LA GACETA el oficialista Reneé Ramírez.
El lunes, tras la reunión de Labor Parlamentaria, Jaldo fue consultado sobre esa situación. “Hasta acá no se ha resuelto nada”, avisó el presidente de la Legislatura. Y explicó que la demora se debía a “otras prioridades”. “Por ejemplo, tenemos que poner en funcionamiento la Cámara”, señaló el vicegobernador.
En el recinto existe un consenso respecto de los fondos de uso discrecional. Hasta ahora, sólo dos legisladores se expresaron en contra de ese sistema de ingresos parlamentarios. “Anuncié mi decisión personal de no cobrar gastos sociales”, afirmó ayer el macrista Luis Brodersen a través de Twitter. Una postura similar adoptó el referente de La Bancaria, Eduardo Bourlé (bloque Trabajo y Dignidad).
El presupuesto de este año de la Legislatura -de ejecución en curso- es de $ 1.529 millones. La partida “ayuda social a personas” alcanza los $ 505,6 millones. Entre enero y septiembre, la anterior conformación de la Cámara insumió $ 490 millones. El detalle de esas erogaciones está bajo llave en el espejado edificio de calle Muñecas al 900.
¿Cómo era la operatoria? Un empleado de Tesorería del cuerpo colegiado se presentaba en la sede de calle San Martín al 700 del Banco Tucumán-Grupo Macro. Allí retiraba una valija con efectivo (en cada una cabían $ 6 millones en billetes de $ 100). Luego, abordaba una camioneta Toyota Hilux, a nombre de la Legislatura, y llevaba el dinero hasta el edificio parlamentario.
Con este sistema, en junio fueron extraídos en junio fueron extraídos $ 47 millones de la cuenta N° 200 98043/8, identificada como Honorable Legislatura. En julio, $ 53 millones. Y en agosto, mes de las PASO y de las elecciones provinciales, fueron retirados $ 91,7 millones.
Pero esa cuenta bancaria continúa en movimiento. Ayer, el Superior Gobierno de la Provincia acreditó dos partidas de $ 2,5 millones cada una en la caja para los gastos sociales. Poco después fueron extraídos $ 2 millones. No trascendió qué sistema utilizaron para retirar la plata.
Tanto oficialistas como opositores están preocupados además porque aún no pudieron designar asesores.
Los nombramientos, al igual que el destino de los gastos sociales y cuánto le corresponde a cada parlamentario, se mantienen en reserva. Sin embargo, según pudo averiguar LA GACETA, el anterior secretario Juan Antonio Ruiz Olivares (hoy legislador) y el ex titular subrogante de la Cámara Regino Amado lograron dejar algunos “herederos” antes de acabar sus funciones como autoridades del cuerpo.
Susana Elizabeth Ruiz Moreno, hija mayor del jefe de Acción Regional, es contadora fiscal del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, desde 2013 está adscripta en la Legislatura (hasta hace unos meses estaba afectada al despacho del ex legislador Sisto Terán Nougués, según el acuerdo N° 1.850/2014 del ente de control). Según registros de Anses, percibió un bruto de $ 46.000 por el mes de octubre. Juan Antonio Ruiz Moreno, otro de los hijos de Ruiz Olivares, también cobró ese mes $ 36.000 (el joven hoy es edil de Monteros). El ex secretario de la Cámara no atendió las consultas de este diario al respecto. Amado, por su parte, admitió que su hija Silvana Amado es empleada del cuerpo colegiado desde hace unos meses, y cobra $ 13.000. “Uno se apoya en la familia por cuestiones de confianza”, explicó el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad.
Hoy, en el recinto, los nuevos legisladores tendrán la chance de hablar sobre sus recursos. ¿Seguirá la ruta de las valijas?
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