Por LA GACETA
26 Noviembre 2015
Hace pocos días, subrayamos desde esta columna la necesidad de que en la nueva etapa del país, el gobierno privilegie el diálogo como herramienta fundamental para el entendimiento sobre las cuestiones importantes de la vida nacional. En ese orden de ideas, consideramos francamente positiva la convocatoria del Estado Provincial, denominada “Tucumán dialoga”, cuya primera reunión se efectuó anteayer. Su declarado propósito es la reforma del sistema político hoy vigente.
Como hemos informado en detalle, a ese primer encuentro asistieron tanto funcionarios y magistrados como dirigentes partidarios del oficialismo y de la oposición, además de representantes de colegios profesionales y empresarios, etcétera. En la apertura, el gobernador Juan Luis Manzur expresó que la finalidad de la convocatoria es obtener, por medio del consenso, “una reforma política en el futuro inmediato”. La propuesta a la que se finalmente se llegue sería sometida a la Legislatura en las sesiones del año venidero.
Es evidente que una cuestión clave a tratar es la referida al sistema electoral que nos rige. Ese peculiar mecanismo de los “acoples”, con el que el ciudadano debió elegir recientemente entre 25.000 candidatos sobre un mar de boletas, viene a desvirtuar la voluntad del sufragante, quien termina confundido y votando frecuentemente por quien no quiere. Tiene que implantarse sin duda una mecánica absolutamente diferente, sin descartar la posibilidad del voto electrónico. Esto supone también que se estructuren de otra manera los partidos políticos y que existan internas: no es admisible la existencia de 500 nucleamientos, como se presentaron en el comicio provincial.
No debe descartarse, pensamos, una meditada reforma de la Constitución Provincial, cuyo texto, como se sabe, ha recibido fuertes impugnaciones. Y más allá de lo electoral, hay numerosas cuestiones en danza para resolver, a la hora de una verdadera reforma política. Están en la inquietud de la opinión pública, temas como los “gastos sociales” de la Legislatura, o la injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial, o el hábito del nepotismo como norma en los cargos públicos, para citar solamente algunos.
En fin, no es posible, en el breve espacio de esta columna, discurrir demasiado sobre una temática que recién ha de empezarse a analizar. Eso sí, queremos puntualizar que la reforma política, para ser auténtica y eficaz, debe ser amplia y tomarse el tiempo necesario. De ese modo se podrán escuchar y debatir las opiniones de absolutamente todos los sectores, y producir el buscado consenso.
Nos parece que existe un auténtico anhelo, por parte de toda la ciudadanía, de ingresar en un nuevo orden de cosas en terreno de tanta trascendencia. Los graves sucesos acaecidos inmediatamente después de los comicios provinciales, el 23 de agosto, han dado la pauta de la urgente necesidad de modificaciones. Es hora de realizarlas, para normalizar adecuadamente un panorama hoy muy enrarecido. El gobernador ha expresado el anhelo de avanzar “con más democracia” hacia el futuro. Nadie puede dejar de compartir un propósito de esa naturaleza. Pensamos que puede perfectamente lograrse, si se encaran con franqueza todos los temas y se los escudriña a fondo, sin temor a desterrar cualquier práctica que perturbe un normal encuadre político, por arraigada que ella parezca.
Como hemos informado en detalle, a ese primer encuentro asistieron tanto funcionarios y magistrados como dirigentes partidarios del oficialismo y de la oposición, además de representantes de colegios profesionales y empresarios, etcétera. En la apertura, el gobernador Juan Luis Manzur expresó que la finalidad de la convocatoria es obtener, por medio del consenso, “una reforma política en el futuro inmediato”. La propuesta a la que se finalmente se llegue sería sometida a la Legislatura en las sesiones del año venidero.
Es evidente que una cuestión clave a tratar es la referida al sistema electoral que nos rige. Ese peculiar mecanismo de los “acoples”, con el que el ciudadano debió elegir recientemente entre 25.000 candidatos sobre un mar de boletas, viene a desvirtuar la voluntad del sufragante, quien termina confundido y votando frecuentemente por quien no quiere. Tiene que implantarse sin duda una mecánica absolutamente diferente, sin descartar la posibilidad del voto electrónico. Esto supone también que se estructuren de otra manera los partidos políticos y que existan internas: no es admisible la existencia de 500 nucleamientos, como se presentaron en el comicio provincial.
No debe descartarse, pensamos, una meditada reforma de la Constitución Provincial, cuyo texto, como se sabe, ha recibido fuertes impugnaciones. Y más allá de lo electoral, hay numerosas cuestiones en danza para resolver, a la hora de una verdadera reforma política. Están en la inquietud de la opinión pública, temas como los “gastos sociales” de la Legislatura, o la injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial, o el hábito del nepotismo como norma en los cargos públicos, para citar solamente algunos.
En fin, no es posible, en el breve espacio de esta columna, discurrir demasiado sobre una temática que recién ha de empezarse a analizar. Eso sí, queremos puntualizar que la reforma política, para ser auténtica y eficaz, debe ser amplia y tomarse el tiempo necesario. De ese modo se podrán escuchar y debatir las opiniones de absolutamente todos los sectores, y producir el buscado consenso.
Nos parece que existe un auténtico anhelo, por parte de toda la ciudadanía, de ingresar en un nuevo orden de cosas en terreno de tanta trascendencia. Los graves sucesos acaecidos inmediatamente después de los comicios provinciales, el 23 de agosto, han dado la pauta de la urgente necesidad de modificaciones. Es hora de realizarlas, para normalizar adecuadamente un panorama hoy muy enrarecido. El gobernador ha expresado el anhelo de avanzar “con más democracia” hacia el futuro. Nadie puede dejar de compartir un propósito de esa naturaleza. Pensamos que puede perfectamente lograrse, si se encaran con franqueza todos los temas y se los escudriña a fondo, sin temor a desterrar cualquier práctica que perturbe un normal encuadre político, por arraigada que ella parezca.
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