25 Noviembre 2015
Un ex legislador pide la nulidad de las pruebas en el caso de la ruta de la valija
Manuel Fernández, ex vicepresidente segundo de la Legislatura, cuestionó la pesquisa del fiscal federal general El peronista logró que la causa pase a manos del juez federal Bejas y del fiscal Camuña. Ayudas sociales por $ 490 millones
OCTUBRE. En calle San Martín 700 (fuera del banco Tucumán-Grupo Macro) una camioneta de la Legislatura se marcha con las valijas.
¿Sobre la base de qué normas la Legislatura manejó y distribuyó su presupuesto para “ayudas sociales a personas” de este año, que pasó de $ 156 millones a $ 505,6 millones? ¿Por qué esa plata era trasladada en una camioneta oficial y en valijas del banco al edificio de la Cámara? ¿Tenían habilitación para retirar esas sumas millonarias, que excedían el tope de $ 50.000?
El fiscal federal general Antonio Gómez comenzó a investigar hace cuatro semanas la ruta de las valijas con efectivo del Poder Legislativo y, pensando en dos hipótesis -malversación de caudales públicos y lavado de activos- se hizo aquellas preguntas. Pero no podrá responderlas.
La semana pasada, el ex legislador Manuel Fernández (Frente para la Victoria) se presentó ante el juez federal N° 1 Daniel Bejas y, en carácter de ex vicepresidente segundo del cuerpo colegiado, le entregó un escrito para solicitarle la nulidad de las actuaciones preliminares llevadas adelante por Gómez. Según el oficialista, “las pruebas colectadas han sido obtenidas en base a una actuación unilateral y excluyente del fiscal federal general, que no ha sido objeto de un debido y obligado control jurisdiccional por parte del juez”. Fernández además requirió que el expediente fuera remitido a un fiscal federal de primera instancia.
La estrategia judicial del peronista -que hoy no tiene cargo público pero durante 2014 llegó a ocupar de manera interina la Gobernación- surtió el efecto que esperaba el oficialismo.
Gómez, el viernes pasado, acató la orden de Bejas y le remitió el expediente de 111 fojas. Aunque agregó un oficio en el que expresó críticas hacia la disposición del magistrado. “Celebro la celeridad con la que se actúa ante un planteo nulificante de quien ni siquiera es parte”, remarcó en el escrito, en alusión a la participación Fernández en el caso. Y calificó la presentación como “llamativa” e “inoportuna”.
Ayer, el expediente ingresó al despacho del fiscal federal N° 2, Pablo Camuña. Según fuentes judiciales, todavía falta que Bejas defina si decreta la ilegalidad de los datos obtenidos por Gómez.
Desde la primera semana de noviembre, LA GACETA publicó una serie de notas referidas al manejo del efectivo de la Legislatura. Mediante fotos, registros bancarios y documentos se mostró cómo un empleado de Tesorería de la Cámara se presentaba en la sede de calle San Martín al 700 del Banco Tucumán-Grupo Macri. El hombre retiraba de allí la plata en una o más valijas. En cada una cabían hasta $ 6 millones en billetes de $ 100. Luego, abordaba una camioneta Toyota Hilux gris, dominio LWT-252, registrada a nombre del Poder Legislativo. En ese vehículo (sin identificación especial ni blindaje) se transportaba el efectivo hasta la sede del cuerpo colegiado. En el segundo piso del espejado edificio de Muñecas 951, donde funciona la Tesorería, los legisladores pasaban a cobrar sus fondos para ayudas sociales.
Entre enero y septiembre fueron retirados unos $ 490 millones de esa partida. Así, la anterior composición de la Cámara insumió el 97% de los recursos de uso discrecional.
Según registros bancarios, en junio fueron extraídos $ 47 millones de la cuenta N° 200 98043/8, identificada como Honorable Legislatura. En julio, $ 53 millones. Y en agosto, mes de las PASO y de las elecciones provinciales, fueron retirados $ 91,7 millones.
El 4 de noviembre, tres días después de la primera publicación de este diario sobre la ruta de la valija, el fiscal federal general Gómez abrió las actuaciones preliminares N° 277. En ese marco, les giró oficios -entre otros- a la Legislatura, al Tribunal de Cuentas y a la Unidad de Información Financiera (UIF).
El representante del Ministerio Público tenía dos hipótesis: malversación de caudales públicos y lavado de activos. En ese sentido, recordó que las disposiciones del Banco Central impiden el cobro por ventanilla de importes superiores a $ 50.000. Calificó además como “sospechoso” que el dinero fuera retirado en una camioneta oficial. “El mecanismo era propio de quienes tratan de disimular el origen del dinero, como se enseña en los protocolos de investigación en los casos de delitos contra el orden financiero y económico”, remarcó Gómez. Y apuntó que las hipótesis no fueron verificadas “dado que la perentoria orden del juez (para que ceda la causa) truncó el esfuerzo de este Ministerio Público”.
Fernández -mediante su abogado, Luis Gamboa- logró que el expediente pasara a la órbita de Bejas y llegara a un fiscal federal de primera instancia. Según fuentes del oficialismo, su próxima misión será pugnar por el archivo de la causa.
Derecho de defensa.- “Todos los actos investigativos realizados de oficio por (el fiscal federal general Antonio Gómez) violaron flagrantemente el procedimiento de instrucción establecido (...) en el Código Procesal Penal de la Nación. Esa circunstancia, por su gravedad, impacta directamente sobre el derecho de defensa que asiste a mi parte, a quien ilegítimamente se pretende indagar sobre lavado de dinero toda vez que las pruebas reunidas hasta el presente (informes a reparticiones oficiales, Tribunal de Cuentas, etcétera) provienen de una actuación a todas luces reñida con las garantías del juez natural y el debido proceso que resguardan a todo habitante de la Nación”, señaló el ex legislador y ex vicepresidente segundo de la Cámara, Manuel Fernández.
Clandestino.- “No logro entender los motivos que llevaron al Ministerio Público a investigar clandestinamente a mi parte, más aún cuando ese órgano es el principal encargado de velar por la legalidad de los procesos judiciales”.
Hipótesis N° 1.- “El movimiento de las cuentas 2009803911; 20098040R; 2009804114 y 2009804318 llama la atención no sólo por el gran volumen económico que significó la ampliación del presupuesto general en los meses de julio, agosto y setiembre, sino que además desde esta actuación aún no se pudo determinar el soporte normativo que haya posibilitado la transferencia y disposición de dineros que conforman el erario. Cualquier movimiento en total orfandad normativa coloca el hecho dentro del catálogo de ilícitos cuyo jurídico protegido es la Administración Pública”, relató Gómez sobre la posible malversación.
Hipótesis N° 2.- “Establecida la posibilidad de un origen delictual, la hipótesis -sean fondos nacionales o provinciales los que en conjetura fueron malversados- giraría en torno al delito que de ordinario se conoce como lavado de dinero (...). La ley considera sospechosas aquellas transacciones que resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada”, agregó sobre el lavado.
El fiscal federal general Antonio Gómez comenzó a investigar hace cuatro semanas la ruta de las valijas con efectivo del Poder Legislativo y, pensando en dos hipótesis -malversación de caudales públicos y lavado de activos- se hizo aquellas preguntas. Pero no podrá responderlas.
La semana pasada, el ex legislador Manuel Fernández (Frente para la Victoria) se presentó ante el juez federal N° 1 Daniel Bejas y, en carácter de ex vicepresidente segundo del cuerpo colegiado, le entregó un escrito para solicitarle la nulidad de las actuaciones preliminares llevadas adelante por Gómez. Según el oficialista, “las pruebas colectadas han sido obtenidas en base a una actuación unilateral y excluyente del fiscal federal general, que no ha sido objeto de un debido y obligado control jurisdiccional por parte del juez”. Fernández además requirió que el expediente fuera remitido a un fiscal federal de primera instancia.
La estrategia judicial del peronista -que hoy no tiene cargo público pero durante 2014 llegó a ocupar de manera interina la Gobernación- surtió el efecto que esperaba el oficialismo.
Gómez, el viernes pasado, acató la orden de Bejas y le remitió el expediente de 111 fojas. Aunque agregó un oficio en el que expresó críticas hacia la disposición del magistrado. “Celebro la celeridad con la que se actúa ante un planteo nulificante de quien ni siquiera es parte”, remarcó en el escrito, en alusión a la participación Fernández en el caso. Y calificó la presentación como “llamativa” e “inoportuna”.
Ayer, el expediente ingresó al despacho del fiscal federal N° 2, Pablo Camuña. Según fuentes judiciales, todavía falta que Bejas defina si decreta la ilegalidad de los datos obtenidos por Gómez.
Desde la primera semana de noviembre, LA GACETA publicó una serie de notas referidas al manejo del efectivo de la Legislatura. Mediante fotos, registros bancarios y documentos se mostró cómo un empleado de Tesorería de la Cámara se presentaba en la sede de calle San Martín al 700 del Banco Tucumán-Grupo Macri. El hombre retiraba de allí la plata en una o más valijas. En cada una cabían hasta $ 6 millones en billetes de $ 100. Luego, abordaba una camioneta Toyota Hilux gris, dominio LWT-252, registrada a nombre del Poder Legislativo. En ese vehículo (sin identificación especial ni blindaje) se transportaba el efectivo hasta la sede del cuerpo colegiado. En el segundo piso del espejado edificio de Muñecas 951, donde funciona la Tesorería, los legisladores pasaban a cobrar sus fondos para ayudas sociales.
Entre enero y septiembre fueron retirados unos $ 490 millones de esa partida. Así, la anterior composición de la Cámara insumió el 97% de los recursos de uso discrecional.
Según registros bancarios, en junio fueron extraídos $ 47 millones de la cuenta N° 200 98043/8, identificada como Honorable Legislatura. En julio, $ 53 millones. Y en agosto, mes de las PASO y de las elecciones provinciales, fueron retirados $ 91,7 millones.
El 4 de noviembre, tres días después de la primera publicación de este diario sobre la ruta de la valija, el fiscal federal general Gómez abrió las actuaciones preliminares N° 277. En ese marco, les giró oficios -entre otros- a la Legislatura, al Tribunal de Cuentas y a la Unidad de Información Financiera (UIF).
El representante del Ministerio Público tenía dos hipótesis: malversación de caudales públicos y lavado de activos. En ese sentido, recordó que las disposiciones del Banco Central impiden el cobro por ventanilla de importes superiores a $ 50.000. Calificó además como “sospechoso” que el dinero fuera retirado en una camioneta oficial. “El mecanismo era propio de quienes tratan de disimular el origen del dinero, como se enseña en los protocolos de investigación en los casos de delitos contra el orden financiero y económico”, remarcó Gómez. Y apuntó que las hipótesis no fueron verificadas “dado que la perentoria orden del juez (para que ceda la causa) truncó el esfuerzo de este Ministerio Público”.
Fernández -mediante su abogado, Luis Gamboa- logró que el expediente pasara a la órbita de Bejas y llegara a un fiscal federal de primera instancia. Según fuentes del oficialismo, su próxima misión será pugnar por el archivo de la causa.
Derecho de defensa.- “Todos los actos investigativos realizados de oficio por (el fiscal federal general Antonio Gómez) violaron flagrantemente el procedimiento de instrucción establecido (...) en el Código Procesal Penal de la Nación. Esa circunstancia, por su gravedad, impacta directamente sobre el derecho de defensa que asiste a mi parte, a quien ilegítimamente se pretende indagar sobre lavado de dinero toda vez que las pruebas reunidas hasta el presente (informes a reparticiones oficiales, Tribunal de Cuentas, etcétera) provienen de una actuación a todas luces reñida con las garantías del juez natural y el debido proceso que resguardan a todo habitante de la Nación”, señaló el ex legislador y ex vicepresidente segundo de la Cámara, Manuel Fernández.
Clandestino.- “No logro entender los motivos que llevaron al Ministerio Público a investigar clandestinamente a mi parte, más aún cuando ese órgano es el principal encargado de velar por la legalidad de los procesos judiciales”.
Hipótesis N° 1.- “El movimiento de las cuentas 2009803911; 20098040R; 2009804114 y 2009804318 llama la atención no sólo por el gran volumen económico que significó la ampliación del presupuesto general en los meses de julio, agosto y setiembre, sino que además desde esta actuación aún no se pudo determinar el soporte normativo que haya posibilitado la transferencia y disposición de dineros que conforman el erario. Cualquier movimiento en total orfandad normativa coloca el hecho dentro del catálogo de ilícitos cuyo jurídico protegido es la Administración Pública”, relató Gómez sobre la posible malversación.
Hipótesis N° 2.- “Establecida la posibilidad de un origen delictual, la hipótesis -sean fondos nacionales o provinciales los que en conjetura fueron malversados- giraría en torno al delito que de ordinario se conoce como lavado de dinero (...). La ley considera sospechosas aquellas transacciones que resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada”, agregó sobre el lavado.
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