Por Roberto Delgado
23 Noviembre 2015
Un balín de aire comprimido le dio en el pecho al oficial de justicia Ricardo Alderete el lunes pasado en Bolívar al 1.800. Estaba haciendo un operativo de desalojo en una vivienda ocupada por Simón Nieva, quien se había encadenado a una garrafa y amenazaba con hacerla explotar si lo sacaban de allí. Al final Nieva fue detenido y Alderete, llevado al hospital, donde fue atendido y poco después, dado de alta.
En el Ministerio Fiscal hubo bastante inquietud. El jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, envió un comunicado informando que había pedido que haya policías para proteger a los funcionarios en los operativos, “porque hay una escalada de violencia que preocupa”. En la Justicia se habló del caso del prosecretario Manuel Gerardo Uro y del jefe de División Delitos contra las Personas, Víctor Barraza, asesinados en octubre de 2013 durante un procedimiento judicial contra un sujeto de antecedentes violentos, Hugo Sirnio Romanazzi, en cuya casa se buscaban armas. Sirnio se atrincheró y luego ejecutó al prosecretario judicial y al comisario, y se quitó la vida. En Tribunales se hicieron asambleas de protesta, se reclamó seguridad y se pidió un protocolo de protección para tareas de riesgo.
Ahora volvió a ocurrir. El hombre que atacó a balinazos al oficial de Justicia ya tenía antecedentes. Según fuentes judiciales, Simón Nieva fue denunciado en varias oportunidades por amenazar con armas de fuego a vecinos y fue noticia en agosto, cuando hirió con un arma de fuego a una persona. En ese momento se dijo que Nieva había dicho que un ladrón había intentado entrar a su casa. El hombre, por otra parte, había sido en 2012 uno de los testigos en el juicio por la desaparición de Marita Verón. Nieva fue quien incriminó a los hermanos María Jesús y Víctor Rivero por el secuestro de la joven. Su testimonio fue desestimado por la Justicia en el último fallo, que condenó a la banda de los riojanos por el caso Marita. Y aunque no se hayan considerado importantes las palabras del testigo, su figura ya daba que pensar. ¿Era importante seguir un protocolo a la hora de hacer un procedimiento en su casa? No se sabe. Pero en la Justicia todos pensaron qué hubiera pasado si en vez de un rifle de aire comprimido, Nieva hubiera utilizado una pistola o un fusil.
El ministro fiscal dijo que se habían pedido ocho chalecos antibalas. Cinco para hombres y tres para mujer. Los chalecos habían sido reclamados hace un año al ex ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer. Aunque una fuente de la Secretaría de Seguridad dijo que no hay constancia de esa solicitud, en el Ministerio fiscal detallaron que la respuesta fue que se siguiera el trámite ante el Registro Nacional de Armas, cuyo titular en Tucumán, Luis Sal Area, les detalló una serie de pasos a seguir para que se acceda a la solicitud de chalecos. Un año entero estuvo dando vueltas el trámite, sin que nadie en la Justicia se acordase, hasta que Alderete fue baleado. No tenía chaleco ni compañía de agentes de policía. El caso era igual que el de Uro y Barraza, dos años después, a pesar de las protestas y las asambleas en Tribunales.
No se trata aquí específicamente de la Policía, siempre bajo sospecha de actuar según procedimientos consuetudinarios poco claros que quedan expuestos cada vez que hay un escándalo. Ocurrió con el caso del “Loco” Vera en los Pizarro, que asesinó a miembros de su familia pese a que había orden judicial de custodiarlos. También ocurrió en Raco a raíz del crimen de Paulina Lebbos. Los policías de la comisaría de Raco trucharon actas de actuación para favorecer el encubrimiento que desde siempre denuncia Alberto Lebbos, padre de la víctima. Este caso remite a las observaciones de varios jueces de Cámara, como Pedro Roldán Vázquez y María del Pilar Prieto, que han destacado que varios juicios han caído por actas policiales mal confeccionadas. Ocurrió con el caso de Supernor, comercio siempre sospechado de irregularidades en barrio Sur, cuyos propietarios fueron acusados de tener droga para venta. Durante el juicio en el tribunal oral federal los jueces, tras absolver a los imputados, ordenaron a la Policía tucumana que use un protocolo de buenas prácticas a la hora de requisar a las personas sospechosas y a los detenidos. En la Policía todavía están pensando cómo hacer ese manual de procedimientos, después de que el fiscal federal Diego Velazco criticara que se había hallado “variadas irregularidades en las tareas de vigilancia y en el allanamiento”. Como dijo en agosto el jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas (Digedrop), Jorge Nacusse, “se ha puesto de moda para cada delito tener un protocolo”.
No se trata de la Policía, sino del sistema. Los funcionarios no han debatido la forma de actuar frente a los hechos y se rigen con normas vetustas y muy a menudo violatorias de derechos, lo cual se extiende a todas las fuerzas de seguridad. Un caso ejemplar es el de búsqueda de testigos para allanamientos. Gendarmería y las policías federal y provincial suelen “pedir” a gente en la calle que dé testimonio de sus operativos. Una persona puede ser sacada de la parada del ómnibus, llevada a la sede policial a la espera de la partida para el operativo y muchas horas después asienta su firma en un acta. Consultadas fuentes de seguridad y también de la Justicia federal, dicen que “no hay otra manera” que llevar “un poco intimidados” a los testigos. “Si no, nadie quiere colaborar”, dicen. Pero así, con testigos y todo, ha salido el operativo de Supernor, y así se cayó la causa.
Es el sistema lo que falla. Consumido por la burocracia, es incapaz de generar protocolos nuevos (caso de la tragedia de Uro y Barraza) o de sostener los cambios que se hicieron. Siempre se vuelve a las viejas prácticas consuetudinarias, porque no se ha hecho un debate concreto sobre cómo se debe actuar en general para brindar seguridad. Sobrepasados por una realidad inquietante, los agentes trabajan demasiado a menudo a tontas y a locas, con nulo control de una justicia también sobrepasada. Hasta que estalla un nuevo escándalo. El lunes pasado sólo fue un balinazo. Podría haber sido una descarga de ametralladora.
En el Ministerio Fiscal hubo bastante inquietud. El jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, envió un comunicado informando que había pedido que haya policías para proteger a los funcionarios en los operativos, “porque hay una escalada de violencia que preocupa”. En la Justicia se habló del caso del prosecretario Manuel Gerardo Uro y del jefe de División Delitos contra las Personas, Víctor Barraza, asesinados en octubre de 2013 durante un procedimiento judicial contra un sujeto de antecedentes violentos, Hugo Sirnio Romanazzi, en cuya casa se buscaban armas. Sirnio se atrincheró y luego ejecutó al prosecretario judicial y al comisario, y se quitó la vida. En Tribunales se hicieron asambleas de protesta, se reclamó seguridad y se pidió un protocolo de protección para tareas de riesgo.
Ahora volvió a ocurrir. El hombre que atacó a balinazos al oficial de Justicia ya tenía antecedentes. Según fuentes judiciales, Simón Nieva fue denunciado en varias oportunidades por amenazar con armas de fuego a vecinos y fue noticia en agosto, cuando hirió con un arma de fuego a una persona. En ese momento se dijo que Nieva había dicho que un ladrón había intentado entrar a su casa. El hombre, por otra parte, había sido en 2012 uno de los testigos en el juicio por la desaparición de Marita Verón. Nieva fue quien incriminó a los hermanos María Jesús y Víctor Rivero por el secuestro de la joven. Su testimonio fue desestimado por la Justicia en el último fallo, que condenó a la banda de los riojanos por el caso Marita. Y aunque no se hayan considerado importantes las palabras del testigo, su figura ya daba que pensar. ¿Era importante seguir un protocolo a la hora de hacer un procedimiento en su casa? No se sabe. Pero en la Justicia todos pensaron qué hubiera pasado si en vez de un rifle de aire comprimido, Nieva hubiera utilizado una pistola o un fusil.
El ministro fiscal dijo que se habían pedido ocho chalecos antibalas. Cinco para hombres y tres para mujer. Los chalecos habían sido reclamados hace un año al ex ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer. Aunque una fuente de la Secretaría de Seguridad dijo que no hay constancia de esa solicitud, en el Ministerio fiscal detallaron que la respuesta fue que se siguiera el trámite ante el Registro Nacional de Armas, cuyo titular en Tucumán, Luis Sal Area, les detalló una serie de pasos a seguir para que se acceda a la solicitud de chalecos. Un año entero estuvo dando vueltas el trámite, sin que nadie en la Justicia se acordase, hasta que Alderete fue baleado. No tenía chaleco ni compañía de agentes de policía. El caso era igual que el de Uro y Barraza, dos años después, a pesar de las protestas y las asambleas en Tribunales.
No se trata aquí específicamente de la Policía, siempre bajo sospecha de actuar según procedimientos consuetudinarios poco claros que quedan expuestos cada vez que hay un escándalo. Ocurrió con el caso del “Loco” Vera en los Pizarro, que asesinó a miembros de su familia pese a que había orden judicial de custodiarlos. También ocurrió en Raco a raíz del crimen de Paulina Lebbos. Los policías de la comisaría de Raco trucharon actas de actuación para favorecer el encubrimiento que desde siempre denuncia Alberto Lebbos, padre de la víctima. Este caso remite a las observaciones de varios jueces de Cámara, como Pedro Roldán Vázquez y María del Pilar Prieto, que han destacado que varios juicios han caído por actas policiales mal confeccionadas. Ocurrió con el caso de Supernor, comercio siempre sospechado de irregularidades en barrio Sur, cuyos propietarios fueron acusados de tener droga para venta. Durante el juicio en el tribunal oral federal los jueces, tras absolver a los imputados, ordenaron a la Policía tucumana que use un protocolo de buenas prácticas a la hora de requisar a las personas sospechosas y a los detenidos. En la Policía todavía están pensando cómo hacer ese manual de procedimientos, después de que el fiscal federal Diego Velazco criticara que se había hallado “variadas irregularidades en las tareas de vigilancia y en el allanamiento”. Como dijo en agosto el jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas (Digedrop), Jorge Nacusse, “se ha puesto de moda para cada delito tener un protocolo”.
No se trata de la Policía, sino del sistema. Los funcionarios no han debatido la forma de actuar frente a los hechos y se rigen con normas vetustas y muy a menudo violatorias de derechos, lo cual se extiende a todas las fuerzas de seguridad. Un caso ejemplar es el de búsqueda de testigos para allanamientos. Gendarmería y las policías federal y provincial suelen “pedir” a gente en la calle que dé testimonio de sus operativos. Una persona puede ser sacada de la parada del ómnibus, llevada a la sede policial a la espera de la partida para el operativo y muchas horas después asienta su firma en un acta. Consultadas fuentes de seguridad y también de la Justicia federal, dicen que “no hay otra manera” que llevar “un poco intimidados” a los testigos. “Si no, nadie quiere colaborar”, dicen. Pero así, con testigos y todo, ha salido el operativo de Supernor, y así se cayó la causa.
Es el sistema lo que falla. Consumido por la burocracia, es incapaz de generar protocolos nuevos (caso de la tragedia de Uro y Barraza) o de sostener los cambios que se hicieron. Siempre se vuelve a las viejas prácticas consuetudinarias, porque no se ha hecho un debate concreto sobre cómo se debe actuar en general para brindar seguridad. Sobrepasados por una realidad inquietante, los agentes trabajan demasiado a menudo a tontas y a locas, con nulo control de una justicia también sobrepasada. Hasta que estalla un nuevo escándalo. El lunes pasado sólo fue un balinazo. Podría haber sido una descarga de ametralladora.
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