17 Noviembre 2015
FOTO DE INFOJUSNOTICIAS.GOV.AR
La semana próxima comenzará el segundo juicio por trata de personas en Tucumán. Desde el miércoles, se juzgará a los integrantes de una organización que, encabezada por Mercedes “Doña” Medina y su pareja, “El Negro” Ernesto Robles, explotaba dos prostíbulos “históricos”: “Bar California”, en la zona de macrocentro -cerca de las vías del tren- y otro conocido como Night Club, frente a la vieja terminal de ómnibus.
La investigación se inició en 2013, a partir de la denuncia de la Fundación María de los Ángeles, consignó el portal "Infojus Noticias".
La organización que Susana Trimarco creó para buscar a su hija, "Marita" Verón y asistir a otras víctimas de trata, por primera vez actuará como querellante ante la Justicia Federal, sin representar a una víctima -de manera directa- sino por su labor y experiencia en la persecución de este delito.
Como otros expedientes donde se investiga la explotación de mujeres, la causa avanzó recostada en sus testimonios. Una de estas mujeres, identificada con letras y números para preservar su identidad, contó que “Mercedes les pegaba con un látigo” y les daba cachetadas o les pegaba “con una llave en la frente”. O mandaba a Iván Frías, uno de sus sobrinos, también imputado en la causa, a pegarles cuando tenía salidas transitorias del Penal de Villa Urquiza, donde cumplía una condena por otros delitos. Las escuchas corroboran sus dichos:
“Tenés que decirle para que pague el alquiler y me pague la luz. Y después ¡que se haga re culiar ya!”, le ordenó Medina a Frías en una de esas oportunidades. En la elevación a juicio, el juez de Instrucción Raúl Daniel Bejas también contó que, según el testimonio de las víctimas, Frías además les vendía droga. La usaban para tolerar la situación que vivían: “No se podían negar a atender a ningún cliente”.
En la causa figuran escuchas de las comunicaciones en las que Medina le pedía que “haga cagar a mano limpia” a algunas de las mujeres que explotaba en el local y hacía vivir allí. Más de una vez Medina volvió a usar esa expresión. En una de esas oportunidades, le pidió a una de las mujeres que explotaba que, a cambio de dinero, sacara “de los pelos a Judith a la vereda. Y patéala como sapo a la Julieta”.
Los golpes eran moneda corriente, según la acusación. Pero también las amenazas con armas. En 2013, cuando allanaron la casa de Medina, en su habitación los investigadores encontraron una escopeta calibre 28, marca Iga Gaucha, y 16 cartuchos. Y en el taller mecánico de Robles otra escopeta calibre 16.
Una red interprovincial
Una de las testigos contó que en una oportunidad Robles la llevó a Catamarca, a un prostíbulo llamado Moroco, de donde “traían y llevaban mujeres”. Y también que los viajes incluían otros destinos: Salta y La Rioja. Mencionó entonces que en el taller Robles habría alojado a los explotadores de Marita Verón: José “El Chenga” Gómez, y su madre, Lidia “Mamá Lili” Medina (fallecida antes de conocer la sentencia por el secuestro de la joven desaparecida desde 2002).
Según el fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) tucumana, Daniel Weisemberg, queda ahora en el debate determinar si había conexión entre estas redes y con otros prostíbulos en la región. Según Infojus, tanto Robles como “Doña Medina” serán defendidos por el abogado Carlos Posse, el mismo que en el juicio por el secuestro de Marita representó a sus explotadores.
Posse también se encargará de la defensa de la sobrina política de Medina: Susana “Karina” Figueroa, imputada junto con su esposo, Eduardo Loto, por regentear el prostíbulo cerca de la vieja terminal tucumana. De acuerdo con los testimonios, ella, como las otras mujeres explotadas en el local, también realizaba “pases”. “Que tenga todo anotado, lo de la una, lo de la otra, la que falta lo mismo tiene que pagar, ella ya sabe todo eso”, se la escucha decir a Medina en una de sus comunicaciones telefónicas.
La ruta del dinero
En otra oportunidad, en una de las escuchas incorporadas al expediente después de seis meses de investigación, Medina contó que “el Negro”, su pareja, “clausuró las puertas del local California”, donde las mujeres vivían apenas con un colchón, sin sábanas, y un tacho para tirar preservativos, en algún caso. Les reclamaban el pago, según la acusación del juzgado Federal de Instrucción N° 1 de Tucumán, de lo que llaman “el alquiler”: 300 pesos semanales, los hubieran reunido o no con el pago de los que usaban su cuerpo.
“El 'alquiler' era la estrategia para evadir los controles policiales”, dijo a Germán Díaz, el abogado que -junto Agustín Aráoz y Belén Blanco- llevará la querella de la fundación que preside Trimarco. Díaz remarcó que los dos locales donde funcionaban los prostíbulos están a nombre de Medina. Y aclaró que la idea de que se los alquilaban a alguien más, como quisieron dar a entender en las indagatorias, no se sostiene porque las directivas sobre el funcionamiento y la recaudación las daban ella y Robles.
“Conformaban una estructura que funcionaba conforme a un plan previo, eficientemente armado y aceitado, que tenía como fin logara el funcionamiento de los prostíbulos”, concluyen en la acusación. En la cabeza de esa organización estaban Robles y Medina. Según los registros, además de pagar la cuota semanal que llamaban alquiler, todas las mujeres estaban obligadas a dejarles el 50% de lo que hacían y la totalidad de lo que cobraban por “las copas” que tomaban con los clientes, previo a pasar a la habitación.
Robles y Medina están señalados como la posible cabeza de una banda de esclavistas sexuales. Mientras que los otros cinco acusados figuran como partícipes necesarios de esta red delictiva dedicada a la trata y explotación sexual de persona: Loto, uno de los sobrinos de Medina, y su esposa Figueroa, ambos a cargo del prostíbulo de la ex terminal; Frías, el encargado de presionar a las mujeres y a los que pagaban por usar sus cuerpos, eventualmente; María Juárez, regente del “Bar California” y Juan Sarmiento, un docente de escuela primaria, encargado de hacer los recibos de pago en uno de los locales y de “llevar las cuentas”.
Las investigaciones frustradas
Los locales de Medina funcionan en la capital tucumana hace más de 15 años. Estuvo en la mira, primero de la Justicia Provincial por facilitación de la prostitución, y desde 2009 en la Fusticia Federal por trata. Las víctimas debían realizar allí jornadas de 11 horas por día en condiciones insalubres y, tanto ellas como sus familias, sufrían violencia física, amenazas e intimidaciones, incluso con armas de fuego. Cuando iban a hacer los allanamientos nunca daban con las mujeres.
Por escuchas telefónicas fue probado que después de uno de esos allanamientos, “la Doña” Mercedes llamó a una joven y le dijo que “reabrieran el California” y que “iban a estar la María, la Flaca, la hermana de la Flaca y las dos hijas de María, para que trabajen”. En otra, dijo que le había dado “1.000 pesos a Pamela porque ha andado la cana” y la orden de que las mujeres no estuvieran en la vereda porque no les iban a dar la habilitación. En la instrucción no fueron identificados estos agentes.
La investigación se inició en 2013, a partir de la denuncia de la Fundación María de los Ángeles, consignó el portal "Infojus Noticias".
La organización que Susana Trimarco creó para buscar a su hija, "Marita" Verón y asistir a otras víctimas de trata, por primera vez actuará como querellante ante la Justicia Federal, sin representar a una víctima -de manera directa- sino por su labor y experiencia en la persecución de este delito.
Como otros expedientes donde se investiga la explotación de mujeres, la causa avanzó recostada en sus testimonios. Una de estas mujeres, identificada con letras y números para preservar su identidad, contó que “Mercedes les pegaba con un látigo” y les daba cachetadas o les pegaba “con una llave en la frente”. O mandaba a Iván Frías, uno de sus sobrinos, también imputado en la causa, a pegarles cuando tenía salidas transitorias del Penal de Villa Urquiza, donde cumplía una condena por otros delitos. Las escuchas corroboran sus dichos:
“Tenés que decirle para que pague el alquiler y me pague la luz. Y después ¡que se haga re culiar ya!”, le ordenó Medina a Frías en una de esas oportunidades. En la elevación a juicio, el juez de Instrucción Raúl Daniel Bejas también contó que, según el testimonio de las víctimas, Frías además les vendía droga. La usaban para tolerar la situación que vivían: “No se podían negar a atender a ningún cliente”.
En la causa figuran escuchas de las comunicaciones en las que Medina le pedía que “haga cagar a mano limpia” a algunas de las mujeres que explotaba en el local y hacía vivir allí. Más de una vez Medina volvió a usar esa expresión. En una de esas oportunidades, le pidió a una de las mujeres que explotaba que, a cambio de dinero, sacara “de los pelos a Judith a la vereda. Y patéala como sapo a la Julieta”.
Los golpes eran moneda corriente, según la acusación. Pero también las amenazas con armas. En 2013, cuando allanaron la casa de Medina, en su habitación los investigadores encontraron una escopeta calibre 28, marca Iga Gaucha, y 16 cartuchos. Y en el taller mecánico de Robles otra escopeta calibre 16.
Una red interprovincial
Una de las testigos contó que en una oportunidad Robles la llevó a Catamarca, a un prostíbulo llamado Moroco, de donde “traían y llevaban mujeres”. Y también que los viajes incluían otros destinos: Salta y La Rioja. Mencionó entonces que en el taller Robles habría alojado a los explotadores de Marita Verón: José “El Chenga” Gómez, y su madre, Lidia “Mamá Lili” Medina (fallecida antes de conocer la sentencia por el secuestro de la joven desaparecida desde 2002).
Según el fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) tucumana, Daniel Weisemberg, queda ahora en el debate determinar si había conexión entre estas redes y con otros prostíbulos en la región. Según Infojus, tanto Robles como “Doña Medina” serán defendidos por el abogado Carlos Posse, el mismo que en el juicio por el secuestro de Marita representó a sus explotadores.
Posse también se encargará de la defensa de la sobrina política de Medina: Susana “Karina” Figueroa, imputada junto con su esposo, Eduardo Loto, por regentear el prostíbulo cerca de la vieja terminal tucumana. De acuerdo con los testimonios, ella, como las otras mujeres explotadas en el local, también realizaba “pases”. “Que tenga todo anotado, lo de la una, lo de la otra, la que falta lo mismo tiene que pagar, ella ya sabe todo eso”, se la escucha decir a Medina en una de sus comunicaciones telefónicas.
La ruta del dinero
En otra oportunidad, en una de las escuchas incorporadas al expediente después de seis meses de investigación, Medina contó que “el Negro”, su pareja, “clausuró las puertas del local California”, donde las mujeres vivían apenas con un colchón, sin sábanas, y un tacho para tirar preservativos, en algún caso. Les reclamaban el pago, según la acusación del juzgado Federal de Instrucción N° 1 de Tucumán, de lo que llaman “el alquiler”: 300 pesos semanales, los hubieran reunido o no con el pago de los que usaban su cuerpo.
“El 'alquiler' era la estrategia para evadir los controles policiales”, dijo a Germán Díaz, el abogado que -junto Agustín Aráoz y Belén Blanco- llevará la querella de la fundación que preside Trimarco. Díaz remarcó que los dos locales donde funcionaban los prostíbulos están a nombre de Medina. Y aclaró que la idea de que se los alquilaban a alguien más, como quisieron dar a entender en las indagatorias, no se sostiene porque las directivas sobre el funcionamiento y la recaudación las daban ella y Robles.
“Conformaban una estructura que funcionaba conforme a un plan previo, eficientemente armado y aceitado, que tenía como fin logara el funcionamiento de los prostíbulos”, concluyen en la acusación. En la cabeza de esa organización estaban Robles y Medina. Según los registros, además de pagar la cuota semanal que llamaban alquiler, todas las mujeres estaban obligadas a dejarles el 50% de lo que hacían y la totalidad de lo que cobraban por “las copas” que tomaban con los clientes, previo a pasar a la habitación.
Robles y Medina están señalados como la posible cabeza de una banda de esclavistas sexuales. Mientras que los otros cinco acusados figuran como partícipes necesarios de esta red delictiva dedicada a la trata y explotación sexual de persona: Loto, uno de los sobrinos de Medina, y su esposa Figueroa, ambos a cargo del prostíbulo de la ex terminal; Frías, el encargado de presionar a las mujeres y a los que pagaban por usar sus cuerpos, eventualmente; María Juárez, regente del “Bar California” y Juan Sarmiento, un docente de escuela primaria, encargado de hacer los recibos de pago en uno de los locales y de “llevar las cuentas”.
Las investigaciones frustradas
Los locales de Medina funcionan en la capital tucumana hace más de 15 años. Estuvo en la mira, primero de la Justicia Provincial por facilitación de la prostitución, y desde 2009 en la Fusticia Federal por trata. Las víctimas debían realizar allí jornadas de 11 horas por día en condiciones insalubres y, tanto ellas como sus familias, sufrían violencia física, amenazas e intimidaciones, incluso con armas de fuego. Cuando iban a hacer los allanamientos nunca daban con las mujeres.
Por escuchas telefónicas fue probado que después de uno de esos allanamientos, “la Doña” Mercedes llamó a una joven y le dijo que “reabrieran el California” y que “iban a estar la María, la Flaca, la hermana de la Flaca y las dos hijas de María, para que trabajen”. En otra, dijo que le había dado “1.000 pesos a Pamela porque ha andado la cana” y la orden de que las mujeres no estuvieran en la vereda porque no les iban a dar la habilitación. En la instrucción no fueron identificados estos agentes.
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