Los fondos antisociales y la amnesia comunitaria

Los fondos antisociales y la amnesia comunitaria

Una curiosa conjunción de tiempo ocurrió el lunes pasado. Mientras una carta del lector Carlos Drube de San Pablo recordaba el escándalo de la desaparición en la comuna del dinero para nueve comedores infantiles de esa localidad en el año 2002, en otra página sobre los comicios complementarios se informaba que el ganador en la elección era Daniel Castro, quien había sido el delegado en 2002 y estuvo detenido por el caso de los comedores. En 2005, con fallo del juez Juan Francisco Pisa, quedó libre de culpa y cargo. Castro, que en 2002 era hijo del entonces intdendente de Lules y de una legisladora, vuelve a conducir la vapuleada localidad, que 13 años después de la crisis de los desnutridos fue noticia el 23 de agosto por la quema de 13 urnas en medio de pelea a golpes entre dos facciones oficialistas.

El no fue responsable de la desaparición del dinero, dijo el juez. “No hay un cuadro probatorio suficiente”, sentenció. La causa había sido iniciada por Alberto Darnay, ex secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Julio Miranda. Darnay, que renunció a su cargo en esos días (había quedado muy mal parado durante el programa de Lanata sobre Barbarita Flores y los desnutridos) hoy milita en el opositor Acuerdo para el Bicentenario. Él fue quien aportó las pruebas. Cuenta que hizo una auditoría sobre los fondos nacionales del plan Posoco (Políticas Sociales Comunitarias) y que la plata no llegaba a los comedores o que sólo llegaban fondos para cuatro días. Dice que a San Pablo iban $ 10.000 mensuales por este rubro y cuando hizo la denuncia el gobernador Miranda lo desplazó por otra funcionaria, Mercedes Benítez, quien negó que hubiera irregularidades. “Pero yo había hecho copias con escribano de los documentos y los presenté en la fiscalía Anticorrupción”, explica. Por esa causa, Mercedes Benítez fue imputada por desaparición de pruebas en Desarrollo Social y Castro pasó las fiestas de ese año en la cárcel de Villa Urquiza. Luego el mismo fiscal Anticorrupción, Esteban Jerez, que ya sumaba muchos problemas por investigar a miembros de los gobiernos de Miranda y de José Alperovich, renunció y se dedicó a la política por la oposición. Las 400 causas acumuladas en su fiscalía fueron bajadas de tono por el siguiente fiscal Anticorrupción, Ramón Gallo (ya fallecido), quien luego pediría que se disolviera la fiscalía por no encontrarle razón de ser. “Hoy están diluidas las causas que iniciamos -dice Jerez-. Los expedientes están desaparecidos”.

Sin impedimentos

Trece años después, Castro vuelve a la comuna con fuerte respaldo político y de las urnas. No hubo causas nuevas en su contra, pese a que su facción y otra oficialista fueron las de los incidentes del 23 de agosto (él iba ganando en esos comicios). Pero aunque hubiera habido alguna acusación, lo mismo hubiera podido ser candidato, porque sólo una condena firme lo habría impedido. “Igual no podemos averiguar los antecedentes de los postulantes. Llegamos a tener 25.000 candidatos y no podíamos indagar en las distintas oficinas sobre sus condiciones. Sólo les pedíamos una declaración jurada”, dice Darío Almaraz, secretario electoral. La única excepción que hicieron fue con seis candidatos acusados de quemar urnas y atacar al sistema electoral el 23 de agosto, entre ellos José Kobak (PO-Frente de Izquierda) de Los Ralos, José Carmelo Armenta (Frente para la Victoria) de San Ignacio y Hugo Alarcón (Acuerdo para el Bicentenario) de Sargento Moya. No obstante, la Cámara Contencioso Administrativo les permitiría ser candidatos (excepto Alarcón, que no hizo planteo judicial) por el mismo motivo: no tienen condena. Sus causas ya tienen pedido de elevación a juicio por parte de la fiscala Mercedes Carrizo, informa Almaraz.

Hace 10 años, cuando fue sobreseido de los cargos de malversación de caudales públicos, peculado y enriquecimiento ilícito, Castro dijo que los fondos para los comedores no pasaban por la comuna y que todo había sido una maniobra política urdida por Jerez para proyectarse como candidato a gobernador.

Gritos al cielo

Pero de lo ocurrido con los fondos del Posoco supuestamente malversados poco se sabe. Hubo varias investigaciones por irregularidades en las que, además de involucrarse a fundaciones, se mencionó que se había usado el dinero (de comedores infantiles) para pagar a punteros políticos del peronismo. En aquel entonces, con la crisis de desnutridos, hasta el mismo Aníbal Fernández (entonces ministro de la Producción del presidente Eduardo Duhalde) gritó al cielo la vergüenza de la política: “Todos los que gobernaron y gobiernan este país, entre los cuales me incluyo, son unos hijos de puta”, dijo. Por acción, omisión o complicidad, agregó.

Pero hoy, cambiadas las circunstancias y con los 23 niños muertos por desnutrición en el pasado, nadie habla del Posoco. Las causas se diluyeron con la desintegración de la fiscalía Anticorrupción. Pero, si en esas maniobras hubo desvío de plata, ¿por qué no hay consecuencias? Es que no se trata sólo de dinero, sino de contextos convenientes o inconvenientes en los que la política mete la mano. En este sentido, nunca se ha podido investigar el uso de los fondos destinados a gastos sociales en la Lesgislatura. Hoy el fiscal Washington Navarro Dávila dice que no hay delito en el traslado de valijas con dinero. Hace pocos meses el fiscal Arnoldo Suasnábar sentenció que no había delito ante un planteo de Carlos Duguech sobre los mismos gastos sociales. Y escarbando un poco se encontrará que tampoco ha habido voluntad para investigar los gastos reservados de los funcionarios del gobierno de Antonio Bussi, que denunció en su momento el abogado Clímaco de la Peña, quien dijo que cobraban 10.000 dólares mensuales extras sin rendición de cuentas.

Amnesia anterógrada

Es que el dinero público, que es de todos, parece ser de nadie. La AFIP no persigue al político que no rinde cuentas ni la Justicia se siente obligada a intervenir. Así vuelven a sorprender las cosas que ya ocurrieron, como le sucede al protagonista de la película “Memento”, Leonard Shelby (interpretado por Guy Pearce), quien padece amnesia de los hechos del día anterior (amnesia anterógrada) y está condenado a enfrentarse constantemente con problemas nunca solucionados. En nuestro medio, actuar por fuera de la ley parece ser una estrategia redituable que nadie piensa corregir. Así ocurrió con el salvaje reclamo salarial de los policías en 2013 (se amotinaron, obtuvieron el aumento y no hay apuro por enviar la causa a juicio) y con la violenta protesta de empleados de Concepción el martes pasado (coparon la calle, amenazaron al intendente Roberto Sánchez y obtuvieron lo que querían).

En Concepción tanto el gobernador Juan Manzur como el intendente Sánchez tuvieron una oportunidad inmejorable de empezar a cambiar las cosas y prefirieron dejar todo como venía. Como dice Juan Tríbulo a propósito de “El sueño inmóvil”, la obra de Carlos Alsina, “uno de los dramas de nuestro país y de nuestra provincia en particular, es que no somos capaces de sacar conclusiones de nuestro pasado. Como si nunca hubieran sucedido, las cosas se repiten. Ciertos sectores de la sociedad argentina y en especial algunos de la clase política, están empeñados en que perdamos la memoria”.

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