Por Álvaro José Aurane
14 Noviembre 2015
El problema no son las valijas. El Gobierno quiere que sí lo sea. Se esfuerza para tratar que el escandaloso manejo del Presupuesto 2015 de la Legislatura (sacado a la luz por LA GACETA) se circunscriba a eso. A las maletas que salían del banco, cada una con $ 6 millones de los contribuyentes (o lo que es igual, cada una con un puente que terminaría con el aislamiento de Escaba de Abajo). Se empecina en reducir la aberración a una cuestión estética. “Se ve mal” eso de sacar fortunas públicas en equipajes, vendría a ser el mea culpa oficial, que por toda autocrítica concede que debió planificarse esa operación de otra manera. O sea, se recriminan “improlijidad”. Porque prefieren provocar antes que abordar el meollo del asunto...
El problema tampoco es el transporte del dinero. Claro que el oficialismo busca discutir esa cuestión pero, para más obviedades, el fiscal Washington Navarro Dávila ya confirmó que no es delito. En la Argentina se puede circular libremente, cargando la cantidad de plata que se quiera, hasta donde la inseguridad lo permita. Sólo hay límites (U$S 10.000) para cruzar las fronteras. Así que ver cómo salen millones de pesos en baúles es infinitamente irritante, pero no ilícito. Sin embargo, el funcionariado prefiere indignar e insistir en que no se delinquió, antes que debatir lo que linda con la violación de la ley...
Huelga decirlo, el problema tampoco es que esta operatoria ignominosa haya quedado expuesta. Pero el poder político ha desatado una caza de brujas. Quieren saber si alguien brinda información. Nadie se hace cargo de haber ampliado el Presupuesto 2015 de la Cámara (durante septiembre) de $ 959 millones a $ 1.529 millones. De haber llevado la partida de “gastos sociales” de $ 156 millones a $ 505 millones. De haber mandado a sacar de la cuenta bancaria $ 48 millones en junio; $ 53 millones en julio; y $ 92 millones en agosto. Pero igual montaron la persecución. Prefieren traficar miedos antes que enfrentar verdades...
Por supuesto, la provocación, la irritación y el miedo son útiles. Sirven a los efectos de un viejo acertijo. “¿Cómo se esconde un elefante en una plaza? Llenando la plaza de elefantes”. Cuestionarse sólo la mecánica de extracción del dinero, insistir en que no se trata de un ilícito y hostigar gente son tres torpes proboscídeos discursivos con los que se intenta disimular al verdadero paquidermo institucional. ¿Qué hicieron, en verdad, con semejante cantidad de plata?
La respuesta que el oficialismo ha decidido admitir por lo bajo, hasta ahora, es que se la gastaron en la campaña electoral. Las fechas del desmadre valijero coinciden. El problema es que los montos y los acontecimientos, no. O, dicho en otros términos, hay quienes sospechan que la versión de que el dineral fue para financiar proselitismo es otro elefante más.
Trompas
Primera aclaración: una ampliación presupuestaria no es un permiso para incorporar dineros sino una autorización para blanquear lo que ya se ha gastado.
Segunda aclaración: en Tucumán, el cálculo de recursos es ampliado año a año porque la inflación funciona como un impuesto. Suben los precios más de lo previsto por el Indec y se recauda por el IVA (nacional) y por Ingresos Brutos (local) más de lo pautado en la Ley de Presupuesto. De modo que, en promedio, las ampliaciones presupuestarias aquí rondaron en los últimos años el 15%, que se adicionaba al 11% que -también en promedio-, “preveía” el Estado.
Este año, en cambio, la “corrección” fue del 59,4%. Pese a que no ha habido una inflación del 70%, que resultaría de sumar el 60% de la ampliación a lo que ya pautaba el Presupuesto 2015.
O sea, el Presupuesto legislativo fue “inflado” salvajemente en el año de las elecciones para financiar campañas, pero porque los recursos para el proselitismo van siendo retirados durante todo el año (supuestamente, claro está). La prueba de ello es que no hay prueba de ello: nunca antes hubo un escándalo de valijas como ahora, a pesar de que el alperovichismo enfrentó durante 12 años comicios bienales, más la elección de convencionales para reformar la Constitución. Es decir, siempre hubo un retiro paulatino y programado de los recursos (presuntamente, cabe aclarar).
Este año tampoco fue la excepción: los retiros en valija de junio, julio y agosto totalizaron $ 193 millones, pero al Presupuesto 2015 de la Legislatura le agregaron en la ampliación el triple de ese monto: en total, $ 570 millones. ¿Y los $ 380 millones restantes? Mientras los $ 959 millones del Presupuesto original se iban gastando bancarizadamente con el pago de salarios, de servicios y de proveedores, estos $ 380 millones salieron “discretamente” (según parece, vale decir). Los retiros no se hacían ni en valijas ni en el agente fiduciario oficial: en todo caso, pretenden algunas fuentes agazapadas, se libraba una decena de cheques para diferentes entidades bancarias. Tal vez sea un mito para explicar que todo estaba fríamente calculado, porque siempre se supo que había elecciones en agosto. ¿En la Legislatura lo habían olvidado?
A la pregunta se la están haciendo por estas horas algunos alperovichistas, para nada ajenos a la campaña de agosto. Esos espadachines del ex mandatario juran y perjuran no recordar ningún aporte de $ 200 millones del Poder Legislativo en el tramo final de los comicios. Tampoco de $ 100 millones...
Ahí aparecen los escandalosos “gastos sociales”: los parlamentarios reciben decenas y hasta centenares de miles de pesos mes a mes y rinden cuenta con papeletas hechizas (al mejor estilo de los recibos “Húsares”), en los cuales la probada justificación del uso del dinero público se sintetiza en cuatro palabras: “lo gasté en pobres”. Pero, otra vez, los que solían desayunar con el ex mandatario no lucen muy convencidos. Parecen creer que los “gastos sociales” son, en este caso, un gigante gris de trompa y colmillos de marfil, destinado a disimular antes que a explicar...
Colmillos
La duda surge porque los números son enormes.
Supóngase que todo el dinero “valijeado” fue destinado a cada uno de los 49 parlamentarios. De ser así, en junio les dieron $ 1 millón a cada uno. En julio, otra vez $ 1 millón para cada cual. ¿Y en agosto les dieron, además, otros $ 2 millones? ¿Incluyendo a los que no podían volver a postularse? ¿Abarcando también a familiares de intendentes, con presupuestos propios?
Asúmase por un momento que sí: que a cada legislador le dieron en los últimos tres meses $ 4 millones. ¿Además les dieron dinero, durante el año, con los otros $ 380 millones de la ampliación?
No es que los alperovichistas no lo puedan creer. Ellos no inventaron el financiamiento electoral con fondos públicos, pero sí lo perfeccionaron hasta el paroxismo clientelista. O sea, no están sorprendidos, sino que están dudando. Léase, “no les cierra”. La duda les queda abierta en las crisis de Concepción, Bella Vista y Yerba Buena, donde la oposición ganó, asumió y denunció que el oficialismo había pagado el proselitismo con la designación de centenares.
Frente a ese cuadro, plantean: si hubo nombramientos masivos; parafernalia de planes sociales; contrataciones a granel (hay quienes arriesgan que los “contratados” pasaron de 8.000 a 20.000); lluvia de subsidios y, además, un presupuesto legislativo de $ 127 millones por mes, ¿por qué las valijas? ¿por qué retiraron $ 200 millones en 90 días? ¿Hacía falta? O lo que es igual, ¿fueron para la campaña?
Orejas
Por cierto, lo que inquieta al ausente gobernador Juan Manzur no son estos recelos alperovichistas.
La comidilla del poder es que en Buenos Aires le transmitieron (para decirlo de modo elegante) el estupor sciolista por la sucesión de hechos en los que viene siendo noticias: las maniobras fraudulentas de los comicios de agosto; el fallo judicial que anuló las elecciones; la sentencia de la Corte -con edificio sitiado- validando la votación; y, ahora, las valijas legislativas. Todo junto en plena pulseada por la Presidencia.
Nada fueron los reproches: hasta aquí se escucharon los alaridos de la Unidad de Información Financiera (más temida por sus siglas, UIF) cuando vieron las fotos de las maletas con dineros públicos arriba de camionetas 4x4. Acaso no haya novedades con la UIF hasta el balotaje, pero no hay un horizonte claro más allá del 22 de noviembre. Ni siquiera con la Administración Federal de Ingresos Públicos: todo lo que se consiguió de la AFIP habría sido la aclaración de que no actuará en tanto no haya una denuncia federal, porque hasta aquí se trata de fondos provinciales.
Frente a tanto nervio exterior, la tranquilidad “hacia adentro” que trata de inocular el oficialismo consiste en que Manzur concluyó su mandato como vicegobernador, el pasado 28 de octubre, con todas las rendiciones de cuentas aprobadas. De ser cierto, sería un hecho llamativo: hoy, un ministro debe emitir un decreto para disponer de un gasto que supere los $ 2.500. Entonces, ¿cómo podría haber hecho la Legislatura anterior para justificar legalmente un gasto extra del 38% en junio; del 42% en julio; y del 72% en agosto?
¿Todo fue canalizado mediante “gastos sociales”?
No es la transparencia sino la democracia y la república las que reclaman explicaciones sobre los gastos reservados del parlamento. Hasta aquí, la nueva composición parlamentaria habría avanzado en la idea (al mejor estilo del Senado en la década pasada) de crear una comisión con los presidentes de bancada y las autoridades de la Cámara para concretar una reforma. Estarán debatiendo sobre un presupuesto que arrancará con $ 290 millones para “Transferencias” (financia los “gastos sociales”. Además de los $ 40 millones para Bienes de Consumo. Y de los $ 42 millones para Bienes de Uso. Y de los $ 930 millones para personal.
Si la política no contesta, los ciudadanos esperan respuestas de la Justicia. Que trasciendan las aclaraciones sobre qué acciones del poder no son delito. Que sean algo más que elefantiásicas obviedades.
El problema tampoco es el transporte del dinero. Claro que el oficialismo busca discutir esa cuestión pero, para más obviedades, el fiscal Washington Navarro Dávila ya confirmó que no es delito. En la Argentina se puede circular libremente, cargando la cantidad de plata que se quiera, hasta donde la inseguridad lo permita. Sólo hay límites (U$S 10.000) para cruzar las fronteras. Así que ver cómo salen millones de pesos en baúles es infinitamente irritante, pero no ilícito. Sin embargo, el funcionariado prefiere indignar e insistir en que no se delinquió, antes que debatir lo que linda con la violación de la ley...
Huelga decirlo, el problema tampoco es que esta operatoria ignominosa haya quedado expuesta. Pero el poder político ha desatado una caza de brujas. Quieren saber si alguien brinda información. Nadie se hace cargo de haber ampliado el Presupuesto 2015 de la Cámara (durante septiembre) de $ 959 millones a $ 1.529 millones. De haber llevado la partida de “gastos sociales” de $ 156 millones a $ 505 millones. De haber mandado a sacar de la cuenta bancaria $ 48 millones en junio; $ 53 millones en julio; y $ 92 millones en agosto. Pero igual montaron la persecución. Prefieren traficar miedos antes que enfrentar verdades...
Por supuesto, la provocación, la irritación y el miedo son útiles. Sirven a los efectos de un viejo acertijo. “¿Cómo se esconde un elefante en una plaza? Llenando la plaza de elefantes”. Cuestionarse sólo la mecánica de extracción del dinero, insistir en que no se trata de un ilícito y hostigar gente son tres torpes proboscídeos discursivos con los que se intenta disimular al verdadero paquidermo institucional. ¿Qué hicieron, en verdad, con semejante cantidad de plata?
La respuesta que el oficialismo ha decidido admitir por lo bajo, hasta ahora, es que se la gastaron en la campaña electoral. Las fechas del desmadre valijero coinciden. El problema es que los montos y los acontecimientos, no. O, dicho en otros términos, hay quienes sospechan que la versión de que el dineral fue para financiar proselitismo es otro elefante más.
Trompas
Primera aclaración: una ampliación presupuestaria no es un permiso para incorporar dineros sino una autorización para blanquear lo que ya se ha gastado.
Segunda aclaración: en Tucumán, el cálculo de recursos es ampliado año a año porque la inflación funciona como un impuesto. Suben los precios más de lo previsto por el Indec y se recauda por el IVA (nacional) y por Ingresos Brutos (local) más de lo pautado en la Ley de Presupuesto. De modo que, en promedio, las ampliaciones presupuestarias aquí rondaron en los últimos años el 15%, que se adicionaba al 11% que -también en promedio-, “preveía” el Estado.
Este año, en cambio, la “corrección” fue del 59,4%. Pese a que no ha habido una inflación del 70%, que resultaría de sumar el 60% de la ampliación a lo que ya pautaba el Presupuesto 2015.
O sea, el Presupuesto legislativo fue “inflado” salvajemente en el año de las elecciones para financiar campañas, pero porque los recursos para el proselitismo van siendo retirados durante todo el año (supuestamente, claro está). La prueba de ello es que no hay prueba de ello: nunca antes hubo un escándalo de valijas como ahora, a pesar de que el alperovichismo enfrentó durante 12 años comicios bienales, más la elección de convencionales para reformar la Constitución. Es decir, siempre hubo un retiro paulatino y programado de los recursos (presuntamente, cabe aclarar).
Este año tampoco fue la excepción: los retiros en valija de junio, julio y agosto totalizaron $ 193 millones, pero al Presupuesto 2015 de la Legislatura le agregaron en la ampliación el triple de ese monto: en total, $ 570 millones. ¿Y los $ 380 millones restantes? Mientras los $ 959 millones del Presupuesto original se iban gastando bancarizadamente con el pago de salarios, de servicios y de proveedores, estos $ 380 millones salieron “discretamente” (según parece, vale decir). Los retiros no se hacían ni en valijas ni en el agente fiduciario oficial: en todo caso, pretenden algunas fuentes agazapadas, se libraba una decena de cheques para diferentes entidades bancarias. Tal vez sea un mito para explicar que todo estaba fríamente calculado, porque siempre se supo que había elecciones en agosto. ¿En la Legislatura lo habían olvidado?
A la pregunta se la están haciendo por estas horas algunos alperovichistas, para nada ajenos a la campaña de agosto. Esos espadachines del ex mandatario juran y perjuran no recordar ningún aporte de $ 200 millones del Poder Legislativo en el tramo final de los comicios. Tampoco de $ 100 millones...
Ahí aparecen los escandalosos “gastos sociales”: los parlamentarios reciben decenas y hasta centenares de miles de pesos mes a mes y rinden cuenta con papeletas hechizas (al mejor estilo de los recibos “Húsares”), en los cuales la probada justificación del uso del dinero público se sintetiza en cuatro palabras: “lo gasté en pobres”. Pero, otra vez, los que solían desayunar con el ex mandatario no lucen muy convencidos. Parecen creer que los “gastos sociales” son, en este caso, un gigante gris de trompa y colmillos de marfil, destinado a disimular antes que a explicar...
Colmillos
La duda surge porque los números son enormes.
Supóngase que todo el dinero “valijeado” fue destinado a cada uno de los 49 parlamentarios. De ser así, en junio les dieron $ 1 millón a cada uno. En julio, otra vez $ 1 millón para cada cual. ¿Y en agosto les dieron, además, otros $ 2 millones? ¿Incluyendo a los que no podían volver a postularse? ¿Abarcando también a familiares de intendentes, con presupuestos propios?
Asúmase por un momento que sí: que a cada legislador le dieron en los últimos tres meses $ 4 millones. ¿Además les dieron dinero, durante el año, con los otros $ 380 millones de la ampliación?
No es que los alperovichistas no lo puedan creer. Ellos no inventaron el financiamiento electoral con fondos públicos, pero sí lo perfeccionaron hasta el paroxismo clientelista. O sea, no están sorprendidos, sino que están dudando. Léase, “no les cierra”. La duda les queda abierta en las crisis de Concepción, Bella Vista y Yerba Buena, donde la oposición ganó, asumió y denunció que el oficialismo había pagado el proselitismo con la designación de centenares.
Frente a ese cuadro, plantean: si hubo nombramientos masivos; parafernalia de planes sociales; contrataciones a granel (hay quienes arriesgan que los “contratados” pasaron de 8.000 a 20.000); lluvia de subsidios y, además, un presupuesto legislativo de $ 127 millones por mes, ¿por qué las valijas? ¿por qué retiraron $ 200 millones en 90 días? ¿Hacía falta? O lo que es igual, ¿fueron para la campaña?
Orejas
Por cierto, lo que inquieta al ausente gobernador Juan Manzur no son estos recelos alperovichistas.
La comidilla del poder es que en Buenos Aires le transmitieron (para decirlo de modo elegante) el estupor sciolista por la sucesión de hechos en los que viene siendo noticias: las maniobras fraudulentas de los comicios de agosto; el fallo judicial que anuló las elecciones; la sentencia de la Corte -con edificio sitiado- validando la votación; y, ahora, las valijas legislativas. Todo junto en plena pulseada por la Presidencia.
Nada fueron los reproches: hasta aquí se escucharon los alaridos de la Unidad de Información Financiera (más temida por sus siglas, UIF) cuando vieron las fotos de las maletas con dineros públicos arriba de camionetas 4x4. Acaso no haya novedades con la UIF hasta el balotaje, pero no hay un horizonte claro más allá del 22 de noviembre. Ni siquiera con la Administración Federal de Ingresos Públicos: todo lo que se consiguió de la AFIP habría sido la aclaración de que no actuará en tanto no haya una denuncia federal, porque hasta aquí se trata de fondos provinciales.
Frente a tanto nervio exterior, la tranquilidad “hacia adentro” que trata de inocular el oficialismo consiste en que Manzur concluyó su mandato como vicegobernador, el pasado 28 de octubre, con todas las rendiciones de cuentas aprobadas. De ser cierto, sería un hecho llamativo: hoy, un ministro debe emitir un decreto para disponer de un gasto que supere los $ 2.500. Entonces, ¿cómo podría haber hecho la Legislatura anterior para justificar legalmente un gasto extra del 38% en junio; del 42% en julio; y del 72% en agosto?
¿Todo fue canalizado mediante “gastos sociales”?
No es la transparencia sino la democracia y la república las que reclaman explicaciones sobre los gastos reservados del parlamento. Hasta aquí, la nueva composición parlamentaria habría avanzado en la idea (al mejor estilo del Senado en la década pasada) de crear una comisión con los presidentes de bancada y las autoridades de la Cámara para concretar una reforma. Estarán debatiendo sobre un presupuesto que arrancará con $ 290 millones para “Transferencias” (financia los “gastos sociales”. Además de los $ 40 millones para Bienes de Consumo. Y de los $ 42 millones para Bienes de Uso. Y de los $ 930 millones para personal.
Si la política no contesta, los ciudadanos esperan respuestas de la Justicia. Que trasciendan las aclaraciones sobre qué acciones del poder no son delito. Que sean algo más que elefantiásicas obviedades.
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