14 Noviembre 2015
PROTESTAS. En la plaza Independencia, tucumanos reclamaron “fraude”. la gaceta / foto de diego aráoz (archivo)
El opositor Acuerdo para el Bicentenario (ApB) llegó hasta la última instancia judicial del país para reclamar la validez del fallo que anuló las elecciones provinciales del 23 de agosto. El frente electoral liderado por el radical José Cano y el peronista disidente Domingo Amaya (ex candidatos a la gobernación y vice) presentó el lunes una queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El apoderado Daniel Ponce, con el patrocinio de los abogados Gonzalo Peñalba Pinto y Ariel Garrido, interpuso el recurso luego de que la Corte Suprema provincial clausurara la discusión sobre los comicios mediante el rechazo del recurso extraordinario presentado por los opositores.
Con esa decisión, el máximo tribunal había convalidado la sentencia que había dictado antes para confirmar los resultados que consagraron la fórmula de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. Según los jueces René Goane, Antonio Estofán y Daniel Posse, no correspondía que el fallo que dejó sin efecto la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que anuló la elección sea revisado en la CSJN.
“Arbitraria”
Los letrados del ApB consideraron que la última decisión de los vocales tucumanos resulta “infundada y arbitraria”. Sostienen en el escrito que el recurso es “admisible y procedente” y discuten punto por punto los argumentos que empleó la Corte local para desestimarlo. Entre otros aspectos, afirmaron que la presentación se efectuó en término y que el asunto reviste carácter federal como para ser abordado por la CJSN.
Para los abogados, el criterio adoptado por los vocales implica una “abrogación o prescindencia” de las normas constitucionales y de los derechos humanos: “elude tratar si las elecciones tucumanas se adecuaron a las normas y al debido proceso, para afirmar dogmáticamente que ‘no se demostró que se hubiese afectado la voluntad de los electores’, que ‘debe respetarse la voluntad de quienes sufragaron de buena fe’ y que ‘el cuarto oscuro es suficiente garantía para esa voluntad’”. Consignaron que en el caso se encuentran en juego no sólo la vigencia de los derechos electorales sino también del debido proceso electoral.
“Ha llegado el momento, y así lo entendió la Cámara, de poner un límite al Gobierno y de garantizar la efectiva vigencia de las instituciones republicanas y los Derechos Humanos, de modo que la Constitución y los tratados no se tornen letra muerta. De lo contrario se propagará el descreimiento y desconfianza del pueblo respecto a las instituciones de la república con la gravedad institucional que ello importa”, instaron.
El 4 de septiembre el ApB había presentado un amparo pidiendo la nulidad de los comicios del 23 de agosto y la realización de una nueva votación. La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo había dictado una cautelar el 8 que ordenaba a la Junta Electoral abstenerse de proclamar ganadores. La misma Sala determinó la anulación de las elecciones el 17. La Corte local revocó esa sentencia el 21. El 30, el Tribunal rechazó el recurso del ApB para que la Nación revise la validez.
El apoderado Daniel Ponce, con el patrocinio de los abogados Gonzalo Peñalba Pinto y Ariel Garrido, interpuso el recurso luego de que la Corte Suprema provincial clausurara la discusión sobre los comicios mediante el rechazo del recurso extraordinario presentado por los opositores.
Con esa decisión, el máximo tribunal había convalidado la sentencia que había dictado antes para confirmar los resultados que consagraron la fórmula de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. Según los jueces René Goane, Antonio Estofán y Daniel Posse, no correspondía que el fallo que dejó sin efecto la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que anuló la elección sea revisado en la CSJN.
“Arbitraria”
Los letrados del ApB consideraron que la última decisión de los vocales tucumanos resulta “infundada y arbitraria”. Sostienen en el escrito que el recurso es “admisible y procedente” y discuten punto por punto los argumentos que empleó la Corte local para desestimarlo. Entre otros aspectos, afirmaron que la presentación se efectuó en término y que el asunto reviste carácter federal como para ser abordado por la CJSN.
Para los abogados, el criterio adoptado por los vocales implica una “abrogación o prescindencia” de las normas constitucionales y de los derechos humanos: “elude tratar si las elecciones tucumanas se adecuaron a las normas y al debido proceso, para afirmar dogmáticamente que ‘no se demostró que se hubiese afectado la voluntad de los electores’, que ‘debe respetarse la voluntad de quienes sufragaron de buena fe’ y que ‘el cuarto oscuro es suficiente garantía para esa voluntad’”. Consignaron que en el caso se encuentran en juego no sólo la vigencia de los derechos electorales sino también del debido proceso electoral.
“Ha llegado el momento, y así lo entendió la Cámara, de poner un límite al Gobierno y de garantizar la efectiva vigencia de las instituciones republicanas y los Derechos Humanos, de modo que la Constitución y los tratados no se tornen letra muerta. De lo contrario se propagará el descreimiento y desconfianza del pueblo respecto a las instituciones de la república con la gravedad institucional que ello importa”, instaron.
El 4 de septiembre el ApB había presentado un amparo pidiendo la nulidad de los comicios del 23 de agosto y la realización de una nueva votación. La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo había dictado una cautelar el 8 que ordenaba a la Junta Electoral abstenerse de proclamar ganadores. La misma Sala determinó la anulación de las elecciones el 17. La Corte local revocó esa sentencia el 21. El 30, el Tribunal rechazó el recurso del ApB para que la Nación revise la validez.
Lo más popular
