Por Roberto Delgado
10 Noviembre 2015
La violencia no se detiene. La muerte de la adolescente Juliana Gallo de Villa Mariano Moreno, que recibió un balazo disparado por hinchas de fútbol, o las heridas de un niño baleado por una patota en Banda del Río Salí, son una muestra inquietante de lo que pasa en Tucumán. Como los asaltos de que fueron víctimas el domingo la familia Ponce en el barrio Aguas Corrientes o el joven Leandro Kancyper en la esquina de Ejército del Norte y Marcos Paz el sábado a la madrugada, cuando se resistió a que le robaran el celular y recibió un balazo.
“Mapa de zonas fáciles”
El fenómeno de la violencia puede tantearse por las informaciones que se publican en los medios de comunicación y acaso, por el tipo de agresiones se puede establecer algún parámetro, como la serie de ataques en la zona este, desde el asesinato del anciano comerciante Alí Chabán Aboud Merhej (conocido como “Tío Ale”) el 5 de octubre en La Ramada hasta el crimen del almacenero José Díaz en El Corte, Alderetes, baleado por tres delincuentes el jueves 30. También el ataque a la familia del empresario Said Adad, el viernes 30 en Los Ralos. En estos casos, los asaltantes parecen oportunistas que aprovechan la indefensión de la gente en el interior y hacen su propio “mapa de zonas fáciles” para atacar.
Las informaciones policiales abarcan un amplio universo en el que se destaca no tanto la pequeña violencia cotidiana -mucha gente no denuncia los ataques menores, como robo de celulares o de carteras- sino la agresión brutal -dos integrantes de la familia Ponce de Aguas Corrientes fueron golpeados a culatazos- o los hechos que sobresalen por entrar en una especie de ficción literaria, como Villa Quinteros, donde hace cinco días se denunció que dos motocicletas fueron robadas de la misma comisaría. “A mi Yamaha me la quitaron en un control porque no tenía licencia de conducir. Estaba en poder de la Policía y cuando la fui a retirar, pagando la multa, los ladrones ya la habían llevado. Es una historia que no se puede creer”, dijo el vecino Sergio Mansilla. Claro que no se puede creer. Es realismo mágico.
La violencia puede estimarse a partir de la proliferación de armas de fuego, de la cual no hay informes sino hechos aislados. Desde los días de los saqueos durante el motín policial de diciembre de 2013 se tiene la idea de que hay muchísimas armas en manos de civiles. Las noticias aisladas dan cuenta del riesgo. Hace tres días una patota golpeó al policía Oscar Alberto Aguilar en una parada de ómnibus en La Cocha y le quitó su pistola reglamentaria. Seguramente el arma irá al mercado negro del delito, como muchas: los disparos que que recibió Juliana Gallo eran de calibre 40, un arma de guerra.
Es tan seria la falta de datos y de medidas de seguridad sobre las armas que la Nación acaba de establecer un nuevo sistema de registro, y de almacenamiento a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). La ley fue aprobada por el Senado hace un mes. La diputada nacional porteña María del Carmen Bianchi (FpV) dice que “el problema de las armas excede su relación instrumental con el delito: violencia familiar, femicidio, violencia interpersonal; accidentes y suicidios con armas de fuego; casos de violencia institucional, de violencia sexual y de violencia escolar”. Tucumán aún deberá adherirse a esta norma y por ahora no se sabe qué ocurre con las armas en esta provincia.
Falta de confianza
También puede medirse la situación en función del crítico vínculo entre Policía y comunidad, que, según dijo el gobernador Juan Manzur en su mensaje de asunción, debe recrearse en función de la confianza. También por medio de las publicaciones de las protestas de Villa Quinteros, Concepción, Alderetes (y ayer mismo durante el corte de calle en Aguas Corrientes) puede estimarse un abismo entre lo que describe la gente sobre la inseguridad y la respuesta de los comisarios. En Villa Quinteros el jefe de la Regional Oeste, Roque González, quedó muy mal parado cuando dijo que mentían los vecinos porque no había denuncias de robo de las motos de la sede policial. Pero también hay que decir que la oficina de relaciones con la comunidad que encabeza José Farhat escucha los reclamos de la gente. Pero lo que se hace con los reclamos es otra cosa. En La Ramada enviaron una moto y una computadora a la comisaría como respuesta a la inquietud por el asesinato del Tío Ale.
Ninguna de estas informaciones sirve más que para tener estimaciones sobre la seguridad o la falta de ella. El Estado no tiene un método y excepto su política de agregar más personal policial y poner más vehículos a recorrer las calles - política similar a otras partes del país, según acaba de contar el ministro de seguridad de Scioli, Alejandro Granados. Pero con policías que recorren en auto al azar las calles y guardias estáticos en el centro, no se entiende cómo se ha de recopilar datos para saber qué pasa. Tampoco con comisarías vaciadas y un sistema que depende del 911 para dar “respuesta rápida” a los hechos consumados.
Ni siquiera el trabajo que hace la Corte Suprema con su “Plan Integral de Monitoreo Preventivo de la Conflictividad Violenta” sirve de mucho por ahora, porque aún están procesando los datos de homicidios de 2014. Un primer relevamiento policial, terminado en mayo, daba cuenta de 112 asesinatos, y se estima que la cifra podría rondar los 120, aunque fuentes del grupo de estudio estima que serían menos. El problema es que se termina 2015 y el informe no se presenta, al parecer a causa del interminable año electoral.
El Gobierno está esperando que haya más claridad con el panorama electoral para empezar a tomar decisiones en determinados asuntos. Pero la mejora en la seguridad, reconocida por el mismo Manzur como una de las más acuciantes para la comunidad, no depende específicamente de quién vaya a gobernar el país. Antes o después habrá que pensar en estrategias frente a la violencia, que nos somete a una dolorosa instancia y que reclama responsables y alguna luz de alivio.
“Mapa de zonas fáciles”
El fenómeno de la violencia puede tantearse por las informaciones que se publican en los medios de comunicación y acaso, por el tipo de agresiones se puede establecer algún parámetro, como la serie de ataques en la zona este, desde el asesinato del anciano comerciante Alí Chabán Aboud Merhej (conocido como “Tío Ale”) el 5 de octubre en La Ramada hasta el crimen del almacenero José Díaz en El Corte, Alderetes, baleado por tres delincuentes el jueves 30. También el ataque a la familia del empresario Said Adad, el viernes 30 en Los Ralos. En estos casos, los asaltantes parecen oportunistas que aprovechan la indefensión de la gente en el interior y hacen su propio “mapa de zonas fáciles” para atacar.
Las informaciones policiales abarcan un amplio universo en el que se destaca no tanto la pequeña violencia cotidiana -mucha gente no denuncia los ataques menores, como robo de celulares o de carteras- sino la agresión brutal -dos integrantes de la familia Ponce de Aguas Corrientes fueron golpeados a culatazos- o los hechos que sobresalen por entrar en una especie de ficción literaria, como Villa Quinteros, donde hace cinco días se denunció que dos motocicletas fueron robadas de la misma comisaría. “A mi Yamaha me la quitaron en un control porque no tenía licencia de conducir. Estaba en poder de la Policía y cuando la fui a retirar, pagando la multa, los ladrones ya la habían llevado. Es una historia que no se puede creer”, dijo el vecino Sergio Mansilla. Claro que no se puede creer. Es realismo mágico.
La violencia puede estimarse a partir de la proliferación de armas de fuego, de la cual no hay informes sino hechos aislados. Desde los días de los saqueos durante el motín policial de diciembre de 2013 se tiene la idea de que hay muchísimas armas en manos de civiles. Las noticias aisladas dan cuenta del riesgo. Hace tres días una patota golpeó al policía Oscar Alberto Aguilar en una parada de ómnibus en La Cocha y le quitó su pistola reglamentaria. Seguramente el arma irá al mercado negro del delito, como muchas: los disparos que que recibió Juliana Gallo eran de calibre 40, un arma de guerra.
Es tan seria la falta de datos y de medidas de seguridad sobre las armas que la Nación acaba de establecer un nuevo sistema de registro, y de almacenamiento a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). La ley fue aprobada por el Senado hace un mes. La diputada nacional porteña María del Carmen Bianchi (FpV) dice que “el problema de las armas excede su relación instrumental con el delito: violencia familiar, femicidio, violencia interpersonal; accidentes y suicidios con armas de fuego; casos de violencia institucional, de violencia sexual y de violencia escolar”. Tucumán aún deberá adherirse a esta norma y por ahora no se sabe qué ocurre con las armas en esta provincia.
Falta de confianza
También puede medirse la situación en función del crítico vínculo entre Policía y comunidad, que, según dijo el gobernador Juan Manzur en su mensaje de asunción, debe recrearse en función de la confianza. También por medio de las publicaciones de las protestas de Villa Quinteros, Concepción, Alderetes (y ayer mismo durante el corte de calle en Aguas Corrientes) puede estimarse un abismo entre lo que describe la gente sobre la inseguridad y la respuesta de los comisarios. En Villa Quinteros el jefe de la Regional Oeste, Roque González, quedó muy mal parado cuando dijo que mentían los vecinos porque no había denuncias de robo de las motos de la sede policial. Pero también hay que decir que la oficina de relaciones con la comunidad que encabeza José Farhat escucha los reclamos de la gente. Pero lo que se hace con los reclamos es otra cosa. En La Ramada enviaron una moto y una computadora a la comisaría como respuesta a la inquietud por el asesinato del Tío Ale.
Ninguna de estas informaciones sirve más que para tener estimaciones sobre la seguridad o la falta de ella. El Estado no tiene un método y excepto su política de agregar más personal policial y poner más vehículos a recorrer las calles - política similar a otras partes del país, según acaba de contar el ministro de seguridad de Scioli, Alejandro Granados. Pero con policías que recorren en auto al azar las calles y guardias estáticos en el centro, no se entiende cómo se ha de recopilar datos para saber qué pasa. Tampoco con comisarías vaciadas y un sistema que depende del 911 para dar “respuesta rápida” a los hechos consumados.
Ni siquiera el trabajo que hace la Corte Suprema con su “Plan Integral de Monitoreo Preventivo de la Conflictividad Violenta” sirve de mucho por ahora, porque aún están procesando los datos de homicidios de 2014. Un primer relevamiento policial, terminado en mayo, daba cuenta de 112 asesinatos, y se estima que la cifra podría rondar los 120, aunque fuentes del grupo de estudio estima que serían menos. El problema es que se termina 2015 y el informe no se presenta, al parecer a causa del interminable año electoral.
El Gobierno está esperando que haya más claridad con el panorama electoral para empezar a tomar decisiones en determinados asuntos. Pero la mejora en la seguridad, reconocida por el mismo Manzur como una de las más acuciantes para la comunidad, no depende específicamente de quién vaya a gobernar el país. Antes o después habrá que pensar en estrategias frente a la violencia, que nos somete a una dolorosa instancia y que reclama responsables y alguna luz de alivio.
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