Objetan la “discrecionalidad” en el manejo de fondos

El oficialismo lo definió como una herramienta de previsibilidad para el próximo Gobierno. La oposición, como un instrumento de delegación de facultades del Poder Legislativo y de dotación de “superpoderes” al mandatario electo, Juan Manzur. A 20 días del inicio de la nueva gestión, la Legislatura aprobó ayer el Presupuesto 2016, que estima gastos por $ 42.172 millones ($ 10.000 más que el Presupuesto 2015, antes de que fuera ampliado). Al momento de la votación, 45 parlamentarios estaban en el recinto: 39 votaron a favor y seis en contra. Las negativas fueron de la UCR, el PRO y la Democracia Cristiana. En cambio, el amayismo y el massismo se unieron al oficialismo en la votación. Los artículos cuestionados por los disidentes, que habilitan cambios en partidas previa “comunicación” a la Cámara, figuraron en previsiones presupuestarias de años anteriores y, por lo tanto, otorgan a Manzur las mismas capacidades con las que contó José Alperovich.

Ramiro González Navarro, presidente de la comisión de Hacienda, explicó los alcances del proyecto y subrayó que muestra la “intención de priorizar la inclusión social y a brindar servicios más eficientes, con un criterio de equidad y justicia social”. “Es un Presupuesto pensado en la continuidad de las políticas anticíclicas que apuntan a defender el trabajo, el consumo y el gasto social”, aseguró.

“No sólo estamos delegando facultades de esta Cámara sino de la próxima”, renegó Alberto Colombres Garmendia (PRO). Enrostró al oficialismo que se aprobarían los números para el año próximo sin haber tratado la Cuenta de Inversión 2014 (rendición de gastos). Puso la lupa en dos ítems: “para la Justicia de Paz, en donde se ingresa sin concurso, habrá $130 millones, cuando el año pasado tenía $52. Creció más del 150%. Pero lo más inexplicable es lo que sucede con la Junta Electoral: en un año sin elecciones tendrá $45 millones, cuando en este tuvo $10 millones. Sube 350%. No quiero pensar mal, pero queda poco margen para no hacerlo”. Federico Romano Norri (UCR) hizo hincapié en la discrecionalidad para cambiar las partidas. “No se puede sólo comunicar los cambios, se tienen que aprobar en el recinto”, se quejó. Fernando Valdez (UCR) calificó el proyecto como un “descomunal dibujo contable” y rechazó los “superpoderes” que tendrá Manzur para mover fondos. “La discrecionalidad para cambiar partidas es inconstitucional”, lanzó. Ariel García (UCR) consignó que el texto daba cuenta de la falta de transparencia en los fondos públicos. “No se debate como se debe. Ingresó hace 12 días. Además, no sabemos cómo gasta el Estado porque aquí no se trató la cuenta de inversión”, rechazó.

El oficialista Gregorio García Biagosch defendió la iniciativa y remarcó que salud, educación y seguridad son las áreas que más dinero insumirán. “Por eso queremos facilitar las acciones de Gobierno y darle herramientas para que trabaje con tranquilidad”, añadió. González Navarro se refirió a las críticas. Afirmó que el Presupuesto se trataba ahora en “resguardo de la institucionalidad”. “Sobre las facultades delegadas, deberían leer bien los artículos. No son para erogaciones sino para incorporar recursos a las partidas”, advirtió. Aclaró que el dinero para la Junta Electoral será de $27 millones, porque se redujo en comisión. Detalló algunos porcentajes de la distribución del Presupuesto: Poderes Legislativo y Judicial y organismos de Control (9%), Seguridad (7%), Salud (17%), Desarrollo Social (3%), Educación y Cultura (27%) y para municipios y comunas (16%).