Rousseff está cada vez más cerca del juicio político

En diez meses y una semana, el segundo gobierno de la presidenta brasileña Dilma Rousseff ha transitado un ‘vía crucis’ escalonado desde todo tipo de frentes -Congreso, Justicia, sociedad y “falsos aliados”- que insisten en empujar a la ex guerrillera hacia el juicio político. En 24 horas, entre martes y miércoles, la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) avanzó en su calvario cuando el Tribunal de Cuentas (TCU) decidió recomendar al Congreso la reprobación de las finanzas del gobierno de 2014. Los dictámenes del TCU, órgano auditor que auxilia al Congreso, no poseen consecuencias per se y sólo sirven para recomendar una u otra postura al Legislativo. Pero su decisión de rechazar el balance del gobierno, algo que no hacía desde 1937, es un paso más en los intentos por lograr un proceso de destitución.

El veredicto del TCU “fue la pala de cal del gobierno Dilma”, resumió el diputado Rubens Bueno, del Partido Popular Socialista (PPS). “Esta decisión del TCU refuerza la necesidad de llevar adelante el proceso de ‘impeachment’ por delito de responsabilidad por parte de la presidenta”, agregó el legislador socialdemócrata Carlos Sampaio, en referencia al delito por incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, del que sería acusada Rousseff en caso de que el Congreso acoja la recomendación del TCU. Una visión técnica sobre el asunto que va en la misma línea es la del jurista Hélio Bicudo, ex fundador el PT e impulsor de uno de los pedidos de apertura de juicio político contra Rousseff.

“Sin duda, el dictamen da fuerzas al pedido de ‘impeachment’ que hice porque muestra que las irregularidades que señalé son de hecho delictivas, apuntan hacia el delito de responsabilidad, que según la Constitución es suficiente para retirar al jefe del Ejecutivo del cargo”, afirmó. “El rechazo de esas cuentas le da fuerza política al pedido (de ‘impeachment’) ya que el proceso de impedimento es dinámico y depende de factores no jurídicos. Si fuera un análisis puramente técnico, ya estaría destituida, pero el análisis y el veredicto dependen de la Cámara de Diputados, que es un animal político”, sugirió. En cambio, el jurista Dalmo Dallari, calificó como “lamentable” el veredicto, que a su entender fue “político y no jurídico. La presidenta no puede ser responsabilizada por actos ajenos al ejercicio del mandato actual”.

Al revés sufrido ante el TCU se sumó otro traspié en el Congreso, el mismo que tendrá en sus manos decidir si cometió o no delito de responsabilidad. En lo que fue definido por analistas como una “derrota humillante”, el gobierno no logró el quórum necesario para que el Congreso votara por el mantenimiento o la anulación de los vetos presidenciales a reajustes de salarios públicos, que son considerados “bombas fiscales” por el equipo económico debido al volumen de gastos extras que le significarían al Estado.

La bancada con mayor número de ausentes fue la del principal socio de la coalición de gobierno, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que se permitió sublevarse solo dos días después de que Rousseff sacramentara una reforma ministerial en la que amplió su participación en el gabinete: la “frutilla de la torta”, el ministerio de Salud, y cesó a su hombre de confianza, Aloizio Mercadante, a quien esos aliados no querían. Pero no fue la primera que le aplica el Congreso, que es el responsable de que no haya prosperado el ajuste fiscal que el Ejecutivo intenta aplicar para sacar a la economía del fondo del pozo.

El Poder Judicial, a su vez, también dio una mala noticia, cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió, por cinco votos contra dos, reabrir una Acción de Impugnación de Mandato Electivo (AIME) presentada por la oposición contra Rousseff y el vicepresidente Michel Temer. Esta acción, la primera de este tipo en la historia del país, se basa en sospechas de que la campaña recibió fondos desviados del escándalo surgido en Petrobras.

Su respaldo popular cayó al 10 %, al tiempo que sendas manifestaciones que pedían su salida tomaron las calles en tres oportunidades este año. El mundo financiero mira con recelo la combinación de crisis política y económica, que originó que la séptima mayor economía del mundo peligre caer al noveno puesto ante una perspectiva de retracción de entre 2,5 y3 %.