La Legislatura aprobó el presupuesto para el primer año de gobierno de Manzur

La última sesión de la actual conformación de la Legislatura comenzó esta mañana, minutos antes de las 9. Entre los temas calientes de la agenda del día, se encuentra el tratamiento del Presupuesto 2016, la prórroga de la Ley de Emergencia Económica, los siete pliegos enviados por el PE para cubrir vacantes en el Poder Judicial y la creación del Tribunal Fiscal de Apelaciones (fueron propuestos Jorge Giménez -ministro de Economía-, Jorge Posse Ponessa -fiscal de Estado- y José León -primo del gobernador José Alperovich-).

La sesión inició con la presencia de 41 de 49 legisladores, presidida por Regino Amado, presidente provisional del cuerpo. Los parlamentarios del oficialismo usarán su amplia mayoría para delinear el futuro económico del gobernador electo Juan Manzur, cuyo gobierno comienza el 29 de octubre. El cálculo ingresos y egresos de la administración pública tucumana ascenderá a $ 42.000 millones ($ 10.000 millones más que durante el actual ejercicio). Simultáneamente, la prórroga de la emergencia económica, que declara inembargables las cuentas del Estado (provinciales, municipales y comunales), será ampliada por dos años y regirá hasta el 31 de diciembre de 2017. El oficialismo espera, de esta manera, que Manzur tenga garantizado el “blindaje” del erario cuanto menos durante la primera mitad de su mandato.

La creación del Tribunal Fiscal de Apelaciones y la designación de los tres jueces fiscales fue aprobada a las 9.30. De esta manera, Posse Ponessa, Jiménez y León integrarán un cuerpo que se pondrá en funciones tres décadas después de que fuera dispuesto por ley.

Con 39 votos positivos y seis negativos, al mediodía el cuerpo aprobó por ley el Presupuesto 2016, que estima gastos por $42.000 millones. De esta manera, Manzur podrá gastar unos $ 115 millones por día en su primer año de gestión (el 54% de la proyección está destinada a salarios).

 Por la siesta aprobaron los siete pliegos presentados por el PE para cubrir las vacantes en la Justicia: Rafael Macoritto (vocal de la Sala III de la Cámara Penal); Fabián Adolfo Fradejas (vocal de la Sala V de la Cámara Penal); Hugo Felipe Rojas (vocal de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones); Judith Tomasa Solórzano (jueza de Menores de la I Nominación); Andrea Fabiana Segura (juez de Familia y Sucesiones de Banda del Río Salí); Daniel Carlorosi (juez en lo Civil, Comercial y del Trabajo en Banda del Río Salí) y María Raquel Ferreyra Asís (defensor oficial en lo Civil, Penal y del Trabajo en Monteros)   

El alperovichismo atravesó los 12 años de sus tres gobernaciones con la Provincia declarada en emergencia económica, lo que supone que el Estado paga los juicios adversos, en principio, no con efectivo sino con títulos de la deuda pública. La última vez que esta norma de excepción fue prorrogada fue en 2014, también por dos años. De no ser ampliada, sus efectos expirarían el 31 de diciembre próximo.

Otra prórroga que llegará al recinto es el Pacto Federal de Promoción de Empleo (N° 8.457). Es una ley que rige, con modificaciones, desde 1993. El proyecto propone extender su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016.

El oficialismo pretende, además, que se mantenga vigente la facultad de la Caja Popular de Ahorros (CPA) para celebrar contratos de fideicomiso con municipios y comunas rurales, hasta 2019 (Ley N° 7.467).

Paralelamente se extenderán los plazos de la Ley N° 7.307, que habilita al Poder Ejecutivo “a suscribir convenios de financiamiento entre la Provincia y el Estado nacional dentro del Programa de Financiamiento Ordenado”. Este régimen se viene aplicando desde 2004. En esta ocasión, se propone que el PFO incluiya los ejercicios 2016-2019.

También está contemplada la prórroga de la ley N° 7.007. Esta norma se refiere al 20% que se les pagaba en vales alimentarios a los empleados públicos durante el gobierno de Julio Miranda (1999-2003). Hoy, ese porcentaje se abona en concepto de adelanto, con efectivo, a los agentes que no están dentro del plazo de 10 años para acogerse a la jubilación.

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