03 Octubre 2015
Hace ocho meses, el intendente de Yerba Buena, Daniel Toledo, recibió un exhorto de la Defensoría del Pueblo, en el que se lo conminaba a que erradique el basural y adopte medidas “urgentes” para darle una solución definitiva a la limpieza y mantenimiento del lugar. “La Ley 7.883 prohíbe en toda la provincia el depósito de residuos en lugares que no se encuentran habilitados”, decía el defensor Hugo Cabral en su resolución.
Además, el ombudsman le recordó a Toledo que la gestión integral de los residuos es competencia de los municipios en sus respectivas jurisdicciones. Es decir, le advirtió que -a su juicio- estaba violando una ley y que él era el responsable “último”. “Usted tiene la obligación legal de responder en el plazo de un mes las recomendaciones realizadas por la Defensoría”, le escribió a continuación, pues ese exhorto se emitió en febrero de este año, después de haberle pedido informes a la Municipalidad en dos ocasiones, sin que hubiera respuesta, de acuerdo con lo consignado en el texto de la Defensoría.
En función de lo expuesto, Cabral aclaró que la dependencia a su cargo había realizado actuaciones de oficio, en las que pudo comprobar que los camiones del Ejecutivo municipal arrojaban restos de poda, escombros y hasta residuos sólidos urbanos. También observaron el ingreso al predio de vehículos particulares y de carros.
“Los vaciaderos clandestinos contaminan el suelo, las aguas superficiales y las napas subterráneas y afectan la salud de las personas, que quedan expuestas a las características físicas y químicas de los residuos y a los vectores sanitarios”, concluyó Cabral en su resolución.
Además, el ombudsman le recordó a Toledo que la gestión integral de los residuos es competencia de los municipios en sus respectivas jurisdicciones. Es decir, le advirtió que -a su juicio- estaba violando una ley y que él era el responsable “último”. “Usted tiene la obligación legal de responder en el plazo de un mes las recomendaciones realizadas por la Defensoría”, le escribió a continuación, pues ese exhorto se emitió en febrero de este año, después de haberle pedido informes a la Municipalidad en dos ocasiones, sin que hubiera respuesta, de acuerdo con lo consignado en el texto de la Defensoría.
En función de lo expuesto, Cabral aclaró que la dependencia a su cargo había realizado actuaciones de oficio, en las que pudo comprobar que los camiones del Ejecutivo municipal arrojaban restos de poda, escombros y hasta residuos sólidos urbanos. También observaron el ingreso al predio de vehículos particulares y de carros.
“Los vaciaderos clandestinos contaminan el suelo, las aguas superficiales y las napas subterráneas y afectan la salud de las personas, que quedan expuestas a las características físicas y químicas de los residuos y a los vectores sanitarios”, concluyó Cabral en su resolución.
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