Por LA GACETA
22 Septiembre 2015
Muchos argentinos conocen de qué se trata cuando se los nombra. Se trata de aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos que atentan contra la libertad individual de un ciudadano. Si un funcionario, valiéndose de su autoridad, aplica torturas a una persona para conseguir cualquier beneficio, está violando las leyes e incurriendo en el delito de apremios ilegales. Estos hechos suelen tener por protagonista a la Policía.
Hace pocos días, se viralizó en las redes un video en el cual un policía golpeaba con violencia a un muchacho. El oficial fue acusado por la Fiscalía de haber privado ilegítimamente de su libertad a un joven, llevarlo a la comisaría de Villa Obrera en Tafí Viejo y golpearlo. El episodio se difundió luego en los medios nacionales.
El 23 de agosto pasado, el día de las elecciones provinciales, el candidato a delegado comunal a Los Ralos por el partido Obrero sufrió un secuestro, insultos y golpes. Lo introdujeron en un vehículo sin patente, le taparon la cabeza con una campera y lo obligaron a tirarse en el piso del auto, mientras lo golpeaban en la cara y en la espalda y lo insultaban. Según su testimonio, recorrió encapuchado alrededor de 10 kilómetros, luego sus captores lo llevaron a la comisaría. “En todo momento sufrimos maltrato, agresiones verbales. Finalmente, nos encerraron en una celda mínima con 15 presos comunes, sin informarnos por qué estábamos detenidos”, dijo el candidato que recuperó la libertad, junto a otros militantes, una semana después.
En septiembre de 2014, cuatro policías quedaron involucrados cuando se observa en un video que se viralizó en las redes sociales a un policía que levanta de los pelos a un joven esposado, boca abajo, y lo lanza de cara contra el suelo en reiteradas ocasiones, mientras le pide que imite sonidos de distintos animales. Durante el tormento, tanto el victimario como sus espectadores se divierten con la golpiza. El escándalo trascendió las fronteras provinciales.
No siempre estos episodios salen a la luz. El 28 de septiembre del año pasado, un vendedor ambulante de 20 años, denunció que tres agentes lo molieron a palos y le fracturaron la nariz en un boliche de Junín al 100. En 2004, dos agentes la seccional 11ª mataron a golpes a un puestero, detenido por una infracción de tránsito.
Lo sorprendente es que para evitar estos excesos policiales en septiembre de 2012, se promulgó la ley N° 8.523, que establece la creación la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, organismo actuará en la defensa y protección de los derechos y garantías consagrados en los Tratados Internacionales, la Constitución y demás leyes, de toda persona que se encuentre o pueda encontrarse privada de su libertad. El Poder Ejecutivo no la reglamentó. A mediados de agosto pasado, en el marco de las crisis carcelaria, la Corte Suprema exhortó al Poder Ejecutivo a crear la comisión; sin embargo, la Secretaría Provincial de Derechos Humanos, a quien el gobernador dijo haberle encomendado la tarea, no lo hizo.
Han pasado 32 años desde la llegada de la democracia, y esta práctica aberrante, herencia de la dictadura militar, no ha podido ser desterrada de las fuerzas de seguridad por indiferencia de los gobernantes, a quienes, al parecer, no les interesa democratizar ni humanizar la Policía, como se deduce de la realidad.
Hace pocos días, se viralizó en las redes un video en el cual un policía golpeaba con violencia a un muchacho. El oficial fue acusado por la Fiscalía de haber privado ilegítimamente de su libertad a un joven, llevarlo a la comisaría de Villa Obrera en Tafí Viejo y golpearlo. El episodio se difundió luego en los medios nacionales.
El 23 de agosto pasado, el día de las elecciones provinciales, el candidato a delegado comunal a Los Ralos por el partido Obrero sufrió un secuestro, insultos y golpes. Lo introdujeron en un vehículo sin patente, le taparon la cabeza con una campera y lo obligaron a tirarse en el piso del auto, mientras lo golpeaban en la cara y en la espalda y lo insultaban. Según su testimonio, recorrió encapuchado alrededor de 10 kilómetros, luego sus captores lo llevaron a la comisaría. “En todo momento sufrimos maltrato, agresiones verbales. Finalmente, nos encerraron en una celda mínima con 15 presos comunes, sin informarnos por qué estábamos detenidos”, dijo el candidato que recuperó la libertad, junto a otros militantes, una semana después.
En septiembre de 2014, cuatro policías quedaron involucrados cuando se observa en un video que se viralizó en las redes sociales a un policía que levanta de los pelos a un joven esposado, boca abajo, y lo lanza de cara contra el suelo en reiteradas ocasiones, mientras le pide que imite sonidos de distintos animales. Durante el tormento, tanto el victimario como sus espectadores se divierten con la golpiza. El escándalo trascendió las fronteras provinciales.
No siempre estos episodios salen a la luz. El 28 de septiembre del año pasado, un vendedor ambulante de 20 años, denunció que tres agentes lo molieron a palos y le fracturaron la nariz en un boliche de Junín al 100. En 2004, dos agentes la seccional 11ª mataron a golpes a un puestero, detenido por una infracción de tránsito.
Lo sorprendente es que para evitar estos excesos policiales en septiembre de 2012, se promulgó la ley N° 8.523, que establece la creación la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, organismo actuará en la defensa y protección de los derechos y garantías consagrados en los Tratados Internacionales, la Constitución y demás leyes, de toda persona que se encuentre o pueda encontrarse privada de su libertad. El Poder Ejecutivo no la reglamentó. A mediados de agosto pasado, en el marco de las crisis carcelaria, la Corte Suprema exhortó al Poder Ejecutivo a crear la comisión; sin embargo, la Secretaría Provincial de Derechos Humanos, a quien el gobernador dijo haberle encomendado la tarea, no lo hizo.
Han pasado 32 años desde la llegada de la democracia, y esta práctica aberrante, herencia de la dictadura militar, no ha podido ser desterrada de las fuerzas de seguridad por indiferencia de los gobernantes, a quienes, al parecer, no les interesa democratizar ni humanizar la Policía, como se deduce de la realidad.
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