Por Roberto Delgado
19 Septiembre 2015
El video del oficial Alfredo Giménez golpeando a un adolescente totalmente sometido en una celda de la comisaría de la Villa Obrera de Tafí Viejo muestra el fracaso de la represión como controladora de conductas. Es el funcionario público que se ve a sí mismo como regidor de comportamientos, que apela a la violencia como método, ni siquiera educativo -porque evidentemente no es efectivo-, sino como práctica sádica. Como una especie de Señor Galíndez light que se filma con propósitos ignotos. ¿Para divertirse? ¿Para que el video se difunda como una especie de instructivo para que se sepa qué puede pasarles a los que circulan/atorran/molestan/delinquen en la zona de Tafí Viejo? “¿Por qué seguís hinchando las bolas en mi turno? ¿Por qué no me hacés caso?”, le pregunta retóricamente mientras lo golpea, sin esperar respuesta. Ese respeto a golpes no desemboca en ninguna mejora social, sino en una práctica de primitivismo caótico en la que todo puede pasar. El video muestra otra cosa: habitualidad, repetición de una conducta policial que desmiente los argumentos de las autoridades del Ministerio de Gobierno y Seguridad de que los apremios y las torturas son episodios aislados.
Buscando al “Matajóvenes”
Precisamente en la zona de esta comisaría (la de la Unidad Regional Norte) es donde la organización Andhes ha denunciado constantes episodios violentos derivados de detenciones arbitrarias. Estas se producen mediante la inconstitucional Ley de Contravenciones Policiales, que es usada como método de control social más que como elemento de prevención de infracciones al orden o de delitos. Matías Lorenzo Pisarello, de Andhes, anticipa que van a intervenir en este caso como querellantes de la sociedad civil para que no sólo se acuse al oficial por apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público, sino por torturas. Los apremios tienen pena de 1 a 5 años y las torturas, de 8 a 25. Cuenta que desde hace dos años los jóvenes detenidos habitualmente en toda la zona de Tafí Viejo y Las Talitas denuncian que hay un agente que se ocupó de hacerse dura fama de temible, al que llaman “Matachicos” o “Matajóvenes”, que se ocupa de darles palizas cuando los tiene detenidos. Y después los suelta, tras aplicarles multas con la ley de Contravenciones, o simplemente de cobrarles dinero a sus familias para liberarlos, luego de tenerlos detenidos sin motivo. “Se investiga si el ‘Matajóvenes’ ha tenido que ver con la muerte del chico Nicolás Escobar”, comenta Lorenzo Pisarello. Se trata de un adolescente de 15 años que fue hallado muerto el 18 de mayo en un zanjón de la Villa Obrera. En ese caso confuso, un amigo de Escobar dijo que esa madrugada Nicolás “trató de robar un auto”, los comenzó a perseguir la Policía y se separaron. Fuentes policiales sugirieron que aparentemente se golpeó al caerse en el zanjón y murió ahogado. “Nadie me ha dicho qué pasó”, reclamó la madre del chico, Elizabeth Urzagasti. La investigación está en manos de la fiscala I, Marta Mariana Rivadeneira, quien también se ocupa de la pesquisa actual que involucra al oficial Giménez. La fiscala Rivadeneira investigó hace un año a cuatro policías de la seccional 5a que se filmaron torturando a un muchacho esposado (identificado como “Amarillo”) y haciéndolo reproducir sonidos de animales. Una situación similar al de Giménez, quien le saca las esposas a este detenido (identificado como “Hamburguesa”) antes de agarrarlo a golpes en la cabeza.
Según el informe en la Justicia por este caso, la Policía ha registrado de manera difusa e irregular varias detenciones de “Hamburguesa”, lo cual encaja exactamente en las prácticas irregulares que denuncia Andhes.
Palabras sin hechos
Para el jefe de Policía, Dante Bustamante, este episodio es “aberrante” y está siendo objeto de un sumario. Como lo fue el video de hace un año, cuya difusión no ha servido para cambiar conductas, y ahí está el principal problema: a pesar de que hay dos fallos de la Corte Suprema para que se entreguen informes quincenales sobre personas detenidas y aprehendidas, y a que los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila exigen respuestas sobre las condiciones de detención, los casos de tortura siguen siendo considerados como episodios aislados en medio de una sociedad anestesiada frente a la violencia. Hace un año, con el video de torturas de los animalitos, se le reclamó al secretario de Derechos Humanos, Humberto Rava, que no se había reglamentado la ley contra la tortura, sancionada en 2012. Hoy, un año después, Rava se justifica en que el gobernador José Alperovich sólo le pidió que fundamente la reglamentación de la ley y no que organice la comisión de investigación que exige esa norma. Sigue sin ser reglamentada.
En ese marco, poco importan las declaraciones que con cada episodio efectúan los funcionarios. Hace un año el defensor del pueblo, Hugo Cabral, anunciaba que se investigarían los apremios ilegales. ¿Con qué objeto? ¿Para impedir conductas como la del oficial Giménez?
Lo que dejan hacer
La pregunta es por qué no se le da importancia al asunto. Una de las respuestas es que, así como en esta sociedad las salidas por los costados de la ley son más importantes que la ley -como los bolsones, los favores, las influencias por abajo de la mesa- del mismo modo los métodos violentos dan la idea de que se hace algo frente a la sensación de inseguridad. “Pero... ¿será buenito ese?” es la pregunta que campea por las redes sociales, justificando que el oficial golpee al chico, sin importar si es culpable o inocente, ni el hecho de que ya está esposado. La golpiza es como una vindicta pública frente a la sensación desagradable de la inseguridad. Y los funcionarios, responsables de que se haga cumplir la ley, también dejan a los policías hacer.
Lo que no quisieron hacer
En los últimos años los gobernantes han tenido muchas oportunidades de enfocar el problema de la inseguridad con cambios de conductas policiales. A fines del año 2000 Michael O´Connor, jefe de la Policía de Tránsito de Nueva York, visitó la provincia, como parte del equipo de William Bratton (actualmente jefe de la policía neoyorquina por segunda vez). En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno el visitante dio una conferencia explicando el funcionamiento y las estrategias del cuerpo policial de esa ciudad. O´Connor integra hoy la Junta de Revisión de Quejas Civiles, una organizacion independiente y sólida cuya misión crítica es investigar las denuncias de mala conducta policial en Nueva York. Evidentemente, pese a que Nueva York -no sin polémica- es ejemplo en el mundo desde hace 20 años por haber bajado los índices de delitos, los homicidios y la sensación de inseguridad, a O’Connor lo trajeron para que nadie lo escuche. También en esa visita a Tucumán estuvo el criminólogo William Kelling, uno de los autores de la teoría de las Ventanas Rotas, en la que se basa la “Tolerancia cero” aplicada en Nueva York.
En 2006 hubo otra experiencia, con la Academia de Policía de Holanda, que integró un programa para modificación del trabajo policial tucumano. El ex ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, y muchos otros funcionarios -incluida la primera dama Beatriz Rojkés, entonces diputada nacional- viajaron a Holanda por este programa de esa academia que trabaja con protocolos de trabajo con los mismos agentes de calle, ya que son los que deben enfrentar los problemas en la sociedad. Nada quedó de eso, pese a que Tucumán era el centro de una de las cuatro experiencias que se hacían en Argentina en materia de seguridad con Holanda. Otra fue la reforma de la Policía Aeroportuaria con Marcelo Saín, y otra fue el trabajo en 2009 para enfocar la seguridad en estadios deportivos con el experto Otto Adang (quien también estuvo en Tucumán sin que se lo aprovechara). Adang fue quien concluyó que en Argentina era improbable luchar contra los barrabravas mientras persistieran los vínculos entre las barras y el poder político, como explicó Federico Türpe en “Los hooligans del fraude político” (12/9).
La didáctica del “Malevo”
Las conclusiones son tan duras como los golpes del oficial Giménez. Hay una incapacidad -debido a la baja calidad policial- para producir prevención. Por eso los golpes. Por otro lado, la Policía es parte de un sistema que funciona mal, que involucra a una Justicia colapsada y permisiva y a un poder político que se niega a controlar y actuar -por baja calidad política-. A este oficial es más fácil castigarlo que ponerle límites o reentrenarlo. Si un oficial actúa así, ¿qué se puede esperar de los agentes de calle, que han de seguir el ejemplo de sus superiores? Esto refleja una marcada ausencia de controles internos y externos a la Policía. Por eso Alperovich no reglamentó la ley contra la tortura y por eso estos hechos se repiten desde tiempos inmemoriales. Es una Policía básica, primitiva, reflejo de una sociedad autoritaria, que sigue creyendo que las prácticas del Malevo Ferreyra -quien hace 30 años se jactaba de demorar a los jóvenes y “latiguearlos para que aprendan”- son la solución a la inseguridad. Y no lo son. La Policía siempre torturó y cada vez hay más homicidios y más violencia. Si algo pueden dejar estos “videos didácticos” que los policías hacen con más frecuencia, es que no funciona el respeto a golpes. A ver si aprendemos.
Buscando al “Matajóvenes”
Precisamente en la zona de esta comisaría (la de la Unidad Regional Norte) es donde la organización Andhes ha denunciado constantes episodios violentos derivados de detenciones arbitrarias. Estas se producen mediante la inconstitucional Ley de Contravenciones Policiales, que es usada como método de control social más que como elemento de prevención de infracciones al orden o de delitos. Matías Lorenzo Pisarello, de Andhes, anticipa que van a intervenir en este caso como querellantes de la sociedad civil para que no sólo se acuse al oficial por apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público, sino por torturas. Los apremios tienen pena de 1 a 5 años y las torturas, de 8 a 25. Cuenta que desde hace dos años los jóvenes detenidos habitualmente en toda la zona de Tafí Viejo y Las Talitas denuncian que hay un agente que se ocupó de hacerse dura fama de temible, al que llaman “Matachicos” o “Matajóvenes”, que se ocupa de darles palizas cuando los tiene detenidos. Y después los suelta, tras aplicarles multas con la ley de Contravenciones, o simplemente de cobrarles dinero a sus familias para liberarlos, luego de tenerlos detenidos sin motivo. “Se investiga si el ‘Matajóvenes’ ha tenido que ver con la muerte del chico Nicolás Escobar”, comenta Lorenzo Pisarello. Se trata de un adolescente de 15 años que fue hallado muerto el 18 de mayo en un zanjón de la Villa Obrera. En ese caso confuso, un amigo de Escobar dijo que esa madrugada Nicolás “trató de robar un auto”, los comenzó a perseguir la Policía y se separaron. Fuentes policiales sugirieron que aparentemente se golpeó al caerse en el zanjón y murió ahogado. “Nadie me ha dicho qué pasó”, reclamó la madre del chico, Elizabeth Urzagasti. La investigación está en manos de la fiscala I, Marta Mariana Rivadeneira, quien también se ocupa de la pesquisa actual que involucra al oficial Giménez. La fiscala Rivadeneira investigó hace un año a cuatro policías de la seccional 5a que se filmaron torturando a un muchacho esposado (identificado como “Amarillo”) y haciéndolo reproducir sonidos de animales. Una situación similar al de Giménez, quien le saca las esposas a este detenido (identificado como “Hamburguesa”) antes de agarrarlo a golpes en la cabeza.
Según el informe en la Justicia por este caso, la Policía ha registrado de manera difusa e irregular varias detenciones de “Hamburguesa”, lo cual encaja exactamente en las prácticas irregulares que denuncia Andhes.
Palabras sin hechos
Para el jefe de Policía, Dante Bustamante, este episodio es “aberrante” y está siendo objeto de un sumario. Como lo fue el video de hace un año, cuya difusión no ha servido para cambiar conductas, y ahí está el principal problema: a pesar de que hay dos fallos de la Corte Suprema para que se entreguen informes quincenales sobre personas detenidas y aprehendidas, y a que los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila exigen respuestas sobre las condiciones de detención, los casos de tortura siguen siendo considerados como episodios aislados en medio de una sociedad anestesiada frente a la violencia. Hace un año, con el video de torturas de los animalitos, se le reclamó al secretario de Derechos Humanos, Humberto Rava, que no se había reglamentado la ley contra la tortura, sancionada en 2012. Hoy, un año después, Rava se justifica en que el gobernador José Alperovich sólo le pidió que fundamente la reglamentación de la ley y no que organice la comisión de investigación que exige esa norma. Sigue sin ser reglamentada.
En ese marco, poco importan las declaraciones que con cada episodio efectúan los funcionarios. Hace un año el defensor del pueblo, Hugo Cabral, anunciaba que se investigarían los apremios ilegales. ¿Con qué objeto? ¿Para impedir conductas como la del oficial Giménez?
Lo que dejan hacer
La pregunta es por qué no se le da importancia al asunto. Una de las respuestas es que, así como en esta sociedad las salidas por los costados de la ley son más importantes que la ley -como los bolsones, los favores, las influencias por abajo de la mesa- del mismo modo los métodos violentos dan la idea de que se hace algo frente a la sensación de inseguridad. “Pero... ¿será buenito ese?” es la pregunta que campea por las redes sociales, justificando que el oficial golpee al chico, sin importar si es culpable o inocente, ni el hecho de que ya está esposado. La golpiza es como una vindicta pública frente a la sensación desagradable de la inseguridad. Y los funcionarios, responsables de que se haga cumplir la ley, también dejan a los policías hacer.
Lo que no quisieron hacer
En los últimos años los gobernantes han tenido muchas oportunidades de enfocar el problema de la inseguridad con cambios de conductas policiales. A fines del año 2000 Michael O´Connor, jefe de la Policía de Tránsito de Nueva York, visitó la provincia, como parte del equipo de William Bratton (actualmente jefe de la policía neoyorquina por segunda vez). En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno el visitante dio una conferencia explicando el funcionamiento y las estrategias del cuerpo policial de esa ciudad. O´Connor integra hoy la Junta de Revisión de Quejas Civiles, una organizacion independiente y sólida cuya misión crítica es investigar las denuncias de mala conducta policial en Nueva York. Evidentemente, pese a que Nueva York -no sin polémica- es ejemplo en el mundo desde hace 20 años por haber bajado los índices de delitos, los homicidios y la sensación de inseguridad, a O’Connor lo trajeron para que nadie lo escuche. También en esa visita a Tucumán estuvo el criminólogo William Kelling, uno de los autores de la teoría de las Ventanas Rotas, en la que se basa la “Tolerancia cero” aplicada en Nueva York.
En 2006 hubo otra experiencia, con la Academia de Policía de Holanda, que integró un programa para modificación del trabajo policial tucumano. El ex ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, y muchos otros funcionarios -incluida la primera dama Beatriz Rojkés, entonces diputada nacional- viajaron a Holanda por este programa de esa academia que trabaja con protocolos de trabajo con los mismos agentes de calle, ya que son los que deben enfrentar los problemas en la sociedad. Nada quedó de eso, pese a que Tucumán era el centro de una de las cuatro experiencias que se hacían en Argentina en materia de seguridad con Holanda. Otra fue la reforma de la Policía Aeroportuaria con Marcelo Saín, y otra fue el trabajo en 2009 para enfocar la seguridad en estadios deportivos con el experto Otto Adang (quien también estuvo en Tucumán sin que se lo aprovechara). Adang fue quien concluyó que en Argentina era improbable luchar contra los barrabravas mientras persistieran los vínculos entre las barras y el poder político, como explicó Federico Türpe en “Los hooligans del fraude político” (12/9).
La didáctica del “Malevo”
Las conclusiones son tan duras como los golpes del oficial Giménez. Hay una incapacidad -debido a la baja calidad policial- para producir prevención. Por eso los golpes. Por otro lado, la Policía es parte de un sistema que funciona mal, que involucra a una Justicia colapsada y permisiva y a un poder político que se niega a controlar y actuar -por baja calidad política-. A este oficial es más fácil castigarlo que ponerle límites o reentrenarlo. Si un oficial actúa así, ¿qué se puede esperar de los agentes de calle, que han de seguir el ejemplo de sus superiores? Esto refleja una marcada ausencia de controles internos y externos a la Policía. Por eso Alperovich no reglamentó la ley contra la tortura y por eso estos hechos se repiten desde tiempos inmemoriales. Es una Policía básica, primitiva, reflejo de una sociedad autoritaria, que sigue creyendo que las prácticas del Malevo Ferreyra -quien hace 30 años se jactaba de demorar a los jóvenes y “latiguearlos para que aprendan”- son la solución a la inseguridad. Y no lo son. La Policía siempre torturó y cada vez hay más homicidios y más violencia. Si algo pueden dejar estos “videos didácticos” que los policías hacen con más frecuencia, es que no funciona el respeto a golpes. A ver si aprendemos.
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