Por Federico Türpe
19 Septiembre 2015
Las elecciones del 23 de agosto no debieron haber sido anuladas por la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que integran los jueces Ebe López Piossek y Salvador Ruiz.
La sentencia fue firmada 20 minutos antes de que temblara Tucumán junto a todo el cono sur del continente, a causa de un terremoto de 8,4 grados en la escala de Richter, con epicentro en la costa central de Chile.
La sociedad híper informada, que se estaba anoticiando del resultado de la sentencia, atravesaba un momento de confusión mayor. No sabía si estaba siendo víctima de una pérdida de equilibrio producto del sismo, o de un mareo por el efecto mariposa de una decisión judicial sin precedentes.
Los tucumanos tuvieron un atardecer para el olvido el miércoles 16 de septiembre, entre temblores fuertes y una democracia que se desmorona, sin que, en las apariencias, alguien pueda hacer algo para evitarlo.
Las instituciones están mostrando por estos días una debilidad preocupante y los resortes que deberían accionarse para protegerla parecen oxidados.
El feudalismo que supo construir José Alperovich durante doce años de gobierno monárquico no tiene derecho ahora a denunciar un “golpe judicial”, cuando contó durante todo su mandato con una justicia adicta como nunca antes en la historia de la provincia.
Aún así, no debieron anularse las elecciones. No hay argumentos, en el texto que redactaron los jueces, que justifiquen esa decisión, encuadrados en el derecho que hoy nos rige. De acuerdo a la ley electoral, los camaristas están facultados para anular un comicio, es así, pero según el Código Nacional Electoral para ello deberían haberse anulado previamente al menos el 50% de las urnas del escrutinio. Lo que no ocurrió ni podría ocurrir, ya que el porcentaje de mesas observadas, con toda la furia, apenas supera el 15%, y en más de la mitad de los casos corresponden a irregularidades producidas dentro la propia interna del Frente para la Victoria.
El fraude, en la magnitud necesaria para alterar el resultado de la elección, no fue probado, según lo reconoció el propio camarista Ruiz.
En cambio, se dictaminó la nulidad por acumulación de vicios en el procedimiento electoral, producidos antes, durante y después del 23 de agosto.
Vicios que, en muchos casos, se enmarcan dentro del delito penal, pero no electoral.
Entre los principales argumentos de este fallo inédito figuran la conformación parcializada y subjetiva de la Junta Electoral, integrada por Ana María Rosa Paz, ex esposa del candidato oficialista y ex ministro de Economía en la gestión de Julio Miranda, José Alberto Cúneo Vergés. Una situación irregular a todas luces, pero que debería haberse evitado antes del 23 de agosto.
La sentencia también hace foco en las cámaras montadas en la Junta Electoral, desde la insólita instalación a cargo de un inexperto en estos menesteres, hasta la sospechosa destrucción de los discos rígidos que debían almacenar las imágenes. Hecho por demás preocupante, pero que no constituye razón para determinar la nulidad de una elección, ya que se trata de un soporte de apoyo a la verdadera custodia de las urnas, que corre por cuenta de Gendarmería Nacional, fuerza que, por otra parte, se subestima y se desacredita en el fallo. No son pocas las juntas electorales del país que ni siquiera tienen cámaras.
La Sala 1, además, alude a algunos hechos de violencia ocurridos ese domingo, a la quema de 25 urnas, a la agresión a un periodista, al cambio de domicilio de 448 votantes, entre otros incidentes aislados, que no dejan de ser repudiables pero, una vez más, no son causales de nulidad.
El argumento más importante de la sentencia, además de ser el más desarrollado a lo largo de todo el escrito, es el que refiere a todo el combo del clientelismo electoral, desde la entrega de bolsones con alimentos o dinero, distintos materiales o sorteos de autos, hasta el acarreo de votantes. Prácticas deleznables, humillantes y repudiables de palmo a palmo, que no merecen ningún tipo de concesión ni justificativo, pero que constituye, otra vez, un delito penal, no un motivo para anular un comicio.
En primer lugar, es imposible probar la correlación directa entre el clientelismo y los votos. ¿Quién puede asegurar que un bolsón equivale a un voto para el candidato que lo entrega?
En segundo lugar, esta vergonzosa práctica no es exclusiva del Frente para la Victoria, sino que alcanza a varios espacios políticos, de modo que también hay en las urnas votos de la oposición producto del clientelismo.
En tercer lugar, hay cierta estigmatización en el fallo respecto del voto de los sectores más vulnerables, pese a que se aclara puntualmente en la sentencia que no se intenta estigmatizar. Se desprende que el pobre, que carece de formación cívica, no sabe votar y, por lo tanto, es fácilmente influenciable, mientras que los sectores medios y altos son más independientes y conscientes cuando eligen un candidato. Un prejuicio muy instalado en una sociedad clasista y xenófoba como la tucumana, pero que no se ajusta a la verdad, al menos con parámetros tan generales.
¿Acaso el empresario que aporta dinero a la campaña de un candidato no tiene condicionado su voto y el de todo su entorno de influencia, que puede ser bastante mayor que el de un puntero? ¿Acaso los sectores medios no reciben “bolsones” laborales, de tráfico de influencia, de pautas publicitarias, contratos y demás beneficios clientelares?
Hay también una subestimación hacia el peronismo de base, territorial, con sincero y fuerte arraigo en los sectores más populares. Es así, le moleste a quien le moleste, en ciertos sectores más carenciados el peronismo es invencible, al menos en Tucumán, desde hace décadas.
En la sentencia no hay un solo número, una sola cifra que mensure las irregularidades referidas. Son todas generalizaciones sobre clientelismo sin ninguna escala. No sabemos si se está hablando de 10, 100, 1.000 o 10.000 votos cuestionados.
En un pasaje del fallo se argumenta la nulidad por la “magnitud de las anomalías registradas durante la celebración de los comicios y los días posteriores”. ¿Cuántos votos son una magnitud? ¿Esa magnitud también hace referencia a los candidatos a intendente electos de la oposición Germán Alfaro, Mariano Campero, Roberto Sánchez y Sebastián Salazar?
Podemos coincidir con que los delitos expuestos en la sentencia son veraces en un 90%, pero ese es otro tema, distinto de la nulidad de una elección.
Hasta aquí lo que ya pasó. Ahora deben respetarse las instituciones, sobre todo la división de poderes, tan bastardeada por el kirchnerismo y por el alperovichismo, y continuar el pleito por los canales que corresponden.
Son los dirigentes quienes tienen la máxima responsabilidad de evitar las escaladas de agresiones y violencia. No se pueden permitir ataques a la casa de una magistrada ni carteles como “Muerte a los traidores”, colgado en una pared de Tribunales.
Juan Manzur ni siquiera asumió y ya no puede caminar por la calle. Nadie quiere volver a esa época y para eso no hay que exacerbar las divisiones, lo contrario de los que están haciendo algunos dirigentes por estos días.
Se entiende la crispación porque, lamentablemente, hay mucho dinero en juego. O acaso alguien cree que gastar 1.000 millones de pesos en una campaña es ideológico, al margen de que hoy todos los espacios son un merengue ideológico infestado de contradicciones.
Tampoco son los medios los responsables de todos los males de este país, como le miente el kirchnerismo a la gente desde que rompió con el grupo Clarín, en 2008. No son los medios los que queman urnas, balean sedes, adulteran telegramas y desvían millones de pesos del Estado para las campañas, un verdadero crimen si se piensa que hay más de 11 millones de pobres en Argentina.
Tampoco son los medios -ni siquiera los cientos de diarios, canales de TV, radios y páginas web que controla el gobierno- los responsables de la represión del 24 de agosto o de cada fallo judicial adverso, experiencia que el alperovichismo casi no conoce. Basta de mentirle a la gente que hay conspiraciones en todas partes, o será porque, como dicen, el ladrón cree que son todos de su condición.
Más allá de la polémica, este fallo debería servir para refundar el sistema electoral y terminar para siempre con prácticas mafiosas, feudales y putrefactas que están gangrenando a esta ya precaria democracia.
No puede la Legislatura tucumana seguir teniendo un presupuesto tan escandaloso, de donde surge gran parte de los fondos clientelares, ni puede seguir habiendo un entramado de acoples obsceno y tramposo. Un sistema urdido para que gane el que más dinero tiene, y ese casi siempre será el que maneje la corrupta caja del Estado.
La sentencia fue firmada 20 minutos antes de que temblara Tucumán junto a todo el cono sur del continente, a causa de un terremoto de 8,4 grados en la escala de Richter, con epicentro en la costa central de Chile.
La sociedad híper informada, que se estaba anoticiando del resultado de la sentencia, atravesaba un momento de confusión mayor. No sabía si estaba siendo víctima de una pérdida de equilibrio producto del sismo, o de un mareo por el efecto mariposa de una decisión judicial sin precedentes.
Los tucumanos tuvieron un atardecer para el olvido el miércoles 16 de septiembre, entre temblores fuertes y una democracia que se desmorona, sin que, en las apariencias, alguien pueda hacer algo para evitarlo.
Las instituciones están mostrando por estos días una debilidad preocupante y los resortes que deberían accionarse para protegerla parecen oxidados.
El feudalismo que supo construir José Alperovich durante doce años de gobierno monárquico no tiene derecho ahora a denunciar un “golpe judicial”, cuando contó durante todo su mandato con una justicia adicta como nunca antes en la historia de la provincia.
Aún así, no debieron anularse las elecciones. No hay argumentos, en el texto que redactaron los jueces, que justifiquen esa decisión, encuadrados en el derecho que hoy nos rige. De acuerdo a la ley electoral, los camaristas están facultados para anular un comicio, es así, pero según el Código Nacional Electoral para ello deberían haberse anulado previamente al menos el 50% de las urnas del escrutinio. Lo que no ocurrió ni podría ocurrir, ya que el porcentaje de mesas observadas, con toda la furia, apenas supera el 15%, y en más de la mitad de los casos corresponden a irregularidades producidas dentro la propia interna del Frente para la Victoria.
El fraude, en la magnitud necesaria para alterar el resultado de la elección, no fue probado, según lo reconoció el propio camarista Ruiz.
En cambio, se dictaminó la nulidad por acumulación de vicios en el procedimiento electoral, producidos antes, durante y después del 23 de agosto.
Vicios que, en muchos casos, se enmarcan dentro del delito penal, pero no electoral.
Entre los principales argumentos de este fallo inédito figuran la conformación parcializada y subjetiva de la Junta Electoral, integrada por Ana María Rosa Paz, ex esposa del candidato oficialista y ex ministro de Economía en la gestión de Julio Miranda, José Alberto Cúneo Vergés. Una situación irregular a todas luces, pero que debería haberse evitado antes del 23 de agosto.
La sentencia también hace foco en las cámaras montadas en la Junta Electoral, desde la insólita instalación a cargo de un inexperto en estos menesteres, hasta la sospechosa destrucción de los discos rígidos que debían almacenar las imágenes. Hecho por demás preocupante, pero que no constituye razón para determinar la nulidad de una elección, ya que se trata de un soporte de apoyo a la verdadera custodia de las urnas, que corre por cuenta de Gendarmería Nacional, fuerza que, por otra parte, se subestima y se desacredita en el fallo. No son pocas las juntas electorales del país que ni siquiera tienen cámaras.
La Sala 1, además, alude a algunos hechos de violencia ocurridos ese domingo, a la quema de 25 urnas, a la agresión a un periodista, al cambio de domicilio de 448 votantes, entre otros incidentes aislados, que no dejan de ser repudiables pero, una vez más, no son causales de nulidad.
El argumento más importante de la sentencia, además de ser el más desarrollado a lo largo de todo el escrito, es el que refiere a todo el combo del clientelismo electoral, desde la entrega de bolsones con alimentos o dinero, distintos materiales o sorteos de autos, hasta el acarreo de votantes. Prácticas deleznables, humillantes y repudiables de palmo a palmo, que no merecen ningún tipo de concesión ni justificativo, pero que constituye, otra vez, un delito penal, no un motivo para anular un comicio.
En primer lugar, es imposible probar la correlación directa entre el clientelismo y los votos. ¿Quién puede asegurar que un bolsón equivale a un voto para el candidato que lo entrega?
En segundo lugar, esta vergonzosa práctica no es exclusiva del Frente para la Victoria, sino que alcanza a varios espacios políticos, de modo que también hay en las urnas votos de la oposición producto del clientelismo.
En tercer lugar, hay cierta estigmatización en el fallo respecto del voto de los sectores más vulnerables, pese a que se aclara puntualmente en la sentencia que no se intenta estigmatizar. Se desprende que el pobre, que carece de formación cívica, no sabe votar y, por lo tanto, es fácilmente influenciable, mientras que los sectores medios y altos son más independientes y conscientes cuando eligen un candidato. Un prejuicio muy instalado en una sociedad clasista y xenófoba como la tucumana, pero que no se ajusta a la verdad, al menos con parámetros tan generales.
¿Acaso el empresario que aporta dinero a la campaña de un candidato no tiene condicionado su voto y el de todo su entorno de influencia, que puede ser bastante mayor que el de un puntero? ¿Acaso los sectores medios no reciben “bolsones” laborales, de tráfico de influencia, de pautas publicitarias, contratos y demás beneficios clientelares?
Hay también una subestimación hacia el peronismo de base, territorial, con sincero y fuerte arraigo en los sectores más populares. Es así, le moleste a quien le moleste, en ciertos sectores más carenciados el peronismo es invencible, al menos en Tucumán, desde hace décadas.
En la sentencia no hay un solo número, una sola cifra que mensure las irregularidades referidas. Son todas generalizaciones sobre clientelismo sin ninguna escala. No sabemos si se está hablando de 10, 100, 1.000 o 10.000 votos cuestionados.
En un pasaje del fallo se argumenta la nulidad por la “magnitud de las anomalías registradas durante la celebración de los comicios y los días posteriores”. ¿Cuántos votos son una magnitud? ¿Esa magnitud también hace referencia a los candidatos a intendente electos de la oposición Germán Alfaro, Mariano Campero, Roberto Sánchez y Sebastián Salazar?
Podemos coincidir con que los delitos expuestos en la sentencia son veraces en un 90%, pero ese es otro tema, distinto de la nulidad de una elección.
Hasta aquí lo que ya pasó. Ahora deben respetarse las instituciones, sobre todo la división de poderes, tan bastardeada por el kirchnerismo y por el alperovichismo, y continuar el pleito por los canales que corresponden.
Son los dirigentes quienes tienen la máxima responsabilidad de evitar las escaladas de agresiones y violencia. No se pueden permitir ataques a la casa de una magistrada ni carteles como “Muerte a los traidores”, colgado en una pared de Tribunales.
Juan Manzur ni siquiera asumió y ya no puede caminar por la calle. Nadie quiere volver a esa época y para eso no hay que exacerbar las divisiones, lo contrario de los que están haciendo algunos dirigentes por estos días.
Se entiende la crispación porque, lamentablemente, hay mucho dinero en juego. O acaso alguien cree que gastar 1.000 millones de pesos en una campaña es ideológico, al margen de que hoy todos los espacios son un merengue ideológico infestado de contradicciones.
Tampoco son los medios los responsables de todos los males de este país, como le miente el kirchnerismo a la gente desde que rompió con el grupo Clarín, en 2008. No son los medios los que queman urnas, balean sedes, adulteran telegramas y desvían millones de pesos del Estado para las campañas, un verdadero crimen si se piensa que hay más de 11 millones de pobres en Argentina.
Tampoco son los medios -ni siquiera los cientos de diarios, canales de TV, radios y páginas web que controla el gobierno- los responsables de la represión del 24 de agosto o de cada fallo judicial adverso, experiencia que el alperovichismo casi no conoce. Basta de mentirle a la gente que hay conspiraciones en todas partes, o será porque, como dicen, el ladrón cree que son todos de su condición.
Más allá de la polémica, este fallo debería servir para refundar el sistema electoral y terminar para siempre con prácticas mafiosas, feudales y putrefactas que están gangrenando a esta ya precaria democracia.
No puede la Legislatura tucumana seguir teniendo un presupuesto tan escandaloso, de donde surge gran parte de los fondos clientelares, ni puede seguir habiendo un entramado de acoples obsceno y tramposo. Un sistema urdido para que gane el que más dinero tiene, y ese casi siempre será el que maneje la corrupta caja del Estado.
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