Por Roberto Delgado
05 Septiembre 2015
Por andar en bicicleta sin bocina o timbre lo pueden detener a uno, según el artículo 15 de la Ley 5.140 de Contravenciones Policiales. Por navegar en bote sin chaleco salvavidas. Por navegar sin pito para dar alarma en caso de emergencia Por hacer explotar un petardo sin permiso policial. También por tener armas sin autorización y por muchísimas causas más. Y lo pueden tener detenido dos días sin avisar a nadie, hasta que el jefe de Policía dicte la sanción, que puede ser hasta 60 días de arresto o bien, si uno tiene plata, puede pagar días multa, a razón de $ 30 por día. Mucha gente pobre pasa sus días en la comisaría por carecer de dinero para salir.
Muchas contravenciones parecen imprescindibles dentro de la labor policial, por ejemplo las que ayudan a impedir riñas callejeras o el vandalismo y que se vinculan con la idea de pacificación de la sociedad o de evitar males mayores. Pero la mayoría tiene que ver con problemas de convivencia: arrojar basura en la calle o ruidos molestos, que son asuntos naturalmente municipales que se ha dejado en manos de la fuerza de seguridad.
Más que la tolerancia cero
Por cierto, se piensa que en estos tiempos es improbable que la Policía vaya a detener a alguien por no llevar un pito en una lancha o por andar en la bicicleta sin el timbre. Pero el verdadero asunto es que puede hacerlo, y la ley la faculta para hacerlo discrecionalmente. Así fue en el caso de Gustavo Núñez, quien, enojado por el resultado de un partido, insultó al árbitro y a los jugadores y al policía que fue a detenerlo (porque el artículo 15 dice que ofender moralmente al árbitro es pasible de contravención). Así fue que le dieron cuatro días de arresto, sin derecho al pataleo. Y le aplicaron el artículo 5, que establece que la Policía tiene 48 horas para determinar la sanción que corresponde y para averiguar si el detenido tiene buena o mala conducta. En esas 48 horas está en manos de los policías y es posible que no lo sepa nadie y mucho menos el fiscal o el juez, que están regidos por el Código Procesal Penal. Este establece que un fiscal no puede detener a nadie por más de 24 horas y sólo hasta 10 días con autorización de juez, y que la persona detenida debe tener la posiblidad de defenderse con un abogado y ofrecer contraprueba. En las contravenciones el jefe de Policía puede tenerlo detenido hasta dos meses sin rendir cuentas a nadie. El camarista Pedro Roldán Vázquez dice que “no se trata en realidad siquiera de una política de ‘tolerancia cero’ sino que es una política de supresión de garantías que permite trabajar a los funcionarios –en gran medida- tal como se hacía antes de la recuperación de la democracia y de la reforma del Código Procesal Penal”.
Por el caso Núñez fue declarada inconstitucional la Ley 5.140 hace cinco años por la Corte Nacional. Y el año pasado la Corte provincial explicitó que son los artículos 5 y 15 los manifiestamente arbitrarios y antidemocráticos. Pero se sigue usando y no se trata sólo de la Policía, sino que el poder político la entiende como forma habitual de trabajo de prevención y pacificación ciudadana, y por ello, aunque hace años se derogó otra antidemocrática ley, la de Averiguación de Antecedentes, se ha seguido usando y modificando la de Contravenciones, con las leyes 5.159, 5.257, 5.390, 6.619, 6.722, 6.879, 7.072, 7.103 y 7.438. Por ejemplo, en 2001 se la modificó (Ley 7.103) para establecer que la Policía debía dar recibo de pago de la contravención (antes no se exigía); y en 2004, para penalizar a los que vendan pegamento a menores (Ley 7.438). El Gobierno defendió con uñas y dientes la validez de las Contravenciones y aunque los planteos de la ONG Andhes por el caso Núñez la llevaron a la inconstitucionalidad, se pretendió seguir usándola el año pasado cuando se creó la Secretaría de Higiene que comanda “Alito” Assán para tratar de erradicar basurales.
Con la muerte de dos detenidos en el incendio en la Brigada Norte en Yerba Buena, hace dos meses, se llegó a un punto límite. La Corte emplazó al Gobierno a sacar los presos de las comisarías y a informar sobre los detenidos contravencionales. Los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni son los que están exigiendo respuestas al Gobierno. López Ávila lo explicita: “es una aplicación sancionativa/punitiva/selectiva. Quien puede pagar la multa sale; el que no puede, queda adentro. Está abolida la defensa técnica en el proceso y lo peor es que se llega a un máximo de 60 días por una falta contravencional, lo cual supera los límites del Código Procesal Penal”. Y va más allá, porque esto, dice, genera una caja negra de movimientos de dinero para comida y alojamiento de los detenidos, y que ha sido denunciada varias veces. Lourdes Gallardo, hermana de uno de los muertos en la Brigada Norte, denunció que la Policía los mandaba a robar (lo investiga la fiscala Carmen Reuter). Y a los detenidos contravencionales -dice López Avila- “hay casos en que les alquilan la comida y si tienen capacidad económica les dan celda especial. O les exigen al preso o a la familia para que no les peguen o no los manden con violadores”.
El gobierno, que está demorado en cuanto al traslado de presos a Villa Urquiza (llevó algunos) y en las obras en la nueva Alcaidía en la cárcel, debió dar un informe de esas obras (ministro de Economía, Jorge Jiménez), de la cantidad de calabozos en comisarías y su infraestructura (ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer) y de la cantidad de detenidos (secretario de Derechos Humanos, Humberto Rava). Habría unos 700 detenidos contravencionales por mes en la capital.
Más ilegalidad
Pero de la presión judicial sobre gobierno y policía se deriva otra cuestión más oscura: “Observamos un avance grande de las detenciones ilegales, ni siquiera en el marco de contravenciones, sino ilegales”, dice Matías Lorenzo Pisarello, coordinador de seguridad de Andhes. Cuenta que el martes interpusieron un hábeas corpus por una persona detenida el domingo a la tarde en Tafí Viejo. “La madre fue a preguntar en la comisaría y no le decían la causa de la detención. Le decían que los papeles no estaban listos. El martes, a las dos horas de que lo dejaron en libertad, llegó el comisario de la Regional Norte a la casa a pedirle que levante el hábeas corpus porque si no iban a trasladarlo. Al día siguiente volvió y obviamente la persona tuvo que desistir del recurso para que la dejen en paz. Esto es lo que está sucediendo”.
Lorenzo añade que esto y la represión del lunes de la semana pasada en la plaza Independencia (y dentro de Casa de Gobierno) “muestra que la autarquía policial es cada vez más fuerte, mientras el Gobierno está en desobediencia de un fallo de la Corte nacional y dos de la Corte provincial”.
Pedro Roldán Vázquez recuerda que esta ley ha dado lugar a tragedias como la muerte a golpes dentro de una comisaría del camionero El Khalil, detenido por la contravención de no tener carnet de manejo. También cita el caso de Walter Bulacio en Buenos Aires, detenido en 1991 por la Policía Federal “por antecedentes” en un recital de los Redonditos, y que murió tras ser pateado en la cabeza. Pasaron 24 años y hace 10 días un joven enfermo de Parkinson y operado denunció que fue pateado en la cabeza por policías dentro de la Casa de Gobierno.
“Nadie se da cuenta de que esto le puede alcanzar a cualquiera”, dice el fiscal López Ávila. Roldán Vázquez va más allá: “si el Estado que nos debe proteger no respeta nuestros derechos, nos está enseñando a vivir fuera de la ley... La inadmisible demora en producir una legislación contravencional compatible con una sociedad democrática pone a diario en peligro no sólo la seguridad de nuestros jóvenes de hoy sino que también se proyecta negativamente hacia el futuro, trasladando hacia la próxima generación ideas, conductas y costumbres nacidas de un sistema políticamente autoritario que debe ser definitivamente superado”.
Soluciones superficiales
No se avizora el futuro. Esta provincia debatió con siete proyectos la modificación de la ley de Contravenciones hace casi dos años y no llegó a nada por eso de que la política, que debe reparar los problemas, a veces los ensucia más. Hubo proyectos muy represivos que reformulaban las contravenciones y otros muy garantistas que miraban a la Policía como un demonio y que pedían un sistema de jueces contravencionales para controlarla. No se llegó a nada, sobre todo porque el gobernador José Alperovich no estaba convencido de avanzar al respecto. Y el debate habrá que darlo en algún momento, porque se trata de los problemas básicos de la convivencia ciudadana. En los hechos, la Policía trata superficialmente estos asuntos -cree que pacificar es meter detenidos a todos los que se pueda y que después se vean los problemas- y no hace análisis sistemático sobre las causas de los hechos. Y la sociedad no ha debatido a fondo sobre lo que hace la Policía y lo que tiene que hacer. El debate no es la ley de Contravenciones sino el sistema policial.
Muchas contravenciones parecen imprescindibles dentro de la labor policial, por ejemplo las que ayudan a impedir riñas callejeras o el vandalismo y que se vinculan con la idea de pacificación de la sociedad o de evitar males mayores. Pero la mayoría tiene que ver con problemas de convivencia: arrojar basura en la calle o ruidos molestos, que son asuntos naturalmente municipales que se ha dejado en manos de la fuerza de seguridad.
Más que la tolerancia cero
Por cierto, se piensa que en estos tiempos es improbable que la Policía vaya a detener a alguien por no llevar un pito en una lancha o por andar en la bicicleta sin el timbre. Pero el verdadero asunto es que puede hacerlo, y la ley la faculta para hacerlo discrecionalmente. Así fue en el caso de Gustavo Núñez, quien, enojado por el resultado de un partido, insultó al árbitro y a los jugadores y al policía que fue a detenerlo (porque el artículo 15 dice que ofender moralmente al árbitro es pasible de contravención). Así fue que le dieron cuatro días de arresto, sin derecho al pataleo. Y le aplicaron el artículo 5, que establece que la Policía tiene 48 horas para determinar la sanción que corresponde y para averiguar si el detenido tiene buena o mala conducta. En esas 48 horas está en manos de los policías y es posible que no lo sepa nadie y mucho menos el fiscal o el juez, que están regidos por el Código Procesal Penal. Este establece que un fiscal no puede detener a nadie por más de 24 horas y sólo hasta 10 días con autorización de juez, y que la persona detenida debe tener la posiblidad de defenderse con un abogado y ofrecer contraprueba. En las contravenciones el jefe de Policía puede tenerlo detenido hasta dos meses sin rendir cuentas a nadie. El camarista Pedro Roldán Vázquez dice que “no se trata en realidad siquiera de una política de ‘tolerancia cero’ sino que es una política de supresión de garantías que permite trabajar a los funcionarios –en gran medida- tal como se hacía antes de la recuperación de la democracia y de la reforma del Código Procesal Penal”.
Por el caso Núñez fue declarada inconstitucional la Ley 5.140 hace cinco años por la Corte Nacional. Y el año pasado la Corte provincial explicitó que son los artículos 5 y 15 los manifiestamente arbitrarios y antidemocráticos. Pero se sigue usando y no se trata sólo de la Policía, sino que el poder político la entiende como forma habitual de trabajo de prevención y pacificación ciudadana, y por ello, aunque hace años se derogó otra antidemocrática ley, la de Averiguación de Antecedentes, se ha seguido usando y modificando la de Contravenciones, con las leyes 5.159, 5.257, 5.390, 6.619, 6.722, 6.879, 7.072, 7.103 y 7.438. Por ejemplo, en 2001 se la modificó (Ley 7.103) para establecer que la Policía debía dar recibo de pago de la contravención (antes no se exigía); y en 2004, para penalizar a los que vendan pegamento a menores (Ley 7.438). El Gobierno defendió con uñas y dientes la validez de las Contravenciones y aunque los planteos de la ONG Andhes por el caso Núñez la llevaron a la inconstitucionalidad, se pretendió seguir usándola el año pasado cuando se creó la Secretaría de Higiene que comanda “Alito” Assán para tratar de erradicar basurales.
Con la muerte de dos detenidos en el incendio en la Brigada Norte en Yerba Buena, hace dos meses, se llegó a un punto límite. La Corte emplazó al Gobierno a sacar los presos de las comisarías y a informar sobre los detenidos contravencionales. Los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni son los que están exigiendo respuestas al Gobierno. López Ávila lo explicita: “es una aplicación sancionativa/punitiva/selectiva. Quien puede pagar la multa sale; el que no puede, queda adentro. Está abolida la defensa técnica en el proceso y lo peor es que se llega a un máximo de 60 días por una falta contravencional, lo cual supera los límites del Código Procesal Penal”. Y va más allá, porque esto, dice, genera una caja negra de movimientos de dinero para comida y alojamiento de los detenidos, y que ha sido denunciada varias veces. Lourdes Gallardo, hermana de uno de los muertos en la Brigada Norte, denunció que la Policía los mandaba a robar (lo investiga la fiscala Carmen Reuter). Y a los detenidos contravencionales -dice López Avila- “hay casos en que les alquilan la comida y si tienen capacidad económica les dan celda especial. O les exigen al preso o a la familia para que no les peguen o no los manden con violadores”.
El gobierno, que está demorado en cuanto al traslado de presos a Villa Urquiza (llevó algunos) y en las obras en la nueva Alcaidía en la cárcel, debió dar un informe de esas obras (ministro de Economía, Jorge Jiménez), de la cantidad de calabozos en comisarías y su infraestructura (ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer) y de la cantidad de detenidos (secretario de Derechos Humanos, Humberto Rava). Habría unos 700 detenidos contravencionales por mes en la capital.
Más ilegalidad
Pero de la presión judicial sobre gobierno y policía se deriva otra cuestión más oscura: “Observamos un avance grande de las detenciones ilegales, ni siquiera en el marco de contravenciones, sino ilegales”, dice Matías Lorenzo Pisarello, coordinador de seguridad de Andhes. Cuenta que el martes interpusieron un hábeas corpus por una persona detenida el domingo a la tarde en Tafí Viejo. “La madre fue a preguntar en la comisaría y no le decían la causa de la detención. Le decían que los papeles no estaban listos. El martes, a las dos horas de que lo dejaron en libertad, llegó el comisario de la Regional Norte a la casa a pedirle que levante el hábeas corpus porque si no iban a trasladarlo. Al día siguiente volvió y obviamente la persona tuvo que desistir del recurso para que la dejen en paz. Esto es lo que está sucediendo”.
Lorenzo añade que esto y la represión del lunes de la semana pasada en la plaza Independencia (y dentro de Casa de Gobierno) “muestra que la autarquía policial es cada vez más fuerte, mientras el Gobierno está en desobediencia de un fallo de la Corte nacional y dos de la Corte provincial”.
Pedro Roldán Vázquez recuerda que esta ley ha dado lugar a tragedias como la muerte a golpes dentro de una comisaría del camionero El Khalil, detenido por la contravención de no tener carnet de manejo. También cita el caso de Walter Bulacio en Buenos Aires, detenido en 1991 por la Policía Federal “por antecedentes” en un recital de los Redonditos, y que murió tras ser pateado en la cabeza. Pasaron 24 años y hace 10 días un joven enfermo de Parkinson y operado denunció que fue pateado en la cabeza por policías dentro de la Casa de Gobierno.
“Nadie se da cuenta de que esto le puede alcanzar a cualquiera”, dice el fiscal López Ávila. Roldán Vázquez va más allá: “si el Estado que nos debe proteger no respeta nuestros derechos, nos está enseñando a vivir fuera de la ley... La inadmisible demora en producir una legislación contravencional compatible con una sociedad democrática pone a diario en peligro no sólo la seguridad de nuestros jóvenes de hoy sino que también se proyecta negativamente hacia el futuro, trasladando hacia la próxima generación ideas, conductas y costumbres nacidas de un sistema políticamente autoritario que debe ser definitivamente superado”.
Soluciones superficiales
No se avizora el futuro. Esta provincia debatió con siete proyectos la modificación de la ley de Contravenciones hace casi dos años y no llegó a nada por eso de que la política, que debe reparar los problemas, a veces los ensucia más. Hubo proyectos muy represivos que reformulaban las contravenciones y otros muy garantistas que miraban a la Policía como un demonio y que pedían un sistema de jueces contravencionales para controlarla. No se llegó a nada, sobre todo porque el gobernador José Alperovich no estaba convencido de avanzar al respecto. Y el debate habrá que darlo en algún momento, porque se trata de los problemas básicos de la convivencia ciudadana. En los hechos, la Policía trata superficialmente estos asuntos -cree que pacificar es meter detenidos a todos los que se pueda y que después se vean los problemas- y no hace análisis sistemático sobre las causas de los hechos. Y la sociedad no ha debatido a fondo sobre lo que hace la Policía y lo que tiene que hacer. El debate no es la ley de Contravenciones sino el sistema policial.
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