Esta tierra de nadie entre la democracia y la no democracia

Esta tierra de nadie entre la democracia y la no democracia

“La razón indolente se manifiesta de diferentes formas”, esclarece el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos en uno de los seminarios reunidos en Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social. “Vivimos en un conocimiento perezoso, por naturaleza dicotómico: hombre/mujer, norte/sur, blanco/negro. (…) Por lo que no es posible pensar por afuera de las totalidades: no puedo pensar el sur sin el norte, a la mujer sin el hombre, al esclavo sin el amo. Pero lo que debemos buscar es si en estas realidades no hay cosas que están por fuera de esta totalidad: qué hay en la mujer que no depende de la relación con el hombre; que hay en el sur que no depende de la relación con el norte; que hay en el esclavo que no depende de la relación con el amo. Es decir, pensar por afuera de la totalidad”.

“Superar la lógica binaria significa ser capaces de transformar las dicotomías en bipolaridades”, ilumina el filósofo italiano Giorgio Agamben. Pone como ejemplo “la democracia versus el totalitarismo”, que nunca dejarán de ser antinomias, pero no ya en universos inconexos, sino en un mismo plano de tensiones. ¿Para qué? Para “poder comprender la situación en que nos encontramos”. “Significa que entre A y no-A se da un tercer elemento que no puede ser, sin embargo, homogéneo y similar a los dos anteriores: él es la neutralización y la transformación de los dos primeros”.

Entre la democracia y el totalitarismo, distinto que ambos, anulando uno y otro -y reconvirtiéndolos-, se encuentra el Estado de Excepción. Ese el título del libro de Agamben. Esa es la situación en que se encuentra Tucumán. Esa es la angustia del ciudadano durante el día de los comicios: sabe que si se está votando no hay totalitarismo pero, a partir de la impune violación de toda la legalidad comicial, duda de que “eso” de lo que es testigo, y víctima, sea una democracia.

Sin vergüenza

El Estado de Excepción es la suspensión del derecho en nombre de preservar el derecho. “Es tierra de nadie entre el derecho público y el hecho político”, proclama Agamben. Es, a la vez, anomia y derecho.

El Estado de Excepción es el gobernador José Alperovich reconociendo el bolsoneo; y proclamando que para que siga habiendo gobierno surgido de comicios hay que aceptar ese delito perpetrado, justamente, porque aquí el Código Electoral está suspendido. “De ambos lados habría sucedido, pero igual nosotros perdimos en San Miguel de Tucumán y admitimos la derrota. Hay que respetar la voluntad popular”.

Estado de Excepción, precisamente, es reivindicar la compra de voluntades con mercadería en nombre del derecho del pueblo a votar. “La sociedad no es tonta; no vota lo que le dice una bolsa, sino su conciencia. Prefiero que le entreguen la bolsa y que el ciudadano haga lo que se le antoje. No me parece mal”, avaló Aníbal Fernández, jefe de Gabinete de la Nación.

La suspensión de la legislación electoral se ratifica en la declaración oficial de que también la oposición repartió bolsones. Adviértase que el Gobierno esgrime ese oprobio como atenuante, no como denuncia. ¿Por qué no están presos todos los bolsoneros, oficialistas y opositores? Porque si ha sido suspendido el derecho que pena ese delito, hay crimen pero no hay castigo.

En la violación de la ley (aunque no la apliquen, existe) no puede haber la equiparación que pretende el Gobierno. El delito es el mismo, pero que delinca el Estado es infinitamente más grave. Hay un Estado provincial que protege al ciudadano de los opositores que delinquen; pero no hay un Estado provincial que proteja de un Estado provincial delincuente.

Ese infierno no debería ser olvidado. Mucho menos por el funcionariado que se llena la boca de derechos humanos. Que una legión de “che pibes” de alquiler pulule idiotizadamente en las redes sociales diciendo “el Gobierno entregó bolsones, pero la oposición también” es parte de la vergüenza populista. Pero que el alperovichismo proclame simbólicamente la doctrina de “los dos demonios bolsoneros” es fraude a la “memoria, verdad y justicia”.

Sin libertad

Es en este punto donde se agrava el Estado de Excepción tucumano. No sólo suspende la ley, sino también garantías fundacionales. Cuando Alperovich dice que, aunque hubo bolsones, perdió en Capital, Concepción, Bella Vista y Yerba Buena, queda suspendido del derecho al voto libre. ¿Y los municipios donde ganó el bolsoneo? ¿Y las bancas compradas? ¿Y la gobernación parida en este barro?

Por eso está la ciudadanía en la plaza: porque quiere su derecho a no vivir bajo el imperio de un poder político surgido de la inmundicia del clientelismo que lucra con el hambre. El bolsón denuncia que no desterraron la pobreza: solamente la modernizaron.

Sin orgullo

El Estado de Excepción tucumano también suspendió el derecho a enorgullecerse de los comicios. Todas las prácticas fraudulentas desplegadas (canje de comida por votos, compra de voluntades con dinero, acarreo de electores, punteros tomando asistencia en las escuelas con los padrones, mesas habilitadas sin presencia de fiscales, urnas “embarazadas” con más boletas que electores, urnas “abortadas” y vacías, urnas “mártires” quemadas, telegramas adulterados…) gritan que da lo mismo votar que no hacerlo: las elecciones no van a depender de una virtuosa suma de voluntades, sino de la delictual distribución de favores.

Por eso está la ciudadanía en la plaza: grita que votar vale la pena, porque también conoce lo que pasa bajo las dictaduras que sostienen lo contrario.

Sin opción

El Estado de Excepción subtropical ha suspendido el derecho a tener alternativas. Hace 12 años que los gobernantes declaran que los gobernados que lo critican son enemigos de la democracia. Los adversarios fueron declarados golpistas, es decir, anormales y sanguinarios convalidadores de secuestros, torturas, robos de niños, sustitución de identidades, desapariciones, fusilamientos clandestinos y demás vejaciones a los derechos humanos, salvo que ser golpista signifique otra cosa en este país. Por caso, Raúl Eugenio Zaffaroni acaba de decir que denunciar fraude “sin pruebas” es peor que un golpe de Estado. De maestro del derecho penal a común banalizador del mal, previa escala en la Corte.

Ahí dejan al pueblo sin alternativas. Los oficialistas sólo pueden votar al oficialismo: los demás son violadores de derechos humanos en potencia. Los “demás” sólo pueden votar contra el oficialismo: el Gobierno les deja en claro que quiere (con fanatismo radicalizado) todo lo opuesto a lo que quieren sus opositores.

Por eso está la ciudadanía en la plaza: quiere que el resultado de las urnas sea una democracia en la que todos ganan, y no una timba, donde el que triunfa se queda con todo y el que pierde recibe nada de nada.

Sin verdad

Justamente, el consenso es un derecho de la modernidad y el Estado de Excepción pavimentador le niega la modernidad a los tucumanos.

En su afán de ‘robar’ la elección, sumaron en algunos casos todos los sobres enviados por la Junta Electoral, poniendo dentro otras tantas boletas oficiales. Pero los sobres se envían siempre con exceso, y ha sido tanta la torpeza de los presidentes de mesa a favor del gobierno que luego de meter 500 votos en la urna, recién leyeron que en la mesa sólo votaban 260 o 280, dice el diario argentino La Vanguardia del 16 de noviembre de 1931. Ese fragmento fue rescatado por Luciana Sabina e Ignacio Montes de Oca en el trabajo Las inquietantes semejanzas entre la Década Infame y la Década Ganada (eliminandovariables.com).

De ese período que va desde el golpe militar de 1930 al de 1943 provienen, según recuerdan los autores, el “voto cadena”; las irregularidades en los guarismos (en la madrugada, la web de Indra le daba 237% de los votos al Frente para la Victoria y el 195% al Acuerdo por el Bicentenario); los centros de entrega de alimentos y de dinero para la compra de votos; los patoteros en las escuelas (como los que irrumpieron en San Pablo y quemaron 27 urnas); y los certificados falseados (como el de la mesa 1441 de Famaillá, que registra el 105% de los sufragios).

Por eso está la ciudadanía en la plaza: porque lo obligan a retroceder en el tiempo cuando tiene derecho al progreso. Lo manifiesta en el legítimo reclamo de contar con un sistema electoral renovado y de gozar de un Gobierno sin maniobras fraudulentas. Eso promete la Constitución que la democracia pavimentadora reformó sólo para suspenderla.

Es que el Estado de Excepción alperovichista no emergió hace dos domingos: lleva una década de suspensión de la república. Aquí no es verdad que nadie puede tener más poder que el que la ley le otorga. Aquí no es verdad, a despecho de la Carta Magna, que se iba a instrumentar el voto electrónico. Aquí tampoco es verdad, aunque la Ley Fundamental lo ordene, que se iba a dictar antes de que termine 2006 el nuevo Régimen Electoral y de los Partidos Políticos.

Por eso está la ciudadanía en la plaza: porque, aquí, la verdad no es.

Cuando el Partido Obrero objetó la validez de los comicios dadas las enciclopédicas irregularidades que había visto todo el país, la Junta Electoral Provincial contestó que “desmiente categóricamente y de manera absoluta” eso que ahora admiten la Casa de Gobierno y la Casa Rosada.

El Estado de Excepción suspende el derecho a la verdad para resguardar la verdad de que esta es una tierra de nadie, a medio camino entre la democracia y la no democracia.

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