02 Septiembre 2015
FOTO ARCHIVO DYN.
El sacerdote Julio César Grassi, condenado en septiembre de 2013 a 15 años de prisión por abuso sexual de menores, fue citado a prestar delcaración indagatoria por presunta defraudación en el manejo de dinero de la Fundación Felices los Niños.
La medida fue dispuesta por la fiscala penal de Morón Adriana Suárez Corripio, en un expediente paralelo realcionado con los abusos por los que el sacerdote fue condenado, informó DyN.
Grassi está acusado por presunta “malversación de caudales”, pues donaciones que recibía la Fundación Felices los Niños habrían sido enviadas en realidad al penal de Campana, donde el sacerdote está detenido desde 2013.
Además de Grassi, fueron llamados a indagatoria otras siete personas vinculadas con la Fundación. El Código Penal establece penas de hasta diez años de prisión para quien “diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados”, cuando "administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares".
Esta causa se disparó a partir de una investigación del programa de televisión Periodismo Para Todos (PPT).
La medida fue dispuesta por la fiscala penal de Morón Adriana Suárez Corripio, en un expediente paralelo realcionado con los abusos por los que el sacerdote fue condenado, informó DyN.
Grassi está acusado por presunta “malversación de caudales”, pues donaciones que recibía la Fundación Felices los Niños habrían sido enviadas en realidad al penal de Campana, donde el sacerdote está detenido desde 2013.
Además de Grassi, fueron llamados a indagatoria otras siete personas vinculadas con la Fundación. El Código Penal establece penas de hasta diez años de prisión para quien “diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados”, cuando "administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares".
Esta causa se disparó a partir de una investigación del programa de televisión Periodismo Para Todos (PPT).
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