02 Septiembre 2015
Pidió tiempo, y le dijeron que sólo tiene tres días más para preparar los informes. Esa es la prórroga que los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni le otorgaron al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Jorge Gassenbauer, para que responda los pedidos que le realizaron la semana pasada sobre el avance de las obras en el penal de Villa Urquiza, en el marco de la sentencia por el hábeas corpus que dispuso sacar los presos de las comisarías.
Los fiscales habían enviado pedidos de informes a Gassenbauer, al ministro de Economía Jorge Jiménez, al secretario de Derechos Humanos Humberto Rava y al director de Institutos Penales, Guillermo Snaider. Los funcionarios tenían hasta el fin de semana para responder a las solicitudes, pero la única nota que ingresó a tribunales fue la de Gassenbauer con la solicitud de prórroga.
Ayer, el ministro fue notificado de que le otorgaron tres días más para que elabore los informes. Entre otros puntos, los fiscales le pidieron un relevamiento fotográfico de los lugares de detención en dependencias policiales. El plazo de la prórroga, según contaron fuentes judiciales, fue establecido por el presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, a quien López Ávila y Giannoni le habían remitido el pedido de Gassenbauer.
El fallo de la Corte fue dictado el 13 de agosto, y fue producto de un hábeas corpus que López Ávila y Giannoni habían presentado ante la muerte de dos presos que estaban alojados en la Brigada de Investigaciones Norte. En la resolución de la Corte se incluyeron varios puntos, y se dispuso que los fiscales debían realizar informes quincenales para controlar el cumplimiento de la sentencia.
Fue en ese marco que se enviaron los distintos pedidos a los funcionarios. El fin de semana pasado tendrían que haber terminado las obras de mejoras de cloacas, suministro de agua y otros servicios de los pabellones uno y dos del penal de Villa Urquiza. Ese plazo, afirmaron fuentes judiciales, había sido el que había propuesto el Gobierno durante la audiencia que se realizó el 14 de julio.
La falta de respuesta del resto de los funcionarios podría derivar en una investigación penal por rebeldía, contaron fuentes del máximo tribunal. En caso de que no se envíen informes, los fiscales comunicarían la situación a la Corte Suprema de Justicia, que podría instar la apertura de una causa en la Fiscalía de Turno.
Los fiscales habían enviado pedidos de informes a Gassenbauer, al ministro de Economía Jorge Jiménez, al secretario de Derechos Humanos Humberto Rava y al director de Institutos Penales, Guillermo Snaider. Los funcionarios tenían hasta el fin de semana para responder a las solicitudes, pero la única nota que ingresó a tribunales fue la de Gassenbauer con la solicitud de prórroga.
Ayer, el ministro fue notificado de que le otorgaron tres días más para que elabore los informes. Entre otros puntos, los fiscales le pidieron un relevamiento fotográfico de los lugares de detención en dependencias policiales. El plazo de la prórroga, según contaron fuentes judiciales, fue establecido por el presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, a quien López Ávila y Giannoni le habían remitido el pedido de Gassenbauer.
El fallo de la Corte fue dictado el 13 de agosto, y fue producto de un hábeas corpus que López Ávila y Giannoni habían presentado ante la muerte de dos presos que estaban alojados en la Brigada de Investigaciones Norte. En la resolución de la Corte se incluyeron varios puntos, y se dispuso que los fiscales debían realizar informes quincenales para controlar el cumplimiento de la sentencia.
Fue en ese marco que se enviaron los distintos pedidos a los funcionarios. El fin de semana pasado tendrían que haber terminado las obras de mejoras de cloacas, suministro de agua y otros servicios de los pabellones uno y dos del penal de Villa Urquiza. Ese plazo, afirmaron fuentes judiciales, había sido el que había propuesto el Gobierno durante la audiencia que se realizó el 14 de julio.
La falta de respuesta del resto de los funcionarios podría derivar en una investigación penal por rebeldía, contaron fuentes del máximo tribunal. En caso de que no se envíen informes, los fiscales comunicarían la situación a la Corte Suprema de Justicia, que podría instar la apertura de una causa en la Fiscalía de Turno.
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