01 Septiembre 2015
Dos fiscales solicitaron al secretario de Derechos Humanos, Humberto Rava, un informe detallado sobre las detenciones por contravenciones realizadas por la Policía en los últimos 15 días, en el marco del fallo de la Corte Suprema de Justicia que hizo lugar a un hábeas corpus por la crisis carcelaria.
Diego López Ávila y Adriana Giannoni, que fueron designados por el máximo tribunal para presentar informes quincenales sobre el cumplimiento de la sentencia, le dirigieron una nota a Rava en la que solicitaron los datos de los detenidos por procesos de contravenciones, el nombre de los abogados que los asistieron y la copia certificada de la documentación en la que conste toda la situación.
La Corte Suprema de Justicia había declarado la inconstitucionalidad del proceso de detención de los contraventores, en la que el Jefe de Policía es acusador y juez. A pesar de ello, la fuerza sigue aplicando la ley de Contravenciones.
En el fallo en el que hizo lugar al hábeas corpus que habían presentado López Ávila y Giannoni, luego de la muerte de dos presos que estaban alojados en la Brigada de Investigaciones Norte, la Corte cuestionó que los detenidos por contravenciones tenían menos derecho que los apresados por delitos penales, ya que en el primer caso no interviene un juez ni son asistidos por abogados.
“Son retenidos junto con personas que se encuentran acusadas de delitos penales, es decir, con una mayor peligrosidad y en condiciones físicas de hacinamiento, todo lo cual compone un conjunto de circunstancias fácticas que indudablemente vulneran las garantías y derechos esenciales de las personas en situación de detención”, había fallado el máximo tribunal.
La decisión de la Corte había sido exhortar al Poder Ejecutivo a que garantice “la imprescindible intervención de un defensor o letrado particular” en cada una de las detenciones, y que la situación procesal de los contraventores sea comunicada inmediatamente al juez.
Esa es la información que los fiscales le pidieron a Rava. En el mismo sentido le habían enviado una nota al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Jorge Gassenbauer, para que cada 15 días se eleve la nómina de las personas que fueron detenidas por contravenciones, dónde estuvieron alojados, si pagaron una multa o si cumplieron días de arresto, y cuál es el abogado o defensor oficial que los asistió.
Diego López Ávila y Adriana Giannoni, que fueron designados por el máximo tribunal para presentar informes quincenales sobre el cumplimiento de la sentencia, le dirigieron una nota a Rava en la que solicitaron los datos de los detenidos por procesos de contravenciones, el nombre de los abogados que los asistieron y la copia certificada de la documentación en la que conste toda la situación.
La Corte Suprema de Justicia había declarado la inconstitucionalidad del proceso de detención de los contraventores, en la que el Jefe de Policía es acusador y juez. A pesar de ello, la fuerza sigue aplicando la ley de Contravenciones.
En el fallo en el que hizo lugar al hábeas corpus que habían presentado López Ávila y Giannoni, luego de la muerte de dos presos que estaban alojados en la Brigada de Investigaciones Norte, la Corte cuestionó que los detenidos por contravenciones tenían menos derecho que los apresados por delitos penales, ya que en el primer caso no interviene un juez ni son asistidos por abogados.
“Son retenidos junto con personas que se encuentran acusadas de delitos penales, es decir, con una mayor peligrosidad y en condiciones físicas de hacinamiento, todo lo cual compone un conjunto de circunstancias fácticas que indudablemente vulneran las garantías y derechos esenciales de las personas en situación de detención”, había fallado el máximo tribunal.
La decisión de la Corte había sido exhortar al Poder Ejecutivo a que garantice “la imprescindible intervención de un defensor o letrado particular” en cada una de las detenciones, y que la situación procesal de los contraventores sea comunicada inmediatamente al juez.
Esa es la información que los fiscales le pidieron a Rava. En el mismo sentido le habían enviado una nota al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Jorge Gassenbauer, para que cada 15 días se eleve la nómina de las personas que fueron detenidas por contravenciones, dónde estuvieron alojados, si pagaron una multa o si cumplieron días de arresto, y cuál es el abogado o defensor oficial que los asistió.
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