Por LA GACETA
30 Agosto 2015
En los últimos años, el verbo demoler ha adquirido un triste protagonismo a nivel urbano. Las casas antiguas han comenzado a caer bajo la piqueta para dar lugar a edificios, que en general, no se caracterizan por una bella arquitectura. Hace tiempo que Barrio Norte ha perdido ese aroma del pasado y otro tanto está sucediendo con Barrio Sur, donde se están derribando viviendas viejas, algunas con algún valor arquitectónico para construir inmuebles de varios pisos, incluso en terrenos de pocos metros de ancho.
El Gobierno provincial no se ha preocupado por la conservación del patrimonio arquitectónico, es más, ha permitido los cambios, ya sea por omisión o por indiferencia. Las marchas ciudadanas “Tucumán no se vende”, ocurridas entre el 21 de diciembre de 2007 y el 7 de marzo de 2008, impidieron que se desafectaran del sistema patrimonial seis inmuebles históricos para venderlos, y consiguieron la sanción de una nueva ley.
Pese a ello en los años siguientes se siguió depredando la herencia histórica. En 2009, cayó el elegante edificio, construido en 1930, ubicado en Crisóstomo Álvarez 158, donde funcionó el Hogar del Empleado. En mayo de 2005 se había propuesto expropiar, sin suerte, la propiedad para crear una Casa del Teatro. El 23 de julio de 2010, las chimeneas del ex ingenio Lules fueron arrasadas porque estaban deterioradas, y junto a ellas desaparecieron 131 años de historia. Nada se había hecho para preservar ese símbolo de “La Bomba i’Lules”. En 2011, la piqueta acabó con la Casa Diker (Santa Fe al 600), diseñada por el arquitecto Eduardo Sacriste. Sucedió lo mismo con la antigua sede de LV12 Radio Independencia, en Rivadavia 120. La autorización de su demolición fue aprobada por los mismos ediles, pese que estaba protegida por la ordenanza 1773/91. En 2013 se demolieron la Casa Toledo, de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco -actualmente hay un baldío-, así como la Casa Chavanne, ubicada en el pasaje Bertrés.
En 2012, los ciudadanos se opusieron a la demolición de la casa Sucar, ubicada en Salta 532, e impulsaron la modificación de la ley N° 7535. El inmueble, que data de 1923, es “una pieza de indiscutible valor arquitectónico; un singular exponente de calidad, tanto tipológica (villa suburbana sobre bulevar), como estilística (modernismo hibridado con otras corrientes propias de principios del siglo XX). Desde el punto de vista urbano integra, junto con las propiedades vecinas, un conjunto de excepcionales características morfológicas de una cuadra de irrepetible significado paisajístico-ambiental”, según el Colegio de Arquitectos de Tucumán.
En marzo de 2014, el Ente Cultural de Tucumán presentó una solicitud a la Legislatura de expropiación de la Casa Sucar, pero el pedido no fue respondido. En estos días, ha ingresado a la Municipalidad un nuevo pedido de demolición. “Hemos solicitado autorización para demoler la casa, como cualquier ciudadano que ejerce su derecho sobre un bien que le corresponde. Se cumplieron todos los pasos administrativos y Patrimonio decidió no incorporarla al listado de bienes protegidos y tampoco desde el Gobierno provincial se mostró interés en expropiar, entonces tenemos derecho a disponer del bien”, dijo un representante de los propietarios.
Muchos tucumanos suelen viajar, por ejemplo, a Europa, Egipto o México y pagan para conocer y maravillarse con las joyas arquitectónicas y culturales de siglos pasados que han sido conservadas con celo. Sin embargo, en nuestra propia casa, permitimos que se destruya todo lo que tenga apariencia de antiguo.
Sería importante que en el futuro inmediato, se diseñara una política de Estado en materia de conservación del patrimonio arquitectónico para evitar la muerte de los abuelos y bisabuelos de la ciudad. Cada inmueble valioso que se demuele implica cercenar nuestra identidad.
El Gobierno provincial no se ha preocupado por la conservación del patrimonio arquitectónico, es más, ha permitido los cambios, ya sea por omisión o por indiferencia. Las marchas ciudadanas “Tucumán no se vende”, ocurridas entre el 21 de diciembre de 2007 y el 7 de marzo de 2008, impidieron que se desafectaran del sistema patrimonial seis inmuebles históricos para venderlos, y consiguieron la sanción de una nueva ley.
Pese a ello en los años siguientes se siguió depredando la herencia histórica. En 2009, cayó el elegante edificio, construido en 1930, ubicado en Crisóstomo Álvarez 158, donde funcionó el Hogar del Empleado. En mayo de 2005 se había propuesto expropiar, sin suerte, la propiedad para crear una Casa del Teatro. El 23 de julio de 2010, las chimeneas del ex ingenio Lules fueron arrasadas porque estaban deterioradas, y junto a ellas desaparecieron 131 años de historia. Nada se había hecho para preservar ese símbolo de “La Bomba i’Lules”. En 2011, la piqueta acabó con la Casa Diker (Santa Fe al 600), diseñada por el arquitecto Eduardo Sacriste. Sucedió lo mismo con la antigua sede de LV12 Radio Independencia, en Rivadavia 120. La autorización de su demolición fue aprobada por los mismos ediles, pese que estaba protegida por la ordenanza 1773/91. En 2013 se demolieron la Casa Toledo, de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco -actualmente hay un baldío-, así como la Casa Chavanne, ubicada en el pasaje Bertrés.
En 2012, los ciudadanos se opusieron a la demolición de la casa Sucar, ubicada en Salta 532, e impulsaron la modificación de la ley N° 7535. El inmueble, que data de 1923, es “una pieza de indiscutible valor arquitectónico; un singular exponente de calidad, tanto tipológica (villa suburbana sobre bulevar), como estilística (modernismo hibridado con otras corrientes propias de principios del siglo XX). Desde el punto de vista urbano integra, junto con las propiedades vecinas, un conjunto de excepcionales características morfológicas de una cuadra de irrepetible significado paisajístico-ambiental”, según el Colegio de Arquitectos de Tucumán.
En marzo de 2014, el Ente Cultural de Tucumán presentó una solicitud a la Legislatura de expropiación de la Casa Sucar, pero el pedido no fue respondido. En estos días, ha ingresado a la Municipalidad un nuevo pedido de demolición. “Hemos solicitado autorización para demoler la casa, como cualquier ciudadano que ejerce su derecho sobre un bien que le corresponde. Se cumplieron todos los pasos administrativos y Patrimonio decidió no incorporarla al listado de bienes protegidos y tampoco desde el Gobierno provincial se mostró interés en expropiar, entonces tenemos derecho a disponer del bien”, dijo un representante de los propietarios.
Muchos tucumanos suelen viajar, por ejemplo, a Europa, Egipto o México y pagan para conocer y maravillarse con las joyas arquitectónicas y culturales de siglos pasados que han sido conservadas con celo. Sin embargo, en nuestra propia casa, permitimos que se destruya todo lo que tenga apariencia de antiguo.
Sería importante que en el futuro inmediato, se diseñara una política de Estado en materia de conservación del patrimonio arquitectónico para evitar la muerte de los abuelos y bisabuelos de la ciudad. Cada inmueble valioso que se demuele implica cercenar nuestra identidad.
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