Por LA GACETA
28 Agosto 2015
Un camarógrafo fue golpeado el domingo pasado, mientras tomaba imágenes de una sede partidaria en la que estaban repartiendo bolsones. El ataque ocurrió en la esquina del pasaje Unamuno y Sargento Cabral, en la zona de Villa Santillán, al noroeste de San Miguel de Tucumán. Dos hombres han sido detenidos por la agresión a Jorge Ahualli, quien debió ser hospitalizado a causa de las patadas que recibió.
El hecho ha generado repudios y hasta funcionarios del Gobierno, como el secretario de Prensa y Difusión, Marcelo Ditinis, condenaron el ataque. “Esto no tiene nada que ver con una elección, ni con la democracia, así que repudio totalmente sea quien sea, no importa de qué partido y demás; no tiene nada que ver. La prensa es libre y puede filmar y hacer lo que le parezca que está bien, así que repudio eso y estamos a disposición”, dijo el funcionario.
Este episodio se inscribe en un marco de riesgos al que están sometidos periodistas y medios de comunicación, que suelen aparecer como casos aislados, pero que en realidad indican inquietantes niveles de intolerancia en la sociedad. Según el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) en 2014 se registraron 178 casos de ataques a la libertad de expresión y en 2013 fueron 194. Eso incluyó intimidaciones, presiones, intentos de compra de voluntades, retiros de publicidad oficial, espionajes, “escraches” y agresiones físicas.
En ese contexto, el ataque en Villa Santillán merece un análisis más profundo, en virtud de que se trata de un hecho de censura salvaje que va mucho más allá de la condenable golpiza a una persona, de la cual debiera ocuparse con especial empeño la Justicia. Va más allá porque agredir a un hombre de prensa e impedirle hacer su tarea implica privar a la sociedad de información a la que tiene derecho. Con mucha mayor razón si las personas involucradas en los hechos que se cubren tienen que ver con asuntos públicos. Eso es el reparto de bolsones, que no sólo ha sido condenado por la sociedad como una mala práctica a la que recurren los partidos, sino que también ha sido repudiado por las mismas autoridades partidarias y por los funcionarios de este Gobierno. En este caso, se estaba realizando en una sede partidaria de un candidato del oficialismo. Es decir, hay una autoridad partidaria que debería condenar este ataque y funcionarios del Gobierno -del mismo partido- que tendrían que hacer algo más que criticar tanto la práctica clientelar como la agresión, sino que deberían asumir la obligación básica del Gobierno de brindar seguridad a todos sus ciudadanos y de ejecutar todo lo necesario para prevenir, evitar y sancionar estas acciones. Porque esto va más allá de las sanciones que pueda prever el Código Penal -que son menores en caso de lesiones-, sino que tiene que ver con la necesidad de que el Estado garantice efectivamente a los ciudadanos la libertad de expresión y el derecho a saber lo que está pasando. Por ello los funcionarios y los partidos deben involucrarse en serio en la defensa de esa libertad, que es de la sociedad entera, individualizando a quienes permiten y promueven esos ataques y protegen con acciones o con indiferencia a los agresores, como si ellos no tuvieran nada que ver y todo fuera sólo responsabilidad de la Justicia.
La libertad de expresión es un derecho fundamental de los seres humanos señalado en el artículo 19.º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y en el artículo 14 de la Constitución Nacional, así como en el artículo 19 (que protege las acciones privadas de los hombres y que también señala que ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe), el 32 (el Congreso no dictará leyes restrictivas de esa libertad) y el 43 (que protege el derecho a la protección de los datos privados y el secreto de las fuentes del periodismo). Esta libertad es funcional y operativa al sistema democrático, garantía del sistema y de la división de poderes, y su significación fundamental es que el debate libre de ideas ayuda a una sociedad sana, sustentada en la búsqueda de la verdad.
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