Por Roberto Delgado
22 Agosto 2015
Esto no tiene remedio -le dijo: Es como si ya nos hubiera sucedido. (”Crónica de una muerte anunciada”, Gabriel García Márquez)
En 2014 hubo 120 homicidios en Tucumán. El informe que tiene casi listo el Centro de Monitoreo Preventivo de Criminalidad Violenta de la Corte Suprema de Justicia estaba siendo compaginado ayer con aportes de los diferentes estamentos que han trabajado en su confección: la Policía tucumana (sección Estadística), la oficina de de Gestión del Poder Judicial, la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Facultad de Derecho. Anoche quedaba una duda, sobre datos de dos casos en Concepción, pero había coincidencia en que la cifra no sería inferior a 120 homicidios dolosos. Alta. Superior a la relevada en 2013 (112 asesinatos) y muy superior al promedio histórico en la provincia, estimado en unos 60-70 por año en la última década.
Visión parcial I
Cuando a fines de 2014 había tomado estado público el primero de estos informes, motorizado por la oficina creada en la Corte nacional a instancias del entonces juez Raúl Zaffaroni, causó un cimbronazo en nuestro medio, precisamente por la diferencia con las cifras del promedio histórico. Después de la sorpresa por la difusión del dato de los 112 homicidios de 2013, el secretario de Seguridad, Paul Hofer, dio una explicación que simplemente aquietó las aguas: “Directamente vinculado a las acciones policiales son los homicidios en ocasión de robo, los cuales representan el 21%”, definió, para sentenciar que la tasa de asesinatos en Tucumán, al igual que en el país, es baja. Y con eso consideró apagada cualquier polémica.
Pero la tasa de homicidios en nuestra provincia no es baja. Sobre un total de 1.448.200 habitantes, que haya 120 asesinatos da una tasa de 8,28, que es superior a la de 5,5 estimada a nivel nacional (y que ha dado la pauta de que nuestro país tiene niveles bajos de violencia homicida). El sistema de medición que establece la Organización Mundial de la Salud es contundente: se estudia la cantidad de asesinatos (que puede ser entre familiares, entre vecinos/amigos y entre extraños) como elemento para tener una estimación del nivel de violencia en la sociedad. La graduación es igualmente estimativa: entre 0 y 5 homicidios cada 100.000 habitantes, es una situación “normal” de criminalidad; entre 5 y 8 es una situación delicada y más de 8 es epidémica. En Tucumán estamos en el borde, más que en mayo opasado, cuando la Policía tucumana entregaba su informe preliminar que estimaba que los homicidios habían sido 110 y eso daba una tasa (también estimativa) de 7,5.
La suba de las cifras parece mostrar una tendencia que coincide con la percepción -que no ha sido medida de ningún modo- de que en la sociedad los niveles de violencia se están incrementando, y que se traducen en episodios dramáticos con inquietante frecuencia. Hoy estamos tratando de entender lo ocurrido con el doble homicidio del miércoles de Villa 9 de Julio y con el ataque asesino de hace tres semanas en la plaza Alberdi. En realidad, si dividimos arbitrariamente la cantidad de muertes relevadas en 2014 por los días del año tenemos un homicidio cada tres días. Mucho.
Visión parcial II
Cuando desde la Corte nacional surgió la iniciativa de hacer esta recopilación se dieron pautas que correspondían a una mirada sesgada del problema. De hecho, para Zaffaroni, que apoyaba la política de seguridad del Gobierno nacional, el informe servía para mostrar de algún modo que la sensación de inseguridad era injustificada y acicateada por los medios de comunicación. “Estamos en una situación privilegiada dentro de una región altamente violenta”, decía el ex juez, sin poder explicar esa contradicción argentina de que tenemos a nivel nacional una muy baja tasa de homicidios con un elevadísimo nivel de delito callejero (en el que el motoarrebato está al tope). En Tucumán es diferente: alta tasa de homicidio y alto nivel (supuesto) de motoarrebato.
Zaffaroni dejó la Corte Suprema y su estudio quedó como ejemplo de una iniciativa saludable pero incompleta (abarcaba sólo cinco provincias y la Capital Federal), que debía sostenerse y perfeccionarse y que también tenía que ser incorporada como una estrategia constante de prevención de seguridad en un país que siempre ha ignorado o ha minimizado los datos estadísticos, uno de los reclamos de siempre del ex juez.
El equipo de Tucumán ha agregado al estudio pautas como datos de las armas usadas en los homicidios (tipo, calibre, si se trata de tumberas, etcétera) y relevamientos como las denuncias previas en los casos de femicidio. Los datos van a ser estudiados en Tucumán y también en la oficina de la Corte nacional (que, tras la partida de Zaffaroni, parece haber perdido un tanto el interés para continuar con este proyecto). En la comparación con el informe de 2013 habrán de surgir los primeros elementos de análisis cuya profundidad y utilización están por verse. Pero se visibilizarán patrones que hasta ahora tenemos como hipótesis, como que el crimen se concentra en determinados puntos urbanos con una serie de catacterísticas comunes de índole social, económica y cultural, y hasta de relaciones violentas y marginalidad. Lo cual debe probarse.
Visión parcial III
Los funcionarios de seguridad, que están en una especie de limbo entre gobiernos y no saben si continuarán, sostienen que tienen armado el mapa del delito y de las zonas rojas, de modo que para ellos el informe sobre homicidios es apenas un aporte menor para su tarea. Por su parte, en el ámbito de las fiscalías de instrucción no hay demasiado tiempo para detenerse en el estudio de los asesinatos del año pasado, si apenas se pueden ocupar de recibir 3.400 causas por turno. “No tenemos informes de las causas que se denunciaron este año ni coordinación entre las fiscalías”, ha reconocido el ministro fiscal, Edmundo Jiménez.
La lectura de la Policía es escapista: para ella, el único homicidio cuyo tratamiento le compete es el crimen en ocasión de robo, que es el que -a su juicio- vulnera la seguridad pública. En mayo, al comparar los 12 asesinatos en ocasión de robo que tenía registrados, el encargado de ese informe policial preliminar concluyó que la tasa en la provincia era de 0,82, con lo cual se sugería que esa tasa baja indicaba poca conflictividad violenta. La fuerza descartaba como asuntos de su competencia hechos de violencia intrafamiliar (”corresponden a situaciones que escapan a la prevención de la seguridad pública”, aseveraba el texto), los de violencia intravecinal, los de riña y los de legítima defensa.
Acaso se sugiere con est que es imposible establecer estrategias o políticas de prevención de este tipo de violencia. Pero hay que reconocer que el informe, por cierto, contempla todos los homicidios dolosos (y no sólo los sucedidos en ocasión de robo) con la idea de “poder implementar políticas de prevención que trabajen en la problemática de la conflictividad violenta”.
El asunto es que ahí falta el cambio cultural para determinar si este tipo de homicidios pueden prevenirse y se puede hacer una estrategia en ese sentido. Precisamente por ello es que la Organización Mundial de la Salud no hace distinción entre asesinatos en ocasión de robo de los otros (que son la mayoría) y eluden la visión simplista de que se trata de una cuestión de seguridad. Los ve como un asunto de salud y de allí la calificación de epidemia cuando la tasa supera el nivel 8. La Policía, quiera o no, tiene que intervenir en estos problemas y de hecho se ve empujada a enfrentar la violencia como un fenómeno social, no necesariamente policial.
Los institutos que han surgido en los últimos tiempos -como observatorios de la mujer o de prevención de femicidios- tienen como objetivo visibilizar el homicidio desde el punto de vista cultural, económico o social. No es menor el dato de que los policías -estigmatizados como demonios a los que hay que controlar porque se desatan por cualquier parte, o como autómatas que deben obedecer las órdenes de la Justicia- están mostrando con este estudio un potencial hasta ahora no utilizado para recopilar y analizar datos en un sistema que todavía es muy precario. Aunque no les guste o no estén habituados, o aunque apliquen en ello en sus patrones culturales, que no alcanzan para explicar por qué va aumentando la tasa de homicidios y qué hay que hacer frente a la estadística de que haya, en promedio, un asesinato cada tres días.
En 2014 hubo 120 homicidios en Tucumán. El informe que tiene casi listo el Centro de Monitoreo Preventivo de Criminalidad Violenta de la Corte Suprema de Justicia estaba siendo compaginado ayer con aportes de los diferentes estamentos que han trabajado en su confección: la Policía tucumana (sección Estadística), la oficina de de Gestión del Poder Judicial, la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Facultad de Derecho. Anoche quedaba una duda, sobre datos de dos casos en Concepción, pero había coincidencia en que la cifra no sería inferior a 120 homicidios dolosos. Alta. Superior a la relevada en 2013 (112 asesinatos) y muy superior al promedio histórico en la provincia, estimado en unos 60-70 por año en la última década.
Visión parcial I
Cuando a fines de 2014 había tomado estado público el primero de estos informes, motorizado por la oficina creada en la Corte nacional a instancias del entonces juez Raúl Zaffaroni, causó un cimbronazo en nuestro medio, precisamente por la diferencia con las cifras del promedio histórico. Después de la sorpresa por la difusión del dato de los 112 homicidios de 2013, el secretario de Seguridad, Paul Hofer, dio una explicación que simplemente aquietó las aguas: “Directamente vinculado a las acciones policiales son los homicidios en ocasión de robo, los cuales representan el 21%”, definió, para sentenciar que la tasa de asesinatos en Tucumán, al igual que en el país, es baja. Y con eso consideró apagada cualquier polémica.
Pero la tasa de homicidios en nuestra provincia no es baja. Sobre un total de 1.448.200 habitantes, que haya 120 asesinatos da una tasa de 8,28, que es superior a la de 5,5 estimada a nivel nacional (y que ha dado la pauta de que nuestro país tiene niveles bajos de violencia homicida). El sistema de medición que establece la Organización Mundial de la Salud es contundente: se estudia la cantidad de asesinatos (que puede ser entre familiares, entre vecinos/amigos y entre extraños) como elemento para tener una estimación del nivel de violencia en la sociedad. La graduación es igualmente estimativa: entre 0 y 5 homicidios cada 100.000 habitantes, es una situación “normal” de criminalidad; entre 5 y 8 es una situación delicada y más de 8 es epidémica. En Tucumán estamos en el borde, más que en mayo opasado, cuando la Policía tucumana entregaba su informe preliminar que estimaba que los homicidios habían sido 110 y eso daba una tasa (también estimativa) de 7,5.
La suba de las cifras parece mostrar una tendencia que coincide con la percepción -que no ha sido medida de ningún modo- de que en la sociedad los niveles de violencia se están incrementando, y que se traducen en episodios dramáticos con inquietante frecuencia. Hoy estamos tratando de entender lo ocurrido con el doble homicidio del miércoles de Villa 9 de Julio y con el ataque asesino de hace tres semanas en la plaza Alberdi. En realidad, si dividimos arbitrariamente la cantidad de muertes relevadas en 2014 por los días del año tenemos un homicidio cada tres días. Mucho.
Visión parcial II
Cuando desde la Corte nacional surgió la iniciativa de hacer esta recopilación se dieron pautas que correspondían a una mirada sesgada del problema. De hecho, para Zaffaroni, que apoyaba la política de seguridad del Gobierno nacional, el informe servía para mostrar de algún modo que la sensación de inseguridad era injustificada y acicateada por los medios de comunicación. “Estamos en una situación privilegiada dentro de una región altamente violenta”, decía el ex juez, sin poder explicar esa contradicción argentina de que tenemos a nivel nacional una muy baja tasa de homicidios con un elevadísimo nivel de delito callejero (en el que el motoarrebato está al tope). En Tucumán es diferente: alta tasa de homicidio y alto nivel (supuesto) de motoarrebato.
Zaffaroni dejó la Corte Suprema y su estudio quedó como ejemplo de una iniciativa saludable pero incompleta (abarcaba sólo cinco provincias y la Capital Federal), que debía sostenerse y perfeccionarse y que también tenía que ser incorporada como una estrategia constante de prevención de seguridad en un país que siempre ha ignorado o ha minimizado los datos estadísticos, uno de los reclamos de siempre del ex juez.
El equipo de Tucumán ha agregado al estudio pautas como datos de las armas usadas en los homicidios (tipo, calibre, si se trata de tumberas, etcétera) y relevamientos como las denuncias previas en los casos de femicidio. Los datos van a ser estudiados en Tucumán y también en la oficina de la Corte nacional (que, tras la partida de Zaffaroni, parece haber perdido un tanto el interés para continuar con este proyecto). En la comparación con el informe de 2013 habrán de surgir los primeros elementos de análisis cuya profundidad y utilización están por verse. Pero se visibilizarán patrones que hasta ahora tenemos como hipótesis, como que el crimen se concentra en determinados puntos urbanos con una serie de catacterísticas comunes de índole social, económica y cultural, y hasta de relaciones violentas y marginalidad. Lo cual debe probarse.
Visión parcial III
Los funcionarios de seguridad, que están en una especie de limbo entre gobiernos y no saben si continuarán, sostienen que tienen armado el mapa del delito y de las zonas rojas, de modo que para ellos el informe sobre homicidios es apenas un aporte menor para su tarea. Por su parte, en el ámbito de las fiscalías de instrucción no hay demasiado tiempo para detenerse en el estudio de los asesinatos del año pasado, si apenas se pueden ocupar de recibir 3.400 causas por turno. “No tenemos informes de las causas que se denunciaron este año ni coordinación entre las fiscalías”, ha reconocido el ministro fiscal, Edmundo Jiménez.
La lectura de la Policía es escapista: para ella, el único homicidio cuyo tratamiento le compete es el crimen en ocasión de robo, que es el que -a su juicio- vulnera la seguridad pública. En mayo, al comparar los 12 asesinatos en ocasión de robo que tenía registrados, el encargado de ese informe policial preliminar concluyó que la tasa en la provincia era de 0,82, con lo cual se sugería que esa tasa baja indicaba poca conflictividad violenta. La fuerza descartaba como asuntos de su competencia hechos de violencia intrafamiliar (”corresponden a situaciones que escapan a la prevención de la seguridad pública”, aseveraba el texto), los de violencia intravecinal, los de riña y los de legítima defensa.
Acaso se sugiere con est que es imposible establecer estrategias o políticas de prevención de este tipo de violencia. Pero hay que reconocer que el informe, por cierto, contempla todos los homicidios dolosos (y no sólo los sucedidos en ocasión de robo) con la idea de “poder implementar políticas de prevención que trabajen en la problemática de la conflictividad violenta”.
El asunto es que ahí falta el cambio cultural para determinar si este tipo de homicidios pueden prevenirse y se puede hacer una estrategia en ese sentido. Precisamente por ello es que la Organización Mundial de la Salud no hace distinción entre asesinatos en ocasión de robo de los otros (que son la mayoría) y eluden la visión simplista de que se trata de una cuestión de seguridad. Los ve como un asunto de salud y de allí la calificación de epidemia cuando la tasa supera el nivel 8. La Policía, quiera o no, tiene que intervenir en estos problemas y de hecho se ve empujada a enfrentar la violencia como un fenómeno social, no necesariamente policial.
Los institutos que han surgido en los últimos tiempos -como observatorios de la mujer o de prevención de femicidios- tienen como objetivo visibilizar el homicidio desde el punto de vista cultural, económico o social. No es menor el dato de que los policías -estigmatizados como demonios a los que hay que controlar porque se desatan por cualquier parte, o como autómatas que deben obedecer las órdenes de la Justicia- están mostrando con este estudio un potencial hasta ahora no utilizado para recopilar y analizar datos en un sistema que todavía es muy precario. Aunque no les guste o no estén habituados, o aunque apliquen en ello en sus patrones culturales, que no alcanzan para explicar por qué va aumentando la tasa de homicidios y qué hay que hacer frente a la estadística de que haya, en promedio, un asesinato cada tres días.
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